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Nº 51 - TOMO 291 - 7 DE AGOSTO DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

50ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Lacalle Herrera para ser elevada al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo de Educación Primaria, relacionada con la Escuela Nº 113 del paraje Sauce de Nueva Palmira.
- Se resuelve afirmativamente.

5) Proyecto presentado

6 y 8) Explotaciones agropecuarias. Flexibilización del régimen impositivo vigente

- En consideración el proyecto sustitutivo de la Comisión.
- Intervenciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

7) Señor senador Raumar Jude. Accidente automovilístico

- Manifestaciones del señor senador Rodríguez Camusso.

9) Carlos Borche. Homenaje a su memoria

- Adhesión de la bancada del Frente Amplio.

10) Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Contrato de préstamo

- Por moción del señor senador Pozzolo se resuelve incorporar el proyecto de ley en el orden del día.

11 y 13) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1984

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

12 y 14) Prórroga del término de la sesión y cuarto intermedio

- De acuerdo con lo propuesto por los señores senadores Batlle y Paz Aguirre, se resuelve sesionar hasta la hora 23, pasando luego a cuarto intermedio hasta la hora 17 del día de mañana.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, agosto 6 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 7, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se modifica el actual sistema tributario en lo que se refiere al Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias y el Impuesto a las Actividades Agropecuarias.

(Carp. Nº 270 - Rep. Nº 98 y Anexo I)

2º) Por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1984.

(Carp. Nº 252 - Rep. Nº 97 y Anexo I)

3º) Por el que se establecen normas de emergencia en materia de arrendamientos urbanos.

(Carp. Nº 217 - Rep. Nº 99)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Fá Robaina, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos y Zorrilla.

FALTAN: con aviso, los señores senadores Jude y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 16 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, agosto 7 de 1985.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo, por los que da cuenta de haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

Por el que se introducen las modificaciones que se indican al Decreto Nº 234/985, de 13 de junio de 1985, referentes al recargo adicional del 5% establecido por dicho Decreto.

Por la que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, a librar orden de pago a favor de varios funcionarios de la Administración Central, a efectos de atender el pago de comisiones adeudadas por servicios prestados en su lugar de origen.

Por el que se dispone que las importaciones y exportaciones de trigo y harina de trigo estarán sujetas a autorización previa del Ministerio de Agricultura y Pesca hasta el 30 de noviembre de 1985.

-Ténganse presentes.

La misma Presidencia remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

del Banco de Seguros del Estado:

relacionados con la falta de disponibilidad en los renglones 621 y 068 del Presupuesto Operativo aprobado para el Ejercicio 1984, y

referente a la inexistencia de rubro al pago decretado por la Administración de la partida de prima por antigüedad a los funcionarios.

de la Universidad de la República, relacionados con el pago de horas extras a funcionarios del Instituto de Higiene y de la Facultad de Medicina.

de la Dirección General de la Seguridad Social, relacionado con varias órdenes de pago.

del Ministerio de Justicia, relacionado con las Ordenes de Entrega Nos. 800.279, 800.271, 800.280 y 800.281.

del Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la adquisición directa de un inmueble en el departamento de Canelones.

de la Comisión Interministerial Complejo Carcelario Santiago Vázquez, relacionado con gastos de contrato de arrendamiento de obra.

del Ministerio de Industria y Energía, referente a la realización de horas extras por parte de dos funcionarios de ese Organismo a partir del pasado mes de marzo, y

de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, por falta de disponibilidad en los rubros respectivos de los programas 300 y 500 del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras.

-Ténganse presentes.

La Suprema Corte de Justicia acusa recibo de la exposición escrita del señor senador Luis A. Lacalle Herrera, relacionada con la grave situación que atraviesa el Poder Judicial.

-A disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio de Industria y Energía remite nota en respuesta a la información solicitada por el señor senador Luis Bernardo Pozzolo, sobre venta de gas-oil para productores rurales.

-A disposición del señor senador Luis Bernardo Pozzolo.

El señor senador Raumar Jude presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se crea la Defensoría del Pueblo.

-A la Comisión de Constitución y Legislación".

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera solicita el envío de una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio al Consejo de Educación Primaria, relacionada con el estado en que se encuentra el local de la Escuela Nº 113 del Paraje Sauce de Nueva Palmira".

-Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, agosto 6 de 1985.

EXPOSICION ESCRITA AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y CONSEJO DE PRIMARIA

Hemos visitado el local de la Escuela Nº 113 del Paraje Sauce de Nueva Palmira.

El estado mismo del local hace que la entrada de niños represente un real peligro y un inminente peligro de accidente.

A pesar de las opiniones vertidas por jerarcas de Primaria, especialmente el Inspector Ardanz, el sentido de que habría que esperar al año que viene para iniciar las obras, aseguramos que tal espera no es posible.

Podemos agregar que un grupo de vecinos se ofrece a comprar el terreno para una nueva edificación.

Otro solar que fuera donado, está ubicado en una zona demasiado bajo y no tiene el área suficiente como para pensar en una construcción con futuro.

Solicitamos una urgente consideración del tema, dadas las circunstancias anotadas.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador".

5) PROYECTO PRESENTADO

"DEFENSORIA DEL PUEBLO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiende a instituir en el ámbito de nuestro Parlamento, la Defensoría del Pueblo como un órgano destinado a perfeccionar los procedimientos de contralor del poder administrador, y con ello aumentar la protección de los administrados.

La Institución que se propicia tiende a incorporar en nuestro Derecho Positivo una muy antigua Institución de origen sueco conocida con el nombre de "Ombudsman", que según el Derecho Comparado ha tenido adopción en numerosos países del área occidental, y aún en la Unión Soviética.

Nacida hace más de siglo y medio en Suecia y adoptada por el Zar Pedro I con el nombre de "Prokartura", como proveedor de justicia y defensor cívico, ha logrado enorme prestigio, por lo que su recepción en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania Federal con su "Omdubsman Militar", Gran Bretaña con su Comisario Parlamentario, Portugal, Israel, Francia con su Mediador, Nueva Zelandia y España con su Defensor del Pueblo, entre otros, demuestran que el Instituto posee virtudes que no son de despreciar. Además, como senador colorado, mi partido ha inscripto este Instituto en su Programa de Principios, por lo cual contribuyo a su cumplimiento.

Por encima de diferencias de matices en los diversos Derechos Positivos denunciados, este Instituto presenta caracteres comunes en cuanto a su independencia de acción, a la formalidad de sus procedimientos, a sus poderes amplios de información y a la obligación de informar al Parlamento en su gestión anual, como exteriorizaciones de su poder de crítica al ejercicio del poder administrador. Es que en esto reside una de las singularidades de esta Institución, la cual carece en principio de potestades para interrumpir, invalidar o modificar la acción administrativa, pero posee el imperio que le otorga su prestigio a través de una permanente labor en defensa de los intereses comunitarios.

No es nuestro propósito el de trasplantar en forma automática un instituto que goza de gran prestigio en otros países con coordenadas políticas y sociales, además de tradiciones, alejadas de nuestro sentir histórico. Ha sido preocupación personal del senador que suscribe este proyecto de tener en consideración nuestra realidad evitando toda interferencia de poderes, excluyendo de la competencia del Defensor del Pueblo el examen de regularidad de la administración de justicia, como también no se le legitima procesalmente para demandar la inconstitucionalidad de normas, como promover el amparo.

Nadie puede negar una realidad incontrastable de nuestra sociedad contemporánea; la creciente y arrolladora presencia de la administración pública que ha tomado a su cargo actividades muy heterogéneas, inconcebibles en el estado liberal de Derecho. El cumplimiento de estas funciones los particulares se encuentran desamparados ya no por comportamientos antijurídicos de la administración pública, lo que es objeto de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que en la mayoría de los casos se trata de situaciones inconvenientes, inoportunas, defectuosas o abusivas de los agentes estatales, que escapan a dicho contralor.

Si pretendemos afianzar la protección jurídica de los administrados es necesario proveerles un contralor, no comprendido en el propio de los organismos tradicionales que salvaguarden la oportunidad, la conveniencia y la eficiencia de la labor administrativa. Es por eso que el proyecto, haciendo hincapié en la informalidad de los procedimientos del Defensor del Pueblo, es decir, desjuridizando sus trámites, se brinda al interesado una nueva defensa de sus intereses. Para ello se ha arbitrado un procedimiento ágil y sencillo para los interesados, carente de mayores formalidades para acceder a su defensa, imponiendo que la tramitación se haga gratuita y carente de patrocinio del Estado.

Consecuentemente con lo tradicional del Instituto, se le niega al Defensor del Pueblo potestades sancionatorias para corregir la desviación del obrar administrativo pero se le ampara con el respaldo parlamentario y con la posibilidad de que su poder de crítica manifestado en recomendaciones, observaciones o sugerencias que lógicamente contarán con dicho respaldo.

Con este proyecto, la finalidad del proponente es proveer a nuestro Derecho Positivo con un instituto que seguramente constituirá un medio idóneo y ayudará a que nuestra administración pública sea cada vez mejor y más eficiente, que después de todo es lo que los uruguayos anhelamos.

Raumar Jude. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º Creación. - Créase en jurisdicción del Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo, la cual ejercerá las funciones que le encomienda la presente ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Art. 2º Titular. Forma de Elección. - Será titular de ese organismo un funcionario denominado Defensor del Pueblo, quien será elegido por la Asamblea General de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Ambas Cámaras elegirán sendas comisiones integradas por cinco senadores y cinco diputados, a efectos de que formen dentro de los treinta días de promulgada la presente ley una terna de candidatos al cargo.

b) Ambas comisiones se reunirán conjuntamente bajo la presidencia del Presidente de la Asamblea General cuando éste así lo dispusiere, para proponer a las Cámaras los candidatos a ocupar el cargo. Las decisiones de las comisiones se tomarán por simple mayoría.

c) Dentro de los treinta días siguientes al pronunciamiento de dichas comisiones, la Asamblea General elegirá por el voto de dos tercios de sus miembros, a uno de los integrantes de la terna.

d) En caso de que ningún candidato obtenga los votos necesarios, se elegirá entre los dos candidatos más votados.

e) Si tampoco ninguno de ellos obtuviese los dos tercios necesarios se repetirá nuevamente la votación, siendo elegido por la Asamblea General quien obtuviese mayoría simple.

Art. 3º Duración. - La duración del mandato del Defensor del Pueblo será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Art. 4º Cualidades para ser elegido. - Podrá ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que reúna las siguientes cualidades:

a) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

b) Ser Doctor en Derecho y Ciencias Sociales con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional.

c) Tener cuarenta años de edad como mínimo.

d) Tener una antigüedad computable de diez años como mínimo en cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo o de la Administración Pública.

e) Tener acreditada reconocida versación en Derecho Público.

Art. 5º Designación. - El Defensor del Pueblo será designado mediante resolución suscrita por el Presidente de la Asamblea General y de su Secretario, y se publicará en el "Diario Oficial".

El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante los Presidentes de ambas Cámaras y los miembros de las Comisiones a que se alude en el artículo 2º de esta ley, prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Art. 6º Remuneración. - El Defensor del Pueblo percibirá una remuneración equivalente a la de un senador.

Art. 7º Incompatibilidades. - La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de todo cargo público o privado.

Serán de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente, las normas en materia de impedimento, recusación y excusación previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 8º Cese de incompatibilidades. - Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el Defensor del Pueblo deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo. En caso contrario, se presumirá que no acepta la designación.

Art. 9º Actividad. - La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpirá en el período de receso parlamentario.

Art. 10 Causales. - El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia.

b) Por vencimiento del plazo de su mandato.

c) Por muerte o incapacidad sobreviniente.

d) Por haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas por esta ley.

En los supuestos previstos en los literales a) y b) el cese será dispuesto por el Presidente de la Asamblea General; en los supuestos previstos por el literal e), el cese se decidirá por el voto de dos tercios de la Asamblea General, previo debate y audiencia del interesado.

Art. 11 Inmunidades. - Serán de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente, las inmunidades de que gozan los legisladores de acuerdo con la Constitución de la República.

Art. 12 Adjuntos. - El Defensor del Pueblo, designará un adjunto primero y un adjunto segundo, previo acuerdo con las comisiones previstas en el artículo 2º literal a).

Para el cese de los adjuntos se observará similar procedimiento. Para su cese serán de aplicación las causales previstas en el artículo 10.

El Defensor del Pueblo podrá delegar, bajo su responsabilidad, la investigación de las quejas presentadas en ambos adjuntos, siendo sustituidos por su orden, en el ejercicio de sus funciones, en los supuestos de imposibilidad temporal o cese. Idéntica solución adoptará cuando la vacante se produzca durante el período de receso parlamentario hasta la decisión del nuevo titular.

A los adjuntos se les aplicará lo previsto en los artículos 3º, 7º y 8º de la presente ley. También lo será el artículo 4º, pero el literal c) exigirá treinta años de edad como mínimo, y los literales a), b) y d) de siete años como mínimo. Recibirán la remuneración equivalente a la que percibe un diputado.

Art. 13 Actuación. Forma y alcance. - El Defensor del Pueblo podrá iniciar o proseguir, de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos, u omisiones de la Administración Pública y sus agentes que impliquen el ejercicio defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones.

Art. 14 Comportamientos sistemáticos y generales. - El Defensor del Pueblo, sin perjuicio de las facultades previstas en el art. 13 de la presente ley, prestará especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la Administración Pública, procurando preveer los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.

Art. 15 Competencia. - Dentro del concepto de Administración Pública, a los efectos de la presente ley, quedan comprendidas la Administración centralizada y descentralizada (por servicios y territorial), y todo otro organismo del Estado Nacional, actuando en función administrativa, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación o ley especial que pudiera regirlo.

Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Art. 16 Otros ámbitos de competencia. - Quedan comprendidas dentro de las competencias de la Defensoría del Pueblo las personas jurídicas públicas, no estatales o privadas, en cuanto ejerzan prerrogativas públicas. En este caso y sin perjuicio de las restantes facultades otorgadas por esta ley, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.

Art. 17. Legislación. - Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo, toda persona física o jurídica que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstas en el artículo 18. No constituirán impedimento para ello la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general, cualquier relación de dependencia con el Estado.

Art. 18. Queja. Forma. - Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellido y domicilio, en el plazo máximo de un año calendario, contando a partir del momento en que ocurriere el acto, hecho u omisión de la misma.

No se requerirá al interesado el cumplimiento de otra formalidad para presentar la queja.

Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo serán gratuitas para el interesado, quien estará obligado actuar con el patrocinio letrado.

Art. 19. Derivación. Facultad. - Si la queja se formulara contra personas, actos, hechos u omisiones que no estuvieran bajo la competencia del Defensor del Pueblo, o si se formulara fuera del término previsto por el artículo 18, el Director del Pueblo estará facultado para informar de tal circunstancia al interesado, indicándole que derive la queja ante la autoridad competente.

Art. 20. Correspondencia. - La correspondencia dirigida a la Defensoría del Pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internación o custodia de personas, no podrá ser objeto de censura alguna.

Art. 21. Rechazo. Causales. - El Defensor del Pueblo, no dará curso a las quejas en los siguientes casos:

a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

b) Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial.

Podrá rechazar también aquellas quejas cuya tramitación derogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona.

Si iniciada la actuación se interpusiese por persona interesada, recurso administrativo y/o acción judicial, el Defensor del Pueblo suspenderá su intervención.

Ninguno de los supuestos previstos por el presente Art. impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En todos los casos, se comunicará al interesado la resolución adoptada.

Art. 22. Irrecurabilidad. Interrupción. - Sus decisiones sobre la admisibilidad de las quejas presentadas serán irrecurribles.

La queja no interrumpirá los plazos para interponer los recursos administrativos y/o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico.

Art. 23. Procedimiento. - Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todos los casos, dará cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por intermedio de autoridad responsable y en el plazo máximo de quince días, se remita el informe escrito. Tal plazo será ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.

Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante fueran justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación, comunicando al interesado la circunstancia.

Art. 24. Obligación y colaboración. - Todos los organismos públicos, personas físicas o jurídicas públicas o privadas estarán obligados a prestar colaboración con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.

A esos efectos, el Defensor del Pueblo o sus adjuntos estarán facultados para:

a) Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, y todo otro elemento que, a su juicio, estime útil a los efectos de la fiscalización dentro del término que se fije. Al respecto, no se le podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido. La negativa sólo será justificada cuando ellas se fundamenten en la salvaguardia de un interés atinente a la seguridad nacional;

b) Realizar inspecciones, verificaciones y, en general, toda otra medida probatoria convincente al esclarecimiento de la investigación.

Art. 25. Obstaculización. Entorpecimiento. - Todo aquel que obstaculizara la investigación del Defensor del Pueblo mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o impidiere el acceso a expedientes o documentaciones necesarias para el curso de la investigación, incurrirá en el delito de desobediencia. El Defensor del Pueblo dará traslado de los antecedentes respectivos al ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.

La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investigación de la Defensoría del Pueblo, por parte de cualquier organismo o autoridad administrativa podrá ser objeto de un informe especial cuando justificadas razones así lo requieran, además de destacarlo en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 31 de la presente ley.

Art. 26. - Hechos delictivos. - Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos, los comunicará de inmediato al Juez competente. En cualquier caso y de manera periódica se informará al Defensor del Pueblo, cuando éste lo solicite, el estado en que se hallan las actuaciones promovidas por su intermedio.

Art. 27. - Límites de su competencia. - El Defensor del Pueblo no será competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas. Sin perjuicio de ello podrá sugerir la modificación de los criterios utilizados para su producción.

Si como consecuencia, de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al Poder Legislativo o a la Administración Pública, la modificación de la misma.

Art. 28. - Advertencias y recomendaciones. Procedimientos. - El Defensor del Pueblo podrá formular con motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales o funcionales, y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, los responsables estarán obligados a responder por escrito en el término máximo de un mes.

Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada, o ésta no informara al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, éste podrá poner en conocimiento del Ministro del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones sugeridas.

Si tampoco así obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hubieran adoptado tal actitud, entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución, ésta no se ha conseguido.

Art. 29. Comunicación de la Investigación. - El Defensor del Pueblo comunicará al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiese dado el organismo o funcionario implicado, salvo en el caso que ésta, por su naturaleza, fuese considerada como de carácter reservado o declarada secreta.

Art. 30. Relaciones con el Parlamento. - El Defensor del Pueblo se relacionará con el Poder Legislativo por medio de las comisiones previstas en el literal a) del artículo 2º de la presente ley, las cuales informarán a las Cámaras en cuantas ocasiones sea necesario.

Art. 31. Informes. - El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cámaras su labor realizada mediante un informe que presentará a las mismas antes del 31 de Mayo de cada año.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar un informe especial.

Los Informes anuales, y en su caso los especiales serán publicados en el Diario Oficial y en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras.

Copia de los Informes mencionados será enviada, para conocimiento, al Poder Ejecutivo Nacional. Cuando las investigaciones versen sobre la actuación de las Administraciones Municipales, el Poder Legislativo remitirá copia de los informes a la Administración Municipal y a la Junta Departamental respectiva.

Art. 32. Contenido del informe. - El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas.

En el informe no contarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.

El informe contendrá un anexo, cuyo destinatorio serán las Cámaras, en el que se hará constar la Rendición de Cuentas del Presupuesto de la institución en el Período que corresponda.

En el informe anual, el Defensor del Pueblo podrá proponer a las Cámaras Legislativas las modificaciones a la presente ley que resulten de su aplicación para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 33. Funcionarios y empleados. Designación. - El Defensor del Pueblo designará directamente los funcionarios y empleados de la Defensoría, no incluidos en el artículo 12 de la presente ley, dentro de los límites presupuestarios.

Art. 34. Reglamento interno. - El Reglamento Interno de la Defensoría del Pueblo será dictado por su titular y aprobado por las Comisiones previstas en el literal a) del artículo 2º de la presente ley.

Art. 35. - Plazos. Modo de cómputo. - Salvo disposición expresa en contrario, los plazos previstos en esta ley se contarán en días hábiles administrativos.

Art. 36. Presupuesto. - Los gastos emergentes del cumplimiento de la presente ley se imputarán a "Rentas Generales".

Art. 37. Comuníquese, etc.

Montevideo, 16 de Julio de 1985

Raumar Jude. Senador".

6) EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. FLEXIBILIZACION DEL REGIMEN IMPOSITIVO VIGENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día.

En consideración el primer punto: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el actual sistema tributario en lo que se refiere al Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias y el Impuesto a las Actividades Agropecuarias. (Carp. Nº 270/85, Rep. Nº 98 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 270/85 - Rep. Nº 98 y Anexo I.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Montevideo, 12 de julio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo eleva a ese Cuerpo Legislativo el presente Mensaje de Ley, el cual incluye una serie de modificaciones al actual sistema tributario, en lo que se refiere al Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias y el Impuesto a las Actividades Agropecuarias.

Se reimplanta, además, el régimen de adelantos a cuenta del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, establecido por el Decreto - Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984.

En cuanto al Impuesto al Patrimonio, se proyecta:

Flexibilizar el régimen existente, por el cual los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria se tomaban por el 80% del valor fiscal del inmueble asiento de la explotación, estableciéndose ahora la facultad al Poder Ejecutivo de fijar ese porcentaje entre un máximo del 80% y un mínimo del 40%.

Asimismo se establece la retroactividad de dicha disposición al 31 de diciembre de 1984, permitiéndose por esta vía que rija el referido ejercicio. Se prevé también la reliquidación del impuesto, habida cuenta del lapso que pueda insumir la aprobación de la norma propuesta.

Se proyecta la derogación del inciso 1º del artículo 5º del Decreto - Ley Nº 15.322. En primer lugar se entiende que la exoneración prevista en dicho artículo no tiene fundamento en razones de interés general que la justifique. En segundo lugar, dicha exoneración, se constituyó en un mecanismo de defraudación del impuesto al transformarse activo en títulos - valores con el solo propósito de disminuir el patrimonio gravable. Si bien la Administración detectó dichas situaciones no pudo actuar frente a las mismas dado que los contribuyentes se amparaban en la norma legal citada. La retroactividad de su derogación apunta a reparar situaciones de injusticias irritantes, que surgirían entre contribuyentes que no hicieran uso de esta maniobra y los que la aprovecharon.

En el artículo proyectado se trata de dejar sin efecto la maniobra reiteradamente verificada por la Administración, a consecuencia del cómputo de pasivos inexistentes, cuyo contralor resulta imposible a la Dirección General Impositiva. Por otra parte se elimina la asimetría derivada de permitir computar los pasivos en el exterior cuando los activos fuera del país están libres de imposición. Ello se complementa con el no cómputo de pasivo interno por el excedente que se verifique en los activos en el exterior con relación a los pasivos en el exterior.

En cuanto al Impuesto a las Rentas Agropecuarias, se propone:

Modificar el artículo 3º del Decreto - Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, de forma tal de evitar interpretaciones erróneas como podría ser la de no considerar gravados los arrendamientos que otorguen las asociaciones y fundaciones.

Eliminar los métodos A) y C) de valuación de las existencias de semovientes, consagradas en el artículo 6º del Decreto - Ley Nº 15.646, manteniéndose como único criterio de valuación el método B) de dicho artículo. Paralelamente se modifica el artículo 8º del mismo Decreto-Ley.

La unificación del tratamiento de los semovientes a los efectos de la determinación de la renta gravable, tiene como objetivo definir de manera única la renta pecuaria a fin de igualar frente al impuesto a todas las empresas que generan dichas rentas. Se opta por el método del literal B) en tanto implica la definición de un concepto económico de renta adecuada a las características de la empresa pecuaria, constituyendo además un método similar a los que se aplican con cierta generalidad en el sector de fácil manejo y fiscalización sencilla.

El método B) de valuación permite la determinación de renta pecuaria conforme al concepto económico de renta normalmente aceptado, y resulta, además, en una definición de renta adecuada a las características de la empresa pecuaria. La doctrina mayoritaria define el ingreso económico como la cantidad que el titular de dicho ingreso podría consumir sin afectar la capacidad de generar un ingreso idéntico en términos reales en períodos subsiguientes. Este concepto es pasible de ser objetivamente determinado al final del ejercicio económico, midiendo el consumo del titular de la renta en el período, más el aumento patrimonial real. La medición del aumento patrimonial real implica comparar el patrimonio a principio y fin de ejercicio ajustado por los índices de precios relevantes.

Los métodos de valuación de las existencias consagradas por los literales A) y C), por una parte, y por el literal B) por otra, del artículo 6º del Decreto-Ley citado, difieren en la medición de la variación del capital real en ganado durante el ejercicio. En los métodos A) y C) se ajustan las existencias de ganado por un índice general de precios (el índice de precios mayoristas) de acuerdo a las normas del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio; en el método B) se consideran las existencias de principio del período a precios de fin de ejercicio; el incremento de existencias a fin de ejercicio que resulta de este ajuste, constituye una acumulación de capital en términos reales. En los métodos A) y C) entonces, se incluye como renta gravable la variación del poder general de compra de las existencias de ganado, mientras que en el método B), constituye renta la variación física de dichas existencias.

La opción que se haga en este sentido es muy relevante en la medición de la renta de una empresa pecuaria. Una de las características salientes de la mayoría de las empresas pecuarias es la baja rotación de existencias de ganado; adicionalmente, el valor de las existencias de ganado presenta, normalmente, fuertes fluctuaciones en términos reales. De manera que la definición de renta incorporando las variaciones reales del valor de las existencias diferirá significativamente de una definición que incluya como renta exclusivamente las variaciones físicas del ganado, y diferirá, entonces, de manera importante, de la cantidad que el titular de la renta podría consumir sin afectar la capacidad de producción física del establecimiento por lo que dicha definición de renta no resultaría adecuada para la empresa pecuaria.

Existe un elemento de juicio adicional que justifica la eliminación de las opciones A) y C). Estas opciones son a su vez, un conjunto más amplio de opciones de valuación de las existencias de ganado, que pueden agruparse en dos criterios principales: un criterio histórico de valuación (costo de producción y costo de adquisición) o el criterio de valor en plaza (la opción C) es un caso particular de los primeros). El criterio de costo en plaza implica de hecho una revaluación de las existencias; los criterios históricos, dentro de las normas del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, implican que dichas existencias no se revalúan. Si bien todas estas opciones dan un resultado idéntico referido a la totalidad de la vida económica de la empresa, la incidencia de las variaciones reales de los precios de los inventarios (en este caso, las existencias de ganado) se distribuyen de manera desigual en los diferentes ejercicios económicos. Esta circunstancia se desprende de las normas del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y es aplicable tanto a empresas industriales y comerciales, como agropecuarias. Sin embargo, aquí nuevamente, dada la importancia del valor de las existencias de ganado en la empresa agropecuaria, así como las grandes fluctuaciones del precio real del ganado, la influencia de este aspecto en la determinación del resultado de la empresa agropecuaria, es de singular importancia.

Por ejemplo, el criterio de valuación A) con la opción de valor en plaza para las existencias de ganado, supone que la variación en términos reales de los precios de ganado se verifica en el ejercicio que se produce, siendo ésta la que eventualmente dominaría el resultado del ejercicio. En el criterio de valuación C) por el contrario, el efecto de dichas variaciones se verifica en el momento de liquidación de las existencias, mientras que en el arranque de aplicación del método predomina en el resultado el ajuste por inflación aplicable a dichas existencias. En consecuencia si bien la definición de renta es idéntica para los que adoptan las diferencias alternativas que supone estos dos métodos de valuación, la renta gravable en cada ejercicio diferirá significativamente de acuerdo a la alternativa concreta elegida por el contribuyente, lo que no es aconsejable desde un punto de vista de igualdad de tratamiento de los contribuyentes de este impuesto.

Por último, y no menos importante, el método B) de valuación tiene la ventaja de ser un método sencillo y de fácil fiscalización y manejo con los datos que normalmente dispone una empresa agropecuaria de sus existencias de ganado. Es además, un método conocido, que reconoce como antecedente el método de valuación de las existencias de ganado adoptado en la contabilidad requerida a las empresas que hacen uso de los créditos del Plan Agropecuario.

Simplificar las exigencias formales sobre documentación de operaciones gravadas en aquellos casos en que sea obligatorio documentar en formularios oficiales.

Exigir a los contribuyentes de este impuesto el mismo certificado de cumplimiento, de las obligaciones tributarias que se exige a los sujetos pasivos del Impuesto a las Actividades Agropecuarias.

En cuanto al Impuesto a las Actividades Agropecuarias, se proyecta:

Adecuar los sujetos pasivos de este impuesto a los del Impuesto a las Rentas Agropecuarias de forma tal que exista la coordinación necesaria frente a la opción de tributar uno u otro, que permita la liquidación de los mismos.

Sustituir el artículo 4º del Título 1 del T.O. 1982, ya que al modificarse los sujetos pasivos del IMAGRO el mismo no tiene razón de ser. Se prevé la misma derogación de exoneraciones genéricas que rigen para el Impuesto a las Rentas Agropecuarias y además la responsabilidad solidaria de socios, directores y condómines.

Adecuar el artículo 8º del Título 1 del T.O. 1982 (monto imponible del IMAGRO) al nuevo texto dado a los sujetos pasivos.

Adecuar el ejercicio fiscal de este impuesto al ejercicio del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, así como la fecha de iniciación del primer ejercicio.

En los artículos 13 a 15, se reimplantan las retenciones a las ventas de productos agropecuarios como pagos a cuenta del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a las Actividades Agropecuarias, establecidos por Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984. Dicha reimplantación prevé el aumento de la tasa máxima a aplicarse del 3 al 4%, y la eliminación del rubro leche de las ventas gravadas.

JULIO MARIA SANGUINETTI
Presidente de la República

Ricardo Zerbino

Julio María Sanguinetti (Presidente de la República), Ricardo Zerbino.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el inciso primero del literal f) del artículo 11 del Título 8 del Texto Ordenado 1982 por el siguiente:

"Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria por un porcentaje del valor fiscal total del inmueble asiento de la misma. Dicho porcentaje que regirá para cada ejercicio, será fijado por el Poder Ejecutivo entre un máximo del 80% y un mínimo del 40%. La presente sustitución regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive".

Art. 2º. - Las reliquidaciones del Impuesto al Patrimonio a que hubiere lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, se harán efectivas a partir del 15 de setiembre de 1985 en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta disposición sólo regirá para el Impuesto al Patrimonio correspondiente al ejercicio 1984.

Art. 3º. - Derógase el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Esta derogación regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive.

Art. 4º. - Agréganse al artículo 9º del Título 8 del Texto Ordenado 1982, los siguientes incisos:

"Los contribuyentes deberán declarar los bienes situados en el exterior cuando se declaran pasivos, ya sea en el país o en el exterior.

Cuando existan activos en el exterior que superen los pasivos en el exterior, dicho excedente se deducirá del pasivo con acreedores domiciliados en el país a los efectos del cómputo de este último.

En caso de existir bienes gravados, bienes exentos y bienes mencionados en el artículo 8º el pasivo resultante de acuerdo a lo que surge de los incisos precedentes, se computará por la parte proporcional al activo gravado.

Esta disposición regirá para ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1984 inclusive".

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 3º (Sujetos pasivos). - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones en cuanto sean titulares de rentas comprendidas".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 6º. - Sustitúyense los artículos 6º y 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por los siguientes:

"ARTICULO 6º (Renta bruta de semovientes). - La renta bruta pecuaria resultará de deducir a las ventas netas las compras del ejercicio y las variaciones físicas operadas en cada categoría, avaluadas a precio de fin de ejercicio de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

La existencia de semovientes no se tendrá en cuenta para la aplicación del cálculo del ajuste por inflación".

"ARTICULO 8º (Valuación de Inventarios). - Las existencias de semovientes se computarán por el valor en plaza que establecerá la Administración, teniendo en cuenta los precios corrientes".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 10. (Documentación). - Las operaciones que generan rentas gravadas deberán documentarse mediante facturas o boletas numeradas correlativamente, que deberán contener impresos el pie de imprenta, el número de inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, anotándose en ellas los bienes entregados o servicios prestados, la fecha e importe de la operación y la identificación del adquirente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el monto de ingresos anuales por debajo del cual los contribuyentes estarán eximidos de la obligatoriedad de documentar sus operaciones.

Asimismo podrá autorizar a omitir la facturación de las ventas cuando exista documentación oficial de las operaciones y en los casos que establezca".

Art. 8º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exigir a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias el Certificado Unico del artículo 21 del Título 9 del Texto Ordenado 1982, así como a instrumentar sistemas de control mediante la intervención de otras oficinas estatales en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de tales explotaciones o de la tenencia de inmuebles no explotados".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 10. - Sustitúyese el artículo 4º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones genéricas de tributos establecidos a favor de determinadas personas, entidades o actividades, excepto las consagradas por la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968 y sus modificativas.

Los socios, directores de sociedades contribuyentes, los condóminos, los directivos de asociaciones y fundaciones serán solidariamente responsables del pago del impuesto".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 8º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 8º. - El monto imponible resultará de sumar los ingresos gravados correspondientes a las explotaciones de cada titular".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 18 del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 18. - El presente impuesto se aplicará anualmente a los ejercicios iniciados el 1º de julio de cada año y cerrados el 30 de junio del año siguiente. El primer ejercicio comenzará el 15 de octubre de 1984".

Art. 13. - Reimplántase con carácter definitivo el Impuesto creado por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984. El producido de dicho impuesto será imputado por los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias en su caso.

Art. 14. - Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 24. (Hecho generador). - Grávase la enajenación realizada a quienes se encuentren comprendidos en el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio, a Administraciones Municipales y Organismos Estatales de los siguientes bienes:

A) Lanas y cueros ovinos y bovinos.

B) Ganado bovino y ovino destinado a la faena o exportación.

C) Cereales, oleaginosos y sacarígenos.

A los efectos de este impuesto estará gravada toda operación a título oneroso en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que dé a quien los recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario.

Quedarán gravados, asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio en cuanto manufacturen o comercialicen bienes de su propia producción y quienes exporten por cuenta propia o ajena".

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 27. (Tasa). - La tasa máxima del impuesto será del 4% (cuatro por ciento) pudiendo el Poder Ejecutivo fijar tasas diferenciales para cada bien incluido en el hecho generador".

Art. 16. - Lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de esta ley regirá a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc.

Ricardo Zerbino

Carp. Nº 270/85 - Rep. Nº 98 y Anexo I

Comisión de
Hacienda integrada.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión recomienda la sanción del proyecto de ley que acompaña esta exposición de motivos por el cual se establecen una serie de modificaciones al actual sistema tributario.

Ellas tienen que ver con el impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas agropecuarias y el impuesto a las actividades agropecuarias.

Asimismo se reimplanta el régimen de adelanto a cuenta que fuera establecido por el Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984, dado que el mismo había dejado de estar vigente a partir del 30 de junio de 1985. Esta disposición afecta a los impuestos a las rentas agropecuarias y a las actividades agropecuarias.

Estas normas fueron objeto de un Mensaje especial del Poder Ejecutivo en virtud de la necesidad de establecer un régimen que flexibilizara al vigente, y que tuviera en consecuencia un tratamiento legislativo preferencial en el tiempo, al que naturalmente demanda la Rendición de Cuentas, en cuyo Mensaje estaban originalmente incluidas.

Son ellas pues el fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los representantes de los productores del cual tuvieron oportunamente conocimiento los miembros de la Comisión de Hacienda así como los distintos sectores que integran este Cuerpo.

Este proyecto incluye además, en sus artículos 3º y 4º, disposiciones que tienden a evitar dos formas claras de elusión impositiva, que como bien lo señala el Mensaje del Poder Ejecutivo, constituyen "exoneraciones sin fundamento en razones de interés general justificables", "exoneraciones que se constituyeron en mecanismos de defraudación del impuesto, al transformarse activos en títulos valores con el solo propósito de disminuir al patrimonio gravable".

Con igual fundamento, agrega el Mensaje "se trata de dejar sin efecto la maniobra reiteradamente verificada por la Administración a consecuencia del cómputo de pasivos inexistentes en el exterior".

Arts. 3º y 4º. - Ambas normas se fijan con carácter retroactivo, a partir del ejercicio celebrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive:

Impuesto al Patrimonio

Artículo 1º. - Por esta disposición se reconoce la situación de muchos productores, que habiendo debido realizar sus activos en semovientes para saldar sus adeudos, veían por los mecanismos vigentes disminuir sus pasivos contra la realización de activos, pero por el cálculo ficto del valor de los semovientes estaban obligados a tributar por un activo inexistente.

Esta norma fija para el cálculo de los semovientes y para este año, un porcentaje del valor fiscal de sólo el 40% de la escala dentro de la cual se le autoriza al Poder Ejecutivo a moverse.

Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA)

Art. 5º. - Por estas disposiciones se determinan quiénes serán sujetos pasivos de este impuesto y se fijan los límites del mismo al referirse a las ventas comprendidas.

Art. 6º. - En este artículo se uniformizan los métodos de valuación de los inventarios tomándose el método identificado en el literal B) de la legislación vigente en virtud de ser éste el que se aplica en el plan agropecuario y que ha probado ser el más utilizado por los contribuyentes.

Art. 7º. - Se reconocen otros mecanismos de documentación de los existentes recogiéndose así una solicitud expresa de las Asociaciones de Productores Rurales.

Art. 8º. - Procura uniformizar normas, que ya se exigen para los demás impuestos.

IMAGRO (IVA)

Los artículos 9º, 10 y 11 tienden a unificar las normas que vinculan a los impuestos del IMAGRO y del IVA, dada la opción de tributar uno u otro.

Se adecuan los sujetos pasivos (Art. 9º); se preven las mismas derogaciones de exoneraciones generales que rigen para el IVA, agregándose la responsabilidad solidaria de socios, directores y condóminos.

Se concilia el texto original del IMAGRO con el nuevo texto, dado los sujetos pasivos.

El artículo 12 procura acordar las fechas de liquidación y pago de estos tributos con el año agrícola. Anteriormente el IMAGRO abarcaba el período octubre-setiembre.

Como consecuencia esta primera liquidación tendrá el beneficio de ser liquidada en un período menor, en tres meses y medio al anterior.

Adelantos y Tasas

Artículo 13. - Estos, que estaban fijados por el Decreto-Ley Nº 15.646 de 11 de octubre de 1984 y que regían hasta el 30 de junio de 1985, se reimplantan como adelantos a cuenta del impuesto a la venta agropecuaria y del impuesto a las actividades agropecuarias.

Art. 14. - Repite las disposiciones vigentes eliminando de las mismas a la leche.

Art. 15. - Eleva la tasa máxima de un 3% a 4% de adelanto.

Sala de la Comisión, a 31 de julio de 1985.

Jorge Batlle (miembro informante), Eugenio Capeche, Luis A. Lacalle, Manuel Flores Silva, Dardo Ortiz, Guillermo García Costa, Carlos J. Pereyra, Raumar Jude, Luis A. Senatore (con salvedades). Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyese el inciso primero del literal f) del artículo 11 del Título 8 del Texto Ordenado 1982 por el siguiente:

"Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria por un porcentaje del valor fiscal total del inmueble asiento de la misma. Dicho porcentaje que regirá para cada ejercicio, será fijado por el Poder Ejecutivo entre un máximo del 80% y un mínimo del 40%. La presente sustitución regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive, para el cual queda fijado en el 40% referido".

Art. 2º. - Las reliquidaciones del Impuesto al Patrimonio a que hubiere lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, se harán efectivas a partir del 15 de setiembre de 1985, en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta disposición sólo regirá para el Impuesto al Patrimonio correspondiente al ejercicio 1984.

Art. 3º. - Derógase el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Esta derogación regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive.

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 9º del Título 8 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. - Las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, podrán computar como pasivo las deudas debidamente documentadas, aquellas cuya existencia se justifiquen fehacientemente y las que mantuvieran con entidades estatales, paraestatales y municipales.

Los contribuyentes deberán declarar los bienes situados en el exterior cuando se declaren pasivos, ya sea en el país o en el exterior.

Sólo se admitirá deducir como pasivos, las deudas contraídas con acreedores domiciliados en el país.

Dichas deudas deberán en primer término ser absorbidas por las diferencias de activos y pasivos del exterior y en caso de existir excedentes de activos en el exterior, una vez absorbidos éstos, serán admitidas como pasivo.

En caso de existir bienes gravados, bienes exentos y bienes mencionados en el artículo 8º, el pasivo resultante de acuerdo a lo que surge de los incisos precedentes, se computará por la parte proporcional al activo gravado.

Esta disposición regirá para ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1984 inclusive".

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 3º (Sujetos pasivos). - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de rentas comprendidas".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 6º. - Sustitúyense los artículos 6º y 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por los siguientes:

"ARTICULO 6º (Renta bruta de semovientes). - La renta bruta pecuaria resultará de deducir a las ventas netas las compras del ejercicio y las variaciones físicas operadas en cada categoría, avaluadas a precio de fin de ejercicio, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

La existencia de semovientes no se tendrá en cuenta para la aplicación del cálculo del ajuste por inflación".

"ARTICULO 8º (Valuación de Inventarios). - Las existencias de semovientes se computarán por el valor en plaza que establecerá la Administración teniendo en cuenta los precios corrientes".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 10. (Documentación). - Las operaciones que generan rentas gravadas deberán documentarse mediante facturas o boletas numeradas correlativamente, que deberán contener impresos el pie de imprenta, el número de inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, anotándose en ellas los bienes entregados o servicios prestados, la fecha e importe de la operación y la identificación del adquirente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el monto de ingresos anuales por debajo del cual los contribuyentes estarán eximidos de la obligatoriedad de documentar sus operaciones.

Asimismo podrá autorizar a omitir la facturación de las ventas cuando exista documentación oficial de las operaciones y en los casos que establezca".

Art. 8º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exigir a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias el Certificado Unico del artículo 21 del Título 9 del Texto Ordenado 1982, así como a instrumentar sistemas de control mediante la intervención de otras oficinas estatales en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Serán sujetos pasivos las sociedades o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de tales explotaciones o de la tenencia de inmuebles no explotados".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 10. - Sustitúyese el artículo 4º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones genéricas de tributos establecidos a favor de determinadas personas, entidades o actividades, excepto las consagradas por la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968 y sus modificativas y por el artículo 22 de la Ley Nº 13.930 de 30 de diciembre de 1970.

Los socios directores de sociedades contribuyentes, los condóminos, los directivos de asociaciones y fundaciones serán solidariamente responsables del pago del impuesto".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 8º del Título 1º del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 8º. - El monto imponible resultará de sumar los ingresos gravados correspondientes a las explotaciones de cada titular".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 18 del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 18. - El presente impuesto se aplicará anualmente a los ejercicios iniciados el 1º de julio de cada año y cerrados el 30 de junio del año siguiente. El primer ejercicio comenzará el 15 de octubre de 1984".

Art. 13. - Reimplántase con carácter definitivo el Impuesto creado por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984. El producido de dicho impuesto será imputado por los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, en su caso.

Art. 14. - Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 24 (Hecho generador). - Grávase la enajenación realizada a quienes se encuentren comprendidos en el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio, a Administraciones Municipales y organismos estatales de los siguientes bienes:

A) Lanas y cueros ovinos y bovinos.

B) Ganado bovino y ovino destinado a la faena o exportación.

C) Cereales, oleaginosos y sacarígenos.

A los efectos de este impuesto estará gravada toda operación a título oneroso en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que dé a quien los recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario.

Quedarán gravados, asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio en cuanto manufacturen o comercialicen bienes de su propia producción y quienes exporten por cuenta propia o ajena".

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 27 (Tasa). - La tasa máxima del impuesto será del 4% (cuatro por ciento) pudiendo el Poder Ejecutivo fijar tasas diferenciales para cada bien incluido en el hecho generador".

Art. 16. - Lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de esta ley regirá a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, a 31 de julio de 1985.

Jorge Batlle (miembro informante), Eugenio Capeche, Luis A. Lacalle Herrera, Manuel Flores Silva, Dardo Ortiz, Guillermo García Costa, Carlos J. Pereyra, Luis A. Senatore (con salvedades), Raumar Jude. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: a propósito de este proyecto de ley, desearía dar una información al Senado.

Las disposiciones de este proyecto, inicialmente venían comprendidas dentro del Mensaje del Poder Ejecutivo sobre Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. A posteriori, en función de gestiones realizadas por los productores nucleados en sus distintas asociaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, se desglosaron del Mensaje de la Rendición de Cuentas, la mayor parte de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley que hoy tenemos a consideración. Luego, se incorporaron a un proyecto de ley independiente que el Poder Ejecutivo remitió a este Cuerpo y que tomó a su consideración la Comisión de Hacienda, junto con el de Rendición de Cuentas, a los efectos -como lo dice el mismo- de flexibilizar los impuestos al Patrimonio, a la Renta Agropecuaria y a las Actividades Agropecuarias en lo pertinente a la liquidación de los mismos en este ejercicio.

Asimismo, señor Presidente, los distintos sectores parlamentarios -no solamente los representados en la Comisión de Hacienda- recibieron en la Sala de Ministros a los representantes de las asociaciones de productores, quienes expusieron los planteos que habían llevado adelante y de acuerdo que habían alcanzado a los efectos de flexibilizar estas normas. Por lo tanto, el proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Hacienda integrada con la Comisión de Ganadería -con algunas salvedades que serán establecidas en Sala por uno de los señores senadores participantes en esa discusión- recogió algunas disposiciones que fueron sugeridas por los representantes de la Asociación Rural y la Federación Rural, participantes en el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Entiendo que a lo largo de la discusión particular podrán explicarse con detalle cada uno de los elementos que contiene esta ley y, especialmente, en los casos en que no se hace una referencia concreta a estos temas de la flexibilización agropecuaria. Esto es así fundamentalmente en los artículos 3º y 4º que tienen que ver con la derogación de algunas normas vigentes y que señalarán, quizás, -a lo largo de la discusión de esta ley- los puntos que pueden dar lugar a mayor controversia.

Ello se refiere, expresamente, a la derogación de algunas disposiciones vigentes a partir del 17 de setiembre de 1982, por las cuales estaban exoneradas de toda obligación tributaria la tenencia, la renta y la circulación interna de títulos-valores, dinero o metales preciosos. Esa disposición dio lugar a fuertes obligaciones impositivas. Prácticamente se formó una organización tendiente a obtener -a través del uso de las disposiciones- la posibilidad de eludir el Impuesto al Patrimonio. También, debe tenerse en cuenta el aspecto de los pasivos en el exterior, que la Dirección General Impositiva, evidentemente, no puede detectar porque hasta este momento carecía de los medios necesarios para hacerlo. Este mecanismo, al igual que el anterior, se constituyó en un sistema organizado para eludir legalmente los impuestos, en detrimento del Tesoro Nacional.

Estas dos disposiciones se refieren no solamente a los ejercicios futuros sino también al que, según los artículos 3º y 4º, ha entrado en vigencia a partir del 15 de octubre de 1984.

La Comisión estudió largamente este tema a propósito de la retroactividad con que se aplican estas dos disposiciones y, con algunas salvedades, resolvió por mayoría incorporarlas al proyecto de ley y aconsejar al Cuerpo su aprobación. Se trata de disposiciones que no modifican la situación de la operación que está gravada ya que lo que se busca es simplemente evitar esa gravísima elusión que se ha venido procesando a partir de la puesta en vigencia de esta norma en 1972. Me refiero a la existencia de organizaciones que hacían aparecer títulos valores -fundamentalmente de forma- que como no estaban gravados en el activo del declarante, podían ser constituidos como pasivo para eludir de esa manera el pago de las obligaciones tributarias.

Señor Presidente: creo que podría ser más conveniente pasar a considerar el proyecto en su discusión particular a los efectos de que en cada artículo podamos ir esclareciendo las razones de estas disposiciones así como las modalidades de los impuestos que se modifican por medio de este proyecto.

Es cuanto tenía que decir por ahora, señor Presidente.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio voy a solicitar que este proyecto vuelva a Comisión para ser nuevamente analizado. A medida que se estudia más a fondo se advierte que no cumple con todos los acuerdos celebrados en la CONAPRO. Además, establece o reimplanta un impuesto -una tributación directa- aunque en forma atenuada ya que se expresa que el producido de dicho impuesto corre a cuenta del IMAGRO y del Impuesto a las Rentas Agropecuarias; sin embargo, obliga de inmediato al pago de los impuestos en la medida en que se vayan generando los hechos imponibles. Y deben pagarlos incluso quienes, en definitiva no deben pagar ni IMAGRO ni IRA.

Tal como lo señalaba el señor senador Batlle, algunas de estas disposiciones están totalmente en contra de lo que son las normas generales y lo que es un principio firme en materia de derecho tributario: la no retroactividad de las normas tributarias.

Por otra parte, señor Presidente, este proyecto carece de lo que debe tener todo aquel que establece impuestos o que los modifica. Me refiero a la estimación del rendimiento de los tributos que permiten saber al legislador cuál puede ser, en definitiva, la suerte de un proyecto como el que estamos tratando.

Por todas estas consideraciones, formulo moción de orden en nombre de la bancada del Frente Amplio para que este proyecto vuelva a estudio de la Comisión. Además, deseo pedir excusas al señor Presidente ya que por mi poca experiencia parlamentaria no formulé esta moción antes de que el señor senador Batlle hiciera su exposición.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la moción de orden formulada por el señor senador Senatore.

De acuerdo con el artículo 66, inciso B) del Reglamento, se trata de una moción que admite discusión.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Queremos establecer que no vamos a votar la moción formulada por el señor senador Senatore ya que deseamos que la consideración de este tema se realice en el día de hoy.

Como expresé anteriormente, este tema se discutió largamente en Comisión y, por circunstancias que desconocemos, en esas oportunidades no se formularon estos planteos.

Lo cierto es, señor Presidente, que en el momento actual este impuesto está vigente -es decir, se está percibiendo- por lo que estas normas de flexibilización vienen a corregir algunas situaciones que, de lo contrario, crearían grandes problemas tanto para el Fisco como para los contribuyentes.

Todos los que participamos en las reuniones mantenidas con los representantes de los sectores productivos, consideramos estos puntos de vista y aunque no emitimos opinión, llegamos a la discusión de estos temas con este antecedente. Los representantes del Poder Ejecutivo que participaron de las reuniones de la Comisión de Economía y Finanzas, nos dieron las razones por las cuales se entendía conveniente y necesario aprobar estas normas de flexibilización.

Por otra parte, señor Presidente, en función de que la Rendición de Cuentas merece un estudio mucho más profundo e importante porque abarca otros tópicos y, además, por la circunstancia de que este impuesto se está percibiendo, hemos entendido necesario votar de inmediato estas disposiciones que originalmente venían dentro del texto de la Rendición de Cuentas y que, precisamente, por las razones mencionadas, han sido enviadas en mensaje por separado.

En nombre de la bancada del Partido Colorado, adelanto que entendemos que este proyecto debe tratarse en el día de hoy. De acuerdo con nuestro leal saber y entender, por medio de la emisión de nuestro voto y de la expresión de voluntad, cada sector podrá dar las razones por las que está a favor o en contra de este proyecto. Pienso que votar su pase a Comisión sería desde todo punto de vista un hecho que a nuestro juicio conllevaría graves problemas. Reitero que vamos a mantener nuestra posición en el sentido de que este proyecto sea considerado en la sesión del día de hoy.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: adelanto que vamos a compartir el criterio sustentado por el señor senador Batlle.

Entendemos que existe urgencia en la aprobación de este proyecto dado que se están recaudando impuestos en función de normas que ahora van a ser modificadas. Ello hace necesario que de una vez por todas se regularice esta situación.

Por otra parte, el proyecto no peca de ambicioso; se trata de un proyecto de relativo alcance ya que no introduce modificaciones sustanciales a la tributación agropecuaria y las que se anotan son de escaso volumen.

Con respecto a lo mencionado, relativo al estudio efectuado, debo decir que la Comisión trabajó largamente -creo que se debe de haber reunido alrededor de quince veces- considerando este tema. En esas oportunidades no se formularon las observaciones que ahora se realizan. Con todos los respetos que me merece el señor senador que ha solicitado el pase de este proyecto a Comisión, debo decir que desde nuestro punto de vista éste ya fue muy estudiado. Además, insisto en que no contiene modificaciones de gran entidad. Si volviéramos este tema a Comisión, comenzaríamos necesariamente un largo y complejo estudio de toda la tributación agropecuaria. De esta forma no obtendríamos un proyecto de este tipo y las recaudaciones que se están operando, sobre todo en materia de patrimonio, no van a tener respaldo legal. El Poder Ejecutivo, precisa -el señor Presidente podrá apreciar quién políticamente está expresando estas palabras- además que algunos impuestos, que cesaron de recaudarse en una fecha determinada, vuelvan a ser puestos en vigencia para cubrir el déficit presupuestal.

Por consiguiente, señor Presidente, nos inclinamos por que se proceda a considerar este proyecto tal como estaba propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Senatore en el sentido de que este proyecto de ley vuelva a Comisión.

(Se vota:)

-6 en 24. Negativa.

Continúa en discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Nuestro voto negativo -consecuencia de la moción formulada con anterioridad- no expresa ni un rechazo a la reconsideración de las formas de tributación agropecuaria, ni una negativa absoluta a cada uno de los criterios aquí contenidos, sino que se debe a que en este momento aspiramos a un examen más detenido de alguno de los aspectos aquí incluidos. Ello no significa desconocer la intensidad y la importancia del trabajo que se efectuó en Comisión, tal como con veracidad total ha sido expresado por los señores senadores que se opusieron a un nuevo estudio por parte de aquélla. Pero el hecho de que se haya realizado un análisis de él, no agota las posibilidades de profundizarlo y mejorarlo e, inclusive, de obtener informaciones que, a nuestro juicio, son necesarias.

Por estas razones es que hemos votado negativamente en la discusión general, aunque ello no implica una negativa frontal a cada uno de los criterios aquí explicitados.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: hemos votado en contra el pase a Comisión del proyecto por las consideraciones expresadas por el señor senador García Costa y por las que acaba de señalar el señor senador Rodríguez Camusso.

Como integrante de la Comisión quiero afirmar, en primer lugar, que ésta tuvo a su cargo un estudio muy exhaustivo de este proyecto y, en segundo término, significar la importancia de la explicación que estaba realizando el señor senador Batlle cuando informaba al Senado que, con anterioridad a la llegada del proyecto, había dejado un entendimiento entre representantes de entidades agropecuarias y del Ministerio de Economía y Finanzas. Si tenemos en cuenta ese estudio exhaustivo al que hicimos referencia y el hecho de que ya el Poder Ejecutivo ha fijado fecha para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Patrimonio, es evidente que toda demora que se opere en la consideración de este proyecto perjudicará a los contribuyentes, quienes se verán en dificultades por no saber cuándo presentar esa declaración jurada, máxime porque aún no se han establecido los índices correspondientes fundamentalmente en lo que dice relación a la fijación de los fictos que gravarán la tenencia de los semovientes.

Reitero que existiendo ya una fecha determinada para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los contribuyentes, toda demora va a causar perturbación, por cuanto el que tiene que pagar el impuesto necesita que se le faciliten las cosas para poder hacerlo sin mayores tropiezos.

Por las consideraciones expuestas es que hemos votado para que el proyecto sea estudiado por el Senado en la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR FA ROBAINA. - Mociono para que se suprima la lectura de todo el articulado.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: en oportunidad de discutirse o de examinarse en Comisión lo relativo al Impuesto al Patrimonio, sus integrantes nos vimos en la necesidad de requerir del señor Ministro -en ocasión de hallarse éste y también otros jerarcas de su Cartera presentes- la corrección de una anomalía referente a la aplicación del decreto que multiplica por el coeficiente 5 los valores de los inmuebles rurales.

Esa anomalía radica -creo que con esto me eximo de mayores comentarios- en el precio promedio que la Dirección General de Catastro adjudica a los inmuebles rurales, sin mejoras -estrictamente la tierra- del departamento de Montevideo, que es del orden de los N$ 166.000 por hectárea. Sin embargo, el precio normal de mercado oscila entre los N$ 50.000 y N$ 60.9000 por hectárea. De aquí se puede deducir que el Estado afora la tierra tres veces más de su valor comercial. En tales oportunidades el señor Ministro comprendió el alcance de esa disposición y manifestó que procedería a dar las órdenes administrativas del caso rectificando el criterio -no olvidemos que su origen radica en un decreto del Poder Ejecutivo- pero no sabemos si así se ha procedido. De lo que sí tenemos conocimiento es de que el Presidente de la Comisión -y, a su vez, miembro informante- ha mantenido alguna conversación con el señor Ministro, por lo que sería oportuno que hiciera las aclaraciones pertinentes porque, en su defecto, creemos necesario poner coto mediante un texto legal, a este desmedido empuje impositivo sobre un sector de nuestra población.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Este criterio que señala el señor senador García Costa ha sido expresado ya por varios señores senadores que tenían conocimiento detallado de la situación existente en lo que hace a la liquidación del Impuesto al Patrimonio en las zonas rurales del departamento de Montevideo.

Este problema fue planteado al señor Ministro en Comisión. Con posterioridad me puse en contacto con el señor Director General de Catastro quien, a su vez, me informó que había recibido como encargo del propio Ministro el resolver esta cuestión. Asimismo, el día lunes hablé personalmente con el Ministro y, seguidamente, di cuenta a la Comisión de que él había dictado resolución por la cual se modificaba el porcentaje para la fijación del valor real a establecer en el Impuesto al Patrimonio.

Creemos que se ha hecho bien en plantear esta cuestión en Sala porque así podemos dar, en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, la debida respuesta oficial ya que sin duda se corrigen, por esta vía, anomalías que suponen la creación de gravámenes absolutamente imposibles de ser resistidos por los contribuyentes. La nómina de las liquidaciones que obraron en conocimiento de la Comisión respectiva lo demuestran fehacientemente.

Aquí hay diferencias absurdas entre áreas similares de explotación rural, sobre todo con los departamentos limítrofes de San José y Canelones, que demuestran con claridad el error cometido con el índice aplicado.

Reitero que el señor Ministro ya ha dictado la disposición correspondiente por la que se modifica ese porcentaje. Creo que con esto doy satisfacción a la interrogante que había planteado el señor senador García Costa.

Con respecto al artículo 1º, señor Presidente, simplemente digo que se trata de una norma por la cual se modifican los fictos por los que se tasaban los semovientes, fundamentalmente para reconocer una situación que en este momento se da en la campaña, en que buena parte de los productores agropecuarios tuvo que realizar los semovientes para liquidar pasivos y, por lo tanto, han acrecentado en cierta medida sus activos mientras que, por otro lado, realmente, han desaparecido. En consecuencia, sin tener el activo habrían tenido que pagar un patrimonio altísimo. Esa es la razón por la que se flexibilizará esta norma y se establece expresamente en el artículo 1º, para este año, ese 40% para la liquidación del impuesto.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-20 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el artículo 2º es, meramente, la fecha de fijación de la vigencia de lo establecido en el artículo anterior. Esto quiere decir que esas reliquidaciones se establecerán a partir de la liquidación del 15 de setiembre de 1985.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Este es el primer artículo de los dos que establecen las retroactividades a que se hacía referencia en el informe general.

Este artículo 3º deroga el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, por el que se exoneraba de toda obligación tributaria a la tenencia, la renta y la liquidación interna de títulos valores, dinero o metales preciosos. Este es el primero de los mecanismos que la Dirección General Impositiva ha detectado como una organización prácticamente, para eludir los impuestos en el país. Por esta circunstancia es que se ha determinado, en primer lugar, que la situación se retrotraiga al estado en que se encontraban vigentes los impuestos antes de la fecha de este Decreto-Ley Nº 15.322 y que la aplicación de los mismos se efectúe a partir del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1984.

La importancia, magnitud y naturaleza de la elusión impositiva organizada por esta vía, sobre todo en lo que tiene que ver con los títulos valores, ha determinado a la Dirección General Impositiva a solicitar, del Ministerio de Economía y Finanzas -y a su vez el Poder Ejecutivo ha remitido mensaje en este sentido- el apoyo necesario para tratar de cerrar esta brecha que supone, sin ninguna duda, la admisión de una elusión legal que coloca en notoria desventaja al contribuyente que no se prepara para eludir sus obligaciones tributarias por estas vías, mecanismos y artilugios.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En primer lugar, deseo preguntar al señor miembro informante por qué razón esta disposición, que parece tener carácter general, está dentro de este proyecto de ley que refiere nada más que a los impuestos o a la tributación al agro.

En el repartido sobre referencias legales se halla parte del texto del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, que dice así: "Las personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes en el país que no sean contribuyentes del impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, estarán exoneradas de toda obligación tributaria que grave la tenencia, la renta y la circulación interna de títulos valores, dinero y metales preciosos".

La primera pregunta que deseo formular, es: ¿a qué se refería este Decreto-Ley Nº 15.322? Es decir, deseo saber, si era un acto legislativo o una disposición legislativa referente a otra materia o a un impuesto específico. Si no entiendo mal, esta exoneración es de carácter general y no sólo para los impuestos al agro. O sea que también rige por ejemplo para el Impuesto al Patrimonio. Entonces, si derogamos esta exoneración -con lo que, en principio, estoy de acuerdo- para el futuro, ¿por qué viene dentro del proyecto de ley de tributación al agro y no dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, dónde están las disposiciones de carácter general en materia impositiva?

Esta es la primera pregunta que formulo al señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - La primera pregunta se contesta, a mi juicio, de la siguiente manera.

Como el señor senador bien lo sabe, esta disposición también estaba en el mensaje original por el cual el Poder Ejecutivo, a través del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, la incluía en el proyecto original. Como se trata de una disposición que, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, tiene enorme importancia tributaria y va a afectar a una reliquidación que ya se ha procesado, evidentemente, si nosotros la mantenemos dentro del proyecto de Rendición de Cuentas, el tiempo que va a llevar su estudio y sanción en la Cámara de Representantes hará que esta disposición sea mucho más difícil de aplicar y, a su vez, el tiempo transcurrido tornará aún mayor la problemática que ella pueda plantear.

En el fondo, hay razones de carácter político y no técnico para incorporarla a esta ley de flexibilización. Es cierto, efectivamente, que se trata de una disposición de carácter general y no tiene referencia concreta a este Impuesto al Patrimonio relacionado con las actividades agropecuarias, ni con la liquidación de éste, por los contribuyentes que tienen, fundamentalmente, una actividad agropecuaria. Tampoco tiene nada que ver con el IRA ni con el IMAGRO, sino que tiene relación con las normas generales; pero la razón de su incorporación a este proyecto de flexibilización es, fundamentalmente, ésa. Ya estaba incorporado al Proyecto de Rendición de Cuentas.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: me resulta clara e ilustrativa la explicación del miembro informante, señor senador Batlle, pero queda claro, entonces, que esta disposición está inserta en este proyecto de ley, no porque refiera a los impuestos al agro, sino porque hay una razón de urgencia en el sentido de que entre en vigencia respecto a la categoría de contribuyentes comprendidos en este proyecto y con relación a los impuestos por los cuales ellos tributan.

Hay un segundo aspecto de la norma que considero claramente objetable y es el hecho de que se establezca la derogación con carácter retroactivo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1984. El señor senador Batlle nos ha ilustrado -y también lo expresa el mensaje con que se remitió el proyecto de ley del Poder Ejecutivo- en el sentido de que la exoneración de los títulos valores dio mérito a que, para no pagar el impuesto, mucha gente los adquiriera o se hiciera prácticamente una cadena organizada para, de esta manera, no tributar impuestos que correspondían.

Hago al respecto la siguiente reflexión: los contribuyentes que adoptaron esa conducta no cometieron ningún acto ilícito. Aquí no se está hablando de defraudación impositiva, sino de lo que, en doctrina, se conoce como elusión, o sea, de un mecanismo legal o permitido por la ley para no pagar el impuesto; pero esos contribuyentes no son culpables de que los títulos valores estuvieran exonerados. Adquirir títulos valores era un acto lícito; la exoneración la estableció el legislador del Gobierno de facto para otras consideraciones y el contribuyente estaba habilitado para adquirir títulos valores en la convicción y tranquilidad de que ellos no estaban gravados. En función de esto realizó previsiones sobre su conducta financiera y ahora se encuentra con que seis o nueve meses después de cerrado un ejercicio se le dice que, lo que no estaba gravado sí lo está, y que debe pagar.

Aquí entramos en el problema de la retroactividad que mencionaba el señor senador Senatore. Tengo la firme convicción de que las disposiciones retroactivas, cuando no crean nuevos derechos o reconocen derechos que antes no estaban amparados, sino que crean nuevas obligaciones, son contrarios a la técnica jurídica y que, además, son inconstitucionales, porque el artículo 10 de la Constitución establece que nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe.

En ese sentido, la ley vigente en el año 1984 no mandaba tributar por títulos valores ni prohibía adquirirlos. De manera tal que en mi concepto esta retroactividad es violatoria del artículo 10 de la Constitución. Se me podrá decir que esta gente no obró de buena fe ya que mientras hay otros contribuyentes que estaban pagando ellos hicieron eso para no pagar el impuesto. Pero tal conducta estaba permitida por la ley, razón por la que ahora no puede aparecer como pasible de sanción o, como consecuencia de la disposición legal, obligándoles a pagar un impuesto que en el momento en que se produjo el hecho generador de éste, no determinaba esa obligación para el contribuyente.

Me resisto, señor Presidente, a votar normas retroactivas que en cierta medida lesionan derechos adquiridos, que es el fundamento de la doctrina tradicional sobre la no retroactividad de la ley.

El señor senador Senatore acaba de manifestar que entre los fundamentos por los que solicitaba que el proyecto volviera a Comisión, se encontraba el de reconsiderar el tema de la retroactividad. No quiero que los contribuyentes eludan los impuestos, sino que todos están en un mismo pie de igualdad. Pero esta desigualdad no la crearon ellos sino el legislador, que legisló con error o no advirtió que se estaban posibilitando este tipo de mecanismos; por ende, la situación creada no es responsabilidad del contribuyente. Me parece muy bien que se derogue esta disposición y se cierre esta brecha, pero no que se haga con efecto retroactivo. Desde mi punto de vista, estoy convencido que nos tenemos que acostumbrar a no legislar con efecto retroactivo porque hacerlo es de mala técnica legislativa e inclusive, reitero, considero que es inconstitucional.

Por lo tanto, voy a solicitar que se separe la oración final, que es la que da el efecto retroactivo a la disposición y que simplemente dejemos la derogación que opera a partir de la fecha de vigencia de la ley, tal como debe ser en toda norma legislativa.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor miembro informante lo permite, antes que nada la Mesa debe advertir que hay murmullos en Sala que resultan contraproducentes y que, además, impiden el normal desarrollo del debate. De manera que se exhorta a los señores senadores a guardar silencio porque no se puede escuchar con la suficiente atención.

Tiene la palabra el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: debo decir que desde el punto de vista estrictamente de la teoría del derecho, es muy difícil rebatir las argumentaciones formuladas por el señor senador Aguirre. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que esta situación se da no por una ley sino por un decreto-ley creado por un régimen bastante particular que ha tenido nuestro país en los últimos años y como consecuencia de ello hemos debido corregir una serie de cosas con efecto retroactivo. Se han declarado nulas designaciones realizadas durante estos últimos años o se ha entendido que, algunas de ellas eran nulas desde el punto de vista del derecho. Además, se toman y se tomaron medidas con carácter retroactivo en el Parlamento, precisamente en la Cámara Baja a propósito de tratarse los contratos de alquileres celebrados entre las partes. Lo que estamos haciendo ahora, señor Presidente, no es cambiar las reglas de juego que afecten a un negocio comercial, sino que se trata simplemente de impedir que una persona que posee cierto patrimonio se beneficie como consecuencia de haberse organizado -a través de normas que configuraron esta situación a partir de 1982- con el único propósito de crear este mecanismo legal de elusión, que ha determinado que en los últimos tres años la recaudación del impuesto al patrimonio haya bajado en cifras importantes.

Cuando asistimos a las sesiones de la Comisión de Hacienda los jerarcas de la Dirección General Impositiva, nos dieron varios ejemplos en los que se probaba y demostraba hasta el hartazgo cómo había personas que generaron títulos valores con los que 7, 8 ó 9 sociedades anónimas aparecían con un pasivo de U$S 700.000 u U$S 800.000 incorporados a su activo y no tributaban absolutamente nada, con evidentes maniobras de defraudación. Este tipo de maniobras, sin ninguna duda, afectan al país y al Tesoro y, además, aunque estas normas no sean muy estrictas y puedan ser discutidas, creo que puede ser interesante -a pesar de ser conscientes de que esto puede debatirse en los estrados judiciales- que la Administración trate de ver cómo los contribuyentes pueden probar que esos títulos valores realmente responden a obligaciones reales y no a maniobras o a un sistema de defraudación organizado y extendido en todo el país, en guarismos de tal magnitud, importancia e intensidad que se ha hecho imprescindible derogar estas normas, no sólo estas exenciones impositivas, son injustas -y sin ninguna causa- desde el punto de vista tributario, sino porque notoriamente se prestan a ese tipo de defraudación sistemática que va en perjuicio de la comunidad y que ha sido creada por parte de los contribuyentes que se han organizado para ello. Seguramente cuando esta norma se dictó a través del decreto-ley correspondiente, en setiembre de 1982, se habrá pensado que con ella se facilitaba vaya a saber qué clase de inversiones o incorporaciones patrimoniales al país. Sin embargo, lo cierto es que ella se ha utilizado sólo con el objetivo señalado.

Desde mi punto de vista, no sólo hay que cerrar la brecha para el futuro sino que, en un momento en que todo el país se está sacrificando, en el que le exigimos a todo el mundo que haga ciertas inmolaciones importantes en sus ingresos y pasividades para poder salir adelante en un país que está tan comprometido, debe ser bueno que aquellas personas que se han organizado para defraudar, también tengan alguna dificultad para poder hacerlo en el porvenir y para objetar normas que jurídicamente puedan ser dudosas o poco claras o que, inclusive, puedan estar -como lo ha expresado el señor senador Aguirre- en contra de las disposiciones constitucionales, pero que en su espíritu tienen un sentido de justicia.

Lo que tratamos de hacer, señor Presidente, es impedir -no, naturalmente, para ejercicios anteriores sino para el presente- que continúe esta trampa organizada.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Me voy a referir a este artículo 3º para confirmar, desde luego, la posición expuesta por el señor senador Aguirre.

Al respecto, debo hacer dos importantes precisiones tanto en nombre de la bancada del Frente Amplio como en el mío propio. Y digo esto, señor Presidente, porque si no lo hiciera parecería que me opongo lisa y llanamente a esta disposición y de esa forma estaría contradiciendo lo que en esta materia es la posición sostenida por el Frente Amplio y por quien habla.

El artículo 3º en examen, en su primer inciso, deroga el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322. La norma establece una exoneración de toda obligación tributaria que grave la tenencia, la renta y la circulación interna de títulos valores, dinero o metales preciosos. Esa exoneración beneficia a las personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes en el país que no sean contribuyentes del IRIC. En otras palabras, se exonera del pago de toda obligación tributaria a quienes están demostrando poseer una capacidad contributiva real y cuantificable para la aplicación de la tributación directa cuya extensión reclamamos para sustituir los regresivos impuestos indirectos.

Debo decir, señor Presiente, que si hubiera estado sentado acá en setiembre de 1982, evidentemente, me hubiera opuesto a que se dictara esta norma. ¿Por qué? Porque ella, obviamente, establece que deja de ser contribuyente una persona que puede serlo por su capacidad contributiva, por sus bienes, por su solvencia y, por lo tanto, se le establece una exención para la que no encuentro ninguna explicación que la de beneficiar a quienes tienen la real posibilidad de pagar impuestos. En consecuencia, no sé cuál fue el sentido o la fundamentación que tuvieron los señores que aprobaron esta ley.

He dicho todo esto porque si no lo hiciera, al manifestar que no voy a votar este artículo 3º, podría entenderse que no lo hago porque no deseo derogar la norma comentada. Me opongo a este artículo en este momento, como también lo hice cuando estuve en la Comisión porque -tal como lo señaló el señor senador Aguirre- él modifica con efecto retroativo una disposición que no sé qué beneficios le dará a la Administración. Al respecto pregunté si se podía cuantificar lo que la Administración esperaba recaudar de esto y me dijeron que no lo sabían.

Digo que va a crear una tremenda inseguridad en los contribuyentes, porque no hay mejor manera de afirmar su tranquilidad que mantener las reglas o principios en materia tributaria.

El Código Tributario que nos rige establece claramente la irretroactividad de las disposiciones materiales de Derecho Fiscal. Eso es una doctrina o un principio doctrinario aceptado, sin ninguna duda, en los Congresos de Derecho Internacional en materia tributaria y en las últimas reuniones luso-hispanoamericanas, celebradas en Montevideo en el año 1984, se recomienda, inclusive, que estas normas de irretroactividad de las disposiciones fiscales se establezcan en la Constitución para darles nivel constitucional. Señalo que esto último es un punto sobre el que no voy a emitir opinión.

Pienso que el señor senador Batlle lo que quiere significar es simplemente que a los que actuaron durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1984 y que lo hicieron conforme a la ley, quizás ahora tengamos que considerarlos como defraudadores; no digo defraudadores como tales, porque la ley está estableciendo que se debe hacer una reliquidación. Pero digo, señor Presidente, que no es conveniente ni para el Estado ni para el Fisco introducir esta inseguridad en materia fiscal porque los hechos tributarios se producen o se generan y en un momento determinado se establece cuándo y cómo se concreta la obligación tributaria; en otros términos cuando ocurre el Presupuesto, de hecho previsto en la ley como generador del tributo.

Sabemos que en el impuesto al patrimonio se pueden establecer modificaciones mientras transcurre el lapso al final del cual ocurrirá el hecho generador; mientras desde el 1º de enero de un año hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El 31 de diciembre quedó concretado el hecho imponible y sólo corresponde regularlo por las normas vigentes a ésta última fecha. Pienso que hacer modificaciones hacia atrás es un inconveniente.

El señor Ministro -con el cual tuvimos esta discrepancia en Comisión- me decía que yo tenía que entender que se estaba planteando un problema de coyuntura. No niego que sea así; pero frente a esos problemas que pueden plantear esta y otras coyunturas, digo que la mejor manera de resolverlas es ajustarnos a los principios y no creando inseguridades. De la misma manera que hoy votamos esta ley con efecto retroactivo, para hacer que reliquiden el Impuesto al Patrimonio algunas personas que basadas en el artículo 5º de la ley de 1982 no denunciaron sus bienes en las liquidaciones del Impuesto al Patrimonio, podríamos crear esa misma inseguridad estableciendo un impuesto cualquiera con efecto retroactivo. Son varias, señor Presidente, las normas que en la Rendición de Cuentas e, inclusive, en este proyecto se establecen con carácter retroactivo.

No soy partidario de las normas fiscales con carácter retroactivo, porque nunca se sabe en qué límites y en qué forma se logrará corregir el defecto que se pretende subsanar.

Para terminar, señor Presidente, quiero decir que en el lapso en que actué en la Administración Fiscal, resolví problemas que se planteaban a través de la aplicación de las normas fiscales, observando el comportamiento de los contribuyentes, con referencia a la forma digamos, elusiva o de evasión legítima -como se dice en el Derecho Fiscal- para detectar los procedimientos adoptados, lo que en definitiva, importaba desvirtuar el sentido real del texto legal imperfecto. No obstante, en la oportunidad en que tuve que asesorar a la Oficina y al Ministerio señalando esas evasiones legítimas, a tenor de los textos aplicables, pero que aparejaban una disminución real e indebida de la tributación querida, proyecté normas que corregían las imperfecciones pero que empezaban a regir después de estar aprobadas sin efecto retroactivo, corrigiendo para el futuro una situación de la que me había dado cuenta que se trataba de una brecha abierta para obtener una recaudación normal en materia tributaria. La Ley Nº 12.804, en la parte pertinente, acredita este aserto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he escuchado con mucha atención la argumentación del señor senador Batlle y no tengo dudas de que, desde un punto de vista de hecho, es plausible el propósito que persigue la administración tributaria, que no es otro que el de recaudar en forma pareja para todos los contribuyentes y evitar que determinadas personas paguen un impuesto que otras, que tienen la misma capacidad contributiva, no están pagando.

Pero no me parece de recibo el argumento referido a que este decreto-ley emanó de un Gobierno de facto, porque con ese criterio deberíamos dejar de aplicar más de mil decretos-ley que se dictaron durante la dictadura.

Por otra parte, cuando el nuevo Parlamento democrático sancionó el Decreto-Ley Nº 15.737, convalidó éste y muchos otros. Y si anuló algunos fue porque existía un vicio de incompetencia en el órgano -el Consejo de Estado- que nos obligó a convalidar los demás decretos-leyes. Todos los actos de la dictadura que se han anulado fue en base a que los órganos que los dictaban eran incompetentes; pero lo primero que hizo el Parlamento fue regularizar esa situación respecto de los decretos-leyes. De modo tal que este decreto-ley a que nos referimos tiene fuerza de ley, no porque lo haya dictado el Consejo de Estado sino porque se convalidó por ley emanada del Parlamento Constitucional.

Pero ese no es el fondo del problema que reside en lo que estaba explicando el señor senador Senatore, es decir, fue por una situación coyuntural nosotros abandonamos un principio clásico e indiscutido como es el de la no retroactividad de las leyes, no ya de las leyes tributarias, sino de las leyes en general.

El artículo 7º del Código Civil dice, desde siempre, que las leyes no tienen efecto retroactivo. Hay quien discute en doctrina si ese principio tiene base constitucional o no; yo creo que sí. Pero nadie discute que las leyes no deben tener efecto retroactivo.

El Código Tributario de nuestro país establece la misma solución en su artículo 8º, que ahora estamos dejando de lado.

El artículo 8º del Código Tributario dice: "(La ley tributaria en orden al tiempo)". Las leyes tributarias materiales se aplicarán a los hechos generadores ocurridos durante su vigencia. Es obvio que no es antes de su vigencia. "El hecho generador para cuya configuración se requiere el transcurso de un período, se considerará ocurrido a la finalización del mismo; cuando sea de carácter permanente, se considerará ocurrido al comienzo de cada año civil".

Y luego, en el parágrafo final, se establece una excepción. Dice lo siguiente: "Las leyes que tipifiquen infracciones o establezcan sanciones también se aplicarán a los hechos ocurridos durante su vigencia. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que suprimen infracciones y las que establecen sanciones más benignas o términos de prescripción más breves". Es decir, consagra el principio que todos conocemos en materia penal, o sea, el de la retroactividad de la ley penal más benigna.

Así que, por el precepto que estamos analizando dejamos de lado el artículo 7º del Código Civil, el artículo 8º del Código Tributario y establecemos disposiciones tributarias retroactivas. Sé que esta norma tributaria retroactiva va a permitir que gente que por esta vía no defraudaba el impuesto -porque defraudar es un delito y está previsto como tal por el Código Tributario- sino que lo eludía, cosa que es distinta, tenga ahora que pagar, lo cuál considero justo. Pero también va a tener que pagar quien poseía títulos valores y no estaba eludiendo el impuesto. Es decir, que quien no tuvo la menor intención de eludir el pago de un impuesto y tenía títulos-valores -porque esta es una posibilidad dentro del comercio jurídico y de la conducta privada de las personas- se encuentra con que los títulos valores que están en su poder, no para evadir un impuesto, ahora se encuentran gravados y tienen que pagar. Y si esa persona no tuvo la previsión de ahorrar para poder pagar ese impuesto ¿qué hace? Porque para castigar a los que procedieron de mala fe, se olvida que se castiga también a los que no procedieron con esa intención, al eliminarse la exoneración. Si se hace con vistas al futuro, naturalmente, todo el mundo sabrá a qué atenerse. Si adquieren títulos valores, van a saber que también están gravados.

Insisto en que este asunto es muy grave.

La Administración quiere recaudar más y está preocupada; quiere castigar a los que, en su concepto, se introducen por la brecha de la ley, pro para ello deja de lado un principio fundamental que no debe ser custodiado por la Administración Tributaria, sino por el Parlamento, que es el de la seguridad jurídica. Ese es uno de los fundamentos y valores últimos y esenciales de todo el orden jurídico.

¿Qué seguridad existe si nosotros sentamos el pésimo precedente de decir que una actividad que era lícita y que no estaba gravada, ahora aparece gravada con un año de posterioridad? ¿Qué seguridad hay de que mañana a una persona que no era sujeto pasivo de un impuesto y que creía que no tenía que pagarlo, le digamos que el año pasado no estaba gravado por este impuesto, pero que ahora sí lo está, porque tiene efecto retroactivo? Eso elimina toda seguridad jurídica.

Es por esa razón que en la doctrina del Derecho Tributario el oponerse a la retroactividad de tales leyes, es un principio indiscutible.

No recuerdo si fue en Buenos Aires o en Pamplona que se realizó hace poco un simposio -tengo un grueso volumen en mi poder sobre este tema- en el que tributaristas de todo el mundo presentaron ponencias para que se unifique la legislación de todos los códigos tributarios y se termine con el problema que representa la sanción de este tipo de leyes con carácter retroactivo. En ese simposio, ocho o nueve tributaristas uruguayos presentaron enjundiosos trabajos defendiendo el principio de la no retroactividad de la ley tributaria.

En mi concepto, pues, no se trata de un problema menor en el sentido de que quienes evadían el impuesto adquiriendo títulos-valores ahora tendrán que pagarlo por el ejercicio anterior.

Entre todo lo que recauda la Administración, ¿cuál será el porcentaje representado por esta retroactividad? Creo que no llegará a ser ni siquiera el 0,5%, y sin embargo, sentaremos el malísimo precedente de legislar con carácter retroactivo en materia tributaria. ¿Qué seguridad tendrán los contribuyentes del país si este Parlamento acepta que en materia tributaria pueda legislarse en forma retroactiva? Así podríamos crear un nuevo impuesto y decir que rige a partir del año pasado, o que quien estaba exonerado del impuesto, ahora igual debe pagarlo porque derogamos esa exoneración con efecto retroactivo.

Lo que debemos hacer es legislar con buena técnica, a fin de que no existan brechas para evadir los impuestos, ya que esto ocurre por legislar mal y no porque el contribuyente eluda el pago del impuesto. Reitero que el impuesto se elude si se legisla mal y por ello debemos hacerlo bien pero no estableciendo normas tributarias retroactivas porque de esa forma eliminamos la seguridad jurídica de los contribuyentes, que lo somos todos, ya que la sociedad entera debe contribuir.

Pido disculpas por la insistencia de mis argumentos, pero considero que esta no es una disposición más en un proyecto de ley sobre materia impositiva, sino que está en juego un principio fundamental y tradicional de nuestro ordenamiento jurídico desde que se sancionó el Código Civil, incorporado al Código Tributario y, que, en mi concepto, tienen bases constitucionales.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - No quisiera entrar en una discusión de carácter jurídico sobre el tema; simplemente deseo reiterar apreciaciones políticas.

En el ejercicio 1983-1984, a partir de la sanción de esta disposición que deseamos derogar, la recaudación del Impuesto al Patrimonio disminuyó un 26%. Como todos sabemos, existió una organización destinada a lograr ese propósito.

Sometidas a un estricto análisis jurídico, muchas de las cosas que hemos estado haciendo, y que haremos -tal como las que tendremos que regularizar en la Rendición de Cuentas- no tienen toda la ortodoxa que en esta materia se puede o debe aplicar, pero sí tienen un claro sentido de justicia para un país que está sufriendo graves dificultades. Ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo pretenden legislar de esta forma ni por esta vía, pero en este caso se trata de algo absolutamente excepcional y con ese carácter fue considerado en Comisión. Todos reconocemos que la mayor parte de las elusiones se debían a la estructura organizativa que se dio a fin de no pagar el impuesto; por otra parte, no se modifican las reglas de juego de carácter comercial porque no se grava ninguna nueva actividad sino que, a quienes habían incorporado valores o créditos existentes a su activo -que les constaba que lo eran cuando los incorporaron- se les establece la sanción correspondiente, aunque por mecanismos no totalmente ortodoxos.

Creo que no vale la pena abundar sobre este tema, y sería conveniente que el Cuerpo pase a decidir, actuando cada uno según su leal saber y entender.

Comparto la tesis generalizada de que el Parlamento no puede legislar con efecto retroactivo, pero también reconozco que nos encontramos frente a algo absolutamente excepcional. Por esa razón y por los hechos que originan esta proposición del Poder Ejecutivo, sostengo la conveniencia de que el Senado apruebe esta disposición.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - Solicito que se desglose la votación de este artículo en sus dos incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

Antes de pasar a la votación, brevemente quisiera dar mi opinión sobre el tema que se está debatiendo.

La retroactividad de las leyes es un principio legal y está establecido, con carácter general, en el artículo 7º del Código Civil y en el artículo 8º del Código Tributario, con especial referencia a estas leyes. Es legítimo y lícito que se aplique en general, pero admite excepciones.

Coincido totalmente con lo manifestado por el señor senador Batlle en el sentido de que se trata de una situación absolutamente excepcional en que la retroactividad se justifica.

El artículo 5º del decreto ley Nº 15.232 dice que las personas físicas o jurídicas estarán exoneradas de toda obligación tributaria que grave la tenencia, renta y circulación interna de títulos-valores, dinero o metales preciosos. Considero que cometeríamos una injusticia si hoy graváramos el dinero o los metales preciosos que alguien tenía en su poder porque, precisamente, el contribuyente pudo haber tenido su patrimonio en alguna de estas formas para no pagar el impuesto. El dinero y los metales preciosos son una riqueza en sí mismos, pero los títulos-valores son representativos de valores y resulta fácil fraguarlos. Si la tenencia de esos valores no se grava, también sirve para que, en su momento, el deudor -que puede ser amigo, socio o pariente del tenedor de los valores- rebaje el monto de sus aportaciones o impuestos.

Pienso que estamos ante una situación excepcionalísima, me parece que la solución dada por el legislador de 1982 es pésima y, más allá del formalismo jurídico, creo que hacemos verdadera justicia si distinguimos los valores en sí mismo -dinero y metales preciosos- de esa representación de valores como puede ser un vale o pagaré que tienen detrás suyo una deuda o simplemente un favor que un amigo le hace a otro.

Por las razones expuestas, me inclino por lo que aconseja la Comisión y por el artículo que establece la retroactividad de esta disposición.

Tal como lo solicita el señor senador Ortiz, votaremos en forma separada los dos incisos del artículo 3º.

Léase el inciso primero del artículo 3º.

(Se lee:)

"Derógase el inciso 1º del artículo 5º del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Léase el inciso segundo del artículo 3º.

(Se lee:)

"Esta derogación regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 26. Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: deseo expresar que la bancada del Partido Colorado ha votado en general este proyecto de ley, al igual que lo ha hecho en particular con el artículo 3º, en todo su texto. Procedió así porque entendía que con esto se corregía una evidente situación generalizada de elusión del impuesto y porque, además, se hacía justicia en un régimen que como el que se inicia, reclama que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y no acudan a brechas legales para organizar una defraudación en cadena, como se ha venido realizando en este país. Esto ha determinado que el Impuesto al Patrimonio haya caído en determinado porcentaje y que las gavelas que sufre la población en impuestos de otra naturaleza, sean en buena medida, causa de las dificultades que tiene el país porque aquellos que tienen que contribuir no lo hacen.

7) SEÑOR SENADOR RAUMAR JUDE. Accidente Automovilístico.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presiente: hemos tenido noticias de que el señor senador Jude ha padecido en el día de hoy un severo accidente, a consecuencia del cual se encuentra internado.

Hago moción para que el señor Presidente, en nombre del Cuerpo, se interese por su estado de salud.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará.

8) EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. Flexibilización del régimen impositivo vigente

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA. - Señor Presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado afirmativamente el primer inciso de este artículo, pero no así el segundo, y de esta forma adherimos a los fundamentos expresados por el señor senador Aguirre.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: tal como lo adelanté he votado afirmativamente el primer inciso del artículo 3º.

No voy a reiterar los fundamentos por los cuales no he votado el segundo inciso, que es el que establece el efecto retroactivo.

Está en función de la fiscalización administrativa el corregir parte de este efecto, que de hoy en adelante será subsanado por imperio de la ley.

Pregunto si frente a un caso -como el referido por el señor senador Batlle y por el Director de la Dirección General Impositiva- en el que se cierra el ejercicio de una sociedad que figura con deudas, de las cuales son titulares físicos algunas personas, éstas como titulares de determinados documentos valores, es decir, de créditos a favor, solamente podían computar en su patrimonio los títulos valores que tenían y de allí, simplemente, calcular el 10% del ajuar. Eso era lo que le costaba, inclusive en la tesis de que todo fuera una maniobra para defraudar al Fisco.

Entiendo que la Administración tenía la potestad de investigar a ese contribuyente que poseía tanto dinero en títulos-valores, de averiguar dónde los había obtenido. Si no se procediera así se estaría incurriendo en defraudación en el pago del Impuesto al Patrimonio, porque no tendríamos la explicación exhaustiva del origen de ese dinero que había repartido en sociedades anónimas.

Sin perjuicio de reconocer la razón que tiene la Administración para solicitar la supresión de esta disposición que con gran calor votamos, entiendo que también se pudo corregir en gran parte este problema, solicitándoles a los señores tenedores de títulos-valores, que los declaraban en sus patrimonios para pagar el 10%, que explicaran dónde habían obtenido ese dinero para poderlo prestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: el artículo 4º se refiere a una situación similar organizada con pasivos en el exterior y que en el país no se pueden detectar. No hay ninguna posibilidad que la Dirección General Impositiva ubique realmente esos pasivos que se encuentran en el exterior. Por lo tanto, se trata de una situación similar a la planteada en Comisión, en el que el señor senador Senatore realizó salvedades a este artículo, porque tenía un efecto retroactivo. El artículo 4º también tiene este efecto, porque dice que regirá para ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1984. Las argumentaciones que ya se han hecho en Sala sobre el artículo 3º son las mismas que se pueden realizar sobre el artículo 4º; las razones por las cuales se estableció este artículo 3º, cuyo fin es evitar una elusión impositiva en la recaudación del impuesto. El artículo 4º regula cómo debe procederse en función de los pasivos que se encuentran en el exterior.

A los efectos de obviar la discusión, se puede dividir la votación y cada senador deberá asumir la actitud política que le parezca más adecuada y conveniente.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: sin perjuicio de compartir la moción que acaba de formular el señor senador Batlle, deseo expresar que este artículo posee una explicación diferente a la manifestada por dicho señor senador, queriendo establecer que lo que se había hecho hasta el momento era una elusión.

En este caso el problema es distinto. El artículo 9º, del Título VI del Texto Ordenado, dice en su comienzo que las personas físicas, núcleos familiares, sucesiones indivisas y las personas jurídicas constituidas en el extranjero, son los titulares o sujetos pasivos del impuesto al Patrimonio. Y decía que se podían computar como pasivo, a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio, las deudas debidamente documentadas...

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permiten los señores senadores, deseo advertir a la Barra, que debe guardar silencio y los asistentes a la misma no deben entrar y salir constantemente, porque se altera el orden y no se puede trabajar.

Puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Senatore.

SEÑOR SENATORE. - Muchas gracias, señor Presidente.

Comprendo que este tema es árido y puede dar lugar a la distracción de las personas que asisten a la Barra, pero debemos aclararlo y esclarecerlo.

Las personas físicas, los núcleos familiares, las sucesiones indivisas y las personas jurídicas constituidas en el extranjero, hasta este momento podían computar como pasivo a los efectos de su liquidación lo que acreditan fehacientemente poseer dentro del país. Todo esto porque existe una norma de derecho fiscal, que es la territorialidad. Tenemos marcadas las normas de las disposiciones dentro de los límites de nuestro territorio y los efectos de las normas jurídicas tributarias alcanzan a todos los hechos que se produzcan en nuestro país.

En cambio, señor Presidente, esta norma no tiene en cuenta los activos que están en el exterior, porque no los grava. El Impuesto al Patrimonio no grava los activos que se puedan tener en el exterior. Entonces sí, esta norma tiene un hecho y un elemento beneficioso. Cuando se declara un pasivo en el país se tiene que computar, es decir, deducirlo de un activo que puede existir en el exterior. Todo esto indica que no se está imponiendo, dese luego -tal vez se trata de una imposición encubierta- el activo del exterior, ya que no se puede hacer. Simplemente, cuando se declare una deuda que está dentro del país tendrá que establecerse si se posee activo en el exterior, porque en ese caso tendrá que rebajarse de ese activo, el pasivo que se posee en el país y sólo se computará como pasivo el saldo que reste.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por moción del señor senador Batlle se va a votar por separado la parte final de este artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 4º, excepto el párrafo final.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Corresponde ahora votar la última parte del artículo, que dice: "Esta disposición regirá para ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1984 inclusive".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 21. Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del párrafo final del artículo 4º.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

-11 en 23. Negativa.

SEÑOR FLORES SILVA. - Se ha tomado mal la votación porque hay doce señores senadores que votan por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que sucede es que hay algunos señores senadores expertos en salir y otros expertos en entrar. Por consiguiente, el número de presentes en Sala cambia constantemente y dificulta tomar el cómputo de la votación.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar nuevamente la votación del último párrafo del artículo 4º.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

-13 en 26. Empate.

Se reabre la discusión.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Frente a las manifestaciones que acaba de realizar el señor Presidente, debo decir que soy uno de los que no se encontraban presentes cuando se tomó la votación, pero mi ausencia de Sala no obedecía a la intención de eludir las responsabilidades que me corresponden como senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aclaro al señor senador que lo dicho por mí fue en torno de broma.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Quiero señalar que hemos votado con agrado este artículo 4º porque con él se va a realizar esa computación que evidentemente beneficiará a las arcas fiscales en forma legítima. Además, no votamos la retroactividad porque no aceptamos ese principio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar nuevamente el párrafo final del artículo 4º. Si el resultado de la votación es otra vez un empate, entonces será negativo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

Queda desechado el inciso final del artículo 4º.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: los miembros de la Comisión -y creo que también el resto de los señores senadores- hemos recibido una nota de la Fundación Beisso. Se trata de un memorándum en el que se señala que ésta es la única fundación que ejerce actividades agropecuarias y, naturalmente, sus estatutos establecen que es una organización sin fines de lucro -por lo que podría asemejarse a cualquier otro tipo de organización- y, además, que su objeto es el de realizar, fomentar y apoyar obras de carácter social, cultural o docente en el Uruguay, propendiendo a su desarrollo y estabilidad, así como instituir premios o becas. También se nos hizo llegar una lista de las numerosas obras y donaciones que esta fundación ha hecho por valor multimillonario.

Esta fundación aspira a no quedar comprendida en este impuesto. De manera que dejo planteada esta situación, pero además aprovecho la oportunidad para señalar que las fundaciones son un tipo de organización relativamente nuevo en el país y actualmente están proliferando. Creo que es hora de darles un marco jurídico dentro del cual puedan actuar porque hasta el momento lo han hecho en carácter de simples asociaciones civiles, como las comprendidas en el artículo 21 del Código Civil que habla de personas jurídicas y, por consiguiente, capaces de derechos y obligaciones civiles- mencionando el Estado, el Fisco, el Municipio, la Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública.

Me parece que éste es un marco muy vago para determinar, con cierta precisión, la latitud jurídica de estas llamadas fundaciones. Naturalmente que éste no es motivo para distraer nuestra atención en este momento. Simplemente quería dejar constancia de la necesidad de que así como hay que revisar toda nuestra legislación en materia de sociedades, no sólo de asociaciones civiles sino también comerciales -legislación que en buena parte data del siglo pasado- dentro de esa reforma general que el Parlamento tendrá que abordar en el futuro, debe estudiar en forma especial lo relativo a las fundaciones ya que considero que merecerían una clasificación especial, es decir, que se incorporen como un nuevo tipo de sociedades. Entiendo que la vida moderna nos está demostrando que por contagio o por similitud con lo que ocurre en los grandes países, las fundaciones han empezado a actuar en el Uruguay desde hace un tiempo; se van incrementando cada día y evidentemente ya han adquirido una característica tal que no hace ilógico suponer que en el futuro van a tener un mayor desarrollo.

De manera que dejo planteada esta inquietud que ya fue expresada en Comisión. Además, el señor Ministro de Economía y Finanzas estuvo de acuerdo con esta circunstancia que he mencionado.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - La Comisión consideró ese hecho y está de acuerdo con el señor senador Ortiz -así como con otros senadores- en la necesidad de revisar todos estos conceptos sobre distintas formas jurídicas no debidamente legisladas o con legislaciones de vieja data. Sin embargo, consideró que era necesario hacerlo en otro momento, habida cuenta de que este proyecto de ley, tal como lo señaló el señor senador García Costa, no altera sustancialmente la situación impositiva general ya que por el contrario flexibiliza normas sobre las que más adelante tendremos que tomar decisiones con un mejor estudio y un análisis más profundo.

No nos caben dudas en cuanto a que su finalidad es la de que el fruto de su trabajo se vuelque generosamente a determinadas organizaciones de bien social, tal como fue documentado en el escrito enviado a todos los señores senadores. Pienso que si hiciéramos una brecha para todo otro tipo de organizaciones que no tuvieran ese fin específico o que el mismo no se pudiera controlar. Entiendo que tendríamos que tomarnos un tiempo para hacer una legislación muy precisa a los efectos de que aquello que se hace con buena intención no derive luego en una mecánica que abra una brecha más para eludir los impuestos que los contribuyentes deben pagar en función de los hechos imponibles.

Entendimos que debíamos considerarlo en otra oportunidad.

En lo que hace al artículo 5º -que refiere a los sujetos pasivos del IRA- debemos decir que hay que mantener el proyecto tal como viene del Poder Ejecutivo con las modificaciones que la Comisión le introdujo.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Observando el texto de la discusión que vamos a derogar, veo que, en realidad, la modificación consiste en suprimir como sujeto pasivo a los titulares de arrendamientos, pastoreos, aparcería u otra forma de naturaleza análoga. De acuerdo al texto propuesto, los demás sujetos pasivos son los mismos que ya existían.

Lo que quiero preguntar al miembro informante tiene que ver con la referencia final al artículo 5º que aparece en el informe de la Comisión, porque allí dice: "Por estas disposiciones se determinan quiénes serán sujetos pasivos de este impuesto y se fijan los límites del mismo al referirse a las ventas comprendidas". ¿La redacción es exacta o hay un error de copia? Digo esto porque en el texto no se hace alusión a las ventas, sino a las rentas comprendidas.

SEÑOR BATLLE. - Debe decir "rentas". De la misma manera, por error de transcripción más adelante donde dice "IVA", debe decir "IRA".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, con las correcciones indicadas.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: este artículo supone la opción por uno de los tres caminos para fijar la valuación de la renta bruta de los semovientes.

De los tres mecanismos existentes en el texto ordenado, la Administración ha optado por el que estaba distinguido por el literal b), ya que este es el procedimiento que se aplica en el Plan Agropecuario y al que ya estaba habituado el contribuyente; además da lugar a una menor variación de los valores y dentro de las actividades agropecuarias es el de mayor recibo.

La Comisión aceptó el criterio expresado en el Mensaje del Poder Ejecutivo por compartir el punto de vista de que éste era el mejor camino para la fijación de estas rentas y valuaciones.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - En principio, no nos vamos a oponer a la modificación que implica este artículo 6º, pero queremos dejar una constancia muy clara.

Como ya ha sucedido en otras oportunidades en la legislación impositiva nacional, aquí también se contraponen dos criterios de tributación al agro, la tributación real y la ficta.

Nuestro Partido ha sostenido siempre la necesidad de que la tributación sea ficta de modo tal de lograr un incremento real de la producción y no gravarla sólo con fines fiscales, en la medida en que la tierra es un bien limitado y que el ánimo del país debe ser utilizada a la mayor escala posible. Y eso se logra, incuestionablemente mediante la tributación ficta y no por la real. Por tanto y atendiendo a que estamos en plazos brevísimos para la consideración del Presupuesto Nacional -instancia en la que, seguramente, todos estos temas van a ser tratados exhaustivamente- dejamos esta constancia no interrumpiendo así los propósitos de corto alcance que inspiraron al Mensaje del Poder Ejecutivo en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Esta disposición no sólo transcribe el artículo 10 del Decreto-ley del año 1946, sino que agrega, fundamentalmente en el inciso final, la autorización a no facturar las ventas cuando existe una documentación de carácter oficial. Esto es un agregado que fue solicitado por las organizaciones agropecuarias, ya que tiende a facilitar la contabilidad y la liquidación del impuesto dado que las ventas de carácter oficial ya tienen documentación específica, con lo que se ahorraría a los contribuyentes el tener que hacer otra. Todo esto tiene que ver con las ventas de los bienes imponibles a través de las operaciones en los frigoríficos y de las liquidaciones en los remates-feria, tan conocidos en la actividad agropecuaria del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Por esta disposición se extienden los requisitos para todos los demás impuestos facultando al Poder Ejecutivo a exigir de los contribuyentes lo que establecen las demás normas del Texto Ordenado en cuanto a las exigencias del control.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Estas normas tienden a conciliar el IRA con el IMAGRO, ya que en este Ejercicio hay una opción para el pago de uno u otro impuesto. Se reiteran normas preexistentes.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Esto es permanente?

SEÑOR BATLLE. - No, señor senador. Por esta disposición se concilian las dos normas, pero el impuesto es optativo en lo que hace a este Ejercicio.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Entiendo, por el contrario, que va a ser una norma de carácter permanente dado que establece que los sujetos pasivos serán los mismos tanto en el IMAGRO como en el IRA. Estas disposiciones me llevan a discrepar con este proyecto, por cuanto evidentemente tienden a transformar al IMAGRO, que era un impuesto con carácter finalista -teniendo, desde luego, resultados de orden fiscal- en un IRA, que éste, sí, no tiene ese carácter.

Esa, señor Presidente, era también -entre las otras- una de las intenciones de este proyecto de ley que se está considerando, que contravenía nuestra propia concepción y también la que se había establecido a través de la CONAPRO. Es decir que al incluir como dos sujetos pasivos de los mismos impuestos a las mismas personas, este año podrán elegir entre el IRA y el IMAGRO. Pero a partir del año próximo, el que ingrese al IRA no podrá luego salir de él para volver al IMAGRO. En este año se permite que la cifra de N$ 3:000.000, adecuada de acuerdo a las normas establecidas para el IMAGRO, otorgue posibilidad a quien tenga interés de permanecer en el IMAGRO por este ejercicio -aunque le correspondería ir al IRA- de efectuar su elección. A partir del año que viene, no podrá elegir. Entonces, el IRA se transformará, tal vez, en el impuesto permanente y el IMAGRO dejará de ser el impuesto que todos queríamos que fuera, o sea el que da beneficios al Fisco y, además, permita incentivar la producción, porque cuanto más se produce, más se abate la tasa del impuesto y, además, también determina que los latifundios improductivos no puedan seguir existiendo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Evidentemente, como lo han señalado los señores senadores, esta ley de flexibilidad del régimen impositivo en materia agropecuaria tiene por finalidad ordenar la percepción del impuesto existente. Quiere decir que no estamos fijando políticas tributarias -ellas serán discutidas en su momento en el Presupuesto General de Gastos o cuando el Poder Ejecutivo envíe de la existente- sino regulando normas existentes. Quiere decir que lo que aquí estamos haciendo, simplemente, es flexibilizando las situaciones vigentes a la fecha para tratar, específicamente, de conciliarlas con la realidad económica, financiera y la liquidación de este impuesto por parte de los contribuyentes.

A eso han tendido, prácticamente, todos estos artículos. No son normas de fondo, sino de carácter coyuntural o circunstancial para flexibilizar un impuesto existente para acordar algunas normas que necesitaban ser acordadas y establecer -como los artículos 9º, 10 y 11- otras que faciliten la liquidación del impuesto.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: de acuerdo al artículo 12 del proyecto de ley que más adelante consideraremos, el ejercicio de este impuesto comenzó el 15 de octubre de 1984 y se cerrará -si es que luego votamos favorablemente ese artículo, como descuento que lo haremos- el 30 de junio de este año. Para el futuro el ejercicio comenzará el 1º de julio. Quiere decir que cuando se dice, en el final del artículo 11 "la presente sustitución -debería decir la presente disposición- regirá a partir del 15 de octubre de 1984", establecemos que los efectos de la disposición serán para un ejercicio fiscal ya cerrado. Por consiguiente, estamos dando a la disposición efecto retroactivo.

Por esta razón, lo que me preocupa es saber cuál es la modificación que se introduce respecto de los sujetos pasivos. Leyendo la disposición que estaba vigente, es decir el artículo 2º del Título I -que refiere al IMAGRO en el texto ordenado- me encuentro con que, por un lado se suprimen dos tipos de sujetos pasivos: los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, aunque esto no tendría mayor gravedad. Pero además, por otro lado se agregan dos sujetos pasivos que no estaban gravados: en primer lugar, las fundaciones y, en segundo término, las sociedades en general, con o sin personería jurídica. La disposición que estaba vigente establecía que sólo eran sujetos pasivos del impuesto las sociedades por acciones al portador legalmente autorizadas a realizar explotaciones agropecuarias en cuanto sean titulares de ellas o del uso de inmuebles no explotados.

Esto significa que aquí, por un lado, se beneficia a dos tipos de sujetos pasivos, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, que se suprimen como tales y que en este ejercicio tenían que tributar este impuesto, pero como le damos a la norma efecto retroactivo, ya no lo harán. Esto, en definitiva, no sería tan grave; lo es que sujetos pasivos que no estaban gravados -fundaciones y sociedades anónimas, con carácter general- ahora sí lo estarán. Es decir que se cierra el ejercicio y quienes no iban a tributar, deberán hacerlo.

No voy a abundar en las consideraciones anteriormente efectuadas con respecto al problema de la retroactividad, pero sí a solicitar que se voten en forma separada -como se hizo antes- la modificación del artículo con carácter permanente, para el futuro -que por supuesto estoy de acuerdo en hacerlo- y el hecho de que rija para el ejercicio fiscal, ya cerrado. Es decir, que se desglosen y se voten por separado.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - ¿La solicitud del señor senador, es con respecto al artículo 9º?

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Aguirre ha pedido que se vote por separado, en primer lugar, toda la primera parte y, posteriormente, el párrafo final que expresa: "La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984".

SEÑOR BATLLE. - Creo que no correspondería votar en esta forma.

Si mal no interpreto esta disposición, lo que sucede es que ha habido un cambio del hecho imponible. Lo que aquí se grava es la actividad agropecuaria. Las sociedades indivisas están consideradas cuando se habla de condominios, y cuando se refiere a las sociedades con o sin personería jurídica se trata de todas las sociedades, porque hay disposiciones especiales con respecto de aquellas que pueden tener explotaciones agropecuarias.

Entonces, según la explicación que nos dio la Dirección General Impositiva, creo que esto no afecta ni modifica prácticamente, en nada la situación de los contribuyentes. No sé si el señor senador Senatore -que sin duda posee mucha más experiencia que nosotros en esta materia- tiene alguna interpretación diferente, pero tengo entendido que, como nos estamos refiriendo al IRA y no al Impuesto a la Actividad Agropecuaria, ésa es la razón de la modificación del artículo correspondiente del texto ordenado.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - En la Rendición de Cuentas, esto estaba sustituyendo una disposición del IMAGRO, que se quita de allí para introducirla en este proyecto de flexibilización de las obligaciones. De manera que es evidente que hay una modificación en el cambio de los titulares y otra que, desde luego, entra a regir, en un ejercicio que comenzó el 15 de octubre de 1984 y que ya ha finalizado, en virtud de las normas que vamos a votar. El año rural para la explotación rural, ha pasado a ser del 1º de julio de un año al 30 de junio del año siguiente.

Aunque no tengo ninguna anotación en este momento, creo que esta disposición modifica el artículo 2º porque el hecho imponible es otro.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - El hecho imponible sobre las actividades gravadas es otro. Además, al hacer modificaciones en el artículo 12, damos la posibilidad a los productores de que en esta primera liquidación haya una ventaja de tres meses y medio. Es decir que esta primera liquidación va a ser de menor tiempo. Esto también se consideró como flexibilización y en ello estuvieron de acuerdo los productores.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Este artículo modifica los sujetos pasivos. Sin embargo, lo que no advierto es por qué se suprime del artículo 2º algunas especificaciones que me parecen que eran aclaratorias. Por ejemplo, acá se establece nuevamente: "Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica", es decir, todas. Sin embargo, el artículo 2º decía: "Cuando el titular fuera una sociedad o un condominio, los sujetos pasivos del impuesto serán los socios o los accionistas titulares de acciones nominativas y los condóminos. La sociedad o el condominio serán solidariamente responsables de su pago". Esta era una aclaración, casi una reglamentación y ahora se suprime y simplemente se deja: "Serán sujetos pasivos las sociedades", o sea que no se aclara. Además, otras disposiciones de este artículo 2º se han suprimido y no advierto bien porqué se ha hecho, ya que no son incompatibles con el inciso 1º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creo que puedo aportar alguna solución, si la memoria no me traiciona, porque en estos tópicos confusos todos podemos cometer errores y adjudicarles una explicación que pertenece a otro tema.

Creo que, simplemente, lo que ahora se suprime del artículo 2º, tiene importancia sólo en tanto cuanto la tasa tributaria sea escalonada. Es fundamental que el condominio se divida entre sus integrantes porque de esa forma cada uno accederá a una tasa inferior. Si todos tienen la misma tasa, poco importa que paguen juntos o por separado.

Si mal no recuerdo, reitero, esa creo fue la explicación que se nos dio y al respecto acudo a mis compañeros de Comisión para que ratifiquen lo que he expresado.

SEÑOR BATLLE. - El hecho imponible es otra cosa; lo que se grava es la actividad del establecimiento. Por lo tanto, lo que establece son las distintas formas de titularidad. Reitero que el hecho imponible es otro y que antes lo que se gravaba era la persona.

SEÑOR ORTIZ. - No parece muy claro, porque si se tratara del hecho imponible, no habría necesidad de determinar quiénes son los pasivos. Sin embargo, acá se suprimen los núcleos familiares que estaban establecidos en el artículo 2º. Por lo tanto, no sé bien a qué obedece.

SEÑOR BATLLE. - Se incorporan los condóminos y, por lo tanto, todas las formas de sociedad y tenencia de explotación.

Los jerarcas de la Dirección General Impositiva -que fueron lo que redactaron esta modificación- cuando asistieron al seno de la comisión y fueron interrrogados con respecto a la naturaleza de esta enmienda, precisamente hicieron esta referencia a la modificación del hecho imponible, a la generalización de los sujetos pasivos y a la solidaridad que existe entre ellos porque la mecánica de la tributación y el hecho imponible son otros.

En este caso, señor senador, se toma en cuenta la explotación agropecuaria y se hace una forma precisa de liquidación del impuesto totalmente distinta a la que se hacía cuando esta norma regía para el IMAGRO.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - El señor senador Batlle ha dicho reiteradamente que la explicación de esta modificación y, en su concepto, su falta de trascendencia, deriva de que esto se aplicaba al IMAGRO y ahora se aplicará al IRA y además, de que se ha modificado el hecho imponible.

En verdad -no sé si estoy mirando muy mal las disposiciones- pero no advierto que eso sea así porque allí se dice: "Se sustituye el artículo 2º del Título I del Texto Ordenado de 1982". Tengo en mi poder el Texto Ordenado y el Título I es el que se refiere al IMAGRO y no al IRA, por lo que este artículo es el que establece los sujetos pasivos para el IMAGRO y no para el IRA. En consecuencia, creo que no tiene nada que ver con el Impuesto a la Renta Agropecuaria.

Por otra parte, no advierto la modificación que se hace al hecho imponible o hecho gravado. El hecho imponible está determinado por el artículo 1º del Título I del Texto Ordenado y es el siguiente: "Créase un impuesto anual a las explotaciones agropecuarias (IMAGRO), cualquiera sea la vinculación jurídica del titular de la explotación con los inmuebles que le sirvan de asiento. Dicho impuesto se adeudará aun cuando los predios no sean efectivamente explotados". Este es el hecho imponible y sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de acuerdo a esta disposición modificativa del artículo 2º, lo que ocurre es que antes había determinados deudores de este impuesto a los que ahora les decimos que no lo van a ser más, y también había gente que no debía pagar el impuesto y hoy les expresamos que sí lo van a tener que pagar con respecto a un ejercicio fiscal ya cerrado.

No pude estar presente en el seno de la Comisión cuando asistieron los jerarcas de la Dirección General Impositiva y explicaron el porqué se hace esta modificación de algunos sujetos pasivos.

No obstante, no tengo ningún inconveniente en votar este artículo para el futuro porque descuento que esto es razonable. Sin embargo, advierto -al igual que el señor senador Ortiz- que la norma establecía cómo se aplicaba el impuesto cuando el sujeto pasivo por ejemplo, era un condominio o una sociedad y eso se suprime, no entendiéndose por qué se hace, ya que esa aclaración parecía pertinente y positiva. Además, también debo decir -que fue la observación que hice y aún no ha sido levantada- que las fundaciones no estaban gravadas así como tampoco las sociedades con carácter general.

Por consiguiente, si votamos esta modificación en la última oración de esta norma, le damos efecto retroactivo a la creación de sujetos pasivos que no estaban gravados y que por este ejercicio no debían tributar. Esto es lo que objeto. Repito que no tengo ningún inconveniente en votar la disposición tal como está para el futuro, pero también advierto que no hay ninguna modificación al hecho imponible, sino que se trata de una norma que realiza cambios en los sujetos pasivos.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Muchas veces es difícil recordar ciertas cosas cuando se están manejando varios textos por un lado, que se vierten, por otro, a las disposiciones, tal como sucede en este caso.

En el artículo 9º lo que en realidad se está sustituyendo es el que figuraba como 2º del Título I del Texto Ordenado, es decir, el que se refiere al IMAGRO. Aquí se está estableciendo una modificación a los sujetos pasivos, lo que llevado a los sujetos pasivos de tributación del sector agropecuario nos conduce al IRA, Impuesto a la Renta Agropecuaria. Con base en esto, tenemos la seguridad de la explicación. ¿Por qué? Como bien lo acaba de manifestar el señor senador Batlle al comienzo de su exposición, lo que se ha querido hacer es que el IMAGRO y el IRA sean impuestos a los que se pueda acceder en esta primera instancia por propia voluntad. Por lo tanto, los que realicen actividades de explotación agropecuaria podrán acceder a uno u otro impuesto por su propia voluntad. En primer término, era necesario para ello que los sujetos pasivos fueran los mismos y eso no podía ser ya que ellos correspondían al IMAGRO, de acuerdo con lo establecido en el Texto Ordenado. En consecuencia, se incluye en el artículo 2º lo que estaba establecido en el 3º, relativo al IRA, que seguidamente voy a leer para que los señores senadores puedan encontrar las pequeñas diferencias que existen en ambos. "Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios y las personas físicas titulares de rentas gravadas, así como las asociaciones y fundaciones en cuanto realicen actividades agropecuarias". Esto es lo que dice el artículo 3º relativo al IRA. Sin embargo, aquí se establece que "en cuanto sean titulares de tales explotaciones o de tenencia de inmuebles no explotados". Esto se refiere al IMAGRO, que era la explotación agropecuaria o la explotación de terrenos o aquéllos no explotados por los cuales pagaba. Entonces, aquí se conectan los dos sujetos pasivos y se permite que ellos puedan elegir al pagar e incorporarse en este primer ejercicio, al IMAGRO o al IRA.

Debemos reconocer que esta disposición obedece a que el IMAGRO fue suspendido y ahora está nuevamente en vigencia de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 15.646 en cuanto al impuesto IRA.

Por lo expuesto, creo que se ha explicado el porqué de esta modificación, asimilándose los sujetos pasivos del IMAGRO a los del IRA y permitiéndose por este año la elección del contribuyente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde, de acuerdo a lo solicitado por el señor senador Aguirre, dividir el artículo 9º, a los efectos de la votación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera parte del artículo 9º.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la segunda parte, que establece que la sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: es para hacer una aclaración de carácter interpretativo en cuanto al alcance de la votación.

Creo que aquí, en estas disposiciones, sancionamos una norma impositiva, por lo menos, en cuanto al hecho hacia el futuro y en cuanto a las personas a las que comprendemos.

Tengo mis dudas, señor Presidente, si esta norma no requiere mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución de la República, que establece que para sancionar impuestos se necesita el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Es evidente que acá establecemos, no una modificación meramente adjetiva, digamos, en torno a un tributo, sino un tributo hacia el pasado que va a comprender, repito, desde el punto de vista de su ámbito subjetivo, a personas que estaban exentas hasta ese momento del impuesto según la interpretación que considero se extrae de esta votación.

Por lo tanto, señor Presidente, me permito hacer un planteo en torno, precisamente, al alcance de la votación, es decir, si no se exige en este caso -para que el tributo sea válido y estemos votando correctamente- la mitad más uno de los miembros de este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que no es necesario; pero, naturalmente, el Senado será quien decida.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - No estamos estableciendo ningún tipo de impuesto, señor Presidente, sino que estamos conciliando dos impuestos existentes: el IMAGRO y el IRA. También estamos conciliando los sujetos pasivos para que los contribuyentes puedan optar entre el IMAGRO y el IRA; considero que es una norma que beneficia a los contribuyentes y que inclusive ha sido solicitada por ellos.

Si este proyecto de ley tiene algún mérito es, precisamente, el resultado de una solicitud expresa de los contribuyentes que entienden que por esa vía se flexibilizan los compromisos que tienen para con el Estado, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que surgen de los impuestos vigentes en el país. Repito, no estamos creando ningún tipo de impuesto nuevo.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: considero que fuera del sentido político y de las virtudes que pueda tener la norma, lo indudable es que tiene otro alcance distinto y que existe un sujeto pasivo que no estaba alcanzado por esta disposición y que va a ser comprendido en virtud de la modificación que se introduce al impuesto. Por lo tanto, es una manera de que esta disposición caiga dentro de los preceptos del artículo citado de la Constitución de la República, que existe mayoría absoluta.

Por tal motivo, señor Presidente, dejo constancia en ese sentido y solicito que el criterio se someta a la consideración del Cuerpo.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que le asiste razón al señor senador Tourné en el planteo de carácter constitucional que realiza.

Reconozco que si se toma literalmente la disposición y se entiende que un impuesto está creado simplemente porque una norma legal haya definido el hecho gravado éste ya existe. El impuesto es un instituto jurídico que tiene determinados elementos esenciales, sin los cuales no está configurado. Es decir, cuando se crea un impuesto, se establece el hecho gravado o el hecho imponible -según la terminología que algunos utilizan- y se definen los sujetos de la relación jurídica tributaria. O sea, que un impuesto crea una relación, un vínculo obligacional entre un sujeto activo acreedor -que es siempre de naturaleza estatal- y un sujeto pasivo deudor u obligado al pago del impuesto. Un impuesto que no definiera los sujetos pasivos, no sería impuesto ni podría aplicarse.

Creo que está en el espíritu de la disposición que la nómina de los sujetos pasivos no se puede modificar sin someterla a la mayoría aquí establecida; porque, si existiera un impuesto que tuviera un solo sujeto pasivo y luego le agregáramos diez sujetos pasivos más, a una cantidad de gente que no estaba obligada al pago del impuesto, la obligamos a pagar. Es decir que el sujeto pasivo es un elemento esencial del impuesto; en mi concepto, su modificación, sobre todo por la creación de nuevos sujetos pasivos, debería basarse en el impuesto respecto de esos sujetos pasivos.

Por consiguiente, creo que si bien desde el punto de vista literal pueda discutirse que ésta sea la interpretación exacta, me parece que el señor senador Tourné está haciendo la más ajustada al espíritu de la disposición constitucional.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: estas disposiciones ya existen para el IRA. La única cosa que estamos haciendo es extenderlas para el IMAGRO, a los efectos de unificar y conciliar ambas normas.

De la interpretación estricta de los sujetos pasivos a que refiere el artículo 2º, no creo que surja la necesidad de una reflexión o de una resolución del Senado, como lo sostiene el señor senador Tourné. Pero, de todas formas, señor Presidente, como lo que tratamos es de flexibilizar la norma del IRA y la norma impositiva, si el Senado no quiere votarla, la mantenemos tal como está y entonces serán los contribuyentes los que tendrán sus dificultades para realizar la liquidación.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: no sé si con mi intervención voy a aportar un poco de luz o mayor confusión al problema.

De acuerdo a la explicación que brindó en su momento, y que ahora reiteró el señor senador Batlle, me parece que aquí no se trata de que se estén aumentando los sujetos pasivos; porque, el sujeto pasivo del impuesto, en este caso es especial, va a estar determinado por la voluntad del contribuyente, en el sentido de que es él quien va a decidir si aporta por un impuesto o por otro. Entonces, si para un impuesto los sujetos pasivos ya estaban predeterminados, o sea, que ya estaban fijados por una ley anterior, aquí simplemente lo que se hace es lo que dice el subtítulo de este proyecto que estamos considerando: "flexibilización del régimen impositivo vigente". En consecuencia, se le da al contribuyente la opción y éste la va a tomar de acuerdo con su propia conveniencia; se podrá equivocar o no, pero creo que el razonamiento va a ser en función de su propio beneficio. Repito, puede optar por uno u otro impuesto.

A mi juicio aquí no se plantea el caso a que hacía alusión el señor senador Tourné. Naturalmente que si fuera otra la situación, su criterio sería totalmente compartible.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: pienso que no debemos internarnos en una discusión constitucional. Si estamos dispuestos a votar este artículo, no creo que sea tan difícil conseguir 16 votos conformes. Nuestras salvedades se refieren al parágrafo final que trata de la retroactividad. Pienso que debería rectificarse la votación en lo que tiene que ver con el parágrafo primero.

SEÑOR PRESIDENTE. - El inciso 1º se votó por unanimidad, señor senador; el resultado de la votación fue 21 en 21. Fue el único que se votó por unanimidad. La cuestión está planteada con respecto al parágrafo 2º, que obtuvo 14 votos en 21.

Interpreto que lo que propone el señor senador es la rectificación de la votación del parágrafo 2º.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la discusión particular cada senador puede hacer uso de la palabra sólo una vez, el señor senador Tourné ya ha intervenido dos veces pero, con gusto, le concederé una tercera oportunidad, aunque nos estamos apartando sensiblemente del Reglamento.

SEÑOR TOURNE. - Muchas gracias, señor Presidente.

Deseo señalar simplemente que el primer parágrafo ya fue votado por unanimidad, con 21 votos; es decir, que el problema no se plantea allí.

El punto es que extendemos la retroactividad de este impuesto al 15 de octubre de 1984 y, de conformidad con esta norma, los sujetos pasivos que no estaban comprendidos en él, ahora quedan incluidos; es decir que tendrán que pagar quienes no lo hacían. Por lo tanto estaríamos sancionando un impuesto para determinadas personas. Para extender el campo de un impuesto, es indudable que se requiere el mismo procedimiento que para la sanción de uno nuevo, ya que debe obedecer a la misma norma y tratamiento parlamentario que dispone la Constitución de la República.

Esa es mi observación en lo que se refiere a la retroactividad al 15 de octubre que establece el parágrafo segundo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Me permito insistir en que no se trata de la circunstancia que señala el señor senador Tourné. A mi juicio, al establecer que el impuesto rige a partir del 15 de octubre de 1984, no estamos creando ninguna disposición que incorpore, con efecto retroactivo, a nuevos sujetos pasivos. Los sujetos pasivos, las asociaciones y fundaciones, las sociedades personales, las personas físicas, los núcleos familiares, las sociedades por acciones, las sociedades por acciones al portador y los condominios ya estaban gravados, por actividades agropecuarias por el IMAGRO. Es decir que los sujetos pasivos son prácticamente los mismos.

Por otra parte, la fecha 15 de octubre de 1984 beneficia a quienes van a liquidar el impuesto, en la medida en que se correlaciona con la modificación que establece el artículo 12 para el cierre del ejercicio. Si éste es de setiembre a junio, en vez de ser de setiembre a setiembre, quienes deben liquidar el impuesto se benefician en un plazo importante.

Creo que con esto no hacemos otra cosa que lo que se señaló al principio de la consideración de este tema, que es conciliar las normas para que los contribuyentes puedan optar entre una u otra liquidación o impuesto.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: es indudable que la flexibilización de las aportaciones agropecuarias tiene una serie de puntos difíciles y, evidentemente, plantea dudas.

Como dice el señor senador Tourné, si cambiamos los sujetos pasivos de un impuesto, estamos creando uno nuevo para aquellos que no estaban incluidos en el anterior. Sobre este punto no cabe la menor duda, pero tal como lo ha hecho notar el señor Presidente, la disposición ha sido votada por la mayoría constitucionalmente elegida, por lo que el cambio ya lo hemos hecho.

En cuanto al párrafo segundo, debo señalar que nos encontramos frente a los mismos problemas que plantea toda esta tributación.

El señor senador Batlle hace ver que el período anual lo acortamos en dos meses y medio pues lo llevamos del 15 de octubre al 30 de junio.

A pesar de que -como lo señalaba el señor senador Singer- con esta modificación cada uno elegirá -en alguna medida- lo que más le convenga, debo advertir que estamos legislando para un ejercicio que ya cerró y, en materia fiscal, una vez que se llega a la finalización del ejercicio, se dice que se ha producido el hecho imponible y ha quedado firme, sin posibilidad de modificación.

SEÑOR BATLLE. - El ejercicio no cerró; la presente sustitución regirá desde el 15 de setiembre de 1984 hasta el 30 de junio de 1985.

SEÑOR SENATORE. - Precisamente, si es hasta el 30 de junio, el ejercicio ya cerró; el nuevo ejercicio comienza el 1º de julio y vence el 30 de junio del año siguiente.

La flexibilización acordada entre los representantes del Poder Ejecutivo y las organizaciones rurales, evidentemente adolece de una serie de defectos que no podemos pasar por alto porque, si lo hiciéramos, en otras oportunidades nos encontraremos con que también tendremos que recurrir a sistemas similares y no los compartimos ni estamos dispuestos a apoyarlos.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo preguntar al señor miembro informante si con la enumeración que se realiza en el primer parágrafo del artículo 2º que se sustituye -que aquí figura en el lugar del artículo 9º- lo que se busca es igualar los sujetos pasivos de uno y otro impuesto. Si es así, personalmente pienso que es necesario votar el segundo parágrafo porque de lo contrario, en lugar de que sea el contribuyente quien elija, nosotros le estaríamos dando facilidades para que se incline por un determinado camino. Creo que debemos igualar los sujetos pasivos de ambos impuestos para que puedan optar. Si esa es la explicación, se justifica este parágrafo.

SEÑOR BATLLE. - Las normas se hicieron con el propósito de conciliar y flexibilizar ambos impuestos, para lo cual se manejaron las mismas exoneraciones y sujetos pasivos en los artículos que estamos considerando. Inclusive, se modificó la fecha de liquidación a fin de establecer -tal como lo hace el artículo 12- la vigencia de una liquidación que coincidiera con el año agrícola porque, tanto la Administración como los productores, entendieron que eso resultaría más conveniente para efectuar el pago de los impuestos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Aunque advierto que esto no solucionará el problema, tal como lo solicitó el señor senador Ortiz, se va a rectificar la votación del segundo parágrafo del artículo 9º.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 10º.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: cuando me referí al artículo 9º y expliqué la naturaleza del 11, establecí las causas por las cuales se incluyeron estos dos artículos.

En virtud de ello, considero que, salvo que algún señor senador lo reclame, el artículo 10 no merece mayor información.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 25. Afirmativa.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: no he votado este artículo, porque, evidentemente, trae normas de carácter retroactivo e impone obligaciones, también retroactivas, a personas que anteriormente no las tenían.

Quiero dejar constancia de que el inciso 2º expresa que los socios Directores de sociedades contribuyentes, Directivos de asociaciones y fundaciones serán solidariamente responsables del pago de este impuesto. Aquí se agregan personas que antes no eran solidariamente responsables y no estaban obligadas a responsabilizarse de las obligaciones contraídas por las sociedades. Sin embargo en este proyecto se establece esa responsabilidad personal.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: deseo dejar constancia en los mismos términos con respecto a manifestaciones anteriores, en cuanto a que la proclamación de la votación debió haber sido negativa, por cuanto no alcanzó la mayoría absoluta del Cuerpo de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Constitución de la República. Además, entiendo que estamos estableciendo un impuesto a personas que en este momento no lo pagan.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: he votado negativamente esta disposición porque como lo terminan de afirmar los señores senadores Senatore y Tourné, se trata de una disposición por la cual se suprimen exoneraciones que estaban vigentes y se crean deberes formales para determinados contribuyentes, que no los tenían, con carácter retroactivo.

No comprendo el tenor de esta disposición, porque hace referencia a un artículo que no tiene nada que ver con el problema y que, además, se suprime. No se trata de sustituir un texto por otro sino que son dos materias diferentes. Se refiere al artículo 4º del Título I del Texto Ordenado 1982. Ese artículo decía: "Al solo efecto de la liquidación del impuesto, a las sociedades por acciones al portador, así como las asociaciones, lo liquidarán y pagarán considerando que la parte de capital no individualizado corresponde a una sola persona. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior". En consecuencia, esta disposición no tiene nada que ver con lo que hemos votado.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: simplemente se hizo así porque fue explicado de esa forma por la Dirección General Impositiva. La disposición del artículo 4º no correspondía y, a los efectos de no alterar este Texto Ordenado en toda su articulación se incorporó en ese lugar esta disposición que iguala lo que rige para el IRA, que se refiere al IRIC, en cuanto a las exoneraciones genéricas para que también se incorpore al régimen del IMAGRO.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: ahora entiendo por qué se procedió de esa forma. Para no alterar la numeración se lo incluyó en ese lugar, pero se trata de dos artículos que se refieren a materias distintas, lo cual induce a confusión.

Creo que, además, debemos tener conciencia de que estamos derogando una disposición que tenía otro alcance. No solamente se eliminan determinadas exoneraciones genéricas para ciertas personas, entidades o actividades, sino que el artículo 4º -como ya leí- establecía que las sociedades por acciones al portador liquidaban y pagaban el impuesto de determinada manera. Estas sociedades no han dejado de ser sujetos pasivos de este impuesto. En la norma del artículo anterior incluimos a todas las sociedades, así que ahora esta norma que determinaba como se pagaba y liquidaba ese impuesto por las sociedades por acciones al portador y por las asociaciones que siguen siendo sujetos pasivos del impuesto, la suprimimos. No entiendo por qué se ha hecho esto. A la Dirección General Impositiva le habrá parecido muy bien, pero a mí me parece bastante incoherente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Recordará el señor senador Aguirre que en su momento, a raíz de un planteo suyo realizado en la Comisión, se agregó un inciso final a los efectos de que estas normas se refirieran al Texto Ordenado, ya que el señor senador entendió que éste en sí mismo no era una ley, sino que se refería a un conjunto de leyes diferentes.

Lo que está realizando la Dirección General Impositiva es, en el fondo, un acomodamiento de las normas de la liquidación del impuesto del IRA, que permite a los contribuyentes optar por un camino u otro. Como la liquidación del impuesto sobre un hecho imponible es diferente, elimina este artículo 4º e incorpora esta disposición. Los representantes de la Dirección General Impositiva -sobre todo alguno de ellos- que poseen una experiencia mayor que la nuestra, nos explicaron de esa forma el problema. Nosotros admitimos todo esto y preguntamos sobre la naturaleza tan extraña de la sustitución de la norma en cuanto a que se eliminaba una disposición y se incorporaba otra que no tenía nada que ver con ella.

Fue así que se nos explicó que se procedía de esa forma para evitar la modificación de todo este articulado. Entiendo que esto no altera la liquidación del impuesto y la exoneración genérica que se incorpora es la que está vigente para el IRA, que es la misma que se toma del IRIC e IMAGRO.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: ya hemos dado nuestra opinión sobre todos estos artículos. Por lo tanto creo que es innecesario insistir sobre ellos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: este artículo reimplanta el adelanto a cuenta de este impuesto que estaba vigente por el Decreto-Ley Nº 15.646, del 11 de octubre de 1984, hasta el 30 de junio del corriente año. Este adelanto se reimplanta y por el artículo 14 se modifican las tasas eliminando de la enunciación que se hace en dicho artículo a las que gravaban la leche. El artículo 15 modifica la tasa máxima, incorporando una variable que determina la posibilidad de elevar hasta el 4% dicha tasa.

Quiere decir que los tres artículos comprenden el mismo hecho; primero se reimplanta el adelanto, luego se libera a la leche del artículo 24 y el resto es similar. En el artículo 15 se autoriza una elevación de la tasa hasta el 4%. No del impuesto, sino del adelanto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: deseo formular una pregunta al señor miembro informante.

El artículo 13 expresa que debe reimplantarse con carácter definitivo el impuesto creado por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, del 11 de octubre de 1984. Es algo más que eso, ya que se le da carácter permanente a un impuesto que aparentemente no lo tenía y después se hace referencia al sistema de pago a cuenta. ¿Cuál es el impuesto al que se le da carácter definitivo?

SEÑOR BATLLE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Se trata del adelanto a la enajenación de los bienes que se establecen en el artículo 14. De acuerdo con los artículos 23 y 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, la percepción del adelanto se había fijado hasta el 30 de junio del año siguiente. Por consiguiente lo que se restablece es el adelanto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que esta disposición no tiene carácter retroactivo y simplemente deseo comprenderla correctamente.

Es evidente que se trata de un impuesto distinto del IRA y del IMAGRO porque en el texto se dice que el producido de dicho impuesto será imputado por los contribuyentes como pago a cuenta de los otros dos impuestos. Por consiguiente, es un impuesto distinto con un hecho generador diferente.

SEÑOR BATLLE. - Se trata de la transacción agropecuaria establecida en el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646 que se cobra como adelanto del IRA o del IMAGRO.

SEÑOR AGUIRRE. - Comprendo el alcance de esta disposición que me parece correcta y positiva y que, por supuesto, voy a votarla. Sin embargo, deseo realizar una observación de carácter gramatical.

Creo que es incorrecto establecer que se reimplanta un impuesto y que éste tiene carácter definitivo. Un impuesto es una disposición legal que rige hasta el día en que se deroga. Por lo tanto, creo que lo correcto sería establecer: "Otórgase carácter permanente al impuesto creado por el artículo tal" y no decir "reimplántase".

SEÑOR BATLLE. - Personalmente no tengo inconveniente en proceder a la modificación sugerida por el señor senador Aguirre. Si los restantes miembros de la Comisión no se oponen a ello, incorporaríamos la modificación al texto sugerido.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pienso que tenemos que ser cuidadosos en la redacción de este proyecto. Este adelanto se dejó de cobrar en determinado momento y ahora se lo reimplanta. Naturalmente, no puede comenzar a cobrarse con retroactividad.

En consecuencia, reitero que tenemos que ser cuidadosos con los términos que empleemos a los efectos de que el organismo encargado de la recaudación no vaya a interpretar que este artículo tiene efecto retroactivo. Entiendo que debemos establecer que este impuesto se reimplanta porque había sido derogado.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Creo que este artículo tiene dos alcances distintos.

En primer lugar, había un impuesto a las transacciones agropecuarias que si mal no entendí, regía por este ejercicio. Es decir, la norma que lo había puesto en vigencia le había dado carácter temporal y había predeterminado sus efectos en el tiempo, haciéndolo cesar en determinada fecha.

De acuerdo con la primera parte del artículo, determinamos para el futuro -y esto no tiene efecto retroactivo- que el impuesto va a seguir existiendo para ejercicios posteriores. Aquí no hay ninguna duda ni lesión a ningún principio jurídico.

Por otra parte, establecemos que el producido de ese impuesto se imputará como pago a cuenta de otros impuestos. Aunque ese sistema había sido suspendido entiendo que ello no había sido hecho en forma legal, sino por una decisión de la Administración tributaria o del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, solicitaría al señor Presidente de la Comisión que nos aclarara este punto porque el señor senador Pereyra afirma que se había suspendido el cobro del impuesto y el pago a cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Lo que se había suspendido era el adelanto.

Este adelanto estaba vigente hasta el 30 de junio de 1985. Ahora, se restablece el impuesto y, por lo tanto, vuelve a entrar en vigencia el adelanto.

Se modifica el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646 a los efectos de que el hecho generador no comprenda a los productores de leche. Pienso que la modificación sugerida por el señor senador Aguirre es pertinente a los efectos de aclarar el sentido del artículo. De esa manera se evita todo tipo de problemas de interpretación.

Señalo que hemos mandado buscar el texto del Decreto-Ley Nº 15.646, a fin de dar lectura a sus artículos 23 y 24 para que el Senado tenga un conocimiento preciso de las normas a que nos estamos refiriendo. De todas maneras, lo que se quiere establecer es lo que se dice expresamente en el texto legal.

SEÑOR SENATORE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - El impuesto a que nos estamos refiriendo fue creado por el Decreto-Ley Nº 15.646, cuyo artículo 23 le da el carácter de transitorio. Allí se establece: "Créase con carácter transitorio, de acuerdo a los artículos siguientes, un impuesto que regirá desde el 15 de octubre de 1984 al 30 de junio de 1985". Es decir que allí se indica la terminación y liquidación del impuesto que ahora, este proyecto viene a reimplantar.

Al formular mi moción de orden en el sentido de que este proyecto volviera a Comisión, manifesté que este impuesto que se reimplanta tiene el carácter -desde luego que en la norma- de ser imputable a los impuestos a las actividades agropecuarias, pero con la característica de ser permanente. En este proyecto se reimplanta este impuesto en forma definitiva. Se trata de uno de los impuestos indirectos -los directos gravan a las rentas agropecuarias- que, hablando por la administración tributaria se reimplanta como forma de ir cobrando el IRA y el impuesto a las operaciones agropecuarias por anticipado en cada venta de productos gravados que se realice.

Pienso que lo único beneficioso que tiene todo esto, es que en el artículo 14 se excluye a la leche del pago del impuesto establecido, a pesar de que se aumenta la tasa. Quiere decir que se sustituye el sistema impositivo que rige para las operaciones de las explotaciones agropecuarias -que tiene un claro y definido impuesto directo sobre las rentas- por este impuesto de tipo directo que lo paga todo el mundo, aun aquellos que, en definitiva, no van a tener la obligación de hacerlo porque no van a ser contribuyentes del IMAGRO o del IRA cuando presenten su declaración jurada. Sin embargo, esas personas habrán pagado durante un año y tendrán ese dinero adelantado a la administración. Esa es la finalidad de la administración: cobrar por anticipado.

Una vez que se demuestre que ese contribuyente no debe pagar ni el IRA ni el IMAGRO, le devolverán las sumas abonadas. Tal vez alguno de los integrantes de la Comisión recuerde que se le preguntó a la administración fiscal cómo se iba a lograr agilizar la devolución del dinero pagado por pequeños productores que no van a ser contribuyentes del IRA ni del IMAGRO. La contestación a esa pregunta la puedo dar yo: ese dinero va a ser devuelto una vez que venza el plazo para demostrar que se trata de un pequeño productor que no está gravado por ninguno de esos impuestos.

Este impuesto indirecto que grava todas las operaciones sin tener en cuenta la capacidad contributiva tiene la única ventaja de no gravar a la leche.

Es decir que no incluye a los pequeños productores en ese rubro que están trabajando con un margen muy reducido. Este impuesto se lleva al 4% para determinados productos y al 3% para los demás; pero, como este impuesto es indirecto y general y comprende a los pequeños productores, éstos estarán haciendo adelantos a cuenta de un impuesto -IMAGRO o IRA- que, en definitiva, no deberán pagar. No obstante ese pago a cuenta incrementará sus costos y, por ende, el precio del producto que llegará al consumo.

Eso, señor Presidente, es cambiar la tributación sobre la renta por una tributación directa para conseguir de inmediato los recursos que la administración fiscal necesita.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se ha sugerido la posibilidad de sustituir la expresión "Reimplántase con carácter definitivo" por la de "Otórgase con carácter permanente", a lo que el miembro informante no se oponía.

SEÑOR AGUIRRE. - Propondría que dijese "Confiérese el carácter permanente".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no hay oposición, se aceptaría esta nueva sugerencia.

SEÑOR ORTIZ. - Dejaríamos lo de "Reimplántase" para cuando estudiemos la Ley Forestal.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Como el señor miembro informante ya se ha referido a este artículo, si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Creo que es bueno reiterar en este momento la explicación que ya di sobre este tema. Aquí no se está modificando la tasa del impuesto, sino la del adelanto.

Varios señores senadores plantearon en la Comisión una inquietud sobre esta cuestión y al respecto la información que se nos dio a sus integrantes era de que se había convenido esta tasa, la que se aplicaría en este Ejercicio a las transacciones que se operasen sobre la lana. Se consideró la posibilidad de incorporar esto como una disposición al artículo y luego de un intercambio de ideas, llegamos a la conclusión de que no era conveniente y que, inclusive podríamos incurrir en un efecto opuesto al que estábamos tratando de preservar o de evitar. Por tanto, lo que queremos establecer es que la Comisión, en forma mayoritaria -digo esto, porque no recuerdo si fue por unanimidad- aceptó este criterio, porque se trata de una norma -este aumento de la tasa del adelanto- que en este caso se iba a aplicar a un determinado producto. En oportunidad de la consideración inicial del tema, los productores plantearon esta flexibilización a los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas y ambas partes entendieron que este producto podía soportar, en este año, esa tasa de adelanto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a hacer una objeción a este artículo desde otro punto de vista del que maneja el señor senador Batlle y aclarando que el defecto que voy a mencionar, no se debe al proyecto, por que eso ya estaba en la redacción original del artículo.

Dicha objeción se refiere al hecho de que el Poder Ejecutivo tenga facultades para fijar las tasas diferenciales para cada bien incluido y que, además, exista una tasa máxima. Es decir que, con esta redacción el Poder Ejecutivo, según le parezca más prudente y oportuno, puede decir que la tasa es del 2,5% o del 3.6%. Por el contrario, pienso que las tasas tienen que estar establecidas en la ley. Reitero que esto no lo digo con motivo de este proyecto porque ya estaba estatuido en el texto original.

Recuerdo que el artículo 2º del Código Tributario, que se refiere al principio de legalidad, dice que sólo la ley puede establecer las bases de cálculo y las alícuotas respectivas. Este es un vicio en el que se ha caído durante el régimen de facto en medida mucho más amplia; me refiero a que se faculte al Poder Ejecutivo a modificar o fijar las tasas. Creo que, definitivamente, debemos tener conciencia de que esto no puede ser.

El principio clásico que determinó históricamente la creación de los Parlamentos fue, precisamente, que los impuestos sólo los autorizan los representantes del pueblo. No basta con sólo definir el hecho generador, porque si le dejamos al Poder Ejecutivo que fije una tasa del 3% o del 15%, naturalmente, el que determina el "quántum" del impuesto no es el Parlamento, sino el Poder Ejecutivo.

Reitero que, como esto ya existía así igualmente lo votaremos, pero quiero decir que para el futuro no podemos delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar las tasas.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Aquí no estamos fijando tasas para el impuesto; simplemente establecemos tasas para el adelanto a cuenta de la liquidación del impuesto, con un tope. En este caso, creo que cometeríamos un error si fijáramos las tasas de adelanto a cada uno de los hechos generadores del impuesto. Inclusive, podríamos establecer hoy cosas que mañana puedan ser tremendamente inconvenientes e injustas. Por ejemplo, si fijáramos por ley que el adelanto para la lana fuera del 4%, es casi seguro que mañana tendríamos que reunir nuevamente al Parlamento para fijar un adelanto menor en el caso de que ese hecho generador, esa transacción, no pudiera soportar, por una circunstancia comercial y coyuntural, un adelanto de una magnitud tan alta como la de un 4%.

Reitero que aquí no estamos fijando impuestos, sino tasas de adelanto a cuenta del impuesto.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - En este aspecto, lamento discrepar totalmente con el señor senador Batlle. Aquí no se fijan las tasas para un adelanto. Que este impuesto se vaya cobrando y se impute como adelanto de otros, es otra cosa; es un mecanismo excepcional, sobre cuya conveniencia y regularidad no me pronuncio.

Aquí hay un impuesto distinto al IRA y al IMAGRO, porque tal como resulta de la exposición que realizó el señor senador Senatore, se le puede cobrar a gente que no está gravada por esos impuestos. Este impuesto, creado por el Decreto-Ley Nº 15.646, en su capítulo segundo bajo el título de "Tributación transitoria" versa sobre transacciones agropecuarias y grava la circulación de bienes en ese ámbito. El artículo 23 crea el impuesto y el 24 define el hecho generador. Este último dice: "Grávase la enajenación realizada a quienes se encuentren comprendidos en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, a Administraciones Municipales y Organismos Estatales" -ahí define al sujeto pasivo- "de los siguientes bienes: A) Lanas y cueros ovinos y bovinos", etc. Y en su literal c) cita la leche, la que acabamos de eliminar al haber votado el artículo precedente. El artículo 27 decía: "(Tasa). La tasa máxima del impuesto será del 3% (tres por ciento) pudiendo el Poder Ejecutivo fijar tasas diferenciales para cada bien incluido en el hecho generador". Por eso digo que el vicio que señalo no se funda en esta modificación; no estoy haciendo una imputación al Poder Ejecutivo cuando remite este proyecto de ley. Simplemente me refiero a que es un vicio que proviene de la legislación anterior, sancionada por el Consejo de Estado.

Este impuesto tenía una tasa máxima del 3%, la que ahora elevamos al 4%.

Para este hecho gravado en la transacción de bienes en el ámbito agropecuario, la tasa máxima era del 3% y ahora pasa al 4%. Es decir, se reitera el vicio de que el Poder Ejecutivo es quien determina si, por ejemplo, la enajenación de lanas, cueros ovinos y bovinos tiene una tasa del 3.5% o del 4% y los cereales, oleaginosos y sacarígenos pueden tener una del 2%.

Considero que eso lo tiene que determinar el Parlamento en la ley, con carácter general; no podemos facultar al Poder Ejecutivo a determinar si los contribuyentes pagan más o menos variando las tasas. Creo que eso es un error y viola el principio de legalidad, tal como lo establece con toda claridad y de acuerdo a principios técnicos indiscutibles, el artículo 2º del Código Tributario.

Reitero que no quiero hacer de esto una cuestión fundamental porque este error ya existía en la disposición y si el Poder Ejecutivo no nos hubiera enviado este proyecto elevando la tasa máxima del 3% al 4%, estoy seguro que no nos hubiéramos percatado y esa disposición seguiría rigiendo. Cuando legislamos en materia impositiva tenemos que saber que no debemos delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar las tasas.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - No quiero insistir sobre este tema.

Considero que si fijáramos tasas específicas y concretas para cada uno de los hechos gravados, lo que estaríamos haciendo sería en definitiva causar un daño al contribuyente. El Parlamento tiene la potestad política de modificar o, hasta si se quiere, interpelar a un Ministro si en los hechos gravados aplica tasas inconvenientes. Pero si con referencia a cada uno de los hechos gravables fijáramos la tasa de retención que se reimplanta, estaríamos creando situaciones estáticas para hechos dinámicos. Aquí se reimplantan tasas de retención a cuenta de la liquidación del impuesto.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Quisiera hacer una reflexión final.

Es mi deseo que de toda la discusión y de la controversia que se ha producido en el día de hoy con motivo de la consideración de este proyecto, pueda realizarse una interpretación adecuada de la norma jurídica que acabamos de aprobar.

Pienso que va a ser muy difícil, señor Presidente, moverse adecuadamente dentro de las normas que acabamos de aprobar. Por eso señalo que el motivo inicial de mi pedido de pase a Comisión residía en el hecho de poder realizar ajustes a estas disposiciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador ha hecho una especie de fundamento de voto de un artículo que aún no se ha votado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

El artículo 17 es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el inciso primero del literal f) del artículo 11 del Título 8 del Texto Ordenado 1982 por el siguiente:

‘Los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria por un porcentaje del valor fiscal total del inmueble asiento de la misma. Dicho porcentaje que regirá para cada ejercicio, será fijado por el Poder Ejecutivo entre un máximo del 80% (ochenta por ciento). La presente sustitución regirá a partir del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive, para el cual queda fijado en el 40% (cuarenta por ciento) referido’.

Art. 2º. - Las reliquidaciones del Impuesto al Patrimonio a que hubiere lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, se harán efectivas a partir del 15 de setiembre de 1985, en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta disposición sólo regirá para el Impuesto al Patrimonio correspondiente al Ejercicio 1984.

Art. 3º. - Derógase el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 9º del Título 8 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 9º. - Las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, podrán computar como pasivo las deudas debidamente documentadas, aquéllas cuya existencia se justifique fehacientemente y las que se mantuvieran como entidades estatales, paraestatales y municipales.

Los contribuyentes deberán declarar los bienes situados en el exterior cuando se declaren pasivos, ya sea en el país o en el exterior.

Sólo se admitirá deducir como pasivos, las deudas contraídas con acreedores domiciliados en el país.

Dichas deudas deberán en primer término ser absorbidas por las diferencias de activos y pasivos del exterior y en caso de existir excedentes de activos en el exterior, una vez absorbidos éstos, serán admitidas como pasivo.

En caso de existir bienes gravados, bienes exentos y bienes mencionados en el artículo 8º, el pasivo resultante de acuerdo a lo que surge de los incisos precedentes, se computará por la parte proporcional al activo gravado’.

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 3º (Sujetos pasivos). - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de rentas comprendidas’.

La presente sustitución, regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 6º. - Sustitúyense los artículos 6º y 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por los siguientes:

‘ARTICULO 6º (Renta bruta de semovientes). - La renta bruta pecuaria resultará de deducir a las ventas netas la compra del ejercicio y las variaciones físicas operadas en cada categoría, avaluadas a precio de fin de ejercicio, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

La existencia de semovientes no se tendrá en cuenta para la aplicación del cálculo del ajuste por inflación’.

‘ARTICULO 8º (Valuación de Inventarios). - Las existencias de semovientes se computarán por el valor en plaza que establecerá la Administración, teniendo en cuenta los precios corrientes’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

ARTICULO 10. (Documentación). - Las operaciones que generan rentas gravadas deberán documentarse mediante facturas o boletas numeradas correlativamente que deberán contener impresos el pie de imprenta, el número de inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, anotándose en ellas los bienes entregados o servicios prestados, la fecha e importe de la operación y la identificación del adquirente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el monto de ingresos anuales por debajo del cual los contribuyentes estarán eximidos de la obligatoriedad de documentar sus operaciones.

Asimismo podrá autorizar a omitir la facturación de las ventas cuando exista documentación oficial de las operaciones y en los casos que establezca’.

Art. 8º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exigir a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias el Certificado Unico del artículo 21 del Título 9 del Texto Ordenado 1982, así como a instrumentar sistemas de control mediante la intervención de otras oficinas estatales en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 9º. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 2º. - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de tales explotaciones o de la tenencia de inmuebles no explotados’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

‘ARTICULO 10. (Documentación). - Las operaciones - Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 4º. - Quedan derogadas por este impuesto todas las exoneraciones genéricas de tributos establecidos a favor de determinadas personas, entidades o actividades, excepto las consagradas por la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968 y sus modificativas y por el artículo 22 de la Ley Nº 13.930, de 30 de diciembre de 1970.

Los socios, directores de sociedades contribuyentes, los condóminos, los directivos de asociaciones y fundaciones serán solidariamente responsables del pago del impuesto’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 11. - Sustitúyese el artículo 8º del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 8º. - El monto imponible resultará de sumar los ingresos gravados correspondientes a las explotaciones de cada titular’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 12. - Sustitúyese el artículo 18 del Título 1 del Texto Ordenado 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 18. - El presente impuesto se aplicará anualmente a los ejercicios iniciados el 1º de julio de cada año y cerrados el 30 de junio del año siguiente. El primer ejercicio comenzará el 15 de octubre de 1984’.

Art. 13. - Confiérese carácter permanente al impuesto creado por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984. El producido de dicho impuesto será imputado por los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Agropecuarias o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias en su caso.

Art. 14. - Sustitúyese el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 24. (Hecho generador). - Grávase la enajenación realizada a quienes se encuentren comprendidos en el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio, a Administraciones Municipales y Organismos Estatales de los siguientes bienes:

A) lanas y cueros ovinos y bovinos.

B) Ganado bovino y ovino destinado a la faena o exportación.

C) Cereales, oleaginosos y sacarígenos.

A los efectos de este impuesto estará gravada toda operación a título oneroso en cuanto se produzca la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que dé a quien los recibe la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario.

Quedarán gravados, asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio en cuanto manufacturen o comercialicen bienes de su propia producción y quienes exporten por cuenta propia o ajena’.

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 27. (Tasa). - La tasa máxima del impuesto será del 4% (cuatro por ciento) pudiendo el Poder Ejecutivo fijar tasas diferenciales para cada bien incluido en el hecho generador’.

Art. 16. - Lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de esta ley regirá a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Art. 17. - Comuníquese, etc.".

9) CARLOS BORCHE. Homenaje a su memoria

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - La aclaración que deseo formular tiene que ver con un hecho ocurrido en la sesión de ayer, y su consideración me tomará solamente un par de minutos.

En el transcurso de la sesión del día de ayer, por iniciativa del señor senador Ferreira, el Senado rindió homenaje a la memoria de un esclarecido periodista con cuya amistad tuvimos el honor de contar durante muchos años. Me refiero al señor Carlos Borche. Tenía el propósito de adherir expresamente a dicho homenaje en nombre de la Bancada del Frente Amplio. Una circunstancia absolutamente incidental hizo que durante unos pocos minutos, estuviera ausente de Sala. Según es notorio, permanezco en Sala la casi totalidad del tiempo que dura cada una de las sesiones, pero un requerimiento de un par de delegaciones provocó que tuviera que salir por unos minutos, lo que determinó que no pudiéramos dejar constancia de la expresa adhesión de nuestro sector a ese homenaje. Este hecho, además -y comprensiblemente, dada la poco feliz situación a que he aludido- fue interpretado de modo equivocado por algunos señores periodistas, en términos que naturalmente respetamos, porque no estaban obligados a conocer los motivos de nuestra ausencia.

Por lo tanto, queremos dejar expresa constancia de la adhesión de nuestra Bancada al justísimo homenaje que fuera tributado a un hombre que durante más de medio siglo esclareció y honró el periodismo nacional y que libró una permanente y encendida lucha en favor de justísimas causas.

(¡Apoyados!)

10) FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA). Contrato de Préstamo

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para formular una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - En el día de ayer, la Comisión de Transporte y Obras Públicas aprobó por unanimidad un proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo solicitando la ratificación parlamentaria del contrato de préstamo con FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata).

Solicitaría que dicho proyecto fuese incorporado al orden del día, de modo de posibilitar que se hiciera el repartido y oportunamente fuera considerado por el Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Pozzolo.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se repartirá el proyecto referido.

11) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1984

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1984". (Carp. Nº 252/85 - Rep. Nº 97/85 y Anexo I)

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 252/85
Rep. Nº 97 y Anexo I

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Agricultura y Pesca
Ministerio de Justicia

Montevideo, 14 de junio de 1985.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de remitir al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1984, acompañado del respectivo Mensaje económico-financiero. Asimismo, propone las modificaciones que se estimen indispensables, hasta tanto se eleve el proyecto de Presupuesto que regirá para el período de Gobierno.

Del análisis de la Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1984 surge que se obtuvieron ingresos del orden de los N$ 44.510:563.682,70 (nuevos pesos cuarenta y cuatro mil quinientos diez millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y dos con setenta centésimos) y se registraron egresos por gastos de funcionamiento y de inversiones por nuevos pesos 67.158:513.088,60 (sesenta y siete mil ciento cincuenta y ocho millones quinientos trece mil ochenta y ocho con sesenta centésimos) los que sumados a los gastos sin imputación pendientes de pago, los anticipos sin crédito presupuestal, las partidas a regularizar de ejercicios anteriores y el déficit de organismos elevaron las salidas a N$ 70.907:477.338,50 (nuevos pesos setenta mil novecientos siete millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos treinta y ocho con cincuenta centésimos) a las cuales habría que deducir el uso del crédito externo por inversiones de N$ 706:337.971,70 (nuevos pesos setecientos seis millones trescientos treinta y siete mil novecientos setenta y uno con setenta centésimos) lo que implica un monto total de erogaciones de N$ 70.201:139.366,80 (nuevos pesos setenta mil doscientos un millones ciento treinta y nueve mil trescientos sesenta y seis con ochenta centésimos).

La confrontación de ambos guarismos, refleja el déficit a financiar por el Tesoro Nacional, que se eleva a N$ 25.690:575.684,10 (nuevos pesos veinticinco mil seiscientos noventa millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con diez centésimos).

Esto significa que la relación déficit a financiar erogaciones totales es del orden del 36.2% (treinta y seis con dos por ciento).

En el informe económico-financiero que acompaña al proyecto de ley se analizan en detalle las derivaciones que surgen de estas cifras.

En líneas generales corresponde destacar en primer término, las normas de ordenamiento presupuestal que se estiman indispensables a efectos de encauzar la gestión de la Hacienda Pública. En tal sentido, se propicia reducir el déficit fiscal ajustando el gasto a lo recaudado, lo que incidirá en forma sensible en el abatimiento de la tasa inflacionaria. A tales efecto, se proyecta que las erogaciones se efectúen sólo en la medida que lo exijan los programas, proyectos y actividades estatales y de acuerdo a la efectiva disponibilidad de fondos según un sistema de preventivo de caja y una programación de los respectivos desembolsos.

Complementariamente, a efectos de facilitar la gestión administrativa de las distintas Unidades Ejecutoras se autoriza a que las mismas, dispongan el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos que perciban por cualquier naturaleza. De esta manera, se compatibiliza el principio de la unidad de caja con las necesidades de las distintas oficinas, incentivando la recaudación y permitiéndoseles solventar los gastos que origina su normal funcionamiento.

En segundo lugar, en materia de funcionamiento, las normas propuestas son mínimas y procuran en su mayoría, regularizar situaciones anteriores al 1º de marzo de 1985 y por otras, se efectúan ajustes imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios.

Cabe señalar que se establece un monto adicional para los refuerzos de los Rubros de Gastos, así como se asignan créditos específicos a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, compatibles con las posibilidades financieras del Estado.

Es importante destacar también que se fija el monto global máximo de inversiones con cargo a Rentas Generales y el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se asignan montos de inversiones para los Organismos que gozan de autonomía presupuestal.

Por ser los Subsidios y Subvenciones de carácter anual, corresponde propiciar los respectivos ajustes a fin de adecuarlos a las proyecciones efectuadas al respecto.

Igualmente, se establece una partida para solventar los gastos que demande el Programa Solidario de Emergencia.

Respecto a los funcionarios públicos, se fijan nuevos valores actualizables a las primas por matrimonio y por nacimiento, con lo cual se procura dar mayor significación a los referidos rubros integrantes del salario familiar.

Asimismo, se incluyen previsiones consideradas impostergables para atender el correcto desempeño de los distintos servicios.

El Capítulo de Disposiciones Varias comprende, además de las reglas de ordenamiento presupuestal ya comentadas, una serie de regularizaciones que la actual Administración debe efectuar a fin de normalizar múltiples situaciones de anticipos de Tesorería anteriores al 1º de marzo de 1985.

Finalmente, en materia tributaria, se propicia la inclusión de normas imprescindibles de ajuste que procuran coadyuvar al logro del equilibrio presupuestal. Al respecto, se centra la atención en medidas tendientes a atenuar el déficit fiscal, pero buscando hacer más equitativa la carga tributaria, disminuyendo la regresividad del sistema y aumentando el peso de la tributación directa.

Saludamos al señor Presidente de la Asamblea General muy atentamente.

JULIO MARIA SANGUINETTI

Presidente de la República

Luis Mosca, Carlos Manini Ríos, Enrique Iglesias, José María Robaina Ansó, Adela Reta, Jorge Sanguinetti, Carlos Pirán, Hugo Fernández Faingold, Raúl Ugarte, Roberto Vázquez Platero.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General:

DECRETAN:

CAPITULO I
Rendición de Cuentas 1984

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio de 1984 remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje respectivo del 14 de junio de 1985.

Art. 2º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir Deuda Pública para solventar los déficit presupuestales pendientes de financiación al 31 de diciembre de 1984 por un monto de nuevos pesos 25.690:575.684,10 (veinticinco mil seiscientos noventa millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con diez centésimos).

Art. 3º. - El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de esta deuda y su amortización se hará mediante una cuota del 3% (tres por ciento) anual con un año de gracia y por sorteo. El interés será del 5% (cinco por ciento) anual pagadero semestralmente.

CAPITULO II
Funcionamiento

Artículo 4º. - Fíjase un monto de hasta N$ 1.626 millones (nuevos pesos un mil seiscientos veintiséis millones) para reforzar las partidas de gastos de funcionamiento (excluyendo suministros) correspondientes al Ejercicio 1985 de los Incisos 2 al 14 del Presupuesto Nacional, según el detalle que determine el Poder Ejecutivo.

De dicho monto el Poder Ejecutivo podrá asignar hasta nuevos pesos 42:242.000,00 (cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil) a los Incisos 11, 16 y 19 en la oportunidad en que se verifique la transferencia de los créditos del Inciso 14.

Art. 5º. - Asígnase a los siguientes Incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución las partidas de gastos de funcionamiento (excluyendo suministros) para el Ejercicio 1985 que se indican:

Inciso 17 Tribunal de Cuentas N$ 2:614.000,00 (nuevos pesos dos millones seiscientos catorce mil);

Inciso 18 Corte Electoral N$ 7:010.000,00 (nuevos pesos siete millones diez mil);

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública nuevos pesos 518:278.000,00 (quinientos dieciocho millones doscientos setenta y ocho mil);

Inciso 26 Universidad de la República N$ 590:400.000,00 (nuevos pesos quinientos noventa millones cuatrocientos mil).

Los Organos y Organismos establecidos precedentemente, deberán dentro del término de noventa días a partir de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación, la apertura de los créditos por Programa y por Rubro.

Art. 6º. - A los efectos del cálculo del limite del crédito en cuenta corriente otorgado por el Banco Central del Uruguay al Poder Ejecutivo conforme al artículo 255 de la Ley Nº 13.320, de 28 de diciembre de 1964, con la modificación dispuesta por el artículo 483 de la Ley Nº 13.892, de 18 de octubre de 1970, no se computará el monto acumulado vigente al 28 de febrero de 1985.

Art. 7º. - Transfiéranse del Programa 1.02 "Ejército" del Inciso 3 "Ministerio de Defensa Nacional" al Programa 1.09 "Administración Carcelaria" del Inciso 4 "Ministerio del Interior", los siguientes créditos presupuestales:

Rubro 2.00 "Materiales y Suministros" N$ 7:335.333,00 (nuevos pesos siete millones trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres);

Rubro 3.00 "Servicios no personales" N$ 182.135,00 (nuevos pesos ciento ochenta y dos mil ciento treinta y cinco);

Rubro 4.70 "Motores y Partes para Reemplazo" N$ 56.880,00 (nuevos pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta);

Rubro 200-802 "Suministros ANCAP" N$ 4:197.800,00 (cuatro millones noventa y siete mil ochocientos);

Rubro 200-805 "Suministros CONAPROLE" N$ 451.500,00 (nuevos pesos cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos);

Rubro 200-854 "Suministros Carne" N$ 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones).

Los créditos transferidos que se destinan a suministros corresponden a siete meses y están calculados a precios vigentes al 1º de junio de 1985, debiéndose actualizar de conformidad con el régimen previsto por el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.984, de 28 de diciembre de 1979.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos correspondientes a suministros de UTE, ANTEL y OSE en base a los consumos del Establecimiento de Reclusión Nº 1 de Libertad, durante el Ejercicio 1984.

CAPITULO III
Inversiones

Artículo 8º. - Fíjase el monto global máximo de Inversiones asignado a todos los órganos comprendidos en la órbita del Poder Ejecutivo para el Ejercicio de 1985, a ser financiado con Rentas Generales o el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP), en N$ 3:607:000.000,00 (nuevos pesos tres mil seiscientos siete millones).

El monto global máximo de Inversiones de los incisos 2 a 14 del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones para el Ejercicio de 1985 a financiar con endeudamiento cuyo servicio de deuda sea atendido con Rentas Generales o el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP) se establece en N$ 1:500:000.000,00 (nuevos pesos mil quinientos millones) equivalente a U$S 15:000.000,00 (dólares de los Estados Unidos de América quince millones) al tipo de cambio de N$ 100.00 (nuevos pesos cien). El Poder Ejecutivo podrá incrementar este monto en la misma cantidad en que reduzca el autorizado por el inciso anterior.

Art. 9º. - Fíjase el monto global máximo de Inversiones de cada uno de los incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución:

Inciso 16 Poder Judicial N$ 118:800.000,00 (nuevos pesos ciento dieciocho millones ochocientos mil);

Inciso 17 Tribunal de Cuentas N$ 900.000,00 (nuevos pesos novecientos mil);

Inciso 18 Corte Electoral N$ 1:080.000,00 (nuevos pesos un millón ochenta mil);

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública nuevos pesos 514:600.000,00 (quinientos catorce millones seiscientos mil);

Inciso 26 Universidad de la República N$ 200:400.000,00 (nuevos pesos doscientos millones cuatrocientos mil).

Los Organos y Organismos establecidos precedentemente, deberán dentro del término de noventa días a partir de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la apertura de los créditos por Programa y Proyecto.

Art. 10. - Fíjase en hasta N$ 600:000.000,00 (nuevos pesos seiscientos millones) la asistencia financiera con cargo a Rentas Generales y el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la ejecución en 1985 de las obras del Programa Nacional de Interconexión Vial (3er. Proyecto Carretero - BIRF 2238/UR), del Plan Nacional de Obras Municipales (Préstamos BID Nº 471/OC 472/OC y 700/SF) y del Grupo de Trabajo Permanente Tacuarembó-Rivera.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, distribuirá la partida antes mencionada, dando cuenta a la Asamblea General.

CAPITULO IV
Subsidios y Subvenciones al Sector Público

Artículo 11. - Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer, por el Ejercicio 1985, de hasta N$ 320:000.000,00 (nuevos pesos trescientos veinte millones) para brindar asistencia financiera para pago de sueldos, gastos e inversiones y de hasta nuevos pesos 350:000.000,00 (trescientos cincuenta millones) para el pago de los aportes patronales durante el Ejercicio 1985, a los Gobiernos Departamentales del Interior, que hayan solicitado apoyo de parte de Rentas Generales al 30 de junio de 1985.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará los estudios correspondientes para la distribución de dichas partidas, en base a las previsiones presentadas por las Intendencias Municipales, ajustadas por los parámetros aplicados para la Administración Central, tanto en la determinación de los tributos como en la actualización de los gastos.

Efectuada la distribución pertinente por el Poder Ejecutivo se dará cuenta a la Asamblea General.

Art. 12. - Las deudas que mantienen las Intendencias Municipales del Interior con la Dirección General de la Seguridad Social por concepto de aporte patronal generado hasta el 31 de diciembre de 1984, se considerarán canceladas con cargo a las transferencias ya otorgadas por Rentas Generales al mencionado organismo.

Art. 13. - Fíjanse para el Ejercicio de 1985 los Subsidios a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que se indican, por los montos que en cada caso se establecen:

a) AFE hasta N$ 1.816:000.000,00 (nuevos pesos un mil ochocientos dieciséis millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda; y hasta N$ 149:000.000,00 (nuevos pesos ciento cuarenta y nueve millones) para inversiones;

b) PLUNA hasta N$ 539:000.000,00 (nuevos pesos quinientos treinta y nueve millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda;

c) ILPE hasta N$ 80:000.000,00 (nuevos pesos ochenta millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda;

d) OSE hasta N$ 294:000.000,00 (nuevos pesos doscientos noventa y cuatro millones) para gastos de inversión; y hasta N$ 31:000.000,00 (nuevos pesos treinta y un millones) para servicios de deuda.

Art. 14. - Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay para el Ejercicio 1985, un Subsidio de hasta nuevos pesos 2.200:000.000,00 (nuevos pesos dos mil doscientos millones) con destino al Plan Nacional de Viviendas. El Poder Ejecutivo podrá disponer su anticipo mensual, sobre la base de las proyecciones estimativas que al respecto efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 15. - Fíjase con cargo a Rentas Generales, una partida por única vez, con destino al Programa Solidario de Emergencia, de hasta N$ 1.900:000.000,00 (nuevos pesos un mil novecientos millones).

El Poder Ejecutivo en acuerdo de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, mediante decisión fundada, reglamentará la forma de su distribución.

Art. 16. - Derógase a partir del 1º de enero de 1985 el artículo 33 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, sustituido por el artículo 50 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976.

CAPITULO V
Normas sobre funcionarios

Artículo 17. - Fíjanse a partir del 1º de abril de 1985 las primas por matrimonio y nacimiento en N$ 7.000.00 (nuevos pesos siete mil), cada una, las que se actualizarán automáticamente en función de los incrementos que experimente el salario mínimo nacional con posterioridad a esa fecha.

Art. 18. - Fíjanse las retribuciones nominales mensuales por conceptos de sueldos y de gastos de representación de los siguientes cargos correspondientes a los Organismos del artículo 220 de la Constitución:

a) Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas de la República, igual al de los Ministros Secretarios del Estado;

b) Los Ministros de los Organismos referidos del artículo 220 de la Constitución que no ejerzan la Presidencia del Cuerpo así como el Fiscal de Corte y el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo tendrán una retribución igual a la de Sub-Secretarios de Estado.

Art. 19. - A las retribuciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán acumularse el sueldo anual complementario y los beneficios sociales.

Art. 20. - Extiéndase a los funcionarios públicos, presupuestados o contratados, que a partir del 15 de febrero de 1985 hayan pasado o pasen a ocupar cargos políticos o de particular confianza, el régimen establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622 de 24 de diciembre de 1976.

Deróganse los artículos 100 y 102 del Decreto-Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Art. 21. - Declárase que quienes ocupan a la fecha de la ley cargos de particular confianza, a los que accedieron por ascenso en el lapso en que los mismos fueron considerados de carrera administrativa, tendrán derecho en caso de cese, a optar por pasar a ocupar un cargo o función de similar escalafón y grado al que ocupaban a la fecha de ser promovidos.

Autorízase la creación de cargos o funciones a los efectos indicados en el inciso anterior en el caso de no existir vacantes adecuadas; tales cargos o funciones que se creen serán suprimidos al vacar.

Art. 22. - Declárase que los cargos a que se refiere el inciso tercero del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981 son aquellos declarados de "Dedicación Total" por leyes anteriores o posteriores al Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975 y con prescindencia de si vacaron o no con posterioridad a la última norma legal citada.

Art. 23. - Los funcionarios del Programa 1.02 "Publicaciones Oficiales y Servicio de Impresiones para la Administración Pública" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" percibirán una compensación mensual líquida de N$ 2.000.00 (nuevos pesos dos mil) que se incluirá en el respectivo renglón presupuestal.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a partir del 1º de marzo de 1985.

Art. 24. - Exclúyese de la nómina de cargos políticos contenida en el artículo 90 del Decreto-Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983 el cargo de Director del Instituto Nacional de Pesca (INAPE).

Declárase de particular confianza el cargo de Director del Instituto Nacional de Pesca, el que quedará comprendido en lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, con una retribución equivalente a la de los demás directores de Programa del Inciso 7.

Declárase cargo de particular confianza el de Director Nacional de Trabajo y se incluye en la nómina establecida en el artículo 145 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, haciéndose extensivo a dicho cargo los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley Nº 13.586, de 13 de febrero de 1967 y demás normas concordantes.

Art. 25. - Modifícase el artículo 119 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes al Código Bh, Grados 1 al 7, comprendidos en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Nº 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y disposiciones complementarias, modificativas y concordantes, podrán renunciar al régimen de Didicación Total mediante autorización expresa del Poder Ejecutivo durante los períodos de adscripción de Cancillería, siempre y cuando las tareas ajenas a las cumplidas en esa Secretaría de Estado, no sean incompatibles por las funciones desempeñadas en ella y se ajusten al horario de trabajo de la misma.

Asimismo, dejarán de percibir la compensación complementaria derivada de dicho régimen".

Art. 26. - Derógase el artículo 280 del Decreto-Ley Nº 14.416, de fecha 28 de agosto de 1975.

En caso de estar ocupados los cargos a que se refiere dicha disposición, la supresión del carácter de particular confianza se hará efectiva al vacar.

Art. 27. - El 5% (cinco por ciento) de comisión establecido por el Inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 9.892, de 1º de diciembre de 1939, alcanzará a todos los funcionarios que recauden por concepto de prestaciones en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública. En el caso de que la recaudación se realice como consecuencia de la intervención de los Inspectores de la División de Usuarios y Recaudación, la comisión se repartirá por partes iguales entre el funcionario recaudador y el funcionario inspector.

Esta comisión se liquidará con cargo a los Proventos recaudados.

Art. 28. - Créanse en el Programa 1.04 "Asesoramiento y Contralor Intermitente" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" ocho cargos de Inspector AaA Grado 04 (abogado, contador o escribano) y veintidós cargos AcC Grado 09, Inspector VI, Especializado.

Disminúyase en un importe equivalente al costo de las creaciones precedentes, los renglones correspondientes a las actuales contrataciones zafrales.

CAPITULO VI
Disposiciones Varias

Artículo 29. - Las asignaciones autorizadas en los presupuestos de los Organismos que integran el Sector Público no obligan a la realización de los correspondientes gastos, los cuales se efectuarán en la medida que lo exijan los programas, proyectos y actividades a que estén destinados, así como la efectiva disponibilidad de fondos.

Art. 30. - A los efectos de mantener el equilibrio presupuestario el Ministerio de Economía y Finanzas, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación establecerá un sistema de cuotas periódicas de asignación de fondos, que habrá de organizarse en base al preventivo de caja y a la programación de la ejecución de desembolsos que deben ser realizados para el cumplimiento de los respectivos programas, proyectos y actividades.

Art. 31. - A partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial modifícase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 2º. - El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos que por cualquier naturaleza perciban las Unidades Ejecutoras comprendidas en los Incisos 2 al 26 del Presupuesto Nacional deberá ser depositado en la cuenta Tesoro Nacional existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y Tesorería General de la Nación, individualizando el concepto del recurso respectivo".

Art. 32. - Los Bancos depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior, dentro de los treinta días de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial deberán verter en la cuenta Tesoro nacional el 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de los saldos calculados al primer día de cada mes desde el 1º de junio hasta la fecha de publicación de esta ley.

Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 2 al 26 que tuvieren fondos de los indicados deberán depositarlos en la misma cuenta y dentro del mismo plazo, así como presentar a la Contaduría General de la Nación una relación de los compromisos contraídos y no pagados con cargo a los fondos mencionados. Esta última procederá a habilitar los créditos respectivos para abonar los correspondientes obligaciones que estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, con la modificación establecida por el artículo 32 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978.

Art. 33. - En lo que se refiere al régimen establecido por los artículos 31 y 32 precedentes, regirá lo preceptuado en los artículos 4 al 11 del Decreto-Ley número 14.867, de 24 de enero de 1979.

Art. 34. - A efectos de regularizar Anticipos de Tesorería efectuados hasta el 28 de febrero de 1985, increméntase a partir del presente ejercicio, los créditos del Inciso 5, Ministerio de Economía y Finanzas, que se establecen a continuación:

a) Renglón 0.6.1.-301 de los siguientes Programas:

-1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" - N$ 900.000,00 (nuevos pesos novecientos mil).

-1.06, "Recaudación de Tributos" - N$ 6:000.000,00 (nuevos pesos seis millones).

b) Renglón 0.6.1.-302 del siguiente Programa:

-1.06, "Recaudación de Tributos" - N$ 600.000,00 (nuevos pesos seiscientos mil) para atender pagos a funcionarios que por razones de servicio deban actuar en tareas que impliquen cambios de su domicilio habitual.

c) Renglón 0.6.1.-303 de los siguientes Programas:

- 1.01, "Administración de la Política Económica Financiera" - N$ 7:000.000,00 (nuevos pesos siete millones).

-1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Interna del Estado" - N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" - N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.05, "Servicios de Pagaduría de la Administración Central" - N$ 596.000,00 (nuevos pesos quinientos noventa y seis mil).

d) Rubro 3 del siguiente Programa:

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" - N$ 1:000.000,00 (un millón) para el pago de viáticos.

Art. 35. - Increméntase en N$ 12:940.000,00 (nuevos pesos doce millones novecientos cuarenta mil) a partir del 1º de enero de 1985 el crédito del Renglón 0.6.1.-304 "Funciones distintas a las del cargo" del Programa 1.06 "Recaudación de Tributos" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas".

Este crédito se utilizará para atender las diferencias de retribuciones generadas desde el 1º de enero de 1985 por el desempeño de las funciones de Encargado de Unidad y de Encargado de Sector en la División General Impositiva, que hasta la vigencia de la presente ley, se abonarán con cargo a otro Renglón.

Art. 36. - Asígnase a los Programas 1.01 "Administración de la Política Económica y Financiera" y al 1.02 "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" una partida de N$ 3:000.000,00 (nuevos pesos tres millones) y N$ 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones) respectivamente para atender las erogaciones que demande la elaboración del Presupuesto Nacional.

Estas partidas serán utilizadas para solventar pago de horas extras efectivamente realizadas, adquisición de materiales y suministros, y todo otro gasto directamente vinculado a la formulación presupuestaria.

La parte no utilizada de las referidas partidas a la finalización de las tareas presupuestales, se verterá a Rentas Generales.

Art. 37. - Modifícase el Inciso 1º del artículo 157 de la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘ARTICULO 157. - Autorízase a la Dirección General Impositiva a efectuar la impresión y venta de publicaciones y formularios que se utilicen para información, liquidación y pago de los impuestos que recauda. El precio de venta lo fijará el Ministerio de Economía y Finanzas y estará determinado por el costo de dichos impresos, de acuerdo a la información que en tal sentido proporcione la Dirección General Impositiva’.

Art. 38. - Derógase el artículo 60 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 39. - La totalidad de los fondos percibidos de contribuyentes por concepto de costos de los Curiales de la Dirección General Impositiva de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 378 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960; 117 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y modificativas, no distribuidos, así como los que por los mismos conceptos se perciban en el futuro, pasarán a integrar el crédito del Renglón 0.6.1.-303, "Primas por Eficiencia", correspondientes a esa Unidad Ejecutora, creado por el artículo 4º del Decreto-Ley número 15.167, de 6 de agosto de 1981. Su distribución se efectuará de acuerdo a lo establecido por dicha norma y sobre las bases que determine la reglamentación.

Art. 40. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 76 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

‘c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro de los efectos personales, muebles, libros y demás enseres de casa y familia, incluidos los gastos de despacho como asimismo del flete, por exceso de equipaje, cuando el transporte se realice por vía marítima, fluvial o terrestre, dentro de la siguiente escala:

Hasta 18 metros cúbicos por el funcionario;

hasta 8 metros cúbicos por su cónyuge;

hasta 3 metros cúbicos por cada uno de los demás miembros de la familia.

Cuando el viaje se efectúe por vía aérea, se abonará por concepto de exceso de equipaje además de los gastos mencionados el importe de hasta 20 kilogramos por el Jefe de Misión y 10 por cada uno de los miembros de su familia.

Cuando el flete sea calculado total o parcialmente por peso y no por volumen, se compensará a razón de 200 kilogramos por metro cúbico’.

Art. 41. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 por el siguiente:

‘c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro en las condiciones establecidas en el apartado c) del artículo anterior, reduciendo el volumen correspondiente al funcionario a un máximo de 10 metros cúbicos’.

Art. 42. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar un seguro colectivo de asistencia médico-hospitalaria válido para todos los países, en beneficio de los funcionarios y de su núcleo familiar pertenecientes a los escalafones Bh, AaA y Ab, mientras presten servicios fuera de la República.

Art. 43. - Increméntase el Renglón 0.6.1.-301 en N$ 2:500.000,00 (nuevos pesos dos millones quinientos mil) para el pago de horas extras a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de atender el funcionamiento de los Consejos de Salarios.

Asígnase al Programa 1.01 "Administración General" del Inciso 04 Ministerio del Interior una partida por una sola vez por un monto de N$ 3:870.450,00 (nuevos pesos tres millones ochocientos setenta mil cuatrocientos cincuenta) para compensar las tareas especiales de los Jefes de Policía de la República.

Art. 44. - Créase en los Programas que se establecen a continuación partidas por una sola vez, con destino al Renglón 0.6.1 derivado 301 "Retribuciones Adicionales por trabajo en Horas Extras" por los siguientes importes:

En el actual Inciso 14 "Ministerio de Justicia":

- Programa 1.01 "Administración y supervisión general y servicios administrativos de apoyo al Poder Judicial" N$ 36:683.555,00 (nuevos pesos treinta y seis millones seiscientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco);

- Programa 1.04 "Ministerio Público y Fiscal" nuevos pesos 7:280.968,00 (nuevos pesos siete millones doscientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho).

- Programa 1.05 "Servicios Conexos con la Administración de Justicia" N$ 9:573.422,00 (nuevos pesos nueve millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos veintidós).

En el actual Inciso 16 "Poder Judicial":

- Programa 1.01 "Justicia Ordinaria" (Secretarios Actuarios) N$ 7:153.094,00 (nuevos pesos siete millones ciento cincuenta y tres mil noventa y cuatro);

- Programa 1.02 "Justicia Administrativa" N$ 268.487 (nuevos pesos doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete) (Secretarios y Actuarios).

CAPITULO VII
Normas Tributarias

SECCION 1

Artículo 45. - Sustitúyese el artículo 2º del Título 1 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 2º. - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de tales explotaciones o de la tenencia de inmuebles no explotados".

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 46. - Sustitúyese el artículo 4º del Título 1 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 4º. - Quedan derogadas para este impuesto todas las exoneraciones genéricas de tributos establecidos a favor de determinadas personas, entidades o actividades, excepto las consagradas por la Ley Nº 13.723, de 16 de diciembre de 1968 y sus modificativas.

Los socios, directores de sociedades contribuyentes, los condóminos, los directores de asociaciones y fundaciones serán solidariamente responsables del pago del impuesto’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 47. - Sustitúyese el artículo 8º del Título 1 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 8º. - El monto imponible resultará de sumar los ingresos gravados correspondientes a las explotaciones de cada titular’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 48. - Sustitúyese el artículo 18 del Título 1 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 18. - El presente impuesto se aplicará anualmente a los ejercicios iniciados el 1º de julio de cada año y cerrados el 30 de junio del año siguiente. El primer ejercicio comenzará el 15 de octubre de 1984’.

Art. 49. - Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 3º (Sujetos Pasivos). - Serán sujetos pasivos las sociedades con o sin personería jurídica, los condominios, las personas físicas, las asociaciones y las fundaciones, en cuanto sean titulares de rentas comprendidas’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 50. - Sustitúyense los artículos 6º y 8º del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por los siguientes:

‘ARTICULO 6º (Renta bruta de semovientes). - La renta bruta pecuaria resultará de deducir a las ventas netas las compras del ejercicio y las variaciones físicas operadas en cada categoría, avaluadas a precio de fin de ejercicio, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

La existencia de semovientes no se tendrá en cuenta para la aplicación del cálculo del ajuste por inflación’.

‘ARTICULO 8º (Valuación de inventarios). - Las existencias de semovientes se computarán por el valor en plaza que establecerá la Administración teniendo en cuenta los precios corrientes’.

La presente sustitución regirá a partir del 15 de octubre de 1984.

Art. 51. - Sustitúyese el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 15.646, de 11 de octubre de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 10. (Documentación). - Las operaciones que generan rentas gravadas deberán documentarse mediante facturas o boletas numeradas correlativamente, que deberán contener impresos el pie de imprenta, el número de inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, anotándose en ellas los bienes entregados o servicios prestados, la fecha e importe de la operación y la identificación del adquirente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar el monto de ingresos anuales por debajo del cual los contribuyentes estarán eximidos de la obligatoriedad de documentar sus operaciones.

Asimismo podrá autorizar a omitir la facturación de las ventas cuando exista documentación oficial de las operaciones y en los casos que establezca’.

Art. 52. - Facúltase al Poder Ejecutivo a exigir a los contribuyentes del Impuesto a las Rentas Agropecuarias el certificado único del artículo 21 del Título 9 del T.O. 1982, así como a instrumentar sistemas de control mediante la intervención de otras oficinas estatales en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 53. - Sustitúyese el literal C) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘C) La asistencia técnica prestada a los sujetos pasivos de este impuesto por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Dichas rentas estarán exentas en el caso que se hallen gravadas en el país del domicilio del titular y que no exista crédito fiscal en el mismo, por impuesto abonado, en el país receptor de la asistencia técnica.

La reglamentación establecerá las condiciones en que operará la presente exoneración’.

Art. 54. - Agrégase al artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

‘D) Dividendos o utilidades acreditados o pagados por los sujetos pasivos de este impuesto a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Dichos dividendos o utilidades estarán exentos en el caso que se hallen gravados en el país del domicilio del titular y que no exista crédito fiscal en el mismo, por impuesto abonado en el país.

La reglamentación establecerá las condiciones en que operará la presente exoneración’.

Art. 55. - Sustitúyese el artículo 5º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 5º. - Serán sujetos pasivos:

A) Las sociedades con o sin personería jurídica.

B) Los titulares de empresas unipersonales. Se considera empresa la que desarrolla actividades con fines de lucro, que se manifiesten por la organización del capital y del trabajo a través de una unidad económico-administrativa.

C) Las asociaciones y fundaciones cuando realicen actividades gravadas, excepto por las que puedan haber determinado su inclusión en el artículo 1º del Título 11 del T.O. 1982’.

Art. 56. - Agrégase al artículo 8º del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

‘I) Los intereses fictos, que determine el Poder Ejecutivo, por préstamos o colocaciones, los que no podrán superar las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusulas de reajuste. Quedan excluidas de la presente norma las cuentas particulares de los socios.

Facúltase al Poder Ejecutivo a no aplicar lo establecido precedentemente en el caso de préstamos realizados al personal".

Art. 57. - Sustitúyese el literal N) del artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘N) Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores siempre que no hayan transcurrido más de dos años a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la pérdida, actualizadas por la desvalorización monetaria calculada en la forma que determine la reglamentación y en los porcentajes establecidos en el artículo 22 de este Título’.

La presente disposición regirá para ejercicios fiscales cerrados a partir de la vigencia de esta ley.

Art. 58. - Agrégase al artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

‘Ñ) Los arrendamientos de inmuebles, intereses y contraprestaciones por avales, dentro de los límites que establezca la reglamentación’.

Art. 59. - Derógase el literal E) del artículo 25 del Título 2 del T.O. 1982.

Art. 60. - Agrégase al artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, los siguientes literales:

"e) Las asociaciones y fundaciones cuando realicen actividades gravadas con la utilización conjunta de capital y trabajo, excepto por las que puedan haber determinado su inclusión en el artículo 1º del Título 11 del T.O. 1982’.

Art. 61. - Sustitúyese el literal J) del artículo 13, Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘J) Bienes destinados a utilizarse en la producción agropecuaria y materias primas para su elaboración. Esta exoneración regirá únicamente para aquellos bienes y materias primas que expresamente establezca el Poder Ejecutivo, con las condiciones y formalidades que éste exija’.

Art. 62. - Agrégase al artículo 3º del Título 7 del T.O. 1982, el siguiente inciso:

‘Las asociaciones y fundaciones cuando realicen actividades gravadas excepto por las que puedan haber determinado su inclusión en el artículo 1º del Título 11 del T.O. 1982’.

Art. 63. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción del Impuesto Específico Interno.

Art. 64. - Derógase desde su vigencia el artículo 34 del Título 8 del T.O. 1982.

Art. 65. - Agréganse al artículo 9º del Título 8 del T.O. 1982, los siguientes incisos:

‘Los contribuyentes deberán declarar los bienes situados en el exterior cuando se declaren pasivos, ya sea en el país o en el exterior.

Sólo se admitirá deducir como pasivos, las deudas contraídas con acreedores domiciliados en el país.

Dichas deudas deberán en primer término ser absorbidas por las diferencias de activos y pasivos del exterior y en caso de existir excedentes de activos en el exterior, una vez absorbidos éstos, serán admitidas como pasivo.

En caso de existir bienes gravados, bienes exentos y bienes mencionados en el artículo 8º el pasivo resultante de acuerdo a lo que surge de los incisos precedentes, se computará por la parte proporcional al activo gravado.

Esta disposición regirá para ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1984 inclusive’.

Art. 66. - Sustitúyese el artículo 13 del Título 8 del T.O. 1982, por el siguiente:

‘ARTICULO 13. - El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior sin sucursal, agencia o establecimiento y los activos destinados a la explotación comercial e industrial, se avaluarán en lo pertinente por las normas que rijan para el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Cuando existan activos en el exterior, se computará como pasivo el importe que exceda el valor de dichos activos.

En caso de tener otros bienes exentos de este impuesto o de los mencionados en el artículo 8º, el pasivo resultante se computará por la parte proporcional al activo gravado. A los efectos de esta proporción no se incluirán los activos en el exterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de las distancias de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

El activo de las sociedades personales y en comandita por acciones, titulares de explotaciones agropecuarias, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de este Título’.

La presente sustitución regirá para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1985.

Art. 67. - Fíjase en el 2.80% (dos con ochenta por ciento) la tasa prevista en el numeral 2º del artículo 30 del Título 8 del T.O. 1982, para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1985.

Art. 68. - Derógase el inciso 1º del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Esta derogación regirá a partir del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1984 inclusive.

Art. 69. - Sustitúyese el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984, por el siguiente:

‘ARTICULO 4º. - Grávase la venta de moneda extranjera cuando la contraprestación fuera contratada en moneda nacional y de metales preciosos que realicen el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay, los bancos privados, las casas financieras, las casas de cambio y las cooperativas de ahorro y crédito, quienes serán los contribuyentes del impuesto.

Asimismo, serán contribuyentes quienes se encuentren comprendidos en el literal A) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, por aquellas ventas que sean realizadas a quienes no se encuentren mencionados en el inciso anterior.

En las operaciones de cambio futuro, el tributo se liquidará cuando venzan los plazos pactados con independencia del cumplimiento del contrato.

No estarán gravadas las operaciones de arbitrajes y la venta de metales preciosos cuando la contraprestación se efectúe en dichos metales’.

Art. 70. Fíjase en el 1.5% (uno y medio por ciento) la tasa a que hace mención el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984.

SECCION 2

Artículo 71. - Podrá constituirse a favor del Estado y demás personas públicas, estatales y no estatales, prendas sin desplazamiento sobre los bienes comprendidos en los artículos 3º de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918 y 2º de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928 y en general sobre cualesquiera bienes muebles propios del contribuyente, responsable o tercero, en garantía de obligaciones tributarias, incluso sanciones pecuniarias.

Art. 72. - Serán aplicables a las prendas a que se refiere el artículo anterior, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 5º a 9º, 10 en la redacción dada por el artículo 42 del Decreto-Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1977, 11 a 23 de la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918 y los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928.

Art. 73. - En los casos de concordatos, quiebras, concursos y moratorias y de liquidaciones judiciales de sociedades anónimas, la Dirección General Impositiva no estará obligada a aguardar sus resultas para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos fiscales (artículos 1.737 del Código de comercio y 2.381 del Código Civil).

Art. 74. - Modifícase el artículo 91 del Código Tributario, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘La Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos fiscales que resulten de las resoluciones firmes por las que se determinen tributos o se impongan sanciones. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de dichas resoluciones y los documentos que de acuerdo con la legislación vigente tengan esa calidad. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución. También constituirán título ejecutivo, sin necesidad de diligencia judicial de reconocimiento de firma, las declaraciones a que se refiere el artículo 63 de este Código, por el importe de los tributos en ella liquidados, sin perjuicio de las diferencias que puedan corresponder respecto a la deuda realmente generada y las infracciones que se hubieran cometido en los períodos declarados.

En los juicios ejecutivos por cobro de obligaciones tributarias no será necesario la intimación de pago prevista en el inciso 6º del artículo 53 de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965 y sólo serán notificados personalmente el auto que cita de excepciones y la sentencia de remate. Todas las demás providencias y actuaciones se notificarán por nota.

Sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad del acto declarado en vía contencioso - administrativa, extinción de la deuda y las previstas en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil.

Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan discordancias entre el mismo y los antecedentes administrativos en que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva, cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio. El procedimiento se suspenderá a pedido de parte:

A) Cuando al ser citado de excepciones el ejecutado acredite que ha interpuesto la acción de nulidad contra la resolución que se pretende ejecutar. Vencido el plazo para interponer la acción de nulidad, sin que se hubiera interpuesto o una vez ejecutoriada la sentencia pertinente, se citará nuevamente de excepciones a pedido de parte.

B) Cuando se acredite que la Administración ha concedido espera al ejecutado.

C) Cuando se acredite que el ejecutado ha solicitado la determinación de los tributos comprendidos en la declaración que se ejecuta, de conformidad con lo previsto en la parte final del inciso segundo del artículo 64 de este Código’.

‘Tampoco podrán presentarse luego que la Administración haya promovido juicio ejecutivo de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 91 de este Código, sin perjuicio del derecho del contribuyente a solicitar a aquélla la determinación de los tributos comprendidos en la declaración en cuestión’.

Art. 76. - Las actuaciones administrativas tendientes a la determinación de tributos de competencia de la Dirección General Impositiva deberán dirigirse al conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como generadores de la obligación.

Art. 77. - Cuando el sujeto pasivo no proporcione los elementos de juicio necesarios para una determinación sobre bases ciertas y directas de la obligación tributaria, deberá inducirse su existencia y cuantía sobre base presunta, mediante cualquiera de las presunciones a que se refiere esta ley, que sólo dejarán de aplicarse si mediare prueba en contrario a cargo de aquél.

En todo caso subsistirá la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

La determinación a que se refiere este artículo no podrá ser impugnada en vía jurisdiccional fundándose en hechos que el contribuyente no haya puesto en conocimiento de la Administración en las oportunidades que las normas vigentes le conceden para evacuar vistas y ofrecer descargos y/o probanzas, hasta el agotamiento de la vía administrativa.

En sede contencioso - anulatoria, los hechos no alegados o probanzas no aportadas en vía administrativa sólo serán admisibles, justificando sumariamente que fueron conocidos u obtenidos por el actor con fecha posterior a la resolución expresa o ficta que mantuvo el acto procesable ante el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo.

Art. 78. - La determinación administrativa sobre base presunta se fundará en:

A) Coeficientes establecidos por la Administración, que se aplicarán sobre, total de compras o ventas realizadas, total de sueldos y jornales, consumos de energía eléctrica u otros insumos representativos que se relacionen con las actividades del contribuyente cuyos resultados promediales podrán ser aplicados sobre las operaciones declaradas o registradas en todo el período fiscalizado.

Si la Dirección General Impositiva lo considera más representativo podrá ajustar las operaciones del período fiscalizado en base al índice de precios al consumo elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos.

B) Por el resultado de promediar el monto de las operaciones controladas por la Dirección General Impositiva en no menos de cinco días de actividad normal continuos o altenados de un mismo mes, multiplicados por el total de días hábiles comerciales, que representarán las operaciones presuntas de ese mes.

Si el control mencionado se efectuará en no menos de cuatro meses continuos o alternados, el promedio se considerará suficientemente representativo y podrá aplicarse a los resultados de hasta dos ejercicios.

C) Cuando se compruebe una o más operaciones no documentadas, se podrá determinar el monto total proporcionando el importe documentado más el comprobado a las operaciones registradas en los días en que se realizaron las mismas. El porcentaje así determinado podrá aplicarse a todo el período inspeccionado.

D) Las diferencias físicas en más o menos, fiscalmente avaluadas, comprobadas en el inventario y que se considerarán renta neta gravada en los impuestos que gravan las rentas, operaciones comprendidas en los impuestos que gravan la circulación de bienes y prestación de servicios o activo computable en los impuestos que gravan al patrimonio.

E) En controles que se practiquen sobre bienes que representan por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del inventario registrado o declarado, en cuyo caso las diferencias constatadas podrán generalizarse porcentualmente a los inventarios comprendidos en el período fiscalizado para el cálculo de oficio de los impuestos correspondientes.

F) En series estadísticas establecidas por la Administración en carácter general para grupos de contribuyentes o actividades análogas.

G) En cualquier otro hecho o circunstancia debidamente comprobado que normalmente estuviere vinculado o tuviera vinculación con el hecho generador.

En todos los casos deberá fundamentarse en forma circunstanciada la aplicación del criterio presuntivo a la situación de hecho.

Art. 79. (Tasa de Contralor). - Créase una tasa de contralor legal que deberá pagar toda sociedad anónima que sea autorizada a funcionar a partir de la vigencia de la presente ley.

Dicha tasa se calculará sobre el capital autorizado de las sociedades anónimas y tendrá una alícuota del 1% (uno por ciento).

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de liquidación y pago de esta tasa.

Art. 80. - Agrégase el siguiente literal al numeral 2) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982:

"F) Las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia vinculadas con la salud de los seres humanos. Esta exoneración regirá únicamente para aquellos servicios que establezca el Poder Ejecutivo".

Art. 81. - Comuníquese, publíquese, etc.

Luis Mosca, Carlos Manini Ríos, Enrique Iglesias, José María Robaina Ansó, Adela Reta, Jorge Sanguinetti, Carlos Pirán, Hugo Fernández Faingold, Raúl Ugarte, Roberto Vázquez Platero.

Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto.

Carp. Nº 252/85 - Anexo I al Rep. Nº 97

CAPITULO I - Rendición de Cuentas 1984
CAPITULO II - Funcionamiento
CAPITULO III - Inversiones
CAPITULO IV - Subsidios y Subvenciones
CAPITULO V - Normas sobre funcionarios
CAPITULO VI - Disposiciones varias
CAPITULO VII - Normas tributarias

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Hacienda, integrada con la de Presupuesto, tiene el honor de someter a la consideración del Cuerpo esta primera Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, presentada al Parlamento de la República en cumplimiento de lo que ordenan las disposiciones constitucionales, por el gobierno democrático electo por el pueblo el último domingo de noviembre de 1984.

CAPITULO I
Rendición de Cuentas 1984

La misma supone el primer esfuerzo común de los muchos que a lo largo de este período legislativo tendrán que realizar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para corregir un conjunto de anomalías en el manejo de la Hacienda Pública.

Ella preanuncia las tareas comunes a encarar en el futuro, el Presupuesto General de Gastos, Sueldos e Inversiones y las sucesivas Rendiciones de Cuentas, que deberán encuadrarse dentro de límites y objetivos que supongan:

a) una firme política de equilibrio fiscal, que sea a la vez el más poderoso mecanismo de contención inflacionaria, y una de las defensas más eficaces del poder adquisitivo de salarios y pasividades, tanto como causa suficiente de estímulo al ahorro interno;

b) una limitación adecuada al porcentaje, del producto bruto interno que absorba el Estado en su gestión;

c) una equilibrada y selectiva política de inversiones que posibilite la efectiva modernización del país, en aquellas áreas seleccionadas como las que más rápidamente y mejor respondan a esa impostergable necesidad.

Se reconoce en primer término, por esta Rendición de Cuentas, la existencia de un déficit al cerrar el Ejercicio de 1984 igual al 36.2% del total de los egresos.

El mismo surge de un total de egresos del orden de N$ 70.907:477.338,50, frente a ingresos por valor de N$ 44.510:563.682,70 y para su financiación se autoriza la emisión de deuda pública por igual valor al déficit señalado en las condiciones que se establecen en el artículo 3º del proyecto de ley sometido a consideración del Cuerpo y por una cantidad de N$ 25.690:575.684,10.

Este déficit proviene, no solamente de los gastos de funcionamiento establecidos en las normas vigentes en la fecha sino que a él se suman, gastos sin imputación pendientes de pago, anticipos sin crédito presupuestal, partidas a regularizar de ejercicios anteriores, y déficit de otros organismos estatales.

Es dable destacar que el rubro más importante de la cuenta "Erogaciones" está constituido por los servicios de deuda pública, que se elevan a nuevos pesos 19.496:485.171,40; N$ 2.000: (nuevos pesos dos mil millones) más de lo que se abona por concepto de retribuciones personales, y N$ 8.000: (nuevos pesos ocho mil millones) más de todo lo que se gasta en funcionamiento de la Administración Central, más los aportes a organismos del Art. 220 de la Constitución y otras subvenciones.

Asimismo el capítulo servicios de deuda es sensiblemente mayor en N$ 6.000:000.000 (nuevos pesos seis mil millones) a lo que la Tesorería aporta a la Seguridad Social, como asistencia anual.

Asimismo, el capítulo servicios de deuda es sensiblemente mayor en N$ 6.000:000.000 (nuevos pesos seis mil millones) a lo que la Tesorería aporta a la Seguridad Social, como asistencia anual.

Cabe anotar que este abultado déficit de ejecución presupuestal se da, pese a que en el año 1984, en términos reales, las erogaciones no variaron más que un 0.7%, con respecto al año 1983, y estas fueron menores en un 18.8% con respecto al año 1982.

Aquí es necesario precisar que en valores reales la única erogación que señala un subido aumento en el Ejercicio 1984 con respecto al anterior, se apunta en el rubro correspondiente a los servicios de deuda siendo el aumento porcentual del mismo sobre el ejercicio anterior, del orden del 55.2%.

Para mejor conocer la evolución de las finanzas públicas, conviene señalar que este -en términos reales- igual monto de las erogaciones globales, importó una disminución del orden del 13.1% en el volumen total de sueldos pagados; y una pérdida -siempre en valores reales de 1982- del 8.3% en el renglón beneficios sociales.

La misma situación en cuanto a las inversiones realizadas por el Estado, que se vieron disminuidas en términos reales de 1982, en un 19.7%.

Todos estos guarismos, de por sí suficientemente demostrativos del estado de la Hacienda Pública, bueno es que se consideren a la luz de la información global, que es de conocimiento público, pero que cabe consignar aquí, aunque sea en términos esquemáticos.

A - Producto Interno - Ingreso - Gastos.

-En los últimos tres años el PBI sufrió una caída del orden del 15.5%, y del 17.2% en términos por persona.

-En las variables por persona el ingreso bruto del año 1984 es un 23.7% inferior al de 1981 y un 7.6% menor que el de 1973.

Se advierte además un desmedido crecimiento del sector del producto interno y del ingreso nacional tomado por el consumo público, que se ha incrementado en un 32.4% con respecto a 1973.

-El consumo privado cayó pues, en estos últimos tres años, en un 22.4% y es un 7% menos que el que registraba en el año 1973.

-En cuanto a la inversión, su caída es más abrupta, sólo llegó a un 45% de la de 1981.

El Poder Ejecutivo sostiene en su informe, que en estos tres años, el país se empobreció fuertemente, y se han establecido las bases -agrega- para un proceso autosostenido de debilitamiento del sistema económico, y por ende, el origen de un grave deterioro en los niveles de vida de la población.

-El desempleo, alcanzó en estos tres años, tasas históricas, 18% en 1983, marzo, 14% al comienzo del año 1985.

B - Finanzas Públicas y Empresas del Estado

Esta situación arriba documentada, supone la existencia de dos modalidades del déficit. Una constituida por la imposibilidad del aparato económico nacional de solventar con los recursos naturales originados en su operación, las necesidades del Estado, y la otra que recae sobre el formidable endeudamiento externo, utilizado como forma de atender el increíble y nunca conocido déficit estatal, que alcanzó en términos de porcentaje sobre el PBI la cifra récord de un 18% en 1982.

Esta magnitud, intolerable para nuestra economía, consecuencia de la absurda política de mantener artificialmente el valor de la moneda -más conocida como el régimen de la tablita- determinó además del endeudamiento, que es público, la adquisición de carteras bancarias, y una gruesa transferencia de recursos al Banco Hipotecario, desde el Banco Central.

El déficit total del sector público se redujo en 1983 al 12.9% y en 1984 al 9.5% del PBI.

Estos ajustes, realizados a partir de 1983, se operaron sobre la base de la contracción de los ingresos, de la disminución de la inversión y del aumento de los impuestos, lo que actuó sobre la globalidad del sistema como un factor altamente recesivo, aunque la causa del referido ajuste estuviera signada por la imposibilidad absoluta de mantener el porcentual del déficit sobre el PBI del año 1982.

El financiamiento del año 1984 se realizó por la vía de nuevas emisiones de Bonos y Letras y por la de encajes obligatorios a los bancos, medida esta última totalmente coyuntural.

C - Sector Externo

Conocida es la evolución de la balanza comercial y sus locos déficit de los años 1979/81, basada en la ficción del tiempo económico más dirigista que ha conocido la República, atado a la fijación arbitraria del valor de la moneda y con ello al de todas las variables económicas del sistema.

La deuda externa -por su parte- que en 1973 estaba situada en U$S 720: (dólares americanos setecientos veinte millones), pasó de U$S 2.100: (dólares americanos dos mil cien millones) en 1981 a la escalofriante suma de U$S 4.255: (dólares americanos cuatro mil doscientos cincuenta y cinco millones) en tan solo dos años (1982 - 1984).

Estos guarismos determinan que los pagos al exterior por concepto de deuda externa en los años 1985 y siguientes sean del orden de los 463, 486, 570 y 526 millones de dólares anuales, respectivamente.

Estas cantidades son imposibles de cumplir con los recursos nacionales y ellas exigen la refinanciación adecuada que el Gobierno de la República está negociando en el exterior.

D - Moneda y Crédito

Todas estas circunstancias determinaron una quasi dolarización de la economía.

Los depósitos en moneda nacional se habían reducido a marzo de 1985 en un 37% en términos reales.

Importante disminución sufrió también el crédito en moneda nacional, que en términos reales alcanzó al 54% en estos últimos tres años, del nivel anterior.

También disminuyeron los créditos en moneda extranjera, al tiempo que los pasivos bancarios, de retorno cada vez más pesados crecieron desde 1981 en 5.7 veces.

E - Precios - Ingresos

Los precios sufrieron en primer término la artificiosidad de la tablita, que redujo la inflación a un 20.5 por ciento; la estampida provocada por su ruptura, y la no total adecuación a un régimen más libre, cuando como es notorio y por motivos políticos, para crearle aún mayores dificultades al régimen democrático, no se ajustaron los precios y tarifas públicas en el último período del proceso.

Otro tanto de negativo sucedió en cuanto al salario real, que cayó primero desde 1973 a 1978 en un 25.6%, deterioro que se retoma, luego de un breve período de mejoría, a partir de 1982.

Tomando globalmente el período 1973/1984 la pérdida fue de un 32%.

A esta reducción en el salario real, se le sumó en los últimos dos años, un notorio aumento de la desocupación, de la sub-ocupación y de la pérdida de jornadas de trabajo debido a la paralización parcial de las actividades industriales.

El cuadro resumido de la situación económica y financiera arriba expuesta, ubica a este Cuerpo en el momento crucial en el que se encuentra la República y de cómo, a través de la acción legislativa, el parlamento, sumando sus esfuerzos a los del Poder Ejecutivo, y a los de la Nación toda, puede a través del adecuado manejo de las políticas que se delinean en las Rendiciones de Cuentas y fundamentalmente se establecerán en el Presupuesto Nacional y otras leyes, atender al mejoramiento de esta situación, comenzando por la imprescindible tarea de reconocer la realidad en que vivimos, cosa que en materia de Hacienda Pública se hace en el proyecto de ley que ésta, vuestra Comisión de Hacienda integrada con miembros de la de Presupuesto, aconseja al Cuerpo sancionar.

CAPITULO II
Funcionamiento

Artículos 4º y 5º. - La suma indicada se obtiene de la actualización de las partidas del año 1984, con un ajuste inflacionario del 70%.

Supone, en términos reales, una reducción de las partidas del 30% en el Ministerio de Defensa, 10% en el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores; y un aumento de Salud Pública en un 12% y Educación en un 10%.

No comprende ni servicios, ni suministros, sólo gastos.

Se asignan partidas de gastos a los organismos del artículo 220 de la Constitución en la cantidad acordada por éstos y al Ministerio de Economía y Finanzas y se distribuyen los recursos del ex Ministerio de Justicia.

Art. 6º. - No se toman en cuenta por este año los dos primeros duodécimos.

Art. 7º. - Dispone la transferencia de un programa situado en el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior.

Art. 8º. - Se faculta a la Suprema Corte de Justicia a articular debidamente los rubros que se le transfieren del ex Ministerio de Justicia.

CAPITULO III
Inversiones

Artículo 9º. - Se recoge lo dispuesto por incisos y en el monto fijado por el Poder Ejecutivo en el decreto de fecha junio de 1985.

Art. 10. - Las inversiones aquí referidas fueron solicitadas y acordadas entre el Ministerio de Economía y los organismos del artículo 220 de la Constitución; para atender necesidades impostergables de los servicios.

Art. 11. - Se refiere al cumplimiento de contratos vigentes y en algunos casos de obras ya iniciadas.

CAPITULO IV
Subsidios y Subvenciones

Artículos 12, 13 y 17. - Se autoriza en acuerdo con las Intendencias, el monto de los aportes del Tesoro Central a las mismas, asimismo se asumen las deudas pendientes por el aporte patronal impagas hasta el Ejercicio 1985, siendo que por el Art. 16, se restablece que los aportes patronales serán de cargo de los Gobiernos Departamentales.

Arts. 14, 15 y 16. - Se fijan subsidios y aportes a distintos organismos y se adjudican rubros, por una sola vez, con destino al plan de emergencia nacional.

CAPITULO V
Normas sobre funcionarios

Artículo 18. - Se ajustan los beneficios por matrimonio y nacimiento, y se crea una mecánica para su ajuste automático.

Art. 19. - Se recogen normas fijadas por decreto para las remuneraciones de distintos cargos, con carácter provisorio, hasta que se dicten normas definitivas en el Presupuesto Nacional de Sueldos.

Art. 20. - Se crea un mecanismo permanente para la fijación de la remuneración de los miembros del Directorio de CONAPROLE.

Art. 21. - Se refiere a la facultad de conservar su cargo durante cinco años a funcionarios en ejercicio de funciones de particular confianza.

Art. 22. - Se protegen los derechos de funcionarios que fueron ascendidos durante el tiempo en que estuvo vigente la Ley Especial Nº 7 o que no aceptaron los cargos de confianza y optaron por la carrera administrativa, durante la vigencia del referido decreto-ley.

Art. 23. - Elimina los cargos declarados por la vía administrativa de dedicación total.

Art. 24. - Se otorgan recursos al Ministerio de Educación para atender retribuciones en el programa Publicaciones Oficiales y Servicio de Impresiones.

Art. 25. - Se modifica la condición del Director de INAPE, cargo que pasa a ser declarado de confianza, así como el Director Nacional de Trabajo.

Art. 26. - Se flexibiliza el régimen de dedicación total al que están obligados los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Código Bh Grados 1-7.

Art. 27. - Se extiende a todos los cargos de particular confianza -Embajadores y Ministros- la excepción de poder ser destinados a cumplir funciones en el exterior, sin que hayan transcurrido dos años de su designación, excepción que sólo regía para los Embajadores o Jefes de Misión.

Art. 28. - Se aumenta a 15 el número de funcionarios de esta Dirección que puedan prestar servicios en misiones comerciales en el exterior. Estaba fijado previamente en diez.

Art. 29. - Se deroga la disposición que posibilitaba que un funcionario de la Dirección de Comercio Exterior pueda permanecer en su destino por más de cinco años y se le iguala, como en el resto de sus funciones, a los funcionarios del Servicio Exterior.

Art. 30. - Se deroga la calidad de funcionarios de confianza para cargos del Ministerio de Salud Pública.

Art. 31. - Se dictan normas para el cumplimiento efectivo del artículo 3º de la Ley Nº 9.892.

Art. 32. - Se regulariza la situación de funcionarios contratados en el Ministerio de Economía.

CAPITULO VI
Disposiciones Varias

Artículos 33 y 34. - Se fijan normas de ordenamiento presupuestal, indispensables a efectos de ordenar la gestión de la Hacienda Pública.

Se ajusta el gasto a lo recaudado. Se establece un sistema de preventivo de caja y de programación de desembolsos.

Arts. 35, 36 y 37. - Se rehabilita el sistema de proventos, derogándose las normas anteriores.

Art. 38. - Se regularizan anticipos de Tesorería dentro del inciso 5, Ministerio de Economía, con carácter provisorio.

Art. 39. - Se incrementan, hasta la vigencia de la ley del Presupuesto Nacional, créditos para retribuciones que se imputaban con cargo a otro renglón, reglamentándose el destino de los excedentes si los hubiere.

Art. 40. - Se fijan recursos -como es habitual- para atender los gastos que demande la confección del presupuesto.

Art. 41. - Se deroga una norma por la cual los rubros del último grado del escalafón del personal presupuestado se pasaban al producirse vacantes, al rubro personal contratado.

Art. 42. - Se fija el destino de las sumas que abonen los contribuyentes de la Dirección General Impositiva por concepto de honorarios de los curiales.

Los ya devengados en un 50% se abonarán a los intervinientes, el resto al rubro Prima a la Eficiencia.

Art. 43. - Se derogan las normas vigentes referidas a los honorarios de los curiales del artículo 41.

Art. 44. - Se comete al Poder Ejecutivo la reestructura de la Dirección General Impositiva.

Arts. 45 y 46. - Se corrigen normas con respecto a las obligaciones asumidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el traslado de sus funcionarios a su destino.

Art. 47. - Se autoriza la contratación de un seguro de salud colectivo.

Art. 48. - Se fijan recursos para los funcionarios asignados a las tareas de los Consejos de Salarios.

Art. 49. - Se fijan compensaciones a los sueldos de los Jefes de Policía con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio, con el propósito de ajustar sus sueldos, sin que ello suponga un aumento de todo el rubro tal como lo establecen las disposiciones vigentes.

Art. 50. - Partidas por una vez para atender necesidades del ex inciso 14 Ministerio de Justicia, y en el actual inciso 16 Poder Judicial.

Art. 51. - Se faculta al Ministerio de Salud Pública a formar un fondo especial para retribuir tareas extraordinarias.

Arts. 52, 53 y 54. - Se incrementan partidas con destino al Tribunal de Cuentas y Corte Electoral y se fija una, por única vez, para gastos de instalación de la Oficina de Servicio Civil.

El Capítulo VII sobre Normas Tributarias de esta Rendición de Cuentas, se concilia con las normas de flexibilización de los impuestos al agro, que se tratan por separado en el proyecto de ley respectivo ya informado por la Comisión de Hacienda integrada con la de Agricultura y Pesca.

Las referidas normas serán explicitadas en Sala por los señores miembros informantes.

Sala de la Comisión, 1º de agosto de 1985.

Guillermo García Costa (miembro informante), Jorge Batlle (miembro informante), Manuel Flores Silva, Carlos W. Cigliuti, Luis A. Lacalle Herrera, Raumar Jude, Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz, A. Francisco Rodríguez Camusso (con salvedades), Luis A. Senatore (con salvedades). Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

CAPITULO I
Rendición de Cuentas 1984

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio de 1984 remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje respectivo del 14 de junio de 1985.

Art. 2º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir Deuda Pública para solventar los déficit presupuestales pendientes de financiación al 31 de diciembre de 1984 por un monto de nuevos pesos 25.690.575.684,10 (veinticinco mil seiscientos noventa millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con diez centésimos).

Art. 3º. - El Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de esta deuda y su amortización se hará mediante una cuota del 3% (tres por ciento) anual con un año de gracia y por sorteo. El interés será del 5% (cinco por ciento) anual pagadero semestralmente.

CAPITULO II
Funcionamiento

Artículo 4º. - Fíjase un monto de hasta N$ 1.626 millones (nuevos pesos mil seiscientos veintiséis millones) para reforzar las partidas de gasto de funcionamiento (excluyendo suministros) correspondientes al Ejercicio 1985 de los Incisos 2 al 13 y 27 del Presupuesto Nacional según el detalle siguiente:

a)

02 - Presidencia de la República

16:435.000

b)

04 - Ministerio del Interior

92:126.000

c)

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

113:811.000

d)

06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

1:115.000

e)

07 - Ministerio de Agricultura y Pesca

72:191.000

f)

08 - Ministerio de Industria y Energía

5:536.000

g)

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

479.000

h)

11 - Ministerio de Educación y Cultura

58:628.000

i)

12 - Ministerio de Salud Pública

611:847.000

j)

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

35:223.000

k)

27 - Oficina Nacional del Servicio Civil

16:500.000

El Poder Ejecutivo asignará hasta N$ 42:242.000 (nuevos pesos cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil) a los Incisos 11, 16 y 19 en la oportunidad en que se verifique la transferencia de los créditos del Inciso 14, (ex Ministerio de Justicia).

El remanente, hasta el monto determinado en el inciso primero constituirá un crédito a aplicar en función de las necesidades de la ejecución de los programas presupuestales, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 5º. - Asígnase a los siguientes Incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución las partidas de gastos de funcionamiento (excluyendo suministros) para el Ejercicio 1985 que se indican:

Inciso 17 Tribunal de Cuentas N$ 4:214.000,00 (nuevos pesos cuatro millones doscientos catorce mil);

Inciso 18 Corte Electoral N$ 12:755.000,00 (nuevos pesos doce millones setecientos cincuenta y cinco mil);

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública N$ 518:278.000,00 (nuevos pesos quinientos dieciocho millones doscientos setenta y ocho mil);

Inciso 26 Universidad de la República N$ 590 millones 400.000,00 (nuevos pesos quinientos noventa millones cuatrocientos mil).

Los organismos establecidos precedentemente, deberán dentro del término de noventa días a partir de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación, la apertura de los créditos por Programa y por Rubro.

Art. 6º. - A los efectos del cálculo del límite del crédito en cuenta corriente otorgado por el Banco Central del Uruguay al Poder Ejecutivo, conforme al artículo 255 de la Ley Nº 13.320, de 28 de diciembre de 1964, con la modificación dispuesta por el artículo 483 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, no se computará el monto utilizado al 28 de febrero de 1985.

Art. 7º. - Transfiérense del Programa 1.02 "Ejército" del Inciso 3 "Ministerio de Defensa Nacional" al Programa 1.09 "Administración Carcelaria" del Inciso 4 "Ministerio del Interior", los siguientes créditos presupuestales:

Rubro 2.00 "Materiales y Suministros" N$ 7:335.333,00 (nuevos pesos siete millones trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres);

Rubro 3.00 "Materiales y Suministros" N$ 7:335.333,00 (nuevos pesos siete millones trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres);

Rubro 3.00 "Servicios no personales" N$ 182.135,00 (nuevos pesos ciento ochenta y dos mil ciento treinta y cinco);

Rubro 4.70 "Motores y Partes para Reemplazo" N$ 56.880,00 (nuevos pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta);

Rubro 200-802 "Suministros CONAPROLE" nuevos pesos 451.500,00 (nuevos pesos cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos);

Rubro 200-854 "Suministros Carne" N$ 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones).

Los créditos transferidos que se destinan a suministros corresponden a siete meses y están calculados a precios vigentes al 1º de junio de 1985, debiéndose actualizar de conformidad con el régimen previsto por el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos correspondientes a suministros de UTE, ANTEL y OSE en base a los consumos del Establecimiento de Reclusión Nº de Libertad, durante el Ejercicio 1984.

Art. 8º. - La Suprema Corte de Justicia podrá disponer las transformaciones de cargos y partidas de gastos que requiera el servicio, sin que ello signifique aumento del crédito presupuestal, lo que comunicará a la Contaduría General de la Nación dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas, a sus efectos.

CAPITULO III
Inversiones

Artículo 9º. - Fíjase en hasta N$ 3.725:800.000 (nuevos pesos tres mil setecientos veinticinco millones ochocientos mil) y en hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares americanos) equivalente a N$ 1.500:000.000 (nuevos pesos mil quinientos millones) al tipo de cambio de N$ 100 (nuevos pesos cien) el monto global máximo de inversiones asignado a todos los órganos dependientes del Poder Ejecutivo para el Ejercicio 1985.

El monto de N$ 3.725:800.000 (nuevos pesos tres mil setecientos veinticinco millones ochocientos mil) será financiado por Rentas Generales y el fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (FIMTOP).

La cantidad de U$S 15:000.000 (quince millones de dólares americanos) corresponde a endeudamiento por préstamos ya concertados y cuyo servicio de deuda será atendido por Rentas Generales y el fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Las asignaciones correspondientes a dichos montos globales serán las siguientes:

Inciso

Denominación   

RR.GG. y FIMTOP N$

Endeudamiento

N$

U$S

a)

02

-

Presidencia de la República

259:200.000

b)

03

-

Ministerio de Defensa Nacional

396:000.000

c)

04

-

Ministerio del Interior

187:007.000

d)

05

-

Ministerio de Economía y Finanzas

48:100.000

e)

06

-

Ministerio de Relaciones Exteriores

48:600.000

f)

07

-

Ministerio de Agricultura y Pesca

93:600.9000

300:000.000

3:000.000

g)

08

-

Ministerio de Industria y Energía

61:200.000

9:100.000

91.000

h)

10

-

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

1.749:600.000

1.000:000.000

10:000.000

j)

11

-

Ministerio de Educación y Cultura

356:400.000

140:400.000

1:404.000

j)

12

-

Ministerio de Salud Pública

158:400.000

k)

13

-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

19:800.000

Dentro de los montos globales máximos establecidos en este artículo el Poder Ejecutivo asignará al Inciso 16 "Poder Judicial" hasta N$ 110:800.000 (nuevos pesos ciento diez millones ochocientos mil) y U$S 505.000 (quinientos cinco mil dólares americanos) y al Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo" hasta N$ 8 millones (nuevos pesos ocho millones) en la oportunidad en que se verifique la transferencia de los créditos del Inciso 14 (ex Ministerio de Justicia).

El remanente se aplicará a inversiones en función de las necesidades y prioridades establecidas para la ejecución de los distintos programas y proyectos, referidos en el decreto de 4 de julio de 1985, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 10. - Fíjase el monto global máximo de inversiones de los siguientes incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución:

Inciso 17 - Tribunal de Cuentas de la República: N$ 900.000 (nuevos pesos novecientos mil).

Inciso 18 - Corte Electoral: N$ 2:160.000 (nuevos pesos dos millones ciento sesenta mil).

Inciso 25 - Administración Nacional de Educación Pública: N$ 514:600.000 (nuevos pesos quinientos catorce millones seiscientos mil).

Inciso 26 - Universidad de la República N$ 200:400.000 (nuevos pesos doscientos millones cuatrocientos mil).

Los organismos establecidos precedentemente deberán, dentro del término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley, comunicar a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la apertura de los créditos por programa y proyecto.

Art. 11. - Fíjase en hasta N$ 600:000.000 (nuevos pesos seiscientos millones) la asistencia financiera con cargo a Rentas Generales y al fondo de inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la ejecución en 1985 de las obras del Programa Nacional de Interconexión Vial (3er. Proyecto Carretero-BIRF 2238/UR), del Plan Nacional de Obras Municipales (Préstamos BID Nº 471/OC, 472/OC y 700/SF), del grupo de trabajo permanente Tacuarembó-Rivera y de las obras de defensa de las inundaciones del bajo Río Negro.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, distribuirá la partida antes mencionada, dando cuenta a la Asamblea General.

CAPITULO IV
Subsidios y Subvenciones al Sector Público

Artículo 12. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a disponer, por el Ejercicio 1985, de hasta N$ 320:000.000 (nuevos pesos trescientos veinte millones) para brindar asistencia financiera para pago de sueldos, gastos e inversiones y de hasta N$ 350:000.000 (nuevos pesos trescientos cincuenta millones) para el pago de los aportes patronales, durante el ejercicio 1985 a los Gobiernos Departamentales del interior que hayan solicitado recursos al Poder Ejecutivo al 30 de junio de 1985.

El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en base a las previsiones presentadas por las Intendencias Municipales efectuará la distribución pertinente y dará cuenta a la Asamblea General.

Art. 13. - Las deudas que mantienen las Intendencias Municipales del interior con la Dirección General de la Seguridad Social por concepto de aporte patronal generado hasta el 31 de diciembre de 1984, se considerarán canceladas con cargo a las transferencias ya otorgadas por Rentas Generales al mencionado organismo.

Art. 14. - Fíjanse para el Ejercicio 1985 los subsidios a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que se indican, por los montos que en cada caso se establecen:

a) AFE hasta N$ 1.665:000.000 (nuevos pesos mil seiscientos sesenta y cinco millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda; y hasta N$ 300:000.000 (nuevos pesos trescientos millones) para inversiones;

b) PLUNA, hasta N$ 539:000.000 (nuevos pesos quinientos treinta y nueve millones) para gastos de funcionamiento y servicios de deuda;

c) ILPE, hasta N$ 80:000.000 (nuevos pesos ochenta millones) para gastos de funcionamiento y servicio de deuda;

d) OSE, hasta N$ 294:000.000 (nuevos pesos doscientos noventa y cuatro millones) para gastos de inversión y hasta N$ 31:000.000 (nuevos pesos treinta y un millones) para servicios de deuda.

Art. 15. - Asígnase al Banco Hipotecario del Uruguay para el Ejercicio 1985, un subsidio de hasta N$ 2.200:000.000,00 (nuevos pesos dos mil doscientos millones) con destino al Plan Nacional de Viviendas. El Poder Ejecutivo podrá disponer su anticipo mensual, sobre la base de las proyecciones estimativas que al respecto efectúe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 16. - Fíjase con cargo a Rentas Generales, una partida por única vez, de hasta N$ 1.900:000.000 (nuevos pesos mil novecientos millones) que se asignará a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas para la ejecución del Programa Solidario de Emergencia, dándose cuenta a la Asamblea General.

Art. 17. - Derógase el artículo 33 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974 sustituido por el artículo 50 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976.

CAPITULO V
Normas sobre funcionarios

Artículo 18. - Fíjanse a partir del 1º de abril de 1985, las primas por matrimonio y nacimiento en N$ 7.000,00 (nuevos pesos siete mil), cada una, las que se actualizarán automáticamente en función de los incrementos que experimente el salario mínimo nacional con posterioridad a esa fecha.

Art. 19. - Hasta tanto se establezcan en la ley de Presupuesto Nacional, fíjanse las dotaciones mensuales de los siguientes cargos:

a) Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, igual a la del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.

b) Ministros del Tribunal de Cuentas de la República y de la Corte Electoral y Rector de la Universidad de la República, igual a la del cargo de Ministros Secretarios de Estado.

c) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República igual a la del cargo de las de Subsecretario de Estado.

A dichas dotaciones se adicionarán las siguientes partidas de gasto de representación:

a) Presidentes del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral y Rector de la Universidad de la República igual al 50% (cincuenta por ciento) de la del cargo de Ministro Secretario de Estado.

b) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República, igual al 50% (cincuenta por ciento) de la del cargo de Subsecretario de Estado.

A las remuneraciones establecidas precedentemente sólo podrán acumularse el sueldo anual complementario, los beneficios sociales y demás retribuciones legalmente autorizada.

Art. 20. - Sustitúyese el inciso final del artículo 20 de la Ley Nº 9.526, de 14 de diciembre de 1935, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Las retribuciones mensuales del Presidente y los Vocales no podrán exceder de las que perciban los Ministros Secretarios de Estado y los Subsecretarios respectivamente".

Art. 21. - Extiéndese a los funcionarios públicos, presupuestados o contratados que a partir del 15 de febrero de 1985 hayan pasado o pasen a ocupar cargos políticos o de particular confianza el régimen establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976.

Deróganse los artículos 100 y 102 del Decreto-Ley Especial Nº 7º, de 22 de diciembre de 1983.

Art. 22. - Declárase que quienes ocupan a la fecha de vigencia de la presente ley, cargos de particular confianza a los que accedieron por ascenso en el lapso en que los mismos fueron considerados de carrera administrativa o que hubieren optado por la carrera administrativa de acuerdo al artículo 94 del Decreto-Ley Especial Nº 7, de fecha 23 de diciembre de 1983, tendrán derecho en caso de cese a optar por pasar a ocupar un cargo de similar escalafón y grado al que ocupaban a la fecha de ser designados.

Autorízase la creación de cargos a los efectos indicados en el inciso anterior en el caso de no existir vacantes adecuadas; tales cargos o funciones que se creen serán suprimidos al vacar.

Art. 23. - Declárase que los cargos a que se refiere el inciso tercero del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, son aquellos declarados de "Dedicación Total" por leyes anteriores o posteriores al artículo 18 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975 y con prescindencia de si vacaron o no con posterioridad a la última norma legal citada.

Art. 24. - Los funcionarios del Programa 1.02 "Publicaciones Oficiales y Servicio de Impresiones para la Administración Pública" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" percibirán una compensación mensual líquida de N$ 2.000,00 (nuevos pesos dos mil) que se incluirá en el respectivo renglón presupuestal.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a partir del 1º de marzo de 1985.

Art. 25. - Exclúyese de la nómina de cargos políticos contenida en el artículo 90 del Decreto-Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983, el cargo de Director del Instituto Nacional de Pesca (INAPE).

Decláranse de particular confianza los cargos de Director del Instituto Nacional de Pesca y de Director del Instituto Nacional de Trabajo, los que quedarán comprendidos en lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960.

Art. 26. - Modifícase el artículo 119 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes al Código Bh, Grados 1 al 7, comprendidos en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Nº 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y disposiciones complementarias, modificativas y concordantes, podrán renunciar al régimen de dedicación total durante los períodos de adscripción a la Cancillería, siempre y cuando las tareas ajenas a las cumplidas en esa Secretaría de Estado no sean incompatibles con las funciones desempeñadas en ella.

Consecuentemente, dejarán de percibir la compensación complementaria derivada de dicho régimen".

Art. 27. - Sustitúyese el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 14.206, de fecha 6 de junio de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma:

"Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá ser destinado a prestar servicios en el exterior, salvo en los casos de cargos de particular confianza, sin que acredite una antigüedad mínima de dos años en el desempeño de funciones en la Cancillería".

Art. 28. - Sustitúyese el artículo 208 del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Los funcionarios técnicos de la Dirección de Comercio Exterior que cuenten con una antigüedad mayor de dos años podrán ser destinados a prestar funciones de asesores en materia económica y comercial, en las misiones permanentes y delegaciones diplomáticas y consulares de la República, en el exterior, con una remuneración máxima igual a la de Ministro Consejero. Cuando presten servicios en el exterior, dichos funcionarios dependerán de los jefes de misión o delegación respectivos, estarán sujetos al mismo régimen y al cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos que para los funcionarios del servicio exterior establezcan las normas vigentes y las que se dicten en el futuro. No podrán encontrarse en la situación prevista en el párrafo 1º de este artículo, más de quince funcionarios de la mencionada Dirección".

Art. 29. - Derógase el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

Art. 30. - Derógase el artículo 280 del Decreto-Ley Nº 14.416, de fecha 28 de agosto de 1975.

En caso de estar ocupados los cargos a que se refiere dicha disposición, la supresión del carácter de particular confianza se hará efectiva al vacar.

Art. 31. - El 5% (cinco por ciento) de comisión establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 9.892, de 1º de diciembre de 1939, alcanzará a todos los funcionarios que recauden por concepto de prestaciones en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública. En el caso de que la recaudación se realice como consecuencia de la Intervención de los Inspectores de la División de Usuarios y Recaudación, la comisión se repartirá por partes iguales entre el funcionario recaudador y el funcionario Inspector.

Esta comisión se liquidará con cargo a los proventos recaudados.

Art. 32. - Créanse en el Programa 1.04 "Asesoramiento y Contralor Intermitente" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" ocho cargos de Inspector AaA Grado 04 (abogado, contador o escribano) y veintidós cargos AcC Grado 09, Inspector VI, Especializado, los que serán provistos de entre los funcionarios contratados que actualmente desempeñan esas funciones.

Disminúyese en un importe equivalente al costo de las creaciones precedentes, los renglones correspondientes a las actuales contrataciones zafrales.

CAPITULO VI
Disposiciones varias

Artículo 33. - Las asignaciones autorizadas en los presupuestos de los organismos estatales comprendidos en la Sección XIV de la Constitución no obligan a la realización de los correspondientes gastos los cuales se efectuarán en la medida que lo exijan los programas, proyectos y actividades a que estén destinados, teniendo en cuenta la efectiva disponibilidad de fondos.

Art. 34. - A los efectos de mantener el equilibrio presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Contaduría General de la Nación y con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, establecerá un sistema de cuotas periódicas de asignación de fondos, que habrá de organizarse en base al preventivo de caja y a la programación de la ejecución de desembolsos que deben ser realizados para el cumplimiento de los respectivos programas, proyectos y actividades.

Art. 35. - A partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial modifícase el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979 que quedará redactado en la siguiente forma:

"ARTICULO 2º. - El 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos que por cualquier naturaleza perciban las unidades ejecutoras comprendidas en los Incisos 2 al 24 y 27 del Presupuesto Nacional deberá ser depositado en la cuenta Tesoro Nacional existente en el Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y Tesorería General de la Nación, individualizando el concepto del recurso respectivo. Salvo autorización legal expresa, lo recaudado por concepto de ingresos de cualquier naturaleza a que se refiere el inciso anterior, no podrá aplicarse al pago de sueldos ni retribuciones personales de especie alguna".

Art. 36. - Los Bancos depositarios de los fondos a que se refiere el artículo anterior, dentro de los treinta días de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial deberán verter en la cuenta Tesoro Nacional el 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de los saldos calculados al primer día de cada mes desde el 1º de junio hasta la fecha de publicación de esta ley.

Las Unidades Ejecutoras de los Incisos 2 al 27 que tuvieren fondos de los indicados deberán depositarlos en la misma cuenta y dentro del mismo plazo, así como presentar a la Contaduría General de la Nación una relación de los compromisos contraídos y no pagados con cargo a los fondos mencionados. Esta última procederá a habilitar los créditos respectivos para abonar las correspondientes obligaciones que estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, con la modificación establecida por el artículo 32 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978.

Art. 37. - En lo que se refiere al régimen establecido por los artículos 35 y 36 precedentes, regirá por preceptuado en los artículos 6º y 7º del Decreto-Ley Nº 14.867, de 24 de enero de 1979, hasta el 31 de diciembre de 1985, dándose cuenta en todos los casos, a la Asamblea General.

Art. 38. - A efectos de regularizar anticipos de tesorería efectuados hasta el 28 de febrero de 1985, increméntanse a partir del presente ejercicio y hasta la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto General de Sueldos y Gastos e Inversiones los créditos del Inciso 5, Ministerio de Economía y Finanzas, que se establecen a continuación:

a) Renglón 0.6.1.-301 de los siguientes Programas:

- 1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" - N$ 900.000,00 (nuevos pesos novecientos mil).

- 1.06 "Recaudación de Tributos" - N$ 6:000.000 (nuevos pesos seis millones).

b) Renglón 0.6.1.-302:

- 1.06, "Recaudación de Tributos" - N$ 600.000,00 (nuevos pesos seiscientos mil) para atender pagos a funcionarios que por razones de servicio deban actuar en tareas que impliquen cambio de su domicilio habitual.

c) Renglón 0.6.1.-303 de los siguientes Programas:

- 1.01, "Administración de la Política Económica y Financiera" - N$ 7:000.000,00 (nuevos pesos siete millones).

- 1.02, "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Interna del Estado" - N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" - N$ 5:000.000,00 (nuevos pesos cinco millones).

- 1.05, "Servicio de Pagaduría de la Administración Central" - N$ 596.000,00 (nuevos pesos quinientos noventa y seis mil).

- 1.08, "Recaudación de ingresos provenientes de Loterías y Quinielas" - N$ 2:360.000,00 (nuevos pesos dos millones trescientos sesenta mil).

d) Rubro 3 del siguiente Programa:

- 1.04, "Asesoramiento y Contralor Intermitente" - N$ 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón) para el pago de viáticos.

Art. 39. - Increméntase en N$ 12:940.000,00 (nuevos pesos doce millones novecientos cuarenta mil) a partir del 1º de enero de 1985 y hasta la vigencia de la Ley de Presupuesto General de Sueldos, Gastos e Inversiones, el crédito del Renglón 0.6.1.-304 "Funciones distintas a las del cargo" del Programa 1.06 "Recaudación de Tributos" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas".

Este crédito se utilizará para atender las diferencias de retribuciones generadas desde el 1º de enero de 1985 por el desempeño de las funciones de Encargo de Unidad y de Encargado de Sector en la Dirección General Impositiva, que hasta la vigencia de la presente ley, se imputaron con cargo a otro Renglón.

Las diferencias de retribuciones de que se trata no podrán sufrir aumento alguno y el excedente que hubiere del incremento autorizado, pasará a integrar el crédito del Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia", a que se refiere el artículo 41 de esta ley.

Art. 40. - Asígnase a los Programas 1.01 "Administración de la Política Económica y Financiera" y al 1.02 "Control Interno y Contabilidad General de la Administración Financiera del Estado" del Inciso 5 "Ministerio de Economía y Finanzas" una partida de N$ 3:000.000,00 (nuevos pesos tres millones) y N$ 10:000.000,00 (nuevos pesos diez millones) respectivamente, para atender las erogaciones que demande la elaboración del Presupuesto Nacional.

Estas partidas serán utilizadas para solventar pago de horas extras, efectivamente realizadas, adquisición de materiales y suministros, y todo otro gasto directamente vinculado a la formulación presupuestaria. El crédito correspondiente a la parte no utilizada de las referidas partida será cancelado.

Art. 41. - Derógase el artículo 60 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 42. - A partir de la vigencia de la presente ley las sumas que abonen los contribuyentes de la Dirección General Impositiva por concepto de honorarios que fijen los Jueces en toda gestión judicial que realicen los curiales de dicha Dirección se verterán al crédito del Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia", correspondiente a esa Unidad Ejecutora, creado por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

El monto total de honorarios que haya sido abonado por los contribuyentes de la Dirección General Impositiva de acuerdo a lo resuelto por los Jueces en las gestiones judiciales cumplidas por los curiales de dicha Dirección, y que no haya sido distribuido a la fecha de vigencia de la presente ley, se distribuirá en la forma que se indica:

a) el 50% (cincuenta por ciento) se verterá al crédito del Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia".

b) el 50% (cincuenta por ciento) restante será distribuido entre los curiales intervinientes en las gestiones que los generaron. Dichos curiales no podrán percibir suma alguna por concepto de "Prima a la Eficiencia" hasta equilibrar el excedente que hubieren percibido por honorarios, con lo que les hubiere correspondido por dicha prima. En caso de que la suma percibida por honorarios fuere menor a la que le correspondería como "Prima a la Eficiencia", se cubrirá con este rubro la cantidad faltante.

El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de la "Prima a la Eficiencia" conforme a los índices indicados en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

Art. 43. - Deróganse el inciso final del literal b) del artículo 378 de la Ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960, el artículo 117 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967 y sus modificativos.

Art. 44. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución el Poder Ejecutivo efectuará la reestructura presupuestal y racionalización administrativa de la Dirección General Impositiva - Inciso 05, Programa 1.06, Recaudación de Tributos, que regirá a partir de la vigencia del próximo Presupuesto Nacional.

Art. 45. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 76 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

"c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro de los efectos personales, muebles, libros y demás enseres de casa y familia, incluidos los gastos de despacho como asimismo del flete, por exceso de equipaje, cuando el transporte se realice por vías marítimas, fluvial o terrestre, dentro de la siguiente escala:

Hasta 18 metros cúbicos por el funcionario;

Hasta 8 metros cúbicos por su cónyuge;

Hasta 3 metros cúbicos por cada uno de los demás miembros de la familia.

Cuando el viaje se efectúe por vía aérea, se abonará por concepto de exceso de equipaje además de los gastos mencionados el importe de hasta 20 kilogramos por el jefe de Misión y 10 por cada uno de los miembros de su familia.

Cuando el flete sea calculado total o parcialmente por peso y no por volumen se compensará a razón de 200 kilogramos por metro cúbico".

Art. 46. - Sustitúyese el apartado c) del artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

"c) El pago del embalaje, transporte de puerta a puerta y seguro en las condiciones establecidas en el apartado c) del artículo anterior, reduciendo el volumen correspondiente al funcionario a un máximo de 10 metros cúbicos".

Art. 47. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar un seguro colectivo de asistencia médico-hospitalaria válido para todos los países, en beneficio de los funcionarios y de su núcleo familiar, artículo 85 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960; pertenecientes a los escalafones Bh, AaA y Ab, mientras presten servicios fuera de la República.

La Contaduría General de la Nación habilitará en cada ejercicio el crédito necesario para la atención de dicho seguro por un importe equivalente a su costo anual.

Art. 48. - Increméntase el Renglón 0.6.1-301 en N$ 2:500.000,00 (nuevos pesos dos millones quinientos mil) para el pago de horas extras a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de atender el funcionamiento de los Consejos de Salarios.

Art. 49. - Habilítase en el Programa 1.01 "Administración General" del Inciso 04 Ministerio del Interior, una partida por una sola vez por un monto de N$ 3:870.450 (nuevos pesos tres millones ochocientos setenta mil cuatrocientos cincuenta), a los efectos de financiar una compensación sujeta a montepío para el Jefe de Policía de Montevideo de N$ 25.230 (nuevos pesos veinticinco mil doscientos treinta) nominales mensuales y para los Jefes de Policía del Interior del país de N$ 22.490 (nuevos pesos veintidós mil cuatrocientos noventa), nominales mensuales, a cada uno de ellos. Estas compensaciones tendrán vigencia a partir del 1º de abril de 1985 y hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio y serán incrementadas en la misma oportunidad y en igual porcentaje que el que se establece para las remuneraciones de los funcionarios públicos durante dicho período.

Art. 50. - Créase en los Programas que se establecen a continuación partidas por una sola vez, con destino al Renglón 0.6.1. derivado 301 "Retribuciones Adicionales por trabajo en Horas Extras" por los siguientes importes:

"En el ex Inciso 14 "Ministerio de Justicia":

- Programa 1.01 "Administración y supervisión general y servicios administrativos de apoyo al Poder Judicial" N$ 34:849.378 (nuevos pesos treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos setenta y ocho);

Justicia Administrativa (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) N$ 1:834.107 (nuevos pesos un millón ochocientos treinta y cuatro mil ciento siete);

- Programa 1.03 "Inscripción y certificados de Actos, Contratos y Servicios Notariales" para la Dirección General de Registros N$ 4:600.000,00 (nuevos pesos cuatro millones seiscientos mil); y para el Registro Público y General de Comercio N$ 387.695.00 (nuevos pesos trescientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y cinco);

- Programa 1.04 "Ministerio Público y Fiscal" N$ 7:280.968 (nuevos pesos siete millones doscientos ochenta mil novecientos sesenta y ocho);

- Programa 1.05 "Servicios Conexos con la Administración de Justicia" N$ 9:573.422 (nuevos pesos nueve millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos veintidós).

"En el actual Inciso 16 "Poder Judicial":

- Programa 1.01 "Justicia Ordinaria" (Secretarios y Actuarios) N$ 7:153.094 (nuevos pesos siete millones ciento cincuenta y tres mil noventa y cuatro);

- Programa 1.02 "Justicia Administrativa N$ 268 mil 487 (nuevos pesos doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete) (Secretarios y Actuarios).

Art. 51. - Se faculta al Ministerio de Salud Pública, a que con los descuentos que se practiquen a los funcionarios del Inciso 12 por inasistencias individuales no justificadas, a formar un fondo para atender el pago de aquellos que sustituyan en sus funciones a los inasistentes.

Art. 52. - Increméntanse a partir del 1º de enero de 1985 los siguientes renglones del Programa 1.01 del Inciso 17 "Tribunal de Cuentas":

- Renglón 0.6.1.-301 "Trabajo en Horas Extras" N$ 600.000,00 (nuevos pesos seiscientos mil);

- Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia" N$ 4:000.000,00 (nuevos pesos cuatro millones);

Créase a partir del 1º de enero de 1985 el Renglón 0.1.1.-312 "Incremento por mayor horario permanente" con una dotación de N$ 2:000.000,00 (nuevos pesos dos millones).

Dentro del término de 90 días a partir de la publicación de la presente ley este Organismo deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de los créditos por Programa.

Art. 53. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1985 los siguientes Renglones del Inciso 18 "Corte Electoral":

- Renglón 0.6.1.-301 "Trabajo en Horas Extras" N$ 175.000,00 (nuevos pesos ciento setenta y cinco mil);

- Renglón 0.6.1.-303 "Prima a la Eficiencia" N$ 1:000.000,00 (nuevos pesos un millón).

Art. 54. - Asígnase al Inciso 27 una partida por única vez, de N$ 9:000.000,00 (nuevos pesos nueve millones), para los gastos que demande instalar la Oficina Nacional del Servicio Civil.

CAPITULO VII
Normas Tributarias

SECCION I

Artículo 55. - Sustitúyese el literal C) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"C) La asistencia técnica prestada a los sujetos pasivos de este impuesto por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Dichas rentas estarán exentas en el caso que se hallen gravadas en el país del domicilio del titular y que éste no tenga crédito fiscal en dicho país, por el impuesto abonado en el país receptor de la asistencia técnica. La reglamentación establecerá las condiciones en que operará la presente exoneración".

Art. 56. - Agrégase al artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

"D) Dividendos o utilidades acreditados o pagos por los sujetos pasivos de este impuesto a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior, cuando se hallen gravados en el país del domicilio del titular y exista crédito fiscal en el mismo por impuesto abonado en la República".

Art. 57. - Sustitúyese el artículo 5º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Serán sujetos pasivos:

A) Las sociedades con o sin personería jurídica.

B) Los titulares de empresas unipersonales. Se considera empresa la que desarrolla actividades con fines de lucro, que se manifiesten por la organización del capital y del trabajo a través de una unidad económico-administrativa.

C) las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas, a las que se refiere el artículo 4º del Título 11 del T.O. 1982".

Art. 58. - Agrégase al artículo 8º del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

"I) Los intereses fictos, que determine el Poder Ejecutivo, por préstamos o colocaciones, los que no podrán superar las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, concertadas sin cláusulas de reajuste. Quedan excluidas de la presente norma las cuentas particulares de los socios.

También quedan excluidos los préstamos al personal en la forma y condiciones que determinará la reglamentación".

Art. 59. - Sustitúyese el literal N) del artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"N) Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores siempre que no hayan transcurrido más de tres años a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la pérdida, actualizadas por la desvalorización monetaria calculada en la forma que determine la reglamentación y en los porcentajes establecidos en el artículo 22 de este Título".

La presente disposición regirá para ejercicios fiscales cerrados a partir de la vigencia de esta ley.

Art. 60. - Agrégase al artículo 10 del Título 2 del T.O. 1982, el siguiente literal:

"Ñ) Los arrendamientos de inmuebles, intereses y contraprestaciones por avales, dentro de los límites que establezca la reglamentación".

Art. 61. - Agrégase al artículo 6º del Título 6 del T.O. 1982, los siguientes literales:

"e) Las Intendencias Municipales por las actividades que desarrollen en competencia con la actividad privada, salvo la circulación de bienes y prestación de servicios realizados directamente al consumo, que tengan por objeto la reducción de precios de artículos y servicios de primera necesidad. El Poder Ejecutivo determinará en la reglamentación las actividades y las fechas a partir de la cual quedarán gravadas.

f) Las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas a que se refiere el artículo 4º del Título 11 del T.O. 1982".

Art. 62. - Sustitúyese el literal J) del artículo 13 Título 6 del T.O. 1982, por el siguiente:

"J) Bienes a emplearse en la producción agropecuaria y materias primas para su elaboración. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos y materias primas comprendidas en este literal y podrá establecer para los bienes allí mencionados, un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones, una vez verificado el destino de los mismos, así como las formalidades que considere pertinente".

Art. 63. - Agrégase al artículo 3º del Título 7 del T.O. 1982, el siguiente inciso:

"Las asociaciones y fundaciones cuando realicen operaciones gravadas en el desarrollo de las actividades a que se refiere el artículo 4º del Título 11 del T.O. 1982".

Art. 64. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción del Impuesto Específico Interno.

Art. 65. - Derógase desde su vigencia el artículo 34 del Título 8 del T.O. 1982.

Art. 66. - Sustitúyese el artículo 13 del Título 8 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 13. - El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior y los activos destinados a la explotación comercial e industrial, se avaluarán en lo pertinente por las normas que rijan para el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Cuando existan activos en el exterior, se computará como pasivo el importe de las deudas que exceda el valor de dichos activos.

En caso de tener otros bienes exentos de este impuesto o de los mencionados en el artículo 8º, el pasivo resultante se computará por la parte proporcional al activo gravado. A los efectos de esta proporción no se incluirán los activos en el exterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

Los bienes de las sociedades personales y en comandita por acciones, titulares de explotaciones agropecuarias, se determinarán de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de este Título".

La presente sustitución regirá para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1985.

Art. 67. - Fíjase en el 2.80% (dos con ochenta por ciento) la tasa prevista en el numeral 2º del artículo 30 del Título 8 del T.O. 1982, para ejercicios iniciados a partir del 1º de julio de 1985.

Art. 68. - Sustitúyese el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Grávase la venta de moneda extranjera cuando la contraprestación fuera contratada en moneda nacional, y de metales preciosos, que realicen el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay, los bancos privados, las casas financieras, las casas de cambio y las cooperativas de ahorro y crédito, quienes serán los contribuyentes del impuesto.

Asimismo, serán contribuyentes quienes se encuentren comprendidos en el literal A) del artículo 2º del Título 2 del T.O. 1982, por aquellas ventas que sean realizadas a quienes no se encuentren mencionados en el inciso anterior.

En las operaciones de cambio futuro, el tributo se liquidará cuando venzan los plazos pactados, con independencia del cumplimiento del contrato.

No estarán gravadas las operaciones de arbitrajes y la venta de metales preciosos cuando la contraprestación se efectúe en dichos metales".

Art. 69. - Fíjase en el 1.5% (uno y medio por ciento) la tasa a que hace mención el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.584, de 27 de junio de 1984.

SECCION 2

Artículo 70. - Podrá constituirse a favor del Estado y demás personas públicas, estatales y no estatales, prendas sin desplazamiento sobre los bienes comprendidos en los artículos 3º de la ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918, y 2º de la Ley Nº 8.292 de 24 de setiembre de 1928, y en general sobre cualesquiera bienes muebles individualizables propios del contribuyente, responsable o tercero, en garantía de obligaciones tributarias, prestaciones de seguridad social y sanciones pecuniarias.

Art. 71. - Serán aplicables a las prendas a que se refiere el artículo anterior, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 5º a 9º, 10, en la redacción dada por el artículo 42 de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967; y 11 a 23 de la Ley Nº 5.649 de 21 de marzo de 1918 y los artículos 3º y 5º de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928.

Art. 72. - La constitución de las sociedades anónimas estará gravada a partir de la vigencia de la presente ley con un impuesto de contralor, cuya tasa será del 1% (uno por ciento) del capital autorizado.

Asimismo estarán gravados por este impuesto los aumentos de capital, que se realicen en el futuro, de todas las sociedades anónimas.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones del pago de este impuesto.

Art. 73. - Agrégase el siguiente literal al numeral 2) del artículo 13 del Título 6 del T.O. 1982:

"F) Las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia vinculadas con la salud de los seres humanos".

Art. 74. - Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1982 se consideran referidas a las normas legales respectivas.

Art. 75. - Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, a 1º de agosto de 1985.

Guillermo García Costa (miembro informante), Jorge Batlle (miembro informante), Manuel Flores Silva, Carlos W. Cigliuti, Luis A. Lacalle herrera, Raumar Jude, Carlos Julio Pereyra, A. Francisco Rodríguez Camusso (con salvedades), Luis A. Senatore (con salvedades), Dardo Ortiz. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - La Comisión de Hacienda, integrada con la de Presupuesto, estudió este proyecto de Rendición de Cuentas -como se señalara a propósito de otros temas que ya hemos tratado- durante largas sesiones, con la presencia, como corresponde, de los representantes del Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, como de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 1984 es el primer documento de esta naturaleza que tiene que considerar este Gobierno democrático electo por el pueblo. Como es natural, forma parte de una cadena de esfuerzos que en común deberán hacer el Parlamento y el Poder Ejecutivo para restablecer el orden en la hacienda pública. Como advertiremos en algunos de los temas, a lo largo de estos años se produjo en cierta medida en unos casos, y en mayor medida en muchos otros, una pérdida de todo lo que era el debido cumplimiento de las normas de Ejecución Presupuestal, el respeto a un estilo administrativo y la vigencia de lo que han sido las pautas con las cuales y por las cuales el país se ha manejado en los momentos previos a estos luctuosos, largos y duros años de régimen de facto.

Señor Presidente: esta Rendición de Cuentas, además de preanunciar esas tareas comunes que deberán encauzarse fundamentalmente, a través de la consideración del Presupuesto General de Gastos, Sueldos e Inversiones y de las sucesivas Rendiciones de Cuentas, a nuestro juicio, deberá encuadrarse -como lo decimos en nuestro informe- dentro de límites y objetivos que supongan, en primer lugar, una firme política de equilibrio fiscal, que sea a la vez el más poderoso mecanismo de contención inflacionaria, y una de las defensas más eficaces del poder adquisitivo de salarios y pasividades, tanto como causa suficiente de estímulo al ahorro interno; una limitación adecuada al porcentaje del producto bruto interno que absorba el Estado en su gestión; una equilibrada y selectiva política de inversiones que posibilite la efectiva modernización del país, en aquellas áreas seleccionadas como las que más rápidamente y mejor respondan a esa impostergable necesidad.

En esta Rendición de Cuentas, señor Presidente, lo primero que la Comisión reconoce a través del proyecto del Poder Ejecutivo, es la existencia de un abultado déficit al cerrar el ejercicio de 1984, que supone un guarismo equivalente al 36,2% del total de los egresos. En efecto, como ya habrán podido apreciar los señores senadores, frente a egresos del orden de N$ 70.900:000.000, el Estado sólo contó con ingresos por un valor de N$ 44.510:000.000. Este déficit proviene -como lo establece el propio mensaje del Poder Ejecutivo- no solamente de los gastos de funcionamiento establecidos en las normas vigentes a la fecha, sino que a él se suman otros gastos sin imputación pendientes de pago, anticipos sin crédito presupuestal, partidas a regularizar de ejercicios anteriores y déficit de otros organismos estatales.

Queremos señalar, señor Presidente, que el rubro más importante es la cuenta "Erogaciones" está constituido por los servicios de deuda pública. Ellos se elevaron a N$ 19.496:000.000; N$ 2.000:000.000 más de lo que se abonó por concepto de retribuciones personales en el mismo ejercicio en toda la Administración Central, y N$ 8.000:000.000 más de todo lo que se gastó en funcionamiento de la Administración, más los aportes a organismos del artículo 220 de la Constitución y otras subvenciones.

Los servicios de deuda fueron, también, sensiblemente mayores a los que la Tesorería tuvo que aportar a la Seguridad Social, como asistencia anual. Con ello, se tiene la clara sensación de cuál ha sido la magnitud con la que los servicios de deuda pesan sobre la ejecución presupuestal y, por lo tanto, sobre todo el sistema económico nacional.

Cabe anotar, señor Presidente, para tener clara noción de la gravedad de la situación, que este abultado déficit de ejecución presupuestal existe pese a que en términos reales, en el año 1984 las erogaciones no variaron con respecto a 1983 más que en un 0.7% y fueron menores -siempre en términos reales- en un 18.8% con respecto al año 1982.

Quiere decir que entre estos valores reales que se dieron en este último ejercicio el único rubro que tuvo un aumento real, no solamente nominal con respecto al anterior, fue precisamente, el correspondiente a los servicios de deuda. Y este rubro subió porcentualmente, sobre el ejercicio anterior, en un orden equivalente al 55.2%.

Para conocer mejor, señor Presidente, la evolución de las finanzas públicas conviene señalar que en términos reales, el monto igual en las erogaciones globales importó una disminución sensible, del orden del 13.1% en el volumen total de los sueldos pagados, y una pérdida, siempre en valores reales de 1982, en lo que tiene que ver con los beneficios sociales, del 8.3%.

Advierto al Cuerpo cómo, pese a este déficit enorme y a esta circunstancia de que no variaron en términos reales las erogaciones, hubo una reducción muy importante en los aportes, con respecto a la planilla o al volumen total de sueldos, y en los que correspondieron a los beneficios sociales, muy sensible también en términos reales, en cuanto al servicio de la deuda.

La misma situación se observa, señor Presidente, en cuanto a la disminución que se estableció con respecto a los aportes vinculados a las pasividades que, en términos reales, cayeron en un 20.2% con respecto al ejercicio anterior.

Todo esto indica claramente cómo evolucionaron las finanzas públicas y la situación social en el país en los últimos tres años.

Todos estos guarismos, de por sí suficientemente demostrativos del estado de la hacienda pública, bueno es que se consideren a la luz de la información global, que es de conocimiento público, pero que cabe consignar aquí aunque sea en términos esquemáticos.

En los últimos tres años el producto bruto interno sufrió una caída del orden del 15.5% y del 17.2% por persona.

En las variables por persona el ingreso bruto del año 1984 es un 23.7% inferior al de 1981 y un 7.6% menor que el de 1973.

Se advierte, además, un desmedido crecimiento del sector público sobre la cuota parte del producto bruto interno y del ingreso nacional tomado por el consumo público, que se ha incrementado en un 32.4% con respecto a 1973.

El consumo privado cayó, pues, en estos últimos tres años, en un 22.4% y es un 7% menor que el que se registraba en 1973.

En cuanto a la inversión, su caída fue abrupta con respecto a 1981 puesto que llegó nada más que al 45% de la que existía por entonces.

El Poder Ejecutivo sostiene en el informe económico que nos remite, que en estos tres años el país se empobreció fuertemente y que se han establecido las bases para un proceso autosostenido de debilitamiento del sistema económico y, por ende, el origen de un grave deterioro en los niveles de vida de la población.

En estos tres años el desempleo alcanzó tasas históricas en el país: 18% en marzo de 1983; 14% al comienzo de este ejercicio.

Esta situación antes documentada supone la existencia de dos modalidades del déficit. Una, constituida por la imposibilidad del aparato económico nacional de solventar con los recursos naturales originados en su operación, las necesidades del Estado; y la otra, que recae sobre el formidable endeudamiento externo, utilizado como forma de atender el increíble y nunca conocido déficit estatal, que alcanzó en términos de porcentaje sobre el producto bruto interno, en 1982 la cifra récord de un 18%.

Esta magnitud del déficit, intolerable para nuestra economía, consecuencia de la absurda política de mantener artificialmente el valor de la moneda -más conocida como el régimen de "la tablita"- determinó además del endeudamiento que es público, la adquisición de carteras bancarias y una gruesa transferencia de recursos desde el Banco Central al Banco Hipotecario.

El déficit total del sector público se redujo en 1983 al 12.9% y en 1984 al 9.5% del producto bruto interno.

Pero esos ajustes, señor Presidente, realizados a partir de 1983 -tal como se deduce de las cifras antes mencionadas- se operaron sobre la base de la contracción de los ingresos personales y de las pasividades, así como de la disminución de la inversión y del aumento de los impuestos, lo que actuó sobre la globalidad del sistema como un factor altamente recesivo, aunque la causa del referido ajuste estuviera signada por la imposibilidad absoluta de mantener el porcentual del déficit sobre el producto bruto interno del año 1982.

El financiamiento, señor Presidente, del año 1984, se realizó -pese a esos déficit- por la vía de nuevas emisiones de Bonos y Letras y por la de encajes obligatorios a los bancos, medida esta última totalmente coyuntural y que el país no puede repetir.

Conocida es, además, la evolución de la balanza comercial y sus locos déficit de los años 1979 a 1981, basados en la ficción de la etapa económica más dirigista que ha conocido la República, atados a la fijación arbitraria del valor de la moneda y con ello a todas las variables económicas del sistema.

La deuda externa que en 1973 estaba situada en U$S 720:000.000, pasó a U$S 2.100:000.000 en 1981 y a U$S 4.255:000.000 entre los años 1982 y 1984.

Estos guarismos determinan que los pagos al exterior por concepto de deuda externa en los años 1985 y siguientes sean del orden de los 463, 486, 570 y 526 millones de dólares anuales, respectivamente.

Estas cantidades son imposibles de cumplir con los recursos nacionales y ellas exigen la refinanciación adecuada que el Gobierno de la República está negociando en el exterior.

Todas estas circunstancias determinaron una cuasi dolarización de la economía.

Los depósitos en moneda nacional se redujeron en términos reales en marzo de 1985 en un 37%.

Importante disminución sufrió también el crédito en moneda nacional, que en términos reales alcanzó al 54% del nivel anterior en estos últimos tres años.

También disminuyeron los créditos en moneda extranjera al tiempo que los pasivos bancarios de retorno, cada vez más pesados, crecieron desde 1981 en 5.7 veces.

Los precios sufrieron en primer término la artificiosidad de la tablita, que redujo la inflación a un 20.5%; la estampida provocada por su ruptura y la no total adecuación a un régimen más libre, cuando, como es notorio y por motivos políticos, para crearle aún mayores dificultades al régimen democrático, no se ajustaron los precios y tarifas públicas en el último período del proceso.

Otro tanto de negativo sucedió en cuanto al salario real, que cayó primero desde 1973 a 1978 en un 25.6%, deterioro que se retoma, luego de un breve período de mejoría a partir de 1982.

Tomando globalmente el período 1973-1984 la pérdida fue de un 32%.

A esta reducción en el salario real, se le sumó en los últimos dos años, un notorio aumento de la desocupación, de la subocupación y de la pérdida de jornadas de trabajo debido a la paralización parcial de las actividades industriales.

El cuadro resumido de la situación económica y financiera, arriba expuesta, ubica a este Cuerpo en el momento crucial en el que se encuentra la República y de cómo a través de la acción legislativa, el Parlamento, sumando su esfuerzo al del Poder Ejecutivo y a los de la Nación, puede, a través del adecuado manejo de las políticas que se delineen en las rendiciones de cuentas -fundamentalmente, las que se establecerán en el Presupuesto Nacional y otras leyes- atender al mejoramiento de esta situación, comenzando por la imprescindible tarea de reconocer la realidad en que vivimos. Esto, en materia de Hacienda Pública se ha establecido en el proyecto de ley que la Comisión de Hacienda -integrada con miembros de la Comisión de Presupuesto- de la que soy miembro, aconseja a este Cuerpo, estudiar, considerar y sancionar.

He querido, señor Presidente, en esta breve alocución en la que reitero lo expuesto en la exposición de motivos que acompaña el informe pormenorizado, artículo por artículo, de esta Rendición de Cuentas -que hemos considerado largamente en la Comisión de Hacienda- hacer una especie de "racconto" esquemático de la situación en la cual el Parlamento encuentra al país en el momento de comenzar la primera y más importante de las tareas que este Cuerpo tiene en sus manos, este cometido es, regularizar la situación de la Hacienda Pública, hacer respetar las normas que han regido siempre su funcionamiento, ordenar los términos dentro de los cuales el Estado tiene que manejar, a través de la Administración Central y de los distintos organismos que rigen, por normas de carácter general en materia presupuestaria, el funcionamiento de la Administración Pública.

Creemos que en una buena aplicación de estas normas, en un cuidadoso respeto por las mismas, en un Presupuesto General de Gastos que trae políticas finalistas que tengan la posibilidad de incidir en la producción nacional y en la forma de distribución de los ingresos así como de la distribución de las cargas fiscales, radica una de las piedras fundamentales del afianzamiento de la democracia y de la transformación que el país espera que ocurra en los próximos años, como fruto no solamente del restablecimiento de la libertad y de las instituciones, sino como consecuencia del esfuerzo común de todos los partidos y de todas las organizaciones sociales.

Señor Presidente: espero brindar al Cuerpo la información necesaria a medida que entremos en la consideración de los artículos, en forma particular, de esta Rendición de Cuentas que establece normas de distinta naturaleza. Algunas de estas normas están referidas a su naturaleza específica y otras -como ha sido habitual hasta ahora y esperemos que cada día lo sea menos- son normas de carácter general que van más allá del expreso cometido que tiene una Rendición de Cuentas y un Balance de Ejecución Presupuestal.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en discusión general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 1984.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 168, inciso 19 y 214 de la Constitución, el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la obligación de proyectar el presupuesto general de gastos para el período de su gobierno dentro de los seis meses de vencido cada ejercicio anual, lo que coincide con el año civil, debe rendir cuentas al Poder Legislativo de los gastos e inversiones realizados de acuerdo a la autorización presupuestal.

A este Poder Ejecutivo le ha tocado iniciar la esperanzada senda del renacer democrático en una circunstancia muy particular. Accede al gobierno de la Nación, después de varios años de un desembozado autoritarismo que arranca en 1968 y prepara esmeradamente el camino para que los acólitos de la extranjera secta que reverencia la doctrina de la seguridad nacional decidieran, en junio de 1973, comandados por un Presidente perjuro, arrasar con las instituciones que nuestro pueblo se había dado para vivir civilizadamente en democracia, incurriendo en el delito del artículo 380 de la Constitución.

Hay que reconocer que no es fácil la tarea de hacer una Rendición de Cuentas y un Balance de Ejecución Presupuestal, cuando los antecesores que desgobernaron la Nación por un extenso lapso, extendieron que el país es un cuartel, que las órdenes son para cumplirse y no para observarse que no existan en el rubro correspondiente, se paga con los que existan en cualquier otro rubro.

Este desconocimiento de los cánones anónimos mínimos de una administración regular y cristalina, lo explicaron los Asesores que concurrieron a la Comisión de Hacienda a informar sobre las distintas materias de su competencia.

También surge de alguna consideración que realiza el Poder Ejecutivo en mensaje remitido al Parlamento con la Rendición de Cuentas.

El Frente Amplio que represento desde esta Banca, nació como una fuerza política, con una inquebrantable vocación por el bien público, comprometido con sus principios y programa que confluyen en la senda que nos conducirá a la añorada meta del cambio estructural de nuestra patria que la queremos habitada por ciudadanos que puedan realizarse plena e íntegramente, en una sociedad democrática socialista, sin explotadores que roben el esfuerzo ajeno, donde la libertad se afirme día a día, aventando todo temor y en la que todos los derechos inalienables del hombre se encuentren protegidos por una justicia totalmente independiente, digna y respaldada por un pueblo que no volverá a tolerar el desborde salvaje de la fuerza.

De ahí que el Frente Amplio, a pesar de haber sufrido con mayor intensidad la brutal represión de la dictadura, haya actuado, actúe y siga actuando con total responsabilidad y serenidad en la solución de los problemas que llegan a raudales a esta Casa de las Leyes, que también es la del pueblo. Esta no es una afirmación meramente retórica, señor Presidente, dado que cada uno de los que estamos sentados en este recinto representamos una parte de ese pueblo que nos ha apoyado por coincidir con nuestra prédica preelectoral y con las metas prometidas. Y, en este punto no puedo dominar el impulso de introducir un paréntesis para afirmar con orgullo legítimo que en él siempre creciente apoyo ciudadano que recibe el Frente Amplio, no hay contabilizada ni una sola pústula proveniente del régimen caído o de quienes lo apoyaron, que disfrazado de voto ciudadano, incidiera en los resultados de la última elección.

El Frente Amplio camina por la senda que conduce al futuro, la que llevará a nuestra patria junto con otras muchas, cercanas o lejanas, a alcanzar la meta de una vida digna para sus pueblos, explotados en diversos grados y medidas para un salvaje sistema capitalista que empieza a resquebrajarse.

La lucha siempre comienza juntando minorías que van creciendo día a día, como lo ejemplifica nuestro Frente Amplio, convencidas de la verdad que encierra una prédica que reconocen y conocen a través del propio sacrificio que les impone el diario vivir.

Por ello tiene el Frente Amplio este nítido perfil de profunda concepción pacífica y pacificadora que se vuelca a la tarea de dialogar e informar a quienes se acercan a sus centros cívicos. Dialogar para convencer y también dialogar para concertar con otras fuerzas políticas u organizaciones sociales, las mejores soluciones para los acuciantes y múltiples problemas que enfrenta el país. Y, esta disposición concertante distingue al Frente Amplio desde antes de la dictadura, durante ella y después de iniciada esta etapa del renacer de la vida democrática.

Somos oposición y somos minoría en este Parlamento; pero no somos oposición sistemática ni minoría que utilice sus votos para obtener beneficios sectoriales.

La actividad cumplida hasta el presente ha demostrado, como lo hará la que cumpliremos en el futuro, y demostrará en forma cabal que nos preocupa hondamente la situación de nuestra tierra y que sentimos la responsabilidad y el deber de concurrir a hacer posibles y viables, en la medida de nuestras fuerzas, las mejores soluciones para el país, con la única limitación de que no contradigan los principios fundamentales incorporados a nuestra plataforma política dado que entendemos que ellos encierran las únicas y verdaderas soluciones para la patria justa, libre y feliz que queremos construir.

Con ese ánimo, que bien puede definirse como de conciliación nacional, asumimos la tarea de analizar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 1984 elevado por el Poder Ejecutivo. No sería honesto encarar la tarea con el mismo rigor con que lo han hecho los distintos Parlamentos al examinar el comportamiento del Poder Ejecutivo en cuanto al buen o mal uso que han hecho de las autorizaciones presupuestales acordadas para realizar gastos o inversiones, otorgar subsidios, etcétera. El actual Poder Ejecutivo, democráticamente elegido, tiene que rendir cuentas, no de sus propios actos ni de los ejecutados por un antecesor ajustado a los preceptos constitucionales; por el contrario, debe introducirse en la maraña que tejen los gobiernos de facto para dificultar, o hacer imposible, un contralor de la corrección de los actos ejecutados, pues saben que, tarde o temprano, ineludiblemente ello ocurrirá. Por esa razón es que debe prestarse a este Poder Ejecutivo la colaboración que sea compatible con nuestros postulados, a fin de que éste pueda encarrilar la organización del Estado, destrozada de principio a fin por los hombres del proceso y sus paniaguados. Sin embargo, para que esta actitud repercuta favorablemente en un futuro próximo -me refiero al Presupuesto General de Gastos- y para que sirva al mejor entendimiento entre los partidos comprometidos en llevar a buen término la enorme y hermosa tarea de construir el Uruguay del mañana, en el que puedan vivir con libertad, con dignidad y con igualdad todos aquellos que se afinquen en nuestra patria, nuestro apoyo debe ser profundamente meditado y lealmente crítico. En algunos casos esto puede determinar nuestro voto negativo, para destacar de tal modo el incumplimiento de acuerdos a los que se llegó la CONAPRO o el desconocimiento de principios de derecho -como el de la no retroactividad de las normas jurídicas tributarias- de los que abundan ejemplos en esta Rendición de Cuentas.

Lo que expresamos es nuestra opinión y, aunque en alguna medida pueda ser compartida por los señores senadores del Frente Amplio, ello no implica en modo alguno, que cualquiera de los compañeros pueda efectuar las consideraciones que estime oportunas, ya sea para profundizar conceptos o señalar discrepancias.

Con el fin de no extender en demasía esta exposición, señalaré a grandes trazos los puntos que creo conveniente destacar, para quedar luego en mi condición de miembro de la Comisión de Hacienda, a disposición de los señores senadores para aclarar -en la medida de mis posibilidades- las dudas que puedan surgir en la consideración particular de los distintos artículos. Creo que esta es la mejor manera de ahorrar tiempo cuando es escaso, como lo es el que posee en este momento el Cuerpo para aprobar el proyecto a consideración.

El monto del déficit que nos lega el proceso para el año 1984 es muy importante y significa una nueva carga que en definitiva, recae sobre los sufridos habitantes de este país que, seguramente, por mucho tiempo no podrán oír una charanga militar sin recordar todo lo acontecido en los doce años que duró el "proceso de reconstrucción nacional".

En el artículo 9º del Capítulo III -Inversiones- el Poder Ejecutivo fija el monto de las inversiones -de todos los órganos que de él dependen- para el ejercicio 1985 en un total de N$ 5.225:000.000, de los cuales N$ 3.725:000.000 los financia Rentas Generales y el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y U$S 15:000.000 -equivalentes a N$ 1.500:000.000- provienen de préstamos ya concertados, cuyo servicio de deuda será atendido por Rentas Generales y el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En este punto debemos señalar distintos apartamientos de lo acordado por la cúpula política de la CONAPRO.

En primer término es indudable que no se mantiene para 1985 el nivel de la inversión pública. En 1984 la inversión alcanzó a N$ 4.913:000.000; de ajustarse a lo convenido, la inversión para este año tendría que alcanzar a N$ 8.300:000.000 y sólo se destinan N$ 5.225:000.000. Este déficit tiene significativa repercusión en la demora de la reactivación tan esperada y necesaria de nuestra economía, máxime cuando los indicadores económico-financieros disponibles dan un panorama declinante. Los sectores productores de bienes -con excepción de la pesca- presentan descensos de distinta magnitud. La tasa de desempleo, ubicada en un 13,7%, menor que la del primer trimestre de 1984, es superior a la del cuarto trimestre del mismo año que fue del 12,7%.

En este panorama comprimido, sobre el que incide, además, el tremendo flagelo de la deuda externa -de la que algún día llegaremos a determinar la que legítimamente benefició a nuestro país- poco puede representar, en el impulso de la tan ansiada reactivación, la suba del 5% del salario real que debe remontar las secuelas del decrecimiento del 20% operado en 1983 y el 10% correspondiente al año 1984. Mientras los indicadores del comercio exterior sigan señalando un menor nivel de exportaciones en volúmenes físicos y un descenso de precios de productos básicos, la reactivación pasa por la expansión de la demanda interna. De allí la importancia de incrementar la inversión pública, disminuida en forma importante en la propuesta del Poder Ejecutivo.

En segundo término, sin referencia al monto de la inversión, señalamos que los recursos que se puedan destinar a tal fin, deben aplicarse prioritariamente como, por ejemplo, las del Ministerio de Salud Pública, para erradicar la vergüenza que representan varias salas del Hospital Pereira Rossell y los dantescos establecimientos en que se hacinan los enfermos psiquiátricos, entre otras carencias tan notorias y conocidas. Pensando en esas necesidades y en muchas otras que sería extenso señalar, no tengo la menor duda d que son absolutamente prioritarias, por ejemplo, a la de la ampliación del Hospital Central de las Fuerzas Armadas o a la de la sede del Supremo Tribunal Militar, o a la de la construcción y equipamiento del Hospital Policial, que tal como lucen actualmente pueden aguardar mejor oportunidad, sin que se resienta la atención, el equipamiento técnico que poseen o su aspecto estético, como puede apreciarlo quien acierte a pasar por el lugar de sus respectivos emplazamientos. La discriminación de la composición de las inversiones afectadas a los incisos 03 y 04 podría determinar una decisión de hondo y positivo contenido humano.

En materia tributaria, en forma general puede decirse que se hacen retoques en diversos tributos con la finalidad de incrementar los ingresos, introduciendo modificaciones en materia de sujetos pasivos, incorporando la computación de alguna nueva renta, limitando algunas deducciones, etcétera. También en la Ley de Flexibilización del Régimen Impositivo que alcanza a las explotaciones agropecuarias -que se acaba de aprobar- se hacen retoques fiscales y se incluyen normas con carácter retroactivo. Como omisión que alcanza a todas las modificaciones fiscales propuestas, no se ha efectuado, como corresponde, la estimación del producido de dichas modificaciones. En consecuencia, se priva así al Parlamento de la posibilidad de poder visualizar, si los gastos que está autorizando, tienen la contrapartida necesaria de recursos para ser atendidos. Las reformas significativas que fueron delineadas por los cuatro partidos políticos que aprobaron el documento económico de la CONAPRO seguramente estarán siendo estructuradas para ser incluidas en el Presupuesto General de Gastos, que marcará la senda por la cual decidirá transitar el Poder Ejecutivo durante su gestión del quinquenio. Para esa oportunidad reservamos muchos de los reclamos que no hacemos valer ahora para que nadie, con algún viso de razón, pueda tildarnos de impacientes.

Antes de terminar, no puedo dejar de efectuar una reflexión que he venido conformando a través de todas las jornadas de trabajo cumplidas con dedicación y apego a las tareas de poner nuestro mejor esfuerzo al intento de lograr retrovertir el desorden legado del régimen de facto, a las formalidades imprescindibles que reclama la insoslayable pureza que exige la institucionalidad democrática.

En largas sesiones hemos oído informes de distintos asesores, todos coincidentes en el mayúsculo desorden de los diversos servicios del Estado y en la destrucción de bienes que no interesaban a la dictadura. En la enseñanza -y vaya un solo ejemplo- los equipos que en un tiempo permitieron a la Facultad de Ingeniería poder brindar a organismos del Estado un asesoramiento de primera calidad, que así era reconocido en el ámbito de nuestra América, actualmente no sólo son obsoletos, sino que se encuentran inutilizados.

Los Intendentes que accedieron a organismos que manejaron a su libre albedrío los interventores militares, nos hablan de arcas exhaustas y de equipos necesarios para realizar y mantener todas las obras viales a su cargo, destruidos en un porcentaje alarmante.

Los Directores de hospitales al referirse al estado en que hallaron esos institutos que ahora deben poner a funcionar sin recursos, hacen que se apriete el corazón de todos los uruguayos.

Mientras, por otro lado hemos tenido que sentir que el Ministerio de Salud Pública dispuso en 1984 de rubros destinados a ser utilizados en 1985.

Si a todo ello agregamos la conmoción pública que causaron las denuncias efectuadas en esta Sala sobre la venta de carteras bancarias y del increíble desborde en la violación aberrante de todos y cada uno de los derechos humanos, no cabe otra conclusión que aceptar con dolor de uruguayo que durante trece años soportamos una fuerza de ocupación preocupada en aplicar una doctrina nacida para defender los intereses de una potencia imperialista contraria al mejor destino de nuestra gran patria latinoamericana explotada y sufriente que lucha por su definitiva emancipación.

Y llega a tal extremo el postramiento al que llevaron a nuestro país, que por primera vez, tengo que ver incorporada en una Rendición de Cuentas una partida de N$ 1.900:000.000 para ejecutar un Programa Solidario de Emergencia, lo que es expresión de una angustiante verdad; significa un intento de paliar el hambre real y no imaginario que el proceso logró hacer aparecer en nuestra patria, que es diferente a la que ellos se referían en sus manifestaciones públicas.

No obstante esa realidad cruel que enfrentamos todos los días, el estamento social causante de tales males, en una u otra forma no ceja en el intento de evitar que alguien pueda olvidarse de su presencia.

Las marchas, los cánticos y los golpeteos de manos que el pueblo creó para señalarles el camino de la retirada, parece que han inspirado groseras imitaciones.

El legítimo derecho de la denuncia parlamentaria, ha provocado nuevas violaciones a normas constitucionales. Una reciente celebración realizada en una repartición castrense ha renovado en la forma más provocativa posible, el trágico recuerdo que para siempre tendrá nuestro pueblo de ese elemento que distingue a un Arma de las Fuerzas Armadas. Nadie podrá dejar de pensar que ese símbolo es también la trágica materialización del instrumento utilizado para matar a mansalva y con ferocidad a un ser humano que se llamaba Vladimir Roslik.

Señor Presidente: esperamos que la justicia vaya clarificando los hechos que conmueven a la comunidad y estableciendo las responsabilidades correspondientes que permitan retornar a una vida en paz y que el poder público se exprese también para prevenir o reprimir provocaciones y las salidas fuera de las normas, y que no reserve los tonos severos y amenazantes para los angustiados que sólo claman por justicia y ocupación para poder solventar sus necesidades vitales.

Señor Presidente: como integrante del Frente Amplio señalo que vamos a apoyar la aprobación en general de la Rendición de Cuentas, haciendo desde luego en la discusión particular, las observaciones que estimemos pertinentes.

SEÑOR CARDOSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARDOSO. - Señor Presidente: me retrasé un poco al solicitar el uso de la palabra, porque pensaba que algunos señores senadores, representantes de otros sectores, deseaban hablar y prefería hacerlo después de ellos.

Voy a ser muy breve, porque deseo dejar solamente una constancia. No considero necesario explayarme sobre el tema en sí mismo, después de la intervención del señor senador Senatore. Pienso que algún otro compañero de nuestro sector, de nuestra bancada podrá ampliar también, estos puntos de vista.

Deseo manifestar, muy sencillamente, no solo como senador frenteamplista, sino, también, como senador socialista -uno de los sectores de nuestra coalición- que me solidarizo con un criterio que, a mi juicio, ha presidido la exposición del señor senador Senatore, para juzgar esta Rendición de Cuentas.

Pienso que ese concepto, que ha presidido su exposición y que comparto podría ser llamado el concepto de emergencia o de excepcionalidad, en un período, en un trecho de la vida del país, en el que se recorre -como tantas veces se ha dicho- un período de transición democrática. Pero -y esto complementa el concepto- no puede repetirse más esta situación en el terreno presupuestal, precisamente a partir de la consideración del próximo Presupuesto General de Gastos.

No creemos -lo ha dicho con elocuentes palabras mi compañero de bancada señor senador Senatore- que debamos intentar en esta instancia una especie de paralización de un proceso legal determinado por la Constitución de la República.

Pero no puede pedírsenos que acompañemos -como lo ha explicado el señor senador- fórmulas que no podemos compartir. De todas maneras el concepto de emergencia y excepcionalidad que para nosotros -y posiblemente para todos los sectores del Senado- preside la consideración de este proyecto de ley, no puede, de ningún modo presidir el severo estudio del Presupuesto General, al que muy pronto debemos abocarnos.

Cuando en los próximos meses no aboquemos a ese estudio, debemos tener presente que él definirá el rumbo de la política fiscal y el rumbo de la economía pública en los próximos cinco años.

Entonces, invocando mi representación en este Senado, considero que no está fuera de lugar que en forma muy breve se me permita señalar -como una especie de antecedente de lo que ha de ser la posición de todos y cada uno de nosotros ante el estudio del próximo Presupuesto General- nuestra actitud y la posición que tendremos -con la responsabilidad que todos debemos asumir- en el momento en que el Parlamento considere el Presupuesto propiamente dicho.

En forma muy sintética, quiero dejar constancia de algunos criterios que creo recogen con fidelidad opiniones muy calificadas dentro del Frente Amplio -tal como lo manifestaba el señor senador Senatore- tanto en el marco de la Concertación como en los ámbitos de nuestros propios partidos frenteamplistas y, en mi caso particular, el Partido Socialista. Con esto no quiero decir que voy a pronunciar las palabras siguientes con la pretensión de colocar nuestro planteo y nuestro reclamo con vistas al futuro Presupuesto General, en el plano de los grandes planteos doctrinarios. No, ello no es así, en manera alguna.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

12) PRORROGA DEL TERMINO DE LA SESION Y CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no se cuál puede ser la solución más conveniente para trabajar, pero habida cuenta de que ya se han realizado las exposiciones generales, pienso que podemos continuar sesionando por dos horas más, es decir hasta las 23 horas. Además, considero que llegada esa ahora, podríamos pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 16.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Batlle en el sentido de prorrogar la sesión del día de hoy hasta las 23 horas y luego pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 16.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1984

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO. - Estaba diciendo que al expresar estas preocupaciones -si así pueden llamarse- al Senado, está muy lejos de mi ánimo y de mis posibilidades en esta materia tan compleja en algunos aspectos, pretender colocar nuestras reivindicaciones en el plano de los grandes planteos doctrinarios. Voy a referirme a aspectos reales y actuales de la vida del país que tienen que ver, desde luego, con su dolorosa situación socio-económica.

Pienso que podría colocar como pórtico -si es que cabe también esta expresión- de la síntesis apretada que voy a realizar de nuestros puntos de vista, acerca de las orientaciones del futuro Presupuesto General, una de las conclusiones que constan en el conocido documento sobre política económica de la Concertación Nacional Programática, firmado por economistas de todos los partidos políticos.

Esa especie de pórtico, expresado en forma muy sencilla y clara, pero a la vez muy profunda, dice simplemente lo siguiente: "Privilegiar los gastos que tengan destino social y los productivos, según corresponda a los diferentes componentes del sector público, eliminando los egresos innecesarios y comprimiendo los de seguridad y defensa".

Aparte, se expresarán lo que podríamos llamar los objetivos concretos en materia de salud, educación, seguridad social, etcétera.

Y bien; el orden de los factores que voy a enumerar no implica una situación preferencial sino que su ordenación se debe a la forma en que han ido quedando anotados en mis apuntes. En primer lugar, consideramos que como el futuro Presupuesto General no puede pagar tributo en manera alguna a ninguna exigencia de transitoriedad y de excepcionalidad -como ocurre en el caso de esta Rendición de Cuentas- deberá tener una clara política de financiación en la que todo el país pueda visualizar claramente que el sistema impositivo busca captar los recursos de los patrimonios ociosos, del capital especulativo y del sistema bancario, principal sector acumulador de ganancias en los últimos años. Debe ser una política financiera que apunte a corregir el factor principal de la desestabilización de la economía nacional, que ha sido de tendencia a la migración de capitales.

Así como el Presupuesto General debe incluir una clara política de financiación, debe tener también una clara política de gastos que además de redistribuir por sectores la función estatal reduzca -teniendo muy en cuenta las opiniones de todos los partidos- los excesivos gastos de seguridad. Ha de definir claramente -en metas y en resultados que puedan ser verificados por los propios sectores sociales- lo que en realidad se acuerde en materia de política de gastos.

Ante esta situación presupuestal, de la que es reflejo esta Rendición de Cuentas, heredada de la dictadura, los ojos de los ciudadanos permiten verificar a diario las inadmisibles e intolerables preferencias del gasto público.

Esto se advierte cuando se comparan, a diario -y por eso hablaba recién de la necesidad de efectuar una visualización- por ejemplo, las destartaladas instalaciones escolares, los hospitales deteriorados -en algunos casos a un grado extremo- y las viviendas mal construidas, con las paredes cuidadosamente pintadas y las pulidas instalaciones de las dependencias y oficinas militares. Para nosotros hay otro aspecto que se encuentra en el primer plano de nuestras preocupaciones cuando, cumplida esta tarea bastante desagradable que tenemos que desempeñar hoy al considerar y aprobar esta Rendición de Cuentas, nos aboquemos al estudio de un Presupuesto verdaderamente serio y real; me refiero al nivel salarial. Todos sabemos que éste es un punto muy delicado y a través del cual se responsabiliza al movimiento sindical de todo lo que pasa en el país. Para los trabajadores del Estado debe encontrarse una solución orientada -y aplico a estos trabajadores el concepto que debe regir para todos los salarios obreros- por lo que podríamos llamar una vinculación estrecha entre el aumento del ingreso real de éstos y la recuperación de la economía de consumo. Más allá de lo que exige el Fondo Monetario Internacional, debemos decir que no se desestabiliza el país asegurando -como espero que podrá hacerlo el Presupuesto General de Gastos- remuneraciones más justas y estrechamente vinculadas con el estímulo de una política de consumo adecuada.

Mientras preparaba por la mañana estos apuntes, pensaba a qué actividades de las que están en torno a nuestra vida diaria es aplicable este criterio, esta vinculación estrecha e inseparable entre el ingreso real de los trabajadores del Estado y la recuperación de la economía de consumo; y recordaba, por ejemplo, la expectativa productiva de los granjeros, sobre todo, de la periferia de los departamentos de Montevideo y Canelones; en las industrias del vestido; en fin, en todos los sectores de la actividad nacional que se orientan a la producción de bienes de satisfacción social y familiar interna.

Teniendo en cuenta la tarea ya cercana del nuevo Presupuesto General, nuestra opinión es que el Estado -y creo que todos coincidimos en ello- debe adoptar, a través de una política fiscal, por una posición de liderazgo en cuanto a la reactivación económica, pues es él el principal demandador de bienes de consumo, de inversiones en lo que hace a la infraestructura socio-económica y, en consecuencia, el más importante generador de ocupación, ya sea en forma directa o indirecta.

Debo expresar que para esta enumeración -que, desde luego, no es exhaustiva ni mucho menos- elegí estos puntos dado que me parecieron de una importancia primordial. El Parlamento debe preocuparse por ejercer una severa vigilancia en la orientación de la política de inversiones gubernamentales que vengan en el proyecto de Presupuesto, que pronto tendremos a nuestra consideración. La rigidez actual de las finanzas públicas tendrá que marcar la casi exclusiva prioridad en las inversiones orientadas al desarrollo y no tengo inconveniente en decir que la preocupación primordial debe orientarse hacia el desarrollo agropecuario, rural.

A mi modo de ver, existen dos áreas que se nos presentan como dos vías claras, abiertas, como esperando que el Poder Ejecutivo, por un lado, y nosotros, por otro, marquemos la actividad que por ellas ha de encaminarse el incremento del desarrollo, son dos vías que se ofrecen a la iniciativa del Estado. A simple vista, lo que vamos a decir puede parecer algo limitado, pero siento que en estos momentos que estamos tan justificadamente preocupados, angustiados, por lo que ocurre con este panorama de la economía de que nos hablaba el señor senador Batlle, debo poner énfasis sobre cuáles son esas dos áreas a las que me referí: una de ellas es el área de las cooperativas -vía por la que, a mi juicio, necesariamente tendrá que transitar, en gran parte, la economía de este país- y la otra es la del Instituto Nacional de Colonización.

Señor Presidente: espero que esta especie de índice que pretendí trazar acerca de nuestras preocupaciones fundamentales no haya significado una extralimitación en lo que dice relación al tema que se está tratando. También es de esperar que dichas preocupaciones encuentren eco en las instancias presupuestales, ya que cuentan felizmente con ciertos puntos de coincidencia no sólo en lo que tiene que ver con los sectores del Frente Amplio, sino también con otros representados en el Parlamento.

Quizá lo que influyó en mí para decidirme a distraer al Senado con la exposición de estos puntos de vista haya sido la idea de que el Presupuesto nacional requerirá eso tan manido en los últimos tiempos que es el consenso nacional, consenso éste en torno a los problemas básicos que se derivan de la política fiscal, -que es uno de los contenidos vitales del Presupuesto y del manejo de la economía pública que se vinculan, nada menos, que con el futuro desarrollo del país y con las soluciones que surgen del examen de esos dos grandes capítulos.

Entiendo que si somos capaces de llegar a ese punto del consenso nacional habremos hecho una obra útil para el país; de lo contrario, si el Presupuesto General es examinado, analizado y aprobado a través de los viejos criterios de las pugnas políticas y partidarias, habremos defraudado una gran expectativa pública.

Era eso lo que quería decir.

(¡Muy bien!)

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en realidad, pienso que, al considerar este proyecto, no podemos perder de vista que constituye uno de los elementos más importantes- si no el más significativo- de todos los que el Parlamento ha considerado en este, prácticamente, primer semestre de actividad. No creo que debamos tratarlo con prescindencia de los distintos aspectos que envuelve porque, naturalmente, es una Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Incluye sustancialmente, como su propia definición lo indica, aspectos de orden financiero, ordenamiento de cuentas, pago de deudas, ajustes administrativos, etcétera.

El trabajo realizado ha sido intenso; se ha llevado en forma ordenada y los matices que reflejan las diversas opiniones de los distintos sectores, en lo fundamental han sido sólo eso, matices.

A lo largo de la consideración de este proyecto no se han registrado oposiciones frontales, y el espíritu con que se encaró -debemos reconocerlo- fue, por parte de todos los sectores políticos, visiblemente constructivo y con afinidades marcadas en diversos planos.

No obstante ello, esta será una ley que representa un gran desfuerzo para el país y que tiene una elocuencia ejemplar en diversos aspectos que, en nuestra opinión, no deben ser omitidos porque acabamos de salir -y esto ya parece un lugar común- de una dictadura cruel de más de un decenio, durante el cual las instituciones no pudieron funcionar, la oposición no podía manifestarse libremente, y ni los partidos políticos, ni la Justicia, ni la prensa, ni el Parlamento, ni los sindicatos pudieron actuar.

Todo eso es real; pero esto es la fachada. En el fondo estuvo el desaguadero. Y allí, ¿qué hubo? El origen real -del que tenemos una clara demostración- de todas esas subvenciones institucionales y supresiones de la libertad; un Estado organizado sistemáticamente para la explotación y el empobrecimiento; un Estado puesto al servicio de la entrega a intereses extranjeros representados también por gente que nació en el Uruguay pero que no tiene nacionalidad. Y esto es lo que también traduce este proyecto y lo que siento que no tenemos derecho a emitir ni a saltear. Aquí se aplicó un concepto autoritario del Estado, una doctrina de seguridad del Estado y se prohibió o intentó prohibir ideologías; pero, además, se aplicó una política económica y una financiera. Durante 12 años se acató todo lo que el Fondo Monetario Internacional impuso y se aplicó un concepto neoliberal, desaforadamente puesto al servicio de capitales. Se empobreció al pueblo pero se enriqueció a empresas, se dificultó la producción, se la disminuyó, se la atacó, pero se favoreció la especulación de inversionistas. Se estimuló la actividad financiera en su más neta, cabal y antinacional manifestación.

Aquí están los resultados. Esto no se debió, solamente, a que el Estado no permitió Parlamento libre, partidos políticos o sindicatos. Por supuesto, en gran medida se debió a ello; pero, además, fue porque se aplicó una determinada política económica y financiera que produjo proyecciones sociales cuyas consecuencias están aquí. Entonces, cuando encontramos lo que encontramos, cuando nos vimos obligados a comprender que un conjunto de enormidades que están allí no son culpa de ninguna de las fuerzas políticas que actualmente funcionan en el país, tenemos que decir de la misma manera, en la misma medida, con idéntica fuerza y similar convencimiento que así como nunca más podrá haber en el Uruguay un régimen político-institucional siquiera parecido al que se extendió desde 1973 hasta el 1º de marzo de 1985, que para que la reactivación económica sea cierta y para que la recuperación social empiece a transitar, es igualmente indispensable que esta concepción económico-social neoliberal, fervorosamente puesta al servicio de los intereses capitalistas, sea, en idéntica medida y profundidad, sustancialmente rectificada.

Se aplicó la política del Fondo Monetario Internacional; se aplicó abiertamente la política de los intereses capitalistas y, ¿qué leemos ahora aquí? Que en los últimos tres años, el Producto Bruto Interno sufrió una caída del 15,5%; que en las variables por persona el ingreso bruto de 1984 es un 23.7% inferior al de 1981; que se advierte un desmedido crecimiento del sector del producto interno y del ingreso nacional tomado por el consumo público; que el consumo privado cayó en un 22.4%; en la inversión la caída es más abrupta ya que sólo llegó a un 45% de la de 1981 y que el desempleo alcanzó, en estos 3 años tasas históricas: 18% en marzo de 1983.

¿Qué decir, entonces, del sector externo, que en 1973 tenía una deuda de U$S 720:000.000, y llega, según esta información, a más de U$S 4.000:000.000 en 1981 lo que obliga a pagos que el propio informe reconoce que determina cantidades imposibles de cumplir con los recursos nacionales?

Los depósitos en moneda nacional, fueron reducidos en un 37% en términos reales; el crédito en moneda nacional reducido, a su vez, al 54% del nivel anterior, etcétera.

Estas realidades no cayeron de otro planeta, estos no son discos voladores, esta tragedia nacional cayó de lugares bien determinados, de centros financieros internacionales que, cuando la crisis ya no es cíclica como las que periódicamente han afectado al capitalismo, sino que es una crisis del propio capitalismo, apresura la rápida circulación de capitales en condiciones masivas; precipitan el otorgamiento de préstamos incontrolados e incontrolables; modifican -a su antojo y paladar- el valor de la moneda en que estos préstamos se efectúan; modifican, sin contralor posible del deudor, las tasas de interés previamente fijadas.

Por eso pienso -ya que tanto oíamos hablar aquí hoy de la retroactividad o irretroactividad de determinados tributos- en: ¿qué pasa con las modificaciones unilaterales de las tasas de interés y de las formas de pago en los préstamos internacionales? Todo esto condiciona a procesos como el que se traduce en esta Rendición de Cuentas; son aquellos polvos que traen estos lodos y sólo saliendo de esa órbita corrupta y asfixiante podrá, sustancialmente, entrar a establecerse alguna forma de modificación. Muy bien ha señalado nuestro compañero de bancada, el señor senador Cardoso -como antes lo hizo el señor senador Senatore- nuestras discrepancias y observaciones.

Votamos en general este proyecto de ley porque, en realidad, consideramos que no tendría sentido el oponernos a la consideración de una Rendición de Cuentas que, en cuanto a ordenamiento financiero, el país evidentemente necesita; a la emisión de deudas para solventar déficit o intentar hacerlo; o al otorgamiento de partidas complementarias, por la vía de subvenciones, para determinados servicios atrozmente deficitarios. Pero, al mismo tiempo, vamos a expresar solicitudes de aclaración, una serie de precisiones y observaciones con respeto a algunas formas de distribución que aquí se plantean porque, además, nosotros pensamos que no es tanto porque sea equivocado lo que se propone como conjunto, sino porque sentimos que resulta insuficiente en varios aspectos y que se pudo y debió -ya a esta altura del período de Gobierno- haber avanzado un poco más.

Se apuntan índices que tienden a dar un tratamiento algo mejor a algunos servicios como la enseñanza y la salud, que a otros, pero no podemos dejar de tener en cuenta que lo que hacemos es levantar, con leves diferencias porcentuales, a los que están muy contra el piso y empezar a disminuir, con levedad casi intrascendente, a quienes están más allá de las nubes. Podríamos hablar, inclusive, de la miseria y la insuficiencia atroz de la Enseñanza y de la Salud, de servicios capitales, indispensables para la vida del país como el Poder Judicial. Días pasados, tuve oportunidad de recibir la visita de un eminente ciudadano que hoy, para honra de nuestra democracia, desempeña la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, puedo decir que es realmente atroz la serie de carencias que este fundamental poder del Estado padece, para lograr el cumplimiento de algunos de sus servicios más esenciales, mientras que otros sectores de la vida del país florecen en la holguera y hasta en el hartazgo.

Señor Presidente: en el curso de la discusión particular iremos expresando algunas de las observaciones que nos merecen diversos artículos y, en otros casos, para profundizar en lo posible en el conocimiento de sus detalles. Pero también queremos significar, a propósito de la Rendición de Cuentas y de la próxima elaboración presupuestal en que participaremos, que no nos asustan demasiado los déficit, que no consideramos un desiderátum el presupuesto rigurosamente equilibrado. Lo que importa es que las elaboraciones presupuestales y los ajustes administrativos y financieros se hagan en el marco de una concepción que permita visualizar un desarrollo adecuado del país. Cuando el déficit es sólo el reflejo de una concepción optimista de normas y medidas que conduzcan a una reactivación efectiva del plano económico, el mismo podrá ser enfrentado, paliado y aún superado en un futuro próximo. Lo malo es que los déficits sirvan para pagar privilegios, para pagar horrores, desatinos y acomodos como los que, en definitiva, determinan la producción de éstos.

Muchas veces digo, señor Presidente, que en las sesiones secretas a que asistimos para examinar solicitudes de destitución de funcionarios en ocasiones me siento profundamente limitado en mis posibilidades. Tanto es así, que no tengo reparos en confesar que más de una vez he preferido evitar un pronunciamiento, porque me he encontrado con una solicitud de venia de destitución absolutamente justificada -un funcionario que cometió una irregularidad, un pequeño dolo, que faltó a sus funciones durante un tiempo- y, naturalmente, uno comprende que es razonable la solicitud y que la venia es procedente. Pero cuántas veces me pregunto: ¿y los otros? Aquellos que nos arrojan sobre la mesa N$ 26.000:000.000 de déficit que tendrá que pagar el pueblo; ese edificio, donde ahora está la Presidencia de la República, destinándolo para un Ministerio. ¿Cuánto le costó a nuestro pueblo?

Cuando estuvimos -hace unas semanas- con algunos colegas del Senado y de la Cámara de Representantes, en la sesión del Parlamento Latinoamericano nos hicimos una idea -y sería necesario que todos la tuvieran, aunque sea en forma aproximada- de lo que es la Embajada uruguaya en Brasilia, sólo comparable con las de los Estados Unidos y de la Unión Soviética -ni siquiera se puede comparar con las de otros países latinoamericanos- ¿Cuánto costó eso al país? ¿Cuánto le costó el edificio de la Embajada en Buenos Aires? ¿Cuánto ha invertido el país en los hospitales para militares y policiales y qué grado de comparación existe entre la forma de atención que allí se ofrece, con la que se brinda al resto de la población? ¿Cuánto ha tenido que pagar el país en estos últimos años por afiliado, por unanimidad, en los servicios que prestan la Caja de Jubilaciones y Pensiones Militares y la Policial, con relación a las demás Cajas?

¿Cuánto paga por afiliado la Caja Militar y cuánto la de Industria y Comercio? Aquí están las consecuencias y de ellas no se puede prescindir. Esa es la seguridad del Estado y el concepto autoritario puesto al servicio de una concepción neoliberal inventada por centros que intentan, a través del manejo de las finanzas internacionales, controlar y dominar los destinos de toda la humanidad, desde sus antros de Nueva York, de Amsterdam, y de otros lugares. Estas son las horrorosas consecuencias; aquí está la proyección negativa. El pueblo tendrá que pagar. Más allá de que este artículo nos guste un poco más y este otro un poco menos, que en vez de 396 millones para Defensa nacional y 200 millones para Salud Pública entendamos que hay que darle 400 a Salud Pública y 150 millones a Defensa Nacional; más allá de todo eso aquí, en la Rendición de Cuentas de 1984, otra vez está el rostro patibulario de un orden internacional puesto al servicio de los centros de poder que manejan capitales y de una explotación que conduce al hambre, la miseria y la dependencia que ellos quieren, a las dos terceras partes de la humanidad.

Hoy, señor Presidente, en el avance de este examen de la Rendición de Cuentas, anunciamos que pondremos a consideración estos valores con propuestas firmes, definidas y financiadas cuando llegue al Parlamento el Presupuesto General de la Nación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Formulo moción para que en la discusión particular se suprima la lectura de todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo II que comprende los 4º a 8º inclusive.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: lamentablemente no tengo más remedio que vincular la consideración de los artículos 7º, 8º y 9º; y no se asuste el Cuerpo que solamente lo hago a efectos de conservar la numeración y no por ningún cambio sustancial.

Los señores senadores repararán en que el artículo 8º refiere a potestades de la Suprema Corte de Justicia. Tal como ya lo manifesté en la Comisión, esta disposición fue solicitada por el Presidente de la Corte y es exactamente igual a la que ya aprobáramos en oportunidad de tratarse la derogación de la ley que creaba el Ministerio de Justicia.

El lugar del texto de la ley donde se encuentra esta disposición -artículo 8º- no es precisamente donde debe estar y sería más razonable que se encontrara en el quinto parágrafo del artículo 9º, artículo que dispone una partida destinada al Poder Judicial. Ese es el lugar adecuado, porque si la disposición se ubica como en el proyecto en el artículo 8º queda aislada y no hace referencia concreta como debe hacerlo, a partidas determinadas. Además, y de seguirse el criterio propuesto, hay que hacer el agregado de que comprende la partida que se le destina al Poder Judicial en el parágrafo tercero del artículo 4º, que ya fuera aprobado.

En resumen, señor Presidente, luego de estas explicaciones que espero hayan sido claras, propondría -a efectos de no alterar la numeración- que del último parágrafo del artículo 7º y sin alterar su texto se hiciera un artículo que pasaría a ser 8º, y el actual 8º pasarlo a 9º y allí tendré oportunidad de indicar concretamente el lugar y el agregado que a mi juicio corresponde hacer y que explicitara antes.

La mejor manera para entender estos cambios es ir por partes.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCIA COSTA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Creo que la facultad que se le otorga a la Suprema Corte de Justicia para disponer de las transformaciones de cargos y las partidas de gastos -sin perjuicio de agregar algún inciso en el artículo 9º- debemos mantenerla allí donde está porque esta disposición se refiere a aquellas partidas correspondientes al Capítulo II "Funcionamiento", a las que se transfieren los créditos del inciso catorce, ex Ministerio de Justicia. Por lo tanto, me parece que de cualquier forma -sin perjuicio, reitero de hacer algún agregado a posteriori- corresponde que la Suprema Corte de Justicia tenga esa facultad relativa a los recursos que se le asignan en el Capítulo de "Funcionamiento". Le podemos hacer un agregado...

SEÑOR GARCIA COSTA. - Eso es a la inversas de lo que propongo, en cuanto a redacción, pero con el mismo concepto y resultado, por lo que estoy de acuerdo.

SEÑOR BATLLE. - En el artículo 9º relativo a las inversiones, se puede hacer referencia expresa, que con respecto a ellas también es válido lo que dispone el artículo 8º. Pienso que de esa forma sería más sencillo.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Es lo mismo que buscaba con mi intervención y reitero que no tengo inconveniente.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, en el artículo 9º a posteriori de donde dice: "Dentro de los montos globales máximos establecidos en este artículo el Poder Ejecutivo asignará al Inciso 16 ‘Poder Judicial’ hasta N$ 110:800.000" se puede agregar una disposición habilitando a la Suprema Corte de Justicia para que disponga de estos recursos con las mismas facultades que las que se le confieren en el artículo 8º.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Exactamente, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III "Inversiones" que comprende los artículos 9º a 11 inclusive.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Aquí es donde hay que hacer el agregado que propone el señor senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Si me permite el señor senador Batlle, el inciso que comienza "Dentro de los montos globales máximos" podría concluir: "aplicándosele a tales partidas lo dispuesto por el artículo 8º de la presente ley".

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con el agregado propuesto pero creo que debería decirse "en lo pertinente", porque en este artículo 9º se hace también referencia a una partida para el Inciso 19, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El artículo 8º se refiere exclusivamente a la Corte de Justicia y entonces debería decir "aplicándose en lo pertinente" y luego la redacción continúa tal como lo sugería el señor senador García Costa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el agregado propuesto.

(Se lee:)

"Aplicándose en lo pertinente a tales partidas, lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley".

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En el artículo 9º radica, justamente, uno de los elementos de juicio sobre los cuales tenemos observaciones que realizar en la discusión particular.

En este artículo, aparece, por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional figurando con N$ 396:000.000; el Ministerio de Salud Pública con N$ 158:000.000 y una remisión al decreto del 4 de julio del Poder Ejecutivo sobre inversiones.

En el caso concreto del artículo anterior que fue votado y que trata sobre funcionamiento, se fijó un criterio general que puede ser compartido o no; nosotros lo hemos votado aunque hubiésemos preferido que fuera distinto, pero, en definitiva, no hicimos observaciones al respecto.

En lo que tiene que ver con las inversiones, naturalmente, aparecen cifras globales, que solamente están detalladas en el Anexo correspondiente al decreto del 4 de julio.

Obviamente que esto induce a cosas diferentes porque si se tratara de obtener recursos para equipar la base de investigación científica de la Antártida, para la desecación de los bañados de Carrasco o para los equipos electrónicos de control del Aeropuerto de Carrasco, naturalmente que pertenezcan al Ministerio de Defensa Nacional o al que fuere, tienen una lógica indiscutible. Pero, en cambio, los N$ 396:000.000 están destinados a muchas cosas, por ejemplo, para viviendas, equipamientos y construcción de mobiliario en diversos sectores y, lógicamente parecería que las divisiones de Tutela Social de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hubieran quedado totalmente desposeídos a lo largo de toda esta última década, según lo que se establece en esta Rendición de Cuentas. Quien lee todo esto piensa que no cuentan con vehículos, ni equipamientos, ni viviendas, porque se trata de viviendas, equipamientos, vehículos una y otra vez, viviendas, equipamientos, vehículos, ampliaciones de sede y de hospitales, para las Fuerzas Armadas, por supuesto. Por lo tanto nosotros estimamos que en estos sectores, los recortes no son tales y que la selección no es la adecuada para un momento tan difícil como el que vive el país. Pienso que pudo haberse reducido en mayor medida este rubro sin que esto implique, como dije, una observación conjunta sobre el proyecto que estamos votando.

Señalamos, señor Presidente, la falta de relación -desde nuestro punto de vista- que existe en las inversiones propuestas. Y ello es confirmado al haber conocido hace algunos minutos el detalle de esta partida. Hemos encontrado elementos que son absolutamente disímiles dentro de esos N$ 396:000.000 que se preven para el Ministerio de Defensa Nacional. Por supuesto que no se nos ocurriría, de ninguna manera, reducir a cero al Ministerio de Defensa nacional, ya que en el mismo existen muchos servicios -algunos de los cuales ya he mencionado- que es indispensable mantener en forma adecuada.

Hace muchos, pero muchos años que no entro a ninguna repartición de las Fuerzas Armadas; por lo tanto, no las conozco por dentro; pero me inclino a pensar que tal vez algunos de estos mobiliarios y vehículos, puedan no ser necesarios; reitero que me inclino a pensar que puedan no ser necesarios.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no he querido intervenir en la discusión de ninguno de estos artículos haciendo comentarios de carácter general; tampoco lo quiero hacer ahora.

Simplemente voy a brindar una información, que todos los integrantes de la Comisión ya conocen. Además, este decreto se publicó -como se hace con todos- en el Diario Oficial, y contábamos con la copia del mismo en la mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto, de la que forma parte el señor senador Rodríguez Camusso; estuvo a disposición de todos los señores miembros de la Comisión y de quienes tuvieron interés en leerlo, e inclusive, tienen una copia del mismo.

En lo que tiene que ver con las inversiones que señala el decreto de 4 de julio de 1985, puedo decir que son en su mayoría -según se observa- obras que ya están en procesamiento. Es decir, que no son inversiones en cosas nuevas; prácticamente en ninguno de los incisos que estamos considerando, aparecen inversiones de este tipo.

Por tal motivo el señor senador Senatore dijo con toda razón que una de las virtudes que se le podía adjudicar a esta Rendición de Cuentas -ya que no es ésta nada más que una Rendición de Cuentas- es que no se han aumentado las inversiones. Efectivamente es así, porque lo que se ha procurado es precisamente, completar obras ya iniciadas y dejar la naturaleza de un Plan de Inversiones para un quinquenio, a lo que se establezca y se considere en el Presupuesto General de Gastos.

Sin perjuicio de ello debo decir -como lo habrán advertido los señores senadores- que en los incisos correspondientes a gastos, no figura el Ministerio de Defensas Nacional, lo que en términos reales, evaluado el ajuste inflacionario sobre el que se han calculado estos valores o guarismos, supone una disminución de los recursos que le son otorgados a ese Ministerio del 30%, así como un aumento considerable dentro de los recursos posibles, en una Rendición de Cuentas que se ha debido hacer con la premura del caso, debido a las circunstancias y condiciones especiales en las cuales el Gobierno y la República están funcionando. Al respecto se ha seguido ya una orientación y un cambio. Esto se establece claramente en los guarismos con los que momentáneamente se van marcando diferencias, aunque ellas sean en forma provisoria.

En este Capítulo de las inversiones se le asignan a otros sectores de la vida administrativa nacional -ya sea a aquellos que dependen de la Administración Central, como a los comprendidos en el Inciso 220, ya sea el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral- los recursos imprescindibles que necesitaban para poder desarrollar y cumplir con sus funciones, de acuerdo a lo que acordaron con el Poder Ejecutivo.

Representantes de estos dos organismos que figuran en el Inciso 220 estuvieron con los miembros de la Comisión de Hacienda tratando estos temas. También lo hicieron miembros de la Administración Nacional de la Educación Pública y de la Universidad de la República, y en distintos rubros se señala claramente cuál es la intención del Poder Ejecutivo y por supuesto la del Parlamento, en lo que tiene que ver con esta materia.

Señor Presidente: básicamente lo único que se ha hecho en este caso es completar algunas obras y estoy de acuerdo con el señor senador Rodríguez Camusso en que algunas de ellas son de carácter faraónico.

En lo que tiene que ver con el Plan de Obras Públicas pensando solamente en lo que cuesta la inversión en los accesos a Montevideo y en el trastorno que han causado en la vida urbana, se puede decir que son inversiones de carácter faraónico. Muchas veces, quizás en un 95% de las veces, le provoca más daño a la comunidad la paralización de las obras, porque existen contratos, licitaciones y derechos adquiridos que generarían juicios de todo tipo si esas obras adjudicadas se paralizan.

Pienso que este cuidadoso examen lo tendremos que hacer cuando estudiemos el Presupuesto Nacional de Gastos; vamos a llevarlo a cabo todos los sectores y, por supuesto, ya lo está haciendo el Gobierno.

El doctor Canessa que estuvo trabajando con nosotros estableció, inclusive, algunas pautas que se incorporan a esta Rendición de Cuentas y que avalan a la Comisión a los efectos de que se pueda decir que todos los que estuvimos participando durante quince o veinte días, somos testigos de que existe el espíritu -tanto del Poder Ejecutivo como de los integrantes de la Comisión de Hacienda- de que las normas del Presupuesto General de Gastos se ajusten a los objetivos que deben establecerse en él.

Pero lo que estamos considerando es una Rendición de Cuentas que trata de atender las mínimas inversiones necesarias para el funcionamiento de un Estado. Facilita recursos, por ejemplo, para algunos organismos que los estaban reclamando, como los comprendidos en el inciso 220 -Tribunal de Cuentas, Corte Electoral- o para atender situaciones de hecho que fueron superadas con recursos de Tesorería y que ahora se regularizan, como es el caso de los conflictos en que la Administración tuvo que atender a los sectores que estaban sumergidos. Esos son los casos que se atienden en la Rendición de Cuentas.

Naturalmente, si pudiéramos estudiar en detalle cada uno de los contratos vigentes -de orden interno o que poseen fuentes de recursos externos- es posible que estuviéramos de acuerdo en que hubiera sido mejor hacer algo distinto, pero los contratos ya están firmados y es necesario respetarlos pues de no cumplirlos se generarían principios de todo tipo para la Administración.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Deseo señalar que a través de las sumas que se asignan para funcionamiento, inversiones o eventualmente para subsidios, pueden apreciarse cuales son las prioridades que animan el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo y lo elaborado en la Comisión. Creo que no está de más recordar que entre esas prioridades figuran: la salud, a la que se le asigna la suma de N$ 770:000.000, para gastos de funcionamiento e inversiones; la Administración Nacional de Educación, a la que se le fija la suma de N$ 1.000:000.000; la Universidad de la República a la que se le da la suma de N$ 800:000.000; las obras públicas, a las que se le asignan N$ 1.700:000.000; el plan solidario de emergencia para el que se fijan N$ 1.900:000.000 y el Banco Hipotecario, al que se le asignan N$ 2.200:000.000.

Me parece necesario reiterar que, en el rubro "Funcionamiento", el único Ministerio que no recibe aumento es el de Defensa Nacional.

Reitero que en la opción que se ha tenido las prioridades fueron marcadas en la salud, la vivienda y la educación -que recibirá N$ 800:000.000 para la Universidad y N$ 1.000:000.000 para la Administración Nacional de Educación- y creo que este orden es correcto, por lo que deseaba señalarlo.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - A los miembros de la Comisión le consta que he concurrido todos los días, a todas las horas en que ella fue citada y recibí todas las informaciones que se dieron, pudiendo apreciar que existen cosas que son más indispensables que algunas de las que aparecen en este plan. Me refiero concretamente a la concesión de recursos para inversiones del Ministerio de Defensa Nacional. A pesar de la acotación que realizaba el señor senador Batlle, pienso que quitarle N$ 100:000.000 a la suma adjudicada a este Ministerio no puede perjudicarlo demasiado -quizás no pueda comparar algunos automóviles o terminar una obra de las que los señores integrantes de las Fuerzas Armadas poseen para recreo- y sí ayudarla mucho al Ministerio de Salud Pública al que lamentablemente, ningún recurso le alcanza para poder adquirir un nivel medianamente decoroso.

Aunque reconozco que la distribución fue realizada en la forma en que lo señaló el señor Presidente, este tipo de cosas nos impulsan a no apoyar estas disposiciones. Creo que seríamos más equitativos y justos si diéramos más a los que realmente lo necesitan, a quienes están más desposeídos y fueron peor tratados durante estos doce años.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo dejar constancia de que -según la información que poseo- el decreto del Poder Ejecutivo relativo a inversiones no fue publicado -por lo menos hasta el lunes próximo pasado- en el Diario Oficial.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Por mi parte, deseo dejar constancia de que el decreto mencionado fue recibido por la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto el primer día en que sesionó, y el señor senador Rodríguez Camusso forma parte de ella.

SEÑOR PRESIDENTE. - Las constancias efectuadas por ambos señores senadores no son contradictorias.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º con el agregado oportunamente propuesto por el señor senador García Costa.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el Capítulo IV "Subsidios y Subvenciones al Sector Público", que comprende los artículos 12 a 17 inclusive.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: brevemente deseo reiterar algunas manifestaciones realizadas en la Comisión con respecto a este artículo.

Creo que la situación de algunos organismos vine desvirtuando desde hace mucho tiempo el pensamiento que informó su creación. Los Entes Autónomos fueron creados con el fin de encauzar una actividad secundaria del Estado y, además, algunos de ellos tuvieron el privilegio del monopolio. Se pensó -lógica y sensatamente- que organizaciones comerciales, dotadas de todas esas facilidades tendrían una brillante gestión financiera, especialmente las que contaban con el beneficio del monopolio, ya que además de esas facilidades tendrían una brillante gestión financiera, especialmente las que contaban con el beneficio del monopolio, ya que además de esas facilidades no tenían que afrontar ninguna competencia. Fue así que, en los primeros tiempos, el Parlamento votaba leyes que determinaban el porcentaje de ganancias que dichos entes debían verter a Rentas Generales; sin embargo, su funcionamiento se fue deteriorando hasta que llegó el día en que ya no hubo ganancias para volcar a Rentas Generales y finalmente, esa desastrosa involución culminó, no sólo con el hecho de que ya no vertían, sino que, además, Rentas Generales debía subsidiarlos. Eso es lo que hoy seguimos haciendo a través de este artículo que no es original ni se establece por una situación coyuntural, sino que se viene repitiendo desde hace muchos años.

El caso más elocuente de lo que acabo de mencionar es el de AFE a la que le estamos votando un subsidio de N$ 1.900:000.000 cuando -si no estoy mal informado- su presupuesto total es de N$ 1.600:000.000. Quiere decir que le estamos dando por subsidio más de lo que constituye su presupuesto normal.

En Comisión hemos tenido que oír una información que parece absurda, pero que es real.

Se nos dijo que si mañana se cierra AFE y se les sigue pagando los sueldos por el resto de sus días a todos sus empleados y obreros, sin que trabajen, el Estado ganaría mucho millones de pesos.

Me parece que esta es una situación que no puede arreglarse en esta Rendición de Cuentas, pero ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden permanecer indiferentes ante un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Al comentar esto con un compañero de Comisión, éste me decía con cierta agudeza: "¡Qué vamos a hacer! La bomba o el subsidio". Esta es una observación surgida de la realidad, pero me resisto a aceptarla.

Creo que el Poder Ejecutivo en el próximo Presupuesto nos tiene que traer una solución o, al menos un comienzo de solución. Para esbozarla posee una experiencia mundial, porque no es el único país donde funcionan organismos de esta naturaleza. Además, tiene la imaginación que debe poseer todo gobierno y creo que a éste no le falta. Con la ayuda de esas dos circunstancias -experiencia mundial e imaginación- confío que en el próximo Presupuesto no tengamos que repetir lo que lamentablemente está haciendo el país desde hace decenas de años: apuntalar gestiones insuficientes, que no cumplen con los cometidos para los cuales fueron ideadas. De esta forma, se retraen de otras finalidades, tal vez más necesarias, dineros de la colectividad que se vierten en el barril sin fondo de esos organismos. La ineficacia de éstos ha superado ya la calidad de sus propios Directorios, porque nos consta que a lo largo de los años, han desfilado por ellos personas con capacidad, conocimiento, dedicación y patriotismo. Sin embargo el aparato ha sido superior a sus fuerzas y propósitos y el hecho real es que a través de los años, esos organismos están significando un verdadero cáncer en las finanzas nacionales.

Manifiesto todo esto como expresión de un sentimiento y como formulación de una esperanza. Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede ser indiferente a esta situación y repito que espero que en el próximo Presupuesto tengamos una solución distinta a esta tan manida, de papel carbónico, que nos viene en todos los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas de subsidios y más subsidios.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: vamos a dar nuestro voto favorable a este artículo, también como ha ocurrido en otros casos, más allá de detalles y apreciaciones que puedan fluctuar en una cantidad o en otra. En una palabra, más allá de matices.

Especialmente queremos detenernos en el literal a). Naturalmente AFE lleva en esta Rendición de Cuentas un monto que prácticamente roza los N$ 2.000:000.000 y al mismo tiempo este organismo se ve enfrentado a una situación dificultosa. Dificultosa en cuanto a su funcionamiento y enfrentada a avatares diversos como consecuencia de la característica social y de las remuneraciones a sus funcionarios. Promedialmente, de todos los servicios autónomos y descentralizados del Estado, AFE es, en este momento, y con apreciable diferencia el que está pagando menores asignaciones a sus trabajadores, tanto del punto de vista de las retribuciones básicas, como en lo que tiene relación con los beneficios complementarios, sociales u otros. Por ejemplo, el Seguro de Salud al igual que el servicio de alimentación dentro de las oficinas, existen y funcionan regularmente en diversos organismos autónomos mientras que en AFE no se ha podido llegar todavía a ese nivel.

Pensamos, señor Presidente -creemos que también este es un elemento que seguramente está siendo considerado a esta altura por el Poder Ejecutivo y por el Directorio correspondiente- que AFE, adecuadamente organizada, es un Ente que debe cumplir un cometido primordial dentro de la estructura del Estado. AFE puede estar llamada a constituir una base fundamental para el transporte pesado y de pasajeros. Naturalmente se necesitan modificaciones importantes en su infraestructura y es indispensable remozar su parque. Pero estamos convencidos -por varias razones que no es del caso explicitar esta noche, pero que haremos en una próxima oportunidad- que AFE es un organismo que debe ser reorganizado y pertrechado por el Estado con los elementos indispensables para el cumplimiento adecuado de las funciones que está llamada a cumplir.

Por todas estas consideraciones y más allá de algunos elementos de detalle, compartimos en sus líneas generales las disposiciones de este artículo y le daremos nuestro voto favorable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: creo que esta norma, en cierto sentido, en algunos de sus aspectos es imprecisa.

En primer lugar, se asigna una partida de hasta N$ 1.900:000.000 para la ejecución del llamado Programa Solidario de Emergencia, pero en realidad se asigna o imputa a los incisos 5 y 13 del Presupuesto, es decir a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas. Pero no se puede asignar en forma indeterminada, porque alguien debe determinar cuánto se asigna a cada uno. Creo que debemos tener en cuenta algo que establecía el proyecto originario, que no entiendo por qué se ha quitado, es decir, que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de distribución de esta partida. Creo que esta oración debe ser agregada después de la frase final.

Otro aspecto que deseo señalar, es que se hace alusión al Programa Solidario de Emergencia. Creo que este es el nombre que se le ha dado a un programa que se puso en ejecución primero por vía de decreto, situación que actualmente se está regularizando por esta norma. Me parece mucho más preciso hablar del decreto número tal, referido a la ejecución del programa, que de algo que no tiene existencia legislativa. El decreto que puso en ejecución al Programa Solidario de Emergencia debe tener un número por el cual corresponde identificarlo.

No sé si estamos en condiciones en este momento de conocer el número del decreto que puso en vigencia este programa. Si no fuera posible, tendría que quedar igual.

Pero entiendo necesario decir que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de distribución de esta partida.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: este artículo establece específicamente que se asignará esta partida a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, para la ejecución de ese programa.

Si el Senado así lo entiende, la Comisión realizará los trámites necesarios entre hoy y mañana, para establecer la fecha y el número, a los efectos de poder hacer la referencia, dentro del artículo 16.

Señor Presidente: cuando consideramos este tema -así como cuando tratamos otros de igual naturaleza- a propuesta del señor senador Pereyra nos pareció que la remisión a la Asamblea General de la forma y manera en que se van invirtiendo y gastando estas cantidades que se autorizan por una sola vez era más importante que la reglamentación que pudiera hacer el Poder Ejecutivo con respecto a la aplicación de este proyecto. Pienso que el elemento reglamentario podrá ser introducido dentro de dos meses cuando ya buena parte del programa esté realizada. En consecuencia, lo que sí nos pareció importante era que el Poder Ejecutivo diera cuenta del destino, de esos fondos.

Como todo esto está en marcha, en cierta medida las normas reglamentarias ya se están aplicando y han de existir en el decreto a que vamos a hacer referencia.

Por lo tanto, señor Presidente, entiendo que lo práctico es incorporar a este artículo el número del decreto que dio motivo a este plan de emergencia y mantener la norma final por la que se exige que los Ministerios y el Poder Ejecutivo den cuenta a la Asamblea General acerca de la forma en que se invierte esta cantidad que, reitero, se autoriza por una sola vez. No debemos tener dudas en cuanto a que esta es la única vez en que se vota esta cantidad; además, mediante estos mecanismos y procedimientos se procura que la sociedad trate de resolver estos problemas por otros medios.

SEÑOR FA ROBAINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FA ROBAINA. - Sin perjuicio de compartir íntegramente lo manifestado por el señor miembro informante en el sentido de la conveniencia de que el Poder Ejecutivo informe a la Asamblea General a medida que va haciendo uso de esta partida, y complementando la sugerencia del señor senador Aguirre, propondría -como es de estilo en estos casos- que se facultara a la Mesa para que realice el ajuste en la redacción definitiva de este artículo y lo complemente con el número del decreto a que hacía referencia el señor senador Aguirre. De esta manera no se dilataría la consideración y aprobación de este proyecto y podríamos seguir adelante.

Reitero que entiendo conveniente que se faculte a la Secretaría para dar una redacción definitiva a este artículo y complementario con el número del decreto, cosa que, por otra parte, es lo que se ha hecho en el tratamiento de otras normas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señores senadores: creo que no se ha dado respuesta a la objeción formulada por el señor senador Aguirre, en el sentido de que una partida no puede ser adjudicada a dos Ministerios sin establecer qué parte le corresponde a cada uno.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Tengo anotada aquí una referencia a la que hizo mención el señor senador Batlle -pero que en realidad había sido propuesta por el señor senador Pereyra- que me extrañó no ver incluida en el final de este artículo. Dicha referencia dice que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de su distribución, dando cuenta de la inversión de los fondos a la Asamblea General.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: no tengo ningún inconveniente -así como creo no lo deben tener los restantes miembros de la Comisión- en agregar lo siguiente: "El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de esta partida, dando cuenta a la Asamblea General". Reitero que no tengo inconveniente en que esto se incluya porque, en definitiva, el objetivo es que se dé cuenta a la Asamblea General. Es decir que ambas cosas no se contraponen.

(Apoyados)

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Además, había quedado acordado que después de "Programa Solidario de Emergencia" había que abrir un paréntesis en el que se incluiría el número del decreto pertinente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 en el entendido de que la Mesa se compromete a colocar el número del decreto correspondiente y con el agregado de un párrafo final que establezca: "El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de esta partida, dándose cuenta a la Asamblea General".

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo V "Normas sobre funcionarios" que comprende los artículos 18 a 32 inclusive.

En consideración el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que en este artículo se han cometido algunos errores de impresión o de copia.

En el literal b), en lugar de establecerse "igual a la del cargo de Ministros Secretarios de Estado", creo que debe decirse "igual a la del cargo de Ministro Secretario de Estado".

En el literal c), considero que están de más los vocablos "las de". Pienso que debería establecerse "Decanos de las Facultades de la Universidad de la República, igual a la del cargo de Subsecretario de Estado".

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo que también haría falta incluir una coma entre los términos "República" e "igual".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 20.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Supongo que los señores senadores que no integran la Comisión no tienen idea de a qué se refiere este artículo. Por ello quiero hacer una consideración que es válida para el artículo 20 en particular, pero que también lo es para prácticamente todos los artículos posteriores que figuran en el Capítulo V relativo a las normas sobre funcionarios.

Esta consideración ya fue planteada y fundada por mí en la Comisión, pero como entiendo que se refiere a un problema de carácter general en cuanto a las leyes presupuestales, pienso que es conveniente replantearla en este momento.

El artículo 20 se refiere a la remuneración del Presidente y Vicepresidente de CONAPROLE. Aquí se alude a la Ley Nº 9.526 de creación de CONAPROLE. Es obvio que ésta no es una norma de carácter presupuestal porque, entre otras cosas, CONAPROLE ni siquiera es un organismo estatal. Sin embargo, se entendió -y me avine a ello cuando concurrí a la Comisión aunque no la integraba- que era muy difícil dictar una ley para resolver ese problema concreto de CONAPROLE. Por ello, se consideró que incluyéndolo dentro de la Rendición de Cuentas, el problema quedaba resuelto correctamente y para siempre por lo que no había que estar cada tanto dictando una disposición modificativa de la que antes fijaba los criterios para establecer los sueldos del Presidente y del Vicepresidente de CONAPROLE.

Lo que objeto, o con lo que discrepo en esta disposición y siguientes, es en lo relativo a la práctica, tradicional en nuestro país, seguida con motivo del dictado o de la sanción de las leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas -que en definitiva son leyes presupuestales o de modificación presupuestal- por la que se incluyen normas que no tienen nada que ver con la materia presupuestal o que sólo se refieren lateralmente a ella. Para impedir este vicio, el constituyente de 1967 agregó al artículo 216 la disposición que establece que no deben incluirse en los Presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas normas cuya vigencia exceda la del mandato del Gobierno así como aquéllas que no se refieren exclusivamente a su interpretación o ejecución.

Todos recordamos que era tradicional que las leyes de Rendición de Cuentas tuvieron 400 o 500 artículos y que entre ellos se incluyera cualquier disposición ya que en ese fárrago de normas no se sabía, a veces, ni lo que se estaba votando. Además, todo eso se agregaba con la práctica de referirse en el texto de determinada disposición legal a otra u otras que la modificaban. De esa manera, no se sabía qué era lo que se estaba modificando o derogando.

Pues bien; en esta Rendición de Cuentas debo reconocer -y me felicito de ello- que aquel vicio tradicional se vio muy moderado. Esta Rendición de Cuentas no tiene 400 o 500 artículos -como tenían las anteriores- sino que cuenta apenas con setenta y tantos artículos. Es decir que se verificó una notoria moderación con respecto a esos malos antecedentes de antigua data.

Sin embargo, creo que es bueno tomar conciencia de que a pesar de que estas normas son pocas, no deben verse multiplicadas -por causa de este mismo vicio- cuando se elabore el proyecto de ley de Presupuesto a efectos de que éste no cuente con 400 artículos y con normas que violan el artículo 216 de la Constitución.

Se nos informó, por parte del Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de sus asesores, que como venimos de un período de dictadura en el que se dictaron normas que desquiciaron la Administración Pública y violaron los principios de la carrera administrativa, en determinadas reparticiones del Estado, como por ejemplo los Ministerios, no hay más remedio que dictar normas con premura a fin de resolver estos problemas. Lo cierto es que estas normas pueden ser dictadas de todos modos, porque se envía por separado el correspondiente proyecto de ley por el que se pretende corregir tales situaciones, lo estudiamos y lo aprobamos como forma de solucionarlas. Sin embargo, se quiso aprovechar la instancia de la Rendición de Cuentas para lograr esa finalidad, cuando con arreglo a la Constitución no debió ser así. No quiero extremar la crítica por esta situación, pero señalo el hecho. Estas disposiciones no tienen una vigencia por el período de gobierno correspondiente al Presupuesto; son disposiciones de carácter permanente que refieren a situaciones de funcionarios o a las creadas por sus estatutos. Es decir, que no deberían estar en esta ley. De todas maneras las vamos a votar, pero hago esta observación -que reitero formulé en Comisión- para que cuando tratemos el Presupuesto General en lugar de tener estas diez u once normas sobre funcionarios -las que no deberían estar aquí- no tengamos 50, 50 o 100 normas de este tipo. Que los Ministerios y reparticiones públicas que encuentren situaciones de injusticia en sus cuadros funcionales, quieran corregirlas, nos parece bien. Pero que entonces, el Poder Ejecutivo envíe el correspondiente proyecto de ley por separado y no incluya las normas dentro de la Ley Presupuestal, porque no es allí donde deben estar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 27.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Por este artículo 27 se sustituye una norma del Decreto-Ley Nº 14.206.

Este artículo, como el que le precede -el Nº 26- y cómo el que le sigue -el 28- refieren a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y regula determinadas situaciones y derechos u obligaciones de los mismos.

SEÑOR BATLLE. - También el artículo 29.

SEÑOR AGUIRRE. - Tiene razón.

Este decreto-ley -al que ya me referí en Comisión- viene a sustituir las normas que antes existían para los funcionarios del Servicio Exterior. En realidad, dicho decreto-ley conforma un verdadero estatuto para estos funcionarios y modificó todas las normas que existían en la materia. Dije en Comisión -y esto no es un chiste sino una realidad- que este decreto-ley es conocido entre el funcionariado de ese Ministerio como la "Ley Brutal", así bautizada debido a que las dos primeras sílabas de los nombres de los dos funcionarios a quienes se encargó la tarea de redactarla conformaban la palabra "brutal". Además, así se le designa porque fue brutal en sus efectos. Este decreto-ley permitió a la dictadura aplicar anticipadamente un Acto Nº 7, que aún no existía, a los funcionarios del Servicio Exterior, y perseguirlos por razones políticas so pretexto de que eran ineptos o inmorales. Realmente fueron muy tristes y dolorosos los efectos de su aplicación entre los funcionarios del Servicio Exterior de nuestro país.

En Comisión señalé que mejor que dictar normas aisladas a fin de solucionar algunos pocos problemas concretos que afectan a determinados funcionarios o categorías de funcionarios del Servicio Exterior, lo que debemos hacer o, en todo caso, debe hacer el Poder Ejecutivo, es redactar un nuevo estatuto del funcionario diplomático que dignifique nuevamente esa carrera, tal como sucedía antes, y que, de alguna manera restablezca o repare los perjuicios que ese decreto ocasiono y restablezca los derechos que, asimismo, lesionó.

En ese sentido, y sin que ello signifique que no vaya a votar estos artículos -porque no discuto su conveniencia- dejo señalada mi preocupación porque el Poder Ejecutivo nos remita un proyecto de ley que sustituya las normas de ese Decreto-Ley Nº 14.206.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 28.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - La modificación que se introduce en el artículo 28 consiste en que el número de funcionarios técnicos habilitados para desempeñar esas funciones fuera del país de diez se llevó a quince, habida cuenta de la necesidad que tiene nuestro país de impulsar su comercio exterior.

Por el artículo 29 se deroga el artículo 43 del Decreto-Ley Nº 15.167 que daba a esos funcionarios de la Dirección de Comercio Exterior, la condición excepcional de poder estar fuera del país en servicio activo por un período de ocho años o sea, tres años más de lo que establece la norma general para el resto de los funcionarios del Servicio Exterior. Por tanto, de esta manera se produce una asimilación a la situación de los demás funcionarios de dicho Ministerio.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - He estado meditando sobre lo que voy a expresar a continuación, ya que no sabía si hacerlo o no.

El señor senador Aguirre, al referirse a la "Ley Brutal", dijo que esta palabra era la conjunción de las dos primeras sílabas de los apellidos de los directamente responsables de la redacción de dicho decreto y que, por respeto, no los iba a mencionar. Sin embargo, personalmente entiendo que el nombre de esos funcionarios merece ser conocido, ya que con esa forma de actuar hicieron posible toda clase de persecuciones -como ser las de tipo político e ideológico- en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de los señores Bruno y Talamás. Creo que es bueno que se sepa quiénes son.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - No había querido nombrar a dichos funcionarios porque no tengo la certeza de que, de alguna manera, se les haya pedido o exigido que prestasen ese mal servicio. Se me podrá decir que podían haberse negado o haber renunciado, pero no era mi interés señalar públicamente a dos funcionarios del Servicio Exterior con el fin de censurarlos. De lo que sí me felicito es de que el señor senador Paz Aguirre comparta mi criterio en cuanto a los pésimos efectos que tuvo esa ley llamada "Brutal" y a la necesidad de derogarla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 28.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Pido disculpas porque en su momento no realicé la consulta que deseaba hacer al miembro informante. Ella tiene que ver con el alcance que tiene esta disposición cuando habla de funcionarios técnicos. ¿Con esto de "funcionarios técnicos" se quiere significar que ellos deben ser profesionales?

SEÑOR BATLLE. - Por aplicación del Decreto-Ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974, se califica de esta manera a los funcionarios que están incorporados a las planillas de la Dirección del Servicio Exterior y que puedan desempeñar este tipo de tareas.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Si no interpreto erróneamente las palabras del señor senador, esta disposición es, simplemente, una calificación de la propia Dirección General de Comercio Exterior.

SEÑOR BATLLE. - Exactamente, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 29. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 30.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - Deseo informar que el artículo 30 tiene que ver con la eliminación de un conjunto de cargos de confianza en el Ministerio de Salud Pública, referidos a Directores de Hospital, que a partir de ahora se regirán por las reglas administrativas normales.

El artículo 31 es una disposición solicitada por el Ministerio de Salud Pública, que en Comisión recibió un análisis especial porque en ese momento las autoridades de dicho Ministerio -su Subsecretario y otros funcionarios- nos plantearon la siguiente situación que debemos aclarar. Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública han tenido que desempeñar hasta ahora, señor Presidente, -pese a los esfuerzos que se han venido haciendo para mejorar los ingresos de los sectores que están muy por debajo de los niveles de salarios que tienen otros sectores de la Administración autónoma y centralizada- por imperiosa necesidad -para poder acumular ingresos- funciones circunstanciales y ocasionales en otras organizaciones de salud, particulares o privadas. Entonces, por esa razón, algunos días faltan a su actividad.

En función de ello, el Ministerio de Salud Pública nos ha solicitado que establezcamos la posibilidad de que se cree un fondo con los descuentos que en esos casos se practiquen, para retribuir a aquellos funcionarios que tienen que sustituirlos.

Por el artículo 31 se reglamenta el Decreto-Ley Nº 9.892, de 1º de diciembre de 1939 y el Ministerio entiende que, de esta forma, también se pueden cumplir mejor las funciones que están a su cargo.

El otro artículo a que me referí anteriormente está consignado más adelante en la Rendición de Cuentas, en el Capítulo "Disposiciones varias", y es, repito, el artículo 51.

Estas son las tres normas que el Ministerio de Salud Pública solicitó que se incorporaran a esta Rendición de Cuentas.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Quería hacer una reflexión sobre el artículo 30, que está a consideración del Cuerpo.

Este artículo establece la derogación del artículo 280 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, que tengo a la vista. Por esta disposición se declaraban como de particular confianza una serie de cargos -de administración, de Directores de Hospitales, de centros e instituciones de recuperación y asistencia, de centros de departamentos, Directores Adjuntos de la Dirección General de la Salud, etcétera- del literal "i)-12, Ministerio de Salud Pública".

Deseo señalar, señor Presidente, que estos cargos -de acuerdo a la información que poseo- antes de ser declarados de confianza en la época de la dictadura, eran llenados por concurso. Ello aseguraba, desde luego, una mayor eficiencia en la dirección de todos estos importantes establecimientos y también dada -al ser ocupado estos cargos- la seguridad de una responsabilidad funcional. De modo que no tengo ningún inconveniente en derogar esa norma, pero mi planteamiento se refiere -más que a esa norma que leí para explicarlo- al segundo parágrafo que expresa: "En caso de estar ocupados los cargos a que se refiere dicha disposición, la supresión del carácter de particular confianza se hará efectiva al vacar".

Tengo la información de que algunos cargos -no sé si muchos, pero sí unos cuantos- están ocupados por funcionarios que fueron designados por la dictadura. Pienso que si se derogara el carácter de particular confianza y volviéramos al régimen normal de concurso, no crearíamos ningún elemento distorsionante para ninguna de las personas que actualmente los ocupan. No me parecería mal que el concurso, la competencia, les diera la posibilidad de continuar en sus funciones, aunque hubieren sido designados por la dictadura. Aunque raramente la dictadura tuvo en cuenta la capacidad y competencia para hacer designaciones.

Pero, ocuparlos en función de haber sido designados directamente y esperar a que queden vacantes para volver a llenarlos luego, por las vías normales de designación por concurso -lo que, no obstante, de cierta tranquilidad y seguridad a todos estos importantes establecimientos del Ministerio de Salud Pública- no me parece una solución razonable. Al considerar este artículo, deberíamos suprimir esa disposición, con lo que quedarían sin el carácter de cargos de confianza. Deberíamos prever, para su designación -o confirmación de las personas que los están ocupando- el retorno al régimen de concurso ya que repito, se trata de cargos muy importantes, dentro de la administración del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - No tengo inconveniente en aceptar el criterio sustentado por el señor senador Senatore, ya que en Comisión este artículo no fue discutido en forma pormenorizada.

Debo decir al señor senador Senatore que mi información al respecto es que prácticamente todos los cargos están ocupados interinamente por profesionales y técnicos que han reemplazado a quienes se desempeñaban con carácter de particular confianza en la administración nacional y departamental del Ministerio de Salud Pública. Entiendo que el Ministro de dicha Cartera, a través de sus organizaciones administrativas correspondientes, se apresta a hacer la convocatoria nacional de llamado a concurso para llenar estos cargos.

Tengo la impresión -posiblemente algún señor senador del Partido Nacional tenga mejor información al respecto- de que todos estos cargos establecidos por el artículo 280 del Decreto-Ley Nº 14.416 que se deroga, están ocupados interinamente -por lo tanto los anteriores jerarcas han cesado en sus funciones- y se convocará a concurso, tal como lo establece la norma administrativa vigente que, en cuanto deroguemos la que estamos considerando, volverá a regir.

El señor senador Pereyra, que asiente a mis palabras, puede darnos quizá, alguna información adicional, así como el señor senador Aguirre. Pero, reitero, esto es lo que tengo entendido que sucede en relación a estos cargos del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Puedo afirmar, según lo que me han informado en el Ministerio de Salud Pública, que efectivamente es así. Se han sustituido, en general, los Directores y se han nombrado, hasta tanto se provean los cargos por concurso -tratándose de Directores de Hospitales y demás cargos administrativos de jerarquía que antes eran de confianza- otros en forma precaria.

SEÑOR PRESIDENTE. - Debo aclarar al señor senador Batlle que puedo certificar la misma información, no por ser senador blanco, sino por haber oído las quejas de los médicos colorados del interior, que han quedado fuera de estos interinatos.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: quiero formular una precisión porque entiendo que ha quedado en pie el planteamiento del señor senador Senatore.

Como senador frenteamplista -no soy ni nacionalista ni colorado- tengo idéntica información. Entonces, pienso que lo que ocurre es que es absolutamente procedente la primera parte del artículo. Es decir, la derogación del artículo 280. Si todos estos cargos -que son, nada menos, Direcciones de Hospitales, de Centros e Institutos fundamentales, de Centros departamentales, etcétera- están provistos interinamente, no entiendo para qué es necesario el segundo párrafo.

Es decir que simplemente se deroga la ley de 1975 que los declaró como cargos de particular confianza y retornan a su condición anterior, pasando a ser cargos que deben proveerse por concurso.

Comparto plenamente la primera parte de este artículo 30, pero no advierto la necesidad de este segundo parágrafo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El miembro informante, señor senador Batlle, ha adelantado su posición favorable con respecto a la supresión de este párrafo segundo.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Hay algo que no resulta claro en estas dos disposiciones.

La derogación establecida en el primer párrafo hace suponer que una serie de cargos pertenecientes al Ministerio dejan de ser de confianza a partir de esta derogación.

Lo que no está claro, en realidad es el alcance del párrafo segundo. Hasta ahora, es decir, hasta que no entre en vigencia este primer parágrafo, teniendo en cuenta que son cargos de confianza el Gobierno los puede sustituir en cualquier momento. Si el régimen de facto cesaba el 1º de marzo y había nombrado en uno de estos cargos a un funcionario determinado, el actual Gobierno -como se trata de un cargo de confianza- lo puede sustituir. En consecuencia, me pregunto si este parágrafo segundo pretende que le demos carácter permanente a los sustituidos.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Eso se hace, justamente, para evitar...

SEÑOR SINGER. - No, señor senador; es al revés, porque lo que me imagino -y de ahí es la duda que me ha planteado- es que un cargo de confianza ocupado por una persona que ha sido designada por el régimen de facto, en el correr de estos meses haya sido sustituida por el señor Ministro y, a partir de la sanción de este artículo, con sus dos parágrafos, esa nueva persona queda firmemente nombrada hasta que se produzca su jubilación.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR SINGER. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Tengo entendido que eso no se opera de esa forma porque las designaciones, en los respectivos decretos, en todos los casos se han hecho con expresa mención de que son de carácter interino y no en función de la disposición establecida en el Decreto-Ley Nº 14.216. Si fuera de otra forma, debería procederse de la siguiente manera. Se decreta el cese del Director del Hospital de Tacuarembó y de acuerdo a lo que establece el artículo 280 del decreto-ley de 28 de agosto de 1975, se designa a fulano de tal. Eso no ha sido así. Me consta que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho una sola designación con base a lo que establece el mencionado artículo; creo que en ese sentido poseo la misma información que tiene el señor Presidente del Senado. Además, el señor senador Pereyra, cuando realicé esta afirmación, asintió con su cabeza, en ambas cosas, o sea, que eran todos con carácter interino y que en esas condiciones se dictaron los decretos de designación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es suprimir los cargos, es decir, quitarles su condición de confianza pasando a ser de carrera administrativa, proveidos de acuerdo a lo que establecían las normas presupuestales anteriores lo que, reitero, significa que para estos cargos hay que dar el concurso correspondiente establecido en las disposiciones legales y, por ende, el Ministerio de Salud Pública debe hacer el llamado.

Es posible que el segundo parágrafo sea redundante y, tal como lo ha expresado el señor senador Senatore con respecto a su supresión, tengo entendido que en el Cuerpo no hay ningún obstáculo para que ello se haga.

SEÑOR PRESIDENTE. - Estamos todos de acuerdo, señores senadores. Sin embargo, la Mesa quiere confirmar la información que ha brindado el señor senador Batlle en cuanto a que actualmente todos los cargos son interinos, a tal punto que no han sido designados por el Poder Ejecutivo a través de un decreto, sino por resolución exclusivamente del señor Ministro de Salud Pública, lo que demuestra a las claras su carácter de interinato.

SEÑOR SINGER. - Si es así, el parágrafo segundo está demás.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - En virtud de las manifestaciones vertidas por los señores senadores Batlle y Pereyra, quiero aclarar -por un sentido de lealtad hacia los compañeros que actuaron en la Comisión- que esto recién lo conocí media hora antes de comenzar este Cuerpo el estudio del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Una persona de mi conocimiento, de la que tengo una absoluta seguridad con respecto a su rectitud y responsabilidad, me aseguró que aún había algún cargo de confianza desempeñado por titulares designados por la dictadura. Lamentablemente, señores senadores, no puedo dar ninguna otra información.

Considero que si se elimina este segundo parágrafo -en lo que todos concordamos- y aún existe algunos de estos funcionarios en esas condiciones, se le dará el cese y ese cargo volverá a ser ocupado por quien corresponda, previa demostración de competencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 30, que ha quedado reducido sólo a su primer parágrafo.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 31.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 32.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador miembro informante.

SEÑOR BATLLE. - A título de fundamento de voto adelantado, debo decir que lo único que se hizo en este caso fue regularizar situaciones irregulares. A través de los años, se han establecido sucesivas contrataciones y lo que hemos hecho fue regularizar la situación transformando a los actuales funcionarios que desempeñan estos cargos en presupuestados. De esta forma, hemos establecido la "retranca" -digámoslo así- de que todos esos cargos sean provistos por los funcionarios actualmente contratados, disminuyendo de esa forma los renglones generados por la forma de contratación.

Más adelante, señor Presidente, hay otra disposición que tiene el mismo propósito de reforzar la línea natural de acción de la Administración Pública, a efectos de evitar la permanente corruptela sobre la que, seguramente, mejor que nadie podrá darnos una explicación detallada en la sesión de mañana el señor senador Senatore, ya que él conoce perfectamente el tema, por cuanto ha estado siempre vinculado a esas oficinas, a lo largo de toda su brillante y extensa carrera funcional. En ellas inclusive, se crearon presupuestos paralelos a través de disposiciones absolutamente arbitrarias. Por otra parte, señor Presidente, se daba otro tipo de situaciones en las que, cuando cesaba un cargo, éste vacaba y el rubro imputado para ese renglón pasaba a una planilla de contrataciones para que el jerarca la pudiera usar llenando cualquier tipo de cargos, distorsionando de esa forma a la propia Administración Pública y, tenemos un ejemplo de ello en la Municipal, donde más del 85% de sus funcionarios son contratados o, también, en la Administración Nacional de Puertos en la que una buena parte de sus empleados se encuentra en las mismas condiciones; de esa forma se terminaba con las carreras administrativas y con los derechos, destruyendo las expectativas lógicas y naturales, haciendo que debieran depender de la buena voluntad de los jerarcas para ascender, cambiar de oficina u obtener mayores remuneraciones.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - He entendido perfectamente la explicación que acaba de dar el señor senador Batlle en el sentido de que la contratación es una forma de eludir, con respecto a los funcionarios, todos los requisitos e indudablemente las garantías que debe dar una carrera dentro del estatuto funcional. Lo único que he pensado en relación a este artículo 32 es que estamos frente a treinta funcionarios contratados por la Administración, a los que les daremos el carácter de presupuestados. Lo que me hace dudar si -y perdónenme la lealtad al expresarlo- es de las condiciones de estos treinta funcionarios si hubieran sido contratados por la dictadura. Creo que a esta altura nadie tiene el derecho de alegar ignorancia acerca de la forma en que procedían los detentadores del poder. Señalo que no conozco a ninguno de dichos funcionarios y que está muy lejos de mi ánimo agraviarlos. Simplemente destaco lo que fue el denominador común de un "proceso de reconstrucción" que destruyó a nuestro país y que aceptó o rechazó y persiguió a uruguayos instrumentando una clasificación aberrante digna del hombre prehistórico que habitó en las cavernas.

SEÑOR BATLLE. - El señor senador, ¿me lo pregunta a mí?

SEÑOR SENATORE. - Simplemente hacía una reflexión. Decía que si esos treinta funcionarios a los que les vamos a asegurar el cargo habían sido contratados por el régimen anterior, por la dictadura, incorporaríamos al presupuesto a treinta personas que no sé si tienen las condiciones necesarias para ocupar esos cargos. No debemos olvidar que dentro de esos treinta cargos hay ocho inspectores de categoría "A" -la mayor categoría profesional- y doce que corresponden a categorías especializadas. Por lo tanto, son funcionarios calificados y esa calificación, si fue juzgada por el régimen que felizmente ya feneció, no me ofrece la menor garantía.

SEÑOR BATLLE. - Este artículo nos fue planteado por los representantes de la Dirección correspondiente. Conversamos con ellos sobre él y en ningún momento, ninguno de los señores senadores que participaron de las reiteradas reuniones que mantuvimos con los directivos de las oficinas respectivas, hizo averiguaciones en cuanto a quiénes eran los funcionarios o cuando habían ingresado. Lo único que supimos es que se trataba de funcionarios a quienes desde hacía muchos años se les venía renovando el contrato. Si vamos a hacer algo de lo que puede surgir de lo expresado por el señor senador Senatore, tendríamos que destituir a la mitad de los funcionarios de la Administración Pública, ya que es evidente que toda persona que al día de hoy sea menor de cuarenta años ingresó a ella bajo el régimen de facto. Lo hicieron así y por ese solo hecho habría que considerar que tienen un demérito.

Estoy de acuerdo en que hagamos indagatorias para los casos que realmente revistan importancia, pero no en estos casos menores en que se trata simplemente de regularizar la situación de funcionarios contratados. Esta disposición tiene ese sentido. Ella no oculta nada y si alguien sospecha que esto no es así debió haberlo planteado en Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Quiero corroborar lo expresado por el señor senador Batlle.

Este artículo fue objeto de larga deliberación en la Comisión. En el proyecto original del Poder Ejecutivo, figuraba con el número 29; ahora es el 32. Originalmente, no tenía este período de la frase del primer parágrafo, que dice que los cargos serán provistos de entre los funcionarios contratados que actualmente desempeñan esa función. Recordarán los señores miembros de la Comisión que se estuvo discutiendo acerca de si por esa vía no estábamos designando prácticamente, por ley, a determinados funcionarios, lo que jurídicamente podría considerarse irregular o inconstitucional; pero se insistió en que esto era imprescindible porque no se trataba de crear cargos para que se designaran nuevos funcionarios, sino de regularizar la situación de funcionarios que no sabemos de cuántos años atrás desempeñan esa función. Están contratados desempeñando tareas en la administración y cumpliendo funciones regulares sin tener las garantías que corresponde a los funcionarios de carrera.

Por consiguiente, se fue bien consciente respecto a lo que se hacía y se incorporó este agregado precisamente para que no quepa duda de que los cargos van a ser provistos con los funcionarios que actualmente desempeñan esas funciones.

SEÑOR BATLLE. - A título anecdótico debo decir que fui yo quien propuso esa "retranca".

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: quiero significar lo siguiente. Comparto en términos generales el criterio global planteado por el señor senador Batlle, pero señalo que la larga experiencia que tenemos en materia de análisis presupuestal, hace saber que el Ministerio de Economía y Finanzas invariablemente corre con las ventajas derivadas de su presencia. ¿Cuántas situaciones similares se dan en el Presupuesto General de Gastos del país? Cuando estudiemos el Presupuesto General van a desfilar por aquí los jerarcas de todos los servicios y vamos a poder establecer normas generales y veremos los mecanismos de ingreso de los funcionarios y de presupuestación de contratados.

Tengo derecho a imaginar que esto fluye del hecho de que durante muchas sesiones de la Comisión estuvieron los jerarcas de esos servicios. En consecuencia, estimo que no se lesiona el servicio, porque la gente ya está, así como tampoco se lesiona para nada el criterio, dejando para resolverlo con carácter general e impersonal al considerar el Presupuesto. Por esa razón no selecciono treinta de entre miles de casos similares ahora, en la Rendición de Cuentas, y espero para resolver el tema con carácter general cuando se considere el Presupuesto.

En consecuencia, no daré mi voto a este artículo.

14) PRORROGA DEL TERMINO DE LA SESION Y CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha llegado la hora de finalización de sesión.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Habida cuenta de que hemos avanzado hasta casi la mitad del articulado, creo que es admisible que mañana, en lugar de comenzar la sesión a la hora 16, como estaba previsto, la comenzáramos a la hora 17.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya se han repartido las citaciones indicando que la sesión daría comienzo a la hora 16. Pero de todos modos podríamos acordar ahora comenzar a la hora 17, como lo propone el señor senador Paz Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Quiero hacer ver que además de considerar los cuarenta artículos de la Rendición de Cuentas que no hemos tratado hoy, debemos estudiar el proyecto de ley sobre arrendamientos urbanos, materia delicada y polémica que no creo que se resuelva en veinte o treinta minutos. Creo que sería prudente entonces mantener la hora 16 para el comienzo de la sesión del día de mañana.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Apoyo el criterio de comenzar la sesión de mañana a la hora 17 y en caso de que no terminemos con el orden del día, continuaríamos el día viernes. No creo que sea buen sistema trabajar en temas tan complejos durante once o doce horas consecutivas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Paz Aguirre, en el sentido de que la sesión del día de mañana comience a la hora 17.

(Se vota:)

-14 en 17. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 23 y 3 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Batlle, Capeche, Cardoso, Cigliuti, Fá Robaina, García Costa, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Paz Aguirre, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni y Zorrilla).

DR. ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario Don Félix B. El Helou Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.