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Nº 32 - TOMO 289 30 DE MAYO DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

31ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión.

- Se vota afirmativamente.

4) Asuntos entrados

5) Solicitud de antecedentes. La formula la Comisión Investigadora sobre la compra de centrales digitales efectuada por ANTEL

- Se vota afirmativamente.

6 y 14) Exposiciones escritas

-Se aprueba el trámite solicitado.

7) Solicitud de licencia. La formula el señor senador Senatore por el día de hoy por razones de salud

- Concedida.

8) Proyectos presentados

9) Andrés Vázquez Romero. Su deceso.

- El Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Prof. Vázquez Romero y enviar nota de pésame a sus familiares acompañando la versión taquigráfica de lo expresado en Sala.

10 y 13) Alteración del orden del día

- El señor senador Cersósimo, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación mociona para que se declare grave y urgente y se incluya en primer término del orden del día el proyecto sobre suspensión de plazos procesales y registrales.
- El señor senador Aguirre mociona para que se declare grave y urgente y se incluya en el orden del día de la sesión de hoy el proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671.
- El señor senador Paz Aguirre mociona para que el tema del Parlamento Latinoamericano se declare grave y urgente y se incluya en el orden del día de la sesión de hoy.
- Se votan afirmativamente las mociones presentadas.

11) Integración de América Latina

- El señor senador Singer solicita autorización para realizar un exposición de treinta minutos sobre este tema en la sesión del día miércoles 5.
- Concedida. Se incluye el tema en primer término del orden del día de la sesión del día miércoles 5 de junio.

12) Semanario Opinar. Cierre de sus publicaciones

- Manifestaciones de los señores senadores Paz Aguirre, Araújo y Posadas.

15 y 18) Condena al genocidio. Solidaridad con el pueblo armenio

- Los señores senadores Tourné y Ferreira presentan una minuta de comunicación para ser enviada al Poder Ejecutivo manifestando que el Senado vería con agrado que se instruya a nuestra delegación ante la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que apoye el requerimiento del pueblo armenio para la inclusión de los asesinatos ocurridos en 1915 en las prescripciones de la Convención del año 1948.
- Se resuelve incluirlo en tercer termino del orden del día.
- En consideración.
- Manifestaciones de los señores senadores Ferreira, Paz Aguirre, Rodríguez Camusso, Martínez Moreno y Ortiz.
- Aprobación. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Plazos procesales y registrales. Suspensión

- En consideración.
- Manifestaciones del señor senador Cersósimo. Intervención de varios señores senadores.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Parlamento latinoamericano. Proyecto de resolución

- Se aprueba el proyecto de resolución presentado por la Comisión de Asuntos Internacionales y se comunicará.

19) Oficina Nacional del Servicio Civil. Creación

- En consideración.
- Debate. Intervención de varios señores senadores.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Decreto-Ley Nº 15.671. Derogación

- En consideración.
- El señor senador Zumarán mociona para que este tema vuelva a Comisión.
- Se resuelve enviarlo nuevamente a Comisión y mantenerlo en el orden del día.

21) U.P.A.E. Actas del Congreso de Managua de 1981. Aprobación

- En consideración.
- Exposición del señor senador Mederos.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario

- En consideración.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Aviación Civil Internacional. Convenio

- En consideración.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Unión Interparlamentaria. Reincorporación del Parlamento Nacional

- En consideración.
- Aprobación. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Sesión secreta

- Se resuelve postergar la consideración del asunto que debe ser tratado en sesión secreta para la próxima sesión.

26) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, mayo 29 de 1985

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores senadores mañana jueves 30, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se crea la Oficina Nacional del Servicio Civil.

(Carp. Nº 60 - Rep. Nº 54)

2º) Por el que se aprueban las Actas de la Unión Postal de las Américas y de España del Congreso de Managua 1981, que comprenden el Reglamento General; el Reglamento Provisional de la Secretaría General; las Resoluciones del XII Congreso y las Recomendaciones del XII Congreso del referido Organismo.

(Carp. Nº 114 - Rep. Nº 52)

3º) Por el que se procede a la aprobación de los Protocolos Adicionales I y II de los Convenios Internacionales Humanitarios (1949).

(Carp. Nº 132 - Rep. Nº 55)

4º) Por el que se aprueba el Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

(Carp. Nº 128 - Rep. Nº 57)

5º) Discusión particular del Proyecto de Resolución, por el que se aprueba la afiliación a la Unión Interparlamentaria.

(Carp. Nº 188 - Rep. Nº 56)

6º) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a:

un funcionario de la Dirección General de la Seguridad Social (Plazo constitucional vence 26 de junio de 1985. Carp. Nº 130 - Repartido Nº 58).

Los Secretarios"

2) ASISTENCIA

ASISTEN los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Canabal, Capeche, Cersósimo, Ferreira, Flores Silva, Gargano, Hierro Gambardella, Jude, Lacalle Herrera, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN con licencia los señores senadores Cardoso y García Costa, con aviso, el señor senador Senatore.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierto el acto.

(Es la hora 17 y 43)

- Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores senadores solicitan se cite al Cuerpo a fin de considerar los asuntos que en el pedido de mencionan".

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, mayo 27 de 1985.

Señor Presidente del Senado
Doctor Enrique Tarigo:

Los señores senadores que suscriben, solicitamos se cite al Cuerpo para el jueves 30, a la hora 17, a fin de considerar los asuntos que integran el orden del día de la sesión fijada para el miércoles 29 del corriente mes.

Motiva este pedido la ausencia de varios señores senadores para el mencionado día miércoles, que como es de conocimiento viajarán a la ciudad de Buenos Aires, lo que impide obtener un quórum adecuado para el tratamiento de los asuntos que motivaron la referida convocatoria.

Saludamos al señor Presidente muy atentamente.

(Firmado:) Senatore, Pereyra, Canabal, Aguirre, Ricaldoni, Batalla, Paz Aguirre, Ubillos, Singer, Ortiz y Tourné. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Consulto al Cuerpo si desea celebrar sesión.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, mayo 30 de 1985.

ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley, por el que se prorroga la fecha de entrada en vigencia del Decreto-Ley Nº 15.514, de 29 de diciembre de 1983 (Ley Registral), hasta el 1º de enero de 1987.

(Carp. Nº 215)

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

La misma Presidencia remite Mensaje del Poder Ejecutivo dando cuenta de haber dictado una Resolución por la que se tributan honores de Ministro de Estado a los restos mortales del Profesor Andrés Vázquez Romero.

- Téngase presente.

La misma Presidencia remite Mensaje del mencionado Poder por el que da cuenta de haber dictado una Resolución por la que se autoriza el pago correspondiente a la expropiación de la casa natal del Brigadier Manuel Oribe.

- Téngase presente.

La misma Presidencia remite notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas,

relacionado con la Licitación Pública Nº 8202 para la realización de ensayos y recepción en fábricas de materiales adquiridos en el exterior;

relacionado con la Licitación Pública F9 bis, para suministro de materiales;

relacionado con la Licitación Pública Nº 020/84 para reparaciones y refacciones del local de la Sub-Gerencia de Laboratorio y Control de Calidad;

relacionado con la Licitación Pública Nº 047/82, para el suministro de materiales para estaciones y sub-estaciones de distribución;

relacionado con la Licitación Pública Nº 8285 para el tendido de cables subterráneos en la zona balnearia comprendida entre Punta Ballena y Manantiales y Maldonado;

relacionado con la Licitación Pública Nº 017/84 para la construcción o reparación de veredas en el departamento de Montevideo;

relacionado con la contratación directa con la firma "Salvioli Hnos." para los trabajos de canalización de la Avenida General Flores entre Camino Corrales y Avenida Pedro de Mendoza, y

relacionado con la contratación directa Nº 005/84 con la firma SIEMENS para el suministro de un banco de alimentación de los servicios para protección contra inundaciones en Rincón de Baygorria.

de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado,

relacionado con la contratación con la firma Eternit Uruguaya S.A. para el suministro de caños de fibrocemento;

referente al préstamo que el Organismo resolvió otorgar a sus funcionarios,

del Instituto Nacional de Colonización,

relacionado con la falta de documentación correspondiente en la celebración del contrato que prorroga el arrendamiento de obra de un cuidador de la colonia "Tomás Berreta", y

por adquisición de predios rurales en el departamento de Soriano.

de la Universidad del Trabajo del Uruguay

por pago de horas extras de choferes correspondientes a los meses de julio, noviembre y diciembre de 1984, y

por compra de materiales de construcción, realizada por la Comisión de fomento de la Escuela Técnica de Fray Bentos.

de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea,

por gastos no previstos en el presupuesto vigente correspondientes al Complemento Aguinaldo y Préstamo no Reintegrable del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras, y

por pago de horas extras por diciembre de 1984 abonadas en el mes de enero de 1985.

de la Universidad de la República,

por pago de horas extras a funcionarios de la Facultad de Veterinaria y del Instituto de Higiene, y referente a la solicitud de acumulación de sueldos y funciones iniciada por el señor Raúl Sacco Rossi.

de la Administración Nacional de Puertos,

relacionado con la contratación directa por servicios de clasificación y consultoría para contralor, verificación y asesoramiento, en relación con la fabricación de la grúa porta-contenedores.

de la Administración Nacional de Telecomunicaciones,

relativo a observaciones de gastos realizados en los meses de enero y febrero de 1985.

del Ministerio de Justicia,

referente a la Orden de Entrega Nº 800.270.

del Consejo de Educación Secundaria, Básica y Superior,

por pago de horas extras.

del Banco de Seguros del Estado,

por falta de disponibilidad en el Rubro 7, Renglón 742 "Contribución a Guardería de funcionarios del Banco";

por falta de disponibilidad en el Rubro 0, Renglón 068 del Programa III de la compensación por funciones especializadas;

por falta de disponibilidad en el Rubro 6, Renglón 621 "Construcciones, mejoras y reparaciones extraordinarias";

por falta de disponibilidad en el Rubro 7, Renglón 758 dentro del Programa III al pago decretado por la Administración de las prestaciones por alimentación de los funcionarios, y

por falta de disponibilidad en los Renglones 758 de los Programas I, II y III y 068 del Programa III del Presupuesto Operativo 1984.

- Téngase presentes.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje dando cuenta que, actuando en Consejo de Ministros, procede a la designación de los integrantes del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Téngase presente y archívese.

El mismo Poder remite Mensajes por los que solicita venia para exonerar de sus cargos a:

una funcionaria en comisión en el Hospital Pereira Rossell (Carp. Nº 208).

una funcionaria del Instituto de Ortopedia y Traumatología "Dr. José Luis Bado" (Carp. Nº 209).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (Carp. Nº 210).

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota dando cuenta de que se cursaron instrucciones a las Misiones correspondientes de la República en el exterior, a efectos de que la declaración emitida por el Senado sobre las medidas adoptadas por los Estados Unidos de América contra la República de Nicaragua se pusiera en conocimiento del Congreso de los Estados Unidos de América, del Parlamento de la República de Nicaragua y del Parlamento Latinoamericano.

- Téngase presente y archívese.

El mismo Ministerio acusa recibo de las manifestaciones formuladas por el señor senador Alberto Zumarán sobre la solución del problema de los exiliados.

- A disposición del señor senador Alberto Zumarán.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la exposición escrita y de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, relacionadas con el planteo que le fuera efectuado por vecinos de la localidad de Fray Marcos, del departamento de Florida y relacionada con el aumento en el precio de los combustibles, respectivamente.

El Ministerio de Agricultura y Pesca acusa recibo del pedido de informes formulado por dicho señor senador, sobre adjudicaciones de predios por parte del Instituto Nacional de Colonización.

- Pasen a disposición del señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

El Ministerio del Interior acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones del señor senador José Germán Araújo sobre los hechos protagonizados por un oficial del Cuerpo de Bomberos desde la cúpula del edificio central de dicho Cuerpo.

- A disposición del señor senador José Germán Araújo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite informe y antecedentes relacionados con las manifestaciones del señor senador Eugenio Capeche sobre solicitud formulada por determinados trabajadores rurales del departamento de Canelones.

- A disposición del señor senador Eugenio Capeche.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se prorroga el plazo previsto en el artículo 57 del Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984, el que vencerá a los noventa días de dictado su decreto reglamentario.

por el que se prorroga hasta el 20 de julio de 1985 el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 15.741, de 10 de abril de 1985, sobre suspensión de ejecuciones de productores agropecuarios, industriales y comerciantes.

- Téngase presente y archívese.

La Cámara de Representantes remite con sanción el proyecto de ley sobre normas de emergencia en materia de arrendamientos urbanos. (Carp. Nº 217).

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Cámara de Representantes, a efectos de que se rectifique el trámite y pasen a estudio del Senado, remite los siguientes Mensajes y Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo:

por el que se suprime el Ministerio de Justicia y se crea la Dirección de Justicia, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura;

por el que se modifican disposiciones de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales;

- Pónganse a disposición de la Presidencia de la Asamblea General, a sus efectos.

La misma Cámara remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante Ricardo Rocha Imaz, referentes a la compra directa y sin licitación de centrales telefónicas digitales efectuadas por ANTEL.

- Pase a la Comisión Investigadora sobre la compra de centrales digitales.

Las Juntas Departamentales de Rocha y Cerro Largo remiten notas apoyando la iniciativa de la Junta Departamental de Paysandú, sobre el abastecimiento de carne a la población (CADA).

- Agréguese a sus antecedentes.

La Junta Departamental de Durazno remite nota la que se acompaña los antecedentes sobre la situación del edil señor Raúl Giordano, con relación a la incompatibilidad prevista en el artículo 290 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 216).

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera solicita los siguientes pedidos de informes:

a la Administración Nacional de Puertos, copia de la última memoria y de los balances correspondientes a los tres últimos ejercicios.

a PLUNA, copia de la última memoria y de los balances correspondientes a los tres últimos ejercicios.

a Industrias Loberas y Pesqueras del Estado, copia de la última memoria y de los balances correspondientes a los tres últimos ejercicios.

El señor senador Reinaldo Gargano solicita el siguiente pedido de informes:

al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con personal "paramilitar", reglamentos o normas que los rigen.

- Procédase como se solicita.

El señor senador Reinaldo Gargano presenta un proyecto de ley, con exposición de motivos, por el que se propone la derogación de los Decretos Nos. 578/76, de 31 de agosto de 1976 y 327/79, de 6 de junio de 1979, que modifican la integración de la "Comisión Nacional de Energía Atómica".

(Carp. Nº 213)

- A la Comisión de Educación y Cultura.

Los señores senadores Gonzalo Aguirre, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Alberto Zumarán, presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para la investigación de violaciones graves de los derechos humanos (Carp. Nº 214).

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se modifica el Decreto-Ley de creación de ANTEL.

(Carp. Nº 207)

- Repártase.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de resolución relativo a la concurrencia de una delegación del Senado a la 11ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Brasilia entre el 16 y el 22 de junio de 1985.

(Carp. Nº 193)

- Repártase.

Con motivo de la licencia solicitada por el señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera, el señor Enrique Cadenas Boix, comunica que en esta oportunidad no ingresará al Cuerpo, en su carácter de primer suplente de dicho señor senador.

- Téngase presente. Se convocará al suplente siguiente.

Los señores senadores Juan Raúl Ferreira y Uruguay Tourné presentan un proyecto de resolución por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instruya nuestra delegación ante la Organización de las Naciones Unidas para que apoye el pedido del pueblo armenio requiriendo la inclusión de los asesinatos ocurridos en el año 1915 en las prescripciones de la Convención de 1948 sobre condena al genocidio.

- A la Comisión de Asuntos Internacionales.

5) SOLICITUD DE ANTECEDENTES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de antecedentes.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión Investigadora sobre la Compra de Centrales Digitales Efectuada por ANTEL, solicita se recabe antecedentes radicados en el Tribunal de Cuentas de la República."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 21 de mayo de 1985.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Doctor Enrique Tarigo.

De mi mayor consideración:

La Comisión Investigadora sobre la Compra de Centrales Telefónicas Digitales Efectuada por ANTEL, solicita dirigirse por su intermedio al Tribunal de Cuentas de la República, a fin de que éste se sirva enviar a la Comisión copia de las actuaciones referidas a los procedimientos vinculados a dicha compra.

Saluda a usted muy atentamente,

Dardo Ortiz. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Luis Alberto Lacalle Herrera solicita el envío de una exposición escrita a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la instalación de la bomba automática en la localidad de Merinos, departamento de Paysandú."

- Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Mayo 27 de 1985.

Al Directorio de OSE.

Vecinos de la localidad de Merinos, departamento de Paysandú denuncian el hecho de que el tanque de agua que alimenta a la población en ciertas oportunidades, se vacía durante la noche y sólo vuelve a ser llenado en el horario en que trabajan los funcionarios.

Sugieren se instale una bomba automática que evite tal dificultad.

Asimismo, dado que los abonados de la localidad han pasado a ser casi un centenar sin que se haya ampliado el servicio, sería oportuno pensar en la incrementación de la capacidad del mismo.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

"El mismo señor senador solicita el envío de una exposición escrita a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, relacionada con la necesidad de que la red de terminales eléctricas de Tres Arboles llegue a la localidad de Merinos, departamento de Paysandú".

- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Mayo 27 de 1985.

Al Directorio de UTE.

Vecinos de la localidad de Merinos, departamento de Paysandú, me han planteado la necesidad de que la red de transmisiones eléctricas llegue hasta dicha localidad desde la de Tres Arboles.

Por considerar de estricta justicia dicho planteamiento, solicito que el Directorio de UTE incorpore esta iniciativa a sus futuros planes de desarrollo.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador".

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Senatore solicita licencia por el día de hoy por razones de salud".

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) PROYECTOS PRESENTADOS

A) Comisión Nacional de Energía Atómica

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Deróganse los Decretos Nº 578/976, de 31 de agosto de 1976 y Nº 327/979, de 6 de junio de 1979, que modifican la integración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Creada -a propuesta de una Comisión Especial de la Universidad de la República- para atender el uso de la Energía Atómica con fines pacíficos, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) vio modificada su integración, bajo el régimen de facto, por los decretos del Poder Ejecutivo cuya derogación se pide.

Mediante el primero de ellos -Decreto 578/76- la CNEA pasó a tener el carácter de una "Comisión Interministerial" (integrada por representantes de los Ministerios de Industria y Energía -que ejercía la Presidencia- de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Relaciones Exteriores), eliminándose de su integración a la Universidad de la República, que hasta ese momento contaba con la mayoría de miembros de la Comisión (12 miembros en 21). (A partir de entonces, la Universidad de la República pasaría a tener simplemente un representante en un "Consejo Consultor" que se creaba por el mismo Decreto).

El Decreto 327/79, a su vez, ampliaba la participación del Ministerio de Defensa (de 1 a 3 miembros), fundando tal decisión en el concepto de "que la materia ‘energía atómica’ reviste suma importancia para la Seguridad Nacional (sic), por lo que se hace aconsejable una participación más intensa del Ministerio de Defensa Nacional...", fundamento a todas luces contradictorio con los fines específicos para los que fuera creada la CNEA, y cuyo único cometido implícito era darle participación a cada una de las tres Armas.

En atención a los fines pacíficos otorgados por ley al uso de la Energía Atómica en el país, y también atendiendo al papel relevante e imprescindible que cumple -en relación con el desarrollo de los Planes de la CNEA- el Personal Técnico dependiente de la Universidad, creemos necesario y conveniente volver a la integración anterior.

Reinaldo Gargano, Senador"

B) Derechos Humanos.

"PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º- Toda persona deberá prestar información, facilitar cualquier diligenciamiento probatorio dispuesto por la justicia penal ordinaria, y declarar siempre la verdad antes ella, en calidad de testigo, en el ámbito de las investigaciones relativas a la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad física o moral de las personas.

Art. 2º - A los efectos indicados en el artículo anterior, toda persona deberá abstenerse de cumplir con la obligación de guardar secreto de naturaleza política, militar, administrativa o por razones de seguridad nacional, sobre hechos calificados como secretos de Estado y que hubieren llegado a su conocimiento en razón de su estado, oficio o profesión (artículo 220 del Código de Proceso Penal).

Los funcionarios públicos, que, en cumplimiento de los precedentemente dispuesto, deban revelar o permitir el acceso a los secretos mencionados en el inciso anterior quedan comprendidos en lo establecido por el artículo 28 del Código Penal respecto de los delitos previstos en los artículos 163 y 132 I inciso 3 del Código Penal.

Art. 3º - El magistrado actuante impondrá formalmente a los obligados por las disposiciones precedentes, de que la situación que da mérito a la actividad probatoria de que se trata es de las comprendidas en el artículo 1º de esta ley, bajo apercibimiento de considerárseles incursos en el delito previsto en el artículo 173 del Código Penal.

Art. 4º - A los efectos previstos en la presente ley, exceptúase del derecho conferido por los artículos 223 del Código del Proceso Penal y 396 del Código de Procedimiento Civil a los oficiales generales y oficiales superiores del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en actividad, respecto a los cuales serán de aplicación las restantes normas establecidas en el Libro II, Título IV, Capítulo VIII del Código del Proceso Penal.

Art. 5º - A los efectos de las situaciones previstas en el artículo 1º deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 6º - Comuníquese, etc.

Hugo Batalla, Gonzalo Aguirre, Enrique Martínez Moreno, Alberto Zumarán. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según resolución de la CONAPRO de 26 de octubre de 1984, "constituye un grave riesgo para la vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto a la verdad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales". Cumplida la liberación de los presos políticos por la Ley de Amnistía y adoptadas las medidas para facilitar el retorno de los exiliados queda por encarar la instrumentación legal que contribuya a aventar el grave riesgo que menciona la resolución de la CONAPRO.

Resulta innecesario fundamentar la importancia que una sociedad democrática reconoce a los dictámenes de la justicia independiente. La concepción de la separación de poderes hace del Poder Judicial el único Juez de los delitos cometidos en la República, así como de los cometidos fuera de ella en los casos previstos en el artículo 10 del Código Penal. Es el proceso penal en razón de las garantía que supone para la determinación jurídica y material de los hechos -hasta entonces- con apariencia delictiva, el que otorga la certeza exigida. Pero la efectiva vigencia de estos principios, exige que esa justicia independiente esté dotada de poderes jurídicos suficientes para el logro de sus cometidos específicos. Así en la resolución de la CONAPRO arriba mencionada, se expresa que sin perjuicio de las investigaciones que de acuerdo a sus competencias lleven a cabo los demás Poderes del Estado, "será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación".

Por tal razón se hace imperioso relevar de la obligación de preservar el secreto a determinados funcionarios, consagrada por el artículo 220 del Código del Proceso Penal, y aún más, se debe tornar preceptivo suministrar la información requerida por la autoridad judicial.

Otro obstáculo a sortear, en salvaguardia de la eficacia de las investigaciones, está referido a los privilegios que otorgan el Código del Proceso Penal y leyes concordantes a los Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas. A estos funcionarios se les concede el derecho de contestar por informe a las sedes judiciales, con lo cual se les exonera de concurrir a las mismas, a prestar declaración. Se evita de esta forma la inmediatez entre el juez y el declarante, posterga las repreguntas y aclaraciones, demorando aún más los ya pesados procedimientos penales. Por este motivo se propone dejar sin efecto este privilegio, sometiendo a los beneficiarios al régimen general.

El entorpecimiento e ineficacia de las investigaciones por virtud de las disposiciones legales que las dificultan, causarán un profundo y generalizado sentimiento de frustración; un gran descreimiento en el Poder Judicial y en las instituciones democráticas en general. Esto último puede generar un clima de desconfianza en la opinión pública, con resultados perniciosos para la estabilidad democrática. Verdad y Justicia son los valores que se persiguen alcanzar, en el entendido de que el primero es el supuesto del segundo.

La aprobación de este proyecto de ley, significará un importante paso en favor de la estabilidad democrática y contribuirá a la consolidación de los derechos humanos de las generaciones futuras. Lo que está en juego, no consiste sólo en la legítima aspiración y suficiente razón que emanan del reclamo por justicia respecto a los hechos denunciados sino, además, la intangibilidad de los derechos humanos frente al Estado. Es esta intangibilidad de los derechos humanos el bien jurídico protegido y el que viola el funcionario público cuando en el ejercicio del cargo lesiona los derechos de la persona, desconociendo el valor jurídico y el sentido de las garantías constitucionales en favor de los derechos inherentes a la persona humana.

Hugo Batalla, Gonzalo Aguirre, Enrique Martínez Moreno, Alberto Zumarán. Senadores".

9) ANDRES VAZQUEZ ROMERO (Su deceso).

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: en el día de ayer tuvimos el triste privilegio de representar al Partido Colorado al darle la última despedida a nuestro querido compañero, el profesor Andrés Vázquez Romero. Hoy, al comenzar la sesión de este alto Cuerpo, me siento en la obligación moral y política de trasmitir mi pensar y mi sentir a los señores senadores, porque en las circunstancias en que ha vivido la República esta última década, quizás muchos sólo tuvieron la oportunidad de conocerlo en aquellos momentos en que estuvo entre nosotros cuando se debatió la Ley de Emergencia para la Educación.

No podemos hablar del profesor Vázquez Romero en los términos de las grandes figuras conocidas que suelen transitar por este Parlamento; pero ¿qué podía haber ocurrido con el profesor Vázquez Romero de no haber transcurrido esta larga década de oprobio para la enseñanza? El año 1973 lo encontró en la dirección del Instituto Normal de San José. Era un educacionista vocacional de honda raíz vareliana y dominaba la práctica y la teoría. En esos once años de forzado paréntesis, pudo haber hecho toda su carrera llegando a los más altos cargos de la enseñanza y pudo haber dejado al país el aporte de la reforma con la que él soñaba. Pudo haber sido de las más relevantes figuras en la historia de nuestra educación.

La dictadura le quitó esa oportunidad: fue destituido de su cargo de la peor manera, sin que se llegara a terminar el expediente de su destitución. Debió pasar esos largos años de exilio interior luchando por la vida y por su familia en las peores condiciones y salió adelante con la máxima dignidad personal y ciudadana.

Al igual que otros educadores, pasó de una experiencia a otra: asumió el periodismo y la lucha política. Fue un látigo de la dictadura en "El Correo de los Viernes"; fue un censor permanente de todo lo que se estaba realizando con el sistema educativo.

Ingresó en la militancia activa del Partido y se le fueron otorgando responsabilidades acorde con su capacidad. Cuando llegó el momento de asumir las difíciles tareas de la concertación estuvo entre los que tuvieron la principal responsabilidad dentro del Partido. Tuvo un claro concepto de que la concertación era la búsqueda de una armonía para la salida de la dictadura y la entrada en la redemocratización y no una claudicación de los principios de ninguno de los partidos que participaban en ella. En esa defensa, con las características de su personalidad y como en todas las actitudes de su vida, fue un hombre duro con sus contradictores. Pero su dureza seguramente ha sido respetada, porque estaba respaldada por la inteligencia, por la rectitud de procedimiento, por la coherencia de los planteos, por la versación con que hacía todas sus propuestas y por la dignidad con que mantenía sus posiciones, comprendiendo también las posiciones contrarias. Por eso sabemos con seguridad que sus contradictores lo han respetado y sentido y espontáneamente se suman a la expresión de nuestra tristeza.

Luego de las elecciones, mientras se preparaban las tareas del próximo gobierno, él continuaba sus actividades en la concertación; fue nuestro compañero en el equipo de trabajo del Columbia Palace Hotel.

En la Cámara de Representantes pudo haber sido uno de los más brillantes legisladores por sus virtudes polémicas; pero la vocación docente lo llevó a aceptar la invitación de su digna compañera, la señorita Ministro de Educación y Cultura, doctora Adela Reta, para colaborar con ella en la difícil tarea de reestructurar el sistema educativo. Fue el principal gestor del proyecto de ley de emergencia que tratamos en este Parlamento y durante su breve estadía en la Subsecretaría de Educación y Cultura sumó a ese proyecto una serie de iniciativas tras las cuales se hallaba su sagrado deseo de darle al país una reforma educativa.

Era un hombre especial y original y se quemó en sus propias energías. Murió lejos de nosotros, en la tierra de sus antepasados, en una vivencia emocional que debió soportar su enfermo y rico corazón.

Con su muerte todos perdimos: nosotros, esta Cámara, el partido en el que actuó y el país. Perdimos la posibilidad de discutir con él nuevos proyectos de reforma educativa, perdimos la posibilidad de enriquecernos en sus valiosos aportes.

En el día de ayer el partido le testimonió su homenaje; sabemos que hoy los señores senadores nos acompañarán en éste que deseamos rendirle en el recinto de las leyes y en el templo de la democracia a la que entregó lo mejor de su vida.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio, queremos expresar nuestra solidaridad con el sentir del Partido Colorado y de los familiares del ex-Subsecretario de Educación y Cultura.

Conocimos al profesor Vázquez Romero desde muy jóvenes y podríamos reiterar una por una sus virtudes de trabajador infatigable, así como sus condiciones de polemista duro. No recuerdo haber tenido grandes coincidencias políticas con él, ni en la juventud ni en la madurez, pero debo reconocerle su total honradez en el mantenimiento de sus posiciones y la infatigable capacidad de trabajo que, como decía el señor senador Traversoni, quizás haya sido la causa de su fallecimiento, luego de asumir la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Quiero decir también, en honor a la justicia que merecen los hombres, que durante los días iniciales de la transición democrática, tuvimos la oportunidad -junto con el profesor Vázquez Romero- de trabajar en la puesta en ejecución de la Ley de Amnistía, en la que colaboró intensamente para lograr su cumplimiento, cuando surgían obstáculos derivados de que hombres del proceso todavía querían enlentecer la salida de los presos.

Queremos expresar así nuestro homenaje al profesor Vázquez Romero y nuestra solidaridad con el planteo formulado por el señor senador Traversoni, en el sentido de que el Cuerpo rinda tributo a su memoria.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra, para ocuparme del mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: no conocíamos personalmente al profesor Vázquez Romero, pero sí -como lo señalaba el señor senador Traversoni- a través de sus artículos periodísticos publicados en el "Correo de los Viernes". Más allá de las discrepancias que pudiéramos tener, esa circunstancia nos llevó naturalmente a tener una afinidad especial con él, así como con todas aquellas personas que durante este período tan oscuro de la vida del país, hicieron del periodismo de alternativa, una trinchera para batirse desde ella, por la causa de la libertad de todos los uruguayos.

Llegamos a conocer y a tratar con mucha frecuencia al profesor Vázquez Romero durante el período tan curioso e inédito de la vida del Uruguay en que se desarrolló la Concertación Nacional Programática, que también creó entre todos los que allí trabajamos una afinidad y una simpatía muy particulares, porque se estaba marcando un hito fundamental en la vida política del país.

Debo reconocer que al profesor Vázquez Romero le tocó actuar en uno de los campos más difíciles que tuvo la Concertación, como fue, nada más y nada menos, el tema de la educación. Cuando el grupo de trabajo que estudiaba el tema de la educación comenzó su tarea en el ámbito de la Concertación, en mi fuero íntimo, veía pocas probabilidades de que aquello culminara en el acuerdo en el que finalmente terminó. Y en esa tarea vi al profesor Vázquez Romero entregado a la gran causa de la educación, que sentía muy profundamente porque era un enamorado de ella. Continuamente, en sus argumentaciones, ponía por delante toda su vida consagrada a la educación, sus experiencias como docente y uno percibía, a través del calor que ponía en cada intervención, que verdaderamente era un hombre consagrado a esa tarea. Esa sola mención ennoblece a cualquier persona, porque no creo que haya actividad más digna para un ser humano que la de consagrar su vida a la educación. En ese sentido, lo vimos totalmente entregado, absolutamente convencido de la causa que defendía.

Por otra parte, durante los meses en que trabajó en el grupo de educación a nivel de la Concertación, conocimos a un Vázquez Romero con el que muchas veces discrepamos: un hombre de carácter fuerte pero que, por encima de todo, quería encontrar soluciones. Sentía muy hondamente el momento que vivía el país y era plenamente consciente de la responsabilidad que teníamos en esa hora. A la búsqueda de una solución, consagró con extraordinaria energía y dedicación todo su tiempo durante todos estos meses. Felizmente, logró que el grupo de educación culminara su labor en uno de los trabajos más completo que tuvo la Concertación Nacional Programática. Y casi no tuvo tiempo de cerrar esa página y abrir la siguiente, que fue la de dedicarse desde la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura a trabajar por la misma causa. Reitero que fue un hombre al que conocí en forma personal, durante estos últimos meses, pero que caló muy hondo en mi espíritu.

Creo interpretar el sentido de mi partido, que desea tributarle hoy su homenaje y estoy seguro de que interpreto también el sentir de todos los que con él trabajaron para lograr una solución concertada al problema educativo nacional.

Con la pérdida del profesor Vázquez Romero, el país pierde, por encima de todo, a un gran educador. Por ello, queremos expresar nuestro sentimiento y nuestro pesar, rindiéndole nuestro sincero homenaje y solidarizándonos con todas las expresiones que se han vertido en Sala con respecto a este propósito.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha llegado a la Mesa una moción de orden.

Léase.

(Se lee:)

"Ante el fallecimiento del señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, profesor Andrés Vázquez Romero, el Senado resuelve ponerse de pie y enviar una nota de pésame a sus familiares, junto con la versión taquigráfica de lo expresado en Sala."

-Se va a votar la moción de orden.

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

(Así se hace)

10) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la sesión.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación y en mi calidad de miembro informante del proyecto de ley de Suspensión de los Plazos Procesales y Registrales, mociono en el sentido de que dicho asunto sea declarado grave y urgente y se trate en primer término del orden del día de la sesión de hoy. Ya se ha distribuido el repartido correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Cersósimo.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Mociono para que se incluya en el orden del día de esta sesión y se trate como grave y urgente después del proyecto que crea la Oficina Nacional del Servicio Civil, el proyecto de ley informado por la Comisión de Educación y Cultura por el cual se deroga el Decreto-Ley Nº 15.671 y se modifica el Decreto-Ley de creación de ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Aguirre.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) INTEGRACION DE AMERICA LATINA

SEÑOR PRESIDENTE. - Hay otra moción de orden que se ha hecho llegar a la Mesa.

Léase.

(Se lee:)

"Solicito se declare la urgencia para considerar la moción que se acompaña:

Señor Presidente del Senador doctor Enrique Tarigo.

Presente

Señor Presidente: solicito autorización del Senado para realizar una exposición de treinta minutos, sobre el tema ‘La Integración de América Latina’, en relación a la participación de nuestro Parlamento en el Parlamento Latinoamericano, en primer término de la sesión ordinaria del día miércoles 5 de junio. Saluda a usted muy atentamente. Juan Adolfo Singer. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden propuesta por el señor senador Singer.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

12) SEMANARIO "OPINAR". CIERRE DE SUS PUBLICACIONES

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: por breves minutos voy a pedir la indulgencia del Senado para cumplir lo que para mí es un mandato de conciencia democrática.

En el día de hoy tuve la penosa sensación de leer el último número del semanario "Opinar" que cierra su puertas. No podía dejar pasar esta instancia -aunque sea en forma muy breve- en el Senado, sin expresar lo que siente un ciudadano como yo y como todos los que aquí estamos, porque tenemos un profundo sentimiento democrático, en relación al semanario "Opinar", que cierra sus puertas y esperamos que sea transitoriamente.

"Opinar" fue el primer semanario que salió a la lucha democrática en tiempos extremadamente difíciles como aquél "No" histórico en el plebiscito del malhadado proyecto de reforma constitucional de 1980, hecho por las Fuerzas Armadas.

Digo que tenemos una obligada deuda de gratitud con este periódico hecho por hombres libres, que fue una brecha que se ensanchó gradualmente y que contribuyó en forma muy importante a ir debilitando aquel muro que parecía indestructible, de unas Fuerzas Armadas enseñoreadas del poder y rodeadas de soberbia.

Creo que el país en el curso de estos años, examinando estos hechos con la máxima objetividad y despojándonos del subjetivismo con que naturalmente nosotros los vemos, ya que fuimos actores y partícipes de todos aquellos episodios, tendrá que reconocer el esfuerzo hecho por el semanario "Opinar", como una contribución fundamental para la recuperación democrática de la República.

Además pienso que fue un semanario que se hizo con sentido de grandeza, no solamente por los principios que sostenía sino por la amplitud con que se encaró su labor periodística. No solamente fue un semanario colorado, batllista; por el contrario sus puertas estuvieron abiertas y sus columnas estuvieron a disposición de hombres de otros partidos que también querían decir su verdad democrática al igual que nosotros. Allí, durante bastante tiempo, escribió el actual senador del Partido Nacional, el presbítero Juan Martín Posadas; allí escribió el actual senador doctor Alberto Zumarán, que luego fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, y en sus páginas también se acogieron numerosos artículos del contador Danilo Astori, figura prominente del Frente Amplio. Actualmente, en las últimas etapas, el actual senador Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, investido ya en su cargo, estaba colaborando y expresando sus puntos de vista desde el semanario "Opinar", que continuaba esa línea de grandeza democrática propia de quienes habían abrazado con fervor la causa de la libertad y la seguían sosteniendo como una antorcha.

Siento un profundo dolor de que las circunstancias económicas hayan determinado el momentáneo cierre de estas columnas democráticas que han sido orgullo del país. Repito mi esperanza, que es la de todos nosotros y seguramente la de todos aquellos que sienten la democracia por encima de banderías, de que esta voz de libertad, que esta tribuna de democracia, pueda reaparecer pronto para seguir afianzando los principios que dieron razón a su nacimiento y a su lucha.

Nada más.

SEÑOR ARAUJO. - Si es posible, desearía hacer uso de la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si lo consideramos una manifestación de condolencias, puede decirse que es una cuestión de orden.

Tiene la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Muchas gracias, señor Presidente.

Aunque reglamentariamente, quizás no corresponda, en el día de hoy no podía guardar silencio ante lo que significa este cierre -seguramente temporal- del semanario "Opinar".

Nadie ignora, y mucho menos el señor Presidente, las discrepancias que hemos tenido muchas veces, pero prefiero tener siempre en cuenta las coincidencias y os momentos de lucha que hemos compartido durante todo este tiempo y que hoy nos permite estar viviendo en democracia.

Simplemente voy a recordar lo que para nosotros significó por aquellos años, concretamente en 1980, la aparición del semanario "Opinar". Habíamos podido mantener abierta una emisora que en su medida enfrentaba a la dictadura; nos dolían los cierres de tantos medios de comunicación como los que este país debió soportar, pero con el advenimiento del semanario "Opinar" no tuvimos dudas de que se abría una etapa que culminó en esta democracia que todos juntos, con nuestro pueblo, supimos conquistar.

Debo decir que en la polémica, en el enfrentamiento de posiciones distintas, no dejamos jamás de reconocer el valor de aquella prédica que antes habíamos encontrado y reconocido en la pluma del mismo señor Presidente en el diario "El Día" y en la revista "Noticias", y que se trasunta luego al abrir valientemente aquel semanario en una época muy difícil. Francamente, para nosotros, que creemos en la libertad de expresión y en esta democracia, nos resulta doloroso el cierre del semanario "Opinar" y que en esta fecha se clausure también -momentáneamente- la posibilidad de seguir discrepando con algún medio de comunicación, pero descontando, también, que en los grandes hechos y en los grandes principios igualmente no íbamos a sentir unidos, así como nos vamos a sentir en lo personal con cada uno de los hombres que desde aquellas columnas defendieron en este país el camino hacia la democracia.

No quería silenciar hoy mi voz, porque, precisamente, pienso que más que nunca es necesario que, quienes en alguna oportunidad hemos discrepado, demos cuenta de nuestras satisfacciones en todo ese tiempo, de nuestras coincidencias y del dolor que nos causa la clausura obligada, por razones económicas, de este semanario, que sin duda ha de quedar registrado en la mejor historia de nuestro país como uno de aquellos medios que enfrentó a la dictadura en la medida de sus posibilidades.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: ya que se ha tratado este tema me veo en la obligación de hacer uso de la palabra con un sentido partidario y personal para subrayar, no como una forma de condolencia -como lo manifestó el señor Presidente, aunque es un momento de dolor- si no más bien evocando la importancia que tuvo en un momento político muy especial la función que cumplió el semanario "Opinar".

Personalmente, tengo una deuda con dicho semanario porque me acogió en sus páginas con una generosidad sin condiciones. Creo que también es un deber personal aclarar que cuando digo que tengo una deuda con el semanario "Opinar", estoy utilizando un eufemismo ya que, en realidad, es una deuda con el director de dicho semanario, que en este momento preside el Cuerpo.

No quería dejar pasar esta oportunidad sin subrayar algo que todos sabemos y que, por lo tanto, no necesita ser desarrollado con mayor extensión: la importancia que tuvo este órgano de prensa en un momento particular de la vida política del país constituyéndose, prácticamente, en el único faro dentro de lo que era la prensa escrita que en aquel momento de tinieblas arrojaba su luz sobre el panorama político uruguayo. De ese modo recogió para sí la contribución sin cortapisas ni condiciones de gente de todos los partidos, empeñada en la misma lucha por la libertad. Por encima de la tristeza y el dolor que significa el cese de su aparición, deseo recordar y subrayar la importancia que tuvo en un momento muy particular de la vida política del país.

13) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar lectura a una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Mociono para que se trate como grave y urgente el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relativo al Parlamento Latinoamericano. Paz Aguirre. Senador".

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: diría que, dado el exiguo tiempo que queda para la iniciación de las sesiones del Parlamento Latinoamericano y pensando que algunos de los temas del orden del día pueden insumir cierto período de discusión, lo tratemos con carácter de grave y urgente, sobre tablas -si el Senado no tiene inconveniente- para que, en el caso de que este Cuerpo lo resuelva favorablemente, tengamos tiempo suficiente de nombrar a los delegados que participarán en dicho Parlamento y preparar el temario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Paz Aguirre, en el sentido de que este asunto se trate como grave y urgente en la sesión del día de hoy, luego de la moción formulada por el señor senador Cersósimo, a la que concedimos preferencia.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: simplemente mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

Se da del siguiente:

"Los señores senadores Rodríguez Camusso y Araújo presentan una exposición escrita para ser dirigida a los Ministerios de Educación y Cultura y Trabajo y Seguridad Social.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Exposición escrita dirigida a los Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo y Seguridad Social.

CONFLICTO DE FUNCIONARIOS DE LOS REGISTROS PUBLICOS

En el marco de la depreciación que ha venido sufriendo el salario real durante los últimos diez años, algunos sectores de funcionarios de la Administración Pública padecen -más que otros- las graves limitaciones a sus ingresos, lo cual queda manifestado en la insuficiencia, cada vez mayor, para atender las necesidades más elementales.

Tal es el caso de los funcionarios de los Registros Públicos, quienes actualmente se encuentran en conflicto, en defensa de una serie de reivindicaciones que tienden a jerarquizar las condiciones de trabajo de la función pública.

El 50% de los funcionarios registrales percibe menos de N$ 6.000.00 líquidos, y los que superan los N$ 10.000.00, entre el personal administrativo, no llegan a diez; similar situación se plantea en el escalafón técnico en el cual el propio Director General tiene asignada una dotación líquida inferior a los N$ 15.000.00.

Estas cifras son por demás ilustrativas, y a ello se suma un conjunto de carencias también de gran significación; no existe horario de ocho horas, ni prima a la eficiencia, ni dedicación total, ni estímulo alguno, más que un insuficiente rubro con el que se pagan algunas horas extras a una reducida parte del funcionariado.

El Poder Ejecutivo, a través de los Ministros de Educación y Cultura e interino de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social, ha reconocido que las retribuciones de los funcionarios de la Dirección General de Registros son notoriamente exiguas.

Sin embargo, ante la solicitud de aumento de N$ 3.500.00, formulada por la Asociación de Funcionarios Registrales (en formación), las respuestas han sido elusivas o contradictoria. Después de un pedido de audiencia a la Ministro interino de Justicia, a efectos de plantearle la solicitud de aumento de referencia, y habiendo sido infructuosas las gestiones realizadas, se resolvió realizar un paro de cuatro días partir del 9 de abril último. La iniciación de este conflicto dio motivo a una serie de entrevistas sucesivas con el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Esc. Renán Rodríguez, quien ofreció una fórmula de N$ 1.500.00 de aumento para todo el personal, además de lo otorgado al resto de los funcionarios públicos.

Como consecuencia de la consideración de esa fórmula, se resolvió levantar el paro, sin aceptar el aumento propuesto y continuar las negociaciones con la finalidad de incrementar la cantidad ofrecida.

Luego de que se levantaran las medidas de lucha, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Hugo Fernández Faingold modificó la fórmula inicialmente planteada, expresando que el aumento de N$ 1.500 alcanzaba sólo a quienes tuvieran sueldos nominales inferiores a N$ 10.250.00.

Desde el 23 de abril, y en función de los cambios operados en la situación, la Asamblea de la Asociación resolvió continuar con una serie de medidas de lucha, que incluían la paralización de actividades las que fueron y vienen siendo aplicadas con perioricidad.

Dada la importancia de los acontecimientos relatados, se hace necesario buscar soluciones a este conflicto que, de prolongarse, no sólo seguirá afectando el buen funcionamiento de la Administración sino también a un número importante de trabajadores que lo único que exigen es una retribución justa y mínimamente acorde con las características de la función que cumplen.

A. Francisco Rodríguez Camusso, José Germán Araújo. Senadores."

15) CONDENA AL GENOCIDIO. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ARMENIO. URGENCIA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a dar lectura a una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Solicito que el proyecto de resolución adjunto, suscrito por mí y el señor senador Tourné, sea considerado como grave y urgente, sin su pase a Comisión. A estos efectos en el momento que lo considere oportuno, le pido que me conceda la palabra. Juan R. Ferreira. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata del proyecto de resolución cuyo pase a Comisión de Constitución y Legislación habíamos votado.

Léase.

(Se lee:)

"El Senado de la República vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instruya a nuestra delegación ante la Organización de las Naciones Unidas para que apoye el pedido del pueblo armenio requiriendo la inclusión de los asesinatos ocurridos en el año 1915 en las prescripciones de la Convención del año 1948, sobre condena al genocidio. Juan R. Ferreira y Uruguay Tourné. Senadores."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se considera este tema como grave y urgente, en el tercer lugar del orden del día, luego de las dos preferencias ya votadas.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) PLAZOS PROCESALES Y REGISTRALES. SUSPENSION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día.

Se pasa a considerar el asunto que el Senado, en el día de hoy, incluyó en primer término: "Proyecto de suspensión de plazos procesales y registrales. (Repartido Nº 61)".

(Antecedentes:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Todos los términos a que se refiere el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil (redacción dada por el artículo 63 de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965), así como los demás plazos procesales, se considerarán suspendidos a partir del 9 de abril de 1985 y por todo el lapso en que no hayan funcionado, con motivo de conflicto laboral, las oficinas del Poder Judicial, aun cuando en algunas de ellas y en parte de dicho lapso, se hayan recibido escritos o realizado determinados actos.

Art. 2º - También se considerarán suspendidos desde el 17 de abril de 1985 y por todo el lapso en que, por las mismas causas, no hayan funcionado los Registros Públicos, incluido el Registro General del Estado Civil de la capital e interior, todos los plazos que rigen en materia registral, aun cuando en algunos de esos Registros y en parte de dicho lapso, se hayan cumplido, parcialmente, actos propios de la función.

Art. 3º - Asimismo, se tendrán por suspendidos los plazos de prescripción o caducidad previstos en la legislación vigente, siempre que el vencimiento de los mismos se haya operado durante el lapso de duración de los conflictos laborales.

Art. 4º - Comuníquese, etc.

Montevideo, 28 de mayo de 1985.

Gonzalo Aguirre Ramírez, Pedro W. Cersósimo, Dardo Ortiz, Hugo Batalla, Uruguay Tourné, Américo Ricaldoni. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es notorio, se han declarado en huelga -paralizando por tiempo indeterminado los servicios- los funcionarios del Poder Judicial y de los Registros Públicos.

Inicialmente el conflicto se materializó en diversos paros parciales, por lo que la función se siguió desarrollando, pero desde el 9 de abril ppdo. -para el Poder Judicial- y desde el 23 de abril último -en lo que se refiere a los Registros- la paralización fue total.

En cuanto al primer conflicto, además, la situación se agravó al plegarse los funcionarios técnicos no magistrados.

No es preciso abundar en razones explicativas de la gravedad de la situación referida.

Salvo muy limitados servicios, el país carece de Justicia desde hace más de cuarenta días y no se cuenta con la información registral -indispensable para el normal desenvolvimiento de los negocios jurídicos- desde hace casi un mes.

Pero si tales carencias de servicios esenciales son motivo de justificada preocupación como situación presente, no menores son las aprehensiones que promueven por sus consecuencias futuras.

Es bien sabido que la actuación de las parte en el proceso está regulada por plazos a cuyo vencimiento decaen derechos a menudo sustanciales, lo que es gravísimo cuando se trata de términos perentorios.

Algo similar ocurre con aquellos actos y contratos que deben inscribirse en los Registros Públicos y para lo que, en general, el ordenamiento jurídico fija plazos relativamente breves -en todo caso menores que el que ya insume la paralización del servicio- con variados efectos, que en el caso resultan inevitables y, en su mayor parte, irresistibles.

Agréguese a lo dicho que las medidas de lucha -cuya legitimidad y justificación no integran el tema de esta exposición de motivos- se han ido endureciendo y se tendrá una idea más cabal de los perjuicios que ya se han ocasionado a los administrados y de los que se seguirán produciendo durante largo lapso futuro.

En el Poder Judicial, por ejemplo, y hasta que se plegaron los funcionarios técnicos, se recibían escritos en caso de vencimiento de plazos, aunque el criterio para hacerlo no era uniforme y en algunas oficinas ni siquiera se aplicaba, lo que generó no pocas incertidumbres -propias de una situación obviamente no reglada- y por sobre todo una situación de desigualdad que, aunque no haya constituido el objetivo del personal en conflicto, se configuró en los hechos por efecto del mismo.

En los Registros, tenemos noticias de que, inicialmente, se recibían instrumentos cuyo plazo de inscripción se vencía y al borde mismo del vencimiento. Claro que este temperamento no da solución al caso de aquellos contratos, como el de hipoteca, por ejemplo, que sólo nace cuando se produce la inscripción, pero, al menos, suponía un paliativo. Más recientemente -a lo menos en algunas reparticiones- no se recibieron documentos en ningún caso.

Todas estas consideraciones aconsejan adoptar medidas legislativas, que si bien no resolverán todos los problemas, evitarán algunos y atenuarán los efectos de otros.

En sustancia, se trata de consagrar, en el caso, el principio de que al justamente impedido no le corre término, suspendiendo éste, por todo el lapso del paro laboral, no sólo en cuanto a los plazos procesales y a aquellos de que se dispone para la inscripción en los Registros Públicos, sino, aun, para los términos de prescripción o caducidad, cuando el conflicto haya impedido realizar actos o hechos interruptivos, de tales plazos y siempre que el vencimiento de los mismos se haya operado durante el lapso de aquél.

En este último aspecto, pretendemos dar solución a casos como el del ejercicio de la acción pauliana o el de la interrupción civil de la prescripción, por no poner más que dos ejemplos.

En el primero de ellos, conforme con lo que dispone el artículo 1296 del Código Civil, en su inciso final, la acción expira al año contado desde que se tuvo conocimiento de la enajenación.

Cristalinamente, con los servicios paralizados, ni los acreedores pueden tener información registral sobre la enajenación de bienes que es objeto de registración (vg. inmuebles y automotores) ni promover la acción judicial tendiente a obtener la revocación de las enajenaciones fraudulentas.

Otro tanto ocurre en el segundo ejemplo. Mal pueden los interesados interrumpir el curso de la prescripción por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o deudor (artículo 1235 Cod. cit.), si no se reciben escritos de demanda ni se notifican resoluciones judiciales.

Montevideo, 28 de mayo de 1985.

Pedro W. Cersósimo (miembro informante), Gonzalo Aguirre Ramírez, Hugo Batalla, Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Uruguay Tourné. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación, como resulta del repartido que tenemos en nuestro poder, con fecha 28 del corriente, aprobó el proyecto de ley en examen que, en términos generales recoge la situación de hecho provocada por el notorio conflicto suscitado tanto en el Poder Judicial, como en los Registros Públicos.

Es poco lo que tenemos que agregar en calidad de miembro informante al tratarse en general este proyecto, a lo que manifestamos en la exposición de motivos correspondiente, en oportunidad de presentarlo. En ella están explicado los propósitos que inspiran este proyecto de ley y por eso hacemos gracia al Senado de repetirlos ahora, en homenaje a la síntesis. En consecuencia, quedamos a la orden del Senado a los efectos de aclarar cualquier duda que se suscite al respecto.

En oportunidad de la discusión en particular, trataremos también de precisar el alcance del mismo, para que no existan dudas en su inteligencia y aplicación.

De manera que, señor Presidente, en lo que me es personal, y como miembro informante y en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, solicito que el proyecto de ley se apruebe en general y se pase a la discusión particular, como es reglamentario.

SEÑOR CANABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANABAL. - Señor Presidente: quienes nos movemos en la actividad forense estamos realmente preocupados por el problema que se ha suscitado con motivo de la actual paralización de los servicios.

Hemos tratado de que esto pudiera resolverse, en lo que respecta a los plazos procesales, por la vía meramente administrativa o reglamentaria, para lo cual se pensó en una fórmula, pero algunas dificultades de orden práctico -que derivan de que algunas oficinas han tenido un funcionamiento muy parcial- han inducido a la Suprema Corte de Justicia, a quien hemos consultado al respecto y con quien hemos mantenido más de un contacto sobre este tema, a inclinarse por la solución legal de este problema.

Por lo tanto, entendemos que este proyecto de ley es realmente indispensable y vamos a darle nuestro voto afirmativo porque coincidimos totalmente con su contenido.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CANABAL. - Mociono para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: quisiera preguntarle al señor miembro informante si el espíritu de esta ley se circunscribe al actual conflicto o si se trata de una norma destinada a permanecer, previendo otros.

Me inclinaría por que la disposición estableciera una referencia más concreta al actual conflicto. Me parece que generalizarlo no sería conveniente, salvo mejor opinión de los miembros de la Comisión.

En consecuencia, en el artículo 1º, donde dice "con motivo del conflicto laboral", quisiera saber si habría inconveniente en que dijera "con motivo del actual conflicto laboral" o "del conflicto laboral actual".

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: este problema fue considerado en el momento de preparar el proyecto, y en la Comisión de Constitución y Legislación.

Me parece -como siempre- muy oportuna la intervención del señor senador Zumarán, pero lamentablemente y con los debidos respetos, me permito disentir con su posición. Entiendo que poner "el actual conflicto" puede dar lugar a diversas interpretaciones, como ser, cuál es el actual conflicto, cuándo comenzó y si se interrumpió o no, etcétera.

Como expresamos en la exposición de motivos, este conflicto comenzó y paralizó por tiempo indeterminado el servicio del Poder Judicial. Inicialmente se realizaron distintos paros parciales, por lo cual, la función continuó desarrollándose. Pero desde el 9 de abril para el Poder Judicial y desde el 17 del mismo mes para los Registros Públicos, es decir, los regidos por la Ley madre Nº 10.793 -nosotros entendíamos que era desde el 23 de abril, pero en una llamada telefónica la Directora General de Registros nos informó que era desde el 17, y por eso cambiamos la fecha- se encuentran paralizados estos servicios. No sería una solución óptima, ya que podrá dar lugar a una interpretación encontrada o a una desinteligencia establecer que se trata del "actual conflicto".

Naturalmente, manifestamos que se refiere al conflicto que se inició -expresamos esto como miembro informante, a los efectos de darle a la historia de la ley la debida puntualización que requiere -el 9 de abril y no a los futuros. El conflicto actual se decretó por tiempo indeterminado para el Poder Judicial y los Registros Públicos. Por lo tanto, no regiría esta suspensión de plazos civiles y judiciales para otros conflictos que pudieran promoverse o suscitarse en el futuro. Se refiere concretamente a este conflicto y este proyecto de ley que está a consideración del Senado, tiene vigencia solamente para este caso específico.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Entiendo, señor Presidente, que con la constancia que hace el señor miembro informante de la historia fidedigna de la sanción de la ley, siendo compartida por el Senado, parece suficiente. Nos referimos, en ella, a la actual interrupción de tareas en el Poder Judicial y en los Registros Públicos y, por lo tanto, esta disposición no tiene aplicación en conflictos futuros.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores senadores me lo permiten, haré una brevísima acotación.

El artículo 603 del Código de Procedimiento Civil, en la redacción dada por la Ley de Abreviación de Juicios dice, expresamente, que se consideran días hábiles a aquellos en que funcionen las oficinas del Poder Judicial. En el año 1965, cuando se hizo la reforma, se tuvo la precaución de evitar que los días de paro o huelgas, pudieran perjudicar a aquellos litigantes a los que se les vencía un plazo.

El motivo de este ley especial -de la cual puede dudarse sí es imprescindible o no, como lo expresaba el señor senador Canabal- radica en que en algunos juzgados se han recibido escritos y en otros no. Para uniformar, se adopta esta resolución. Me parece que queda claro que se refiere exclusivamente para esta eventualidad y para el futuro sigue rigiendo el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente; quiero aclarar que en la redacción del artículo al que originalmente el proyecto del señor senador Cersósimo sólo hacía referencia al artículo 603 del Código de Procedimiento Civil, en la redacción dada por el artículo 63 de la Ley de Abreviación de Juicios; a renglón seguido agregamos una referencia a los demás plazos procesales.

Creo que el señor Presidente, estará de acuerdo en que la norma de la Ley de Abreviación de Juicios no se aplica a todos los juicios, sino a la materia civil. Por ejemplo, los plazos que rigen en función del Código del Proceso Penal, no estarían comprendidos. Y creo que en materia laboral también existen plazos que se rigen por legislación especial.

De modo tal que de cualquier manera era necesario en mi opinión dictar una disposición como la que está contenida en este artículo 1º del proyecto de ley.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: es como lo expresa el señor senador Aguirre, y por eso agregamos: "los demás plazos procesales".

Nos parece que a esta altura es conveniente dejar constancia de que este que vamos a citar fue uno de los motivos por lo que se estableció esa expresión, sin perjuicio de que puedan existir otros casos, y es lo que dice relación con lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 15.301, de 14 de julio de 1982, que hace referencia al Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia. Entendemos que es necesario dejar expresamente indicado que ese término, para la historia fidedigna de la sanción de la ley se trata de un plazo procesal. El artículo 2º de esa norma dispone que el Banco Hipotecario del Uruguay podrá adjudicar viviendas cuya construcción esté en proceso de ejecución o programación, a los inscriptos en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia. En este caso, la ejecución del lanzamiento no podrá decretarse hasta que se entregue la ocupación de la vivienda al desalojado, siempre esté presente, en los autos judiciales -dentro del término de 30 días a contar desde su expedición- la constancia de adjudicación, que le entregará el Banco Hipotecario del Uruguay . Este, procederá a dar la ocupación de las viviendas, una vez ejecutados los programas, notificando personalmente o por telegrama colacionado en el domicilio -agrega el inciso segundo- constituido por el adjudicatario y lo comunicará también al juzgado respectivo, indicando en los autos el nombre del beneficiario y la fecha en que le fue notificada la disponibilidad de la vivienda. El adjudicatario deberá ocupar la vivienda, dejando libre la que ocupaba anteriormente, de acuerdo a lo que dispone el inciso tercero del artículo 2º. Esto debe realizarse dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de la disponibilidad a que hace referencia el inciso anterior. En caso contrario, quedará sin efecto la adjudicación realizada y el juzgado de la causa ordenará de oficio, y sin otro trámite, la diligencia del lanzamiento.

Respecto de este plazo, el doctor Edgar Varela Méndez en el libro "estudios de Derecho de Arrendamientos Urbanos" Volumen II - no está de más dejar constancia que aquél es profesor de Técnica Forense, Aspirante a Adscripto de la Cátedra de Derecho Procesal y miembro del Instituto Uruguayo de Arrendamientos Urbanos- dice en la página 158, que éste es un plazo procesal, calificación que parece que se habría discutido. "Se trata de un plazo procesal, de un lapso otorgado para cumplir un acto dentro del proceso, por lo que se computará por días corridos por exceder de 15 y se suspenderá, sólo por las ferias judiciales y la semana de turismo. Asimismo es conveniente que quede también expresamente establecido que el plazo es, además perentorio, de caducidad. Pro su vencimiento si no se cumple el acto de presentación de la constancia en el expediente, se perderá el derecho a obtener la suspensión". Y, por otra parte, el doctor Enrique Véscovi es también conteste en cuanto a que se trata, de un plazo procesal, criterio que establece en su "Derecho Procesal Civil", Tomo II, página 122, edición "Idea", año 1975.

En consecuencia, las disposiciones del artículo 1º, en lo que dice relación con el agregado de "...comprendidos todos los demás plazos procesales...", aparte de los mencionados en el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil, en la redacción dada por la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965, comprenden los plazos para los registros de los aspirantes a viviendas de emergencia, o sea, los plazos establecidos en el Decreto-Ley Nº 15.301, de 14 de julio de 1982, en su artículo 1º y, fundamentalmente, en el 2º.

Fue desde ese punto de vista que nosotros establecimos expresamente "todos los demás plazos procesales", con el fin de comprender, entre otros, el de este decreto-ley que tiene relación directa con el caso que estamos considerando.

Todo cuanto hemos dicho tiene que ver con el artículo 1º. En lo que se refiere a los demás artículos que consideraremos, también desearíamos hacer alguna precisión. Por el momento es cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR CANABAL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANABAL. - A los efectos aclaratorios y para que quede constancia, quisiera acotar que entre los términos de caducidad previstos en la legislación vigente, que quedarían suspendidos, se encuentra, en mi concepto, el plazo de caducidad de la inscripción en el Registro General de Inhibiciones. Es un plazo de cinco años y se han dado numerosas situaciones de que, por la vigencia de este conflicto del Poder Judicial, ha sido imposible solicitar en tiempo la reinscripción de esos plazos.

Creo que para la mejor interpretación de la ley es conveniente hacer esta aclaración sobre el contenido de esta disposición.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Tal como lo ha señalado el señor senador Canabal, quisiera dejar constancia de que, a mi juicio, en la interrupción de los plazos de caducidad están comprendidas las promesas de compra venta a plazos, cuya vigencia de la inscripción hecha en el registro es de 35 años. Es decir que si se solicita la escrituración judicial, vencido el plazo de los 35 años, el Juez de Oficio la rechaza. De ahí la importancia de que ese plazo esté incluido en la postergación o en la suspensión que resolvamos por esta ley.

Como observación menor, pienso que no estaría de más establecer que los plazos se tendrán por suspendidos por el mismo término, porque en este artículo 3º no decimos por cuánto tiempo están suspendidos; claro que puede sobreentenderse. De todas maneras, reitero, no estaría de más decirlo.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - En cuanto a la observación que formula el señor Canabal, debo decir que también había sido manifestada en el seno de la Comisión por el señor senador Ortiz.

Allí se aclaró expresamente -y lo reiteramos ahora a efectos de que quede constancia- que tratándose de un plazo o disposición de origen judicial -porque para la reinscripción en el Registro General de Inhibiciones y no sólo de aquellas que caducan a los cinco años, es necesario que exista decreto del Juzgado- juegan dos causas distintas para que se tome en cuenta la situación: la interrupción de los servicios judiciales y la de los registrales. Todo esto está previsto en los dos artículos; en el 1º, cuando se establecen las causas de paralización del servicio diciendo que se trata de un plazo procesal y, en el 2º, al señalar que en los plazos que rigen en materia registral está comprendido también el de las reinscripciones. Es decir que la suspensión rige para la parte que tiene relación con la disposición judicial de ordenar la reinscripción y también para hacer ésta efectiva en los registros, porque ni la una ni la otra actualmente pueden llevarse a cabo.

En ese sentido, creo que las manifestaciones del señor senador Canabal son absolutamente claras.

En lo que tiene que ver con lo expresado por el señor senador Ortiz -conceptos que también manifestó en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, con relación a las reinscripciones de las promesas de enajenación de inmuebles a plazos- es indudable que en el plazo de caducidad de los 35 años establecido originariamente por la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, y modificativas, también rige esta interrupción o suspensión de los plazos registrales, no sólo en lo que tiene que ver con los registros, sino también con aquéllos, que van a permitir que se efectúe la escrituración judicial.

En cuanto a la observación del señor senador Ortiz, en el sentido de que los plazos se tendrán por suspendidos por el mismo término, pienso que no hay ningún inconveniente en aceptar esta sugerencia; en todo caso, correspondería que se dejara constancia de que ése es el propósito de la ley.

Sin perjuicio de que se realice el agregado que sugirió el señor senador Ortiz, al tratarse este artículo tenemos que expresar -porque se ha planteado alguna duda en relación con lo que él puede significar o comprender- que su propósito, tal como se desprende del contenido, es que quedan suspendidos los plazos de prescripción o caducidad previsto en la legislación vigente. Nos referimos, en primer término, por ejemplo, a la existencia de una acción pauliana, tal como fuera expresado en la exposición de motivos y en el informe consiguiente. De acuerdo con el inciso primero del artículo 1296 del Código Civil: "Podrán los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan o revoquen las enajenaciones otorgadas, por el deudor con fraude y en perjuicio de ellos".

Naturalmente, al estar paralizados los servicios registrales, nadie puede saber si se han efectuado las enajenaciones porque falta el elemento de publicidad. Por consiguiente, es necesario establecer que este es un plazo de caducidad la que, indudablemente, no puede configurarse si no se da la publicidad que otorgan los Registros Públicos en ese aspecto.

"El fraude consiste en el conocimiento de la insolvencia del deudor". Pero no puede conocerse la insolvencia desde el punto de vista técnico y legal, si el Registro de Inhibiciones no funciona o no proporciona la información correspondiente por medio de las Secciones en las que eventualmente pueden hallarse inscriptos los embargos, interdicciones o demandas relacionadas con la insolvencia del deudor. Si la enajenación fuere a título oneroso, los acreedores deberán probar que medió fraude, etcétera. Pero, por las causas expuestas, no puede saberse si ha existido enajenación, ya que no hay publicidad, porque los Registros que puedan estar vinculados con esta materia no funcionan.

La acción pauliana -a la que se hace referencia en este artículo expira en un año. Es decir que se trata de un término de caducidad fatal, de angustiamiento, similar al otro que citábamos recién en relación con el registro de aspirantes para viviendas de emergencia. Es un plazo típico de caducidad contado -agrega el inciso final del artículo 1296- "desde que el acreedor o acreedores supieren la enajenación". Esto no lo pueden saber porque el Registro de Traslaciones de Dominio, por ejemplo, no ha expedido los certificados que determinan si ha tenido lugar o no la enajenación del bien. Lo mismo puede suceder en lo que dice relación con los bienes muebles, como los automotores etcétera, o sea casos en que no existe un registro en tal sentido. Reitero que el Registro de Bienes Inmuebles -que es el de Traslaciones de Dominio- no está expidiendo las certificaciones y, por lo tanto, no existe publicidad de las enajenaciones y no puede ejercitarse la acción pauliana. De otra manera, sin esta previsión, se angustiaría el término sin que los acreedores tuviera posibilidad alguna de hacer valer sus derechos.

Debo señalar que las disposiciones de este ley no se aplican, por ejemplo, a las prescripciones treintenarias, en que se trata de casos en los que se adquiere el dominio por ese modo, cuando la posesión es en la forma que establece el Código Civil; posesión pública, pacifica, no equívoca, no interrumpida y en concepto de propietario. Es decir que ello es así, toda vez que aquél que va a interrumpir la prescripción no tenga que presentarse judicialmente a tales efectos, porque el artículo 1235 del Código Civil establece "que toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o deudor". Significa que no sólo hasta con que se interponga una demanda, sino que ésta debe estar notificada para que, dentro del lapso en que se opera la prescripción, ésta quede interrumpida.

Considero que es necesario que establezcamos esto en forma expresa porque se trata de un plazo de caducidad evidente y se angustiaría el derecho ya que no solamente no funcionan las oficinas judiciales -y, por lo tanto, no puede interponerse la demanda- sino que el segundo aspecto del asunto, que es la notificación, tampoco puede efectuarse.

Entre otros, este artículo se refiere a los casos de caducidad, de prescripción, de extinción de un derecho en los que su titular no pueda presentarse en los estrados judiciales a los efectos de hacer valer el interés que pueda tener o el derecho que le asiste.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con el agregado propuesto por el señor senador Ortiz.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 4º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Todos los términos a que se refiere el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil (redacción dada por el artículo 63 de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965), así como los demás plazos procesales, se considerarán suspendidos a partir del 9 de abril de 1985 y por todo el lapso en que no hayan funcionado, con motivo de conflicto laboral, las oficinas del Poder Judicial, aun cuando en algunas de ellas y en parte de dicho lapso, se hayan recibido escritos o realizado determinados actos.

Art. 2º - También se considerarán suspendidos desde el 17 de abril de 1985 y por todo el lapso en que, por las mismas causas, no hayan funcionado los Registros Públicos, incluido el Registro General del Estado Civil de la capital e interior, todos los plazos que rigen en materia registral, aun cuando en algunos de esos Registros y en parte de dicho lapso, se hayan cumplido, parcialmente, actos propios de la función.

Art. 3º - Asimismo, se tendrán por suspendidos por el mismo término los plazos de prescripción o caducidad previstos en la legislación vigente, siempre que el vencimiento de los mismos se haya operado durante el lapso de duración de los conflictos laborales.

Art. 4º - Comuníquese, etc.

Montevideo, 28 de mayo de 1985.

Gonzalo Aguirre, Pedro W. Cersósimo, Dardo Ortiz, Hugo Batalla, Uruguay Tourné, Américo Ricaldoni. Senadores."

17) PARLAMENTO LATINOAMERICANO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en segundo término del orden del día: "Proyecto de resolución relativo al Parlamento Latinoamericano".

(Antecedentes:)

"INFORME

Al Senado: Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha tenido a la vista el proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Representantes, relativo a la convocatoria cursada por la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano para la realización de la XI Asamblea Ordinaria de ese Organismo. Esta convocatoria se formula en base a las disposiciones estatutarias que lo rigen y que fueran aceptadas por el Parlamento de nuestro país en la Conferencia efectuada en Lima en 1964.

La reunión que motiva este informe tendrá lugar en la ciudad de Brasilia entre los días 16 al 22 de junio del corriente año, con un programa de trabajo muy intenso, que incluye la participación de organismos interparlamentarios de otras zonas del mundo.

Estima esta Comisión que resulta conveniente que el Parlamento Nacional tome parte en esta importante reunión de un organismo que la República integró desde que fuera fundado, interrumpiéndose su presencia durante muchos años por causa de la situación de facto que se impuso a nuestro país. Los contactos, tanto a nivel de delegación como personales con parlamentarios de otras áreas, contribuyen ciertamente a una mejor comprensión y solución de los problemas de nuestro continente, y a afianzar los principios de solidaridad democrática entre quienes invisten la representación popular.

Por estas consideraciones vuestra Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 30 de mayo de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Eduardo Paz Aguirre (miembro informante), Carminillo Mederos, Enrique Martínez Moreno, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único. - Resuélvese concurrir a la XI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Brasilia entre el 16 y el 22 de junio de 1985. La Presidencia designará la Delegación que representará al Senado en esa oportunidad, de forma que estén representados todos los lemas que integran el Cuerpo, adoptando las providencias necesarias para el cumplimiento de sus cometidos.

Sala de la Comisión, 30 de mayo de 1985.

Juan Raúl Ferreira, Eduardo Paz Aguirre (miembro informante), Carminillo Mederos, Enrique Martínez Moreno, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Juan A. Singer. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado por ser igual al informado).

18) CONDENA AL GENOCIDIO (Solidaridad con el Pueblo Armenio)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que paso a figurar en tercer término del orden del día: "Declaración sobre el pueblo armenio".

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único. - El Senado de la República: vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instruya a nuestra delegación ante la Organización de las Naciones Unidas, para que apoye el pedido del pueblo armenio requiriendo la inclusión de los asesinatos ocurridos en el año 1916, en las prescripciones de la Convención del año 1948 sobre condena al genocidio".

-En consideración.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: me había permitido sugerir la incorporación de este tema en el orden del día como grave y urgente a los efectos de que no se vote sin que pase a Comisión como es reglamentario, porque se trata de un asunto de consenso.

El 24 de abril próximo pasado, al conmemorarse el 70º aniversario del primer genocidio del siglo XX, se realizó un homenaje al pueblo armenio en el Senado en el que hicieron uso de la palabra, representantes de todos los sectores parlamentarios. No tengo dudas de que de todas maneras la actitud sugerida sería la que asumiría la Cancillería, sin necesidad de que medie una resolución del Senado. Sin embargo, a los efectos de darle un respaldo y un tono de gran consenso nacional a la actitud que asuma nuestra delegación en Ginebra, me parece que sería oportuno, la aprobación de esta resolución no como mandato sino simplemente como una expresión de deseo, de agrado del Senado al dirigirle a la Cancillería esta resolución que deseamos se apruebe por la unanimidad del Cuerpo.

Por otro lado, los plazos se van venciendo ya que la Subcomisión de Prevención, Discriminación y Protección de las Minoría de las Naciones Unidas se reunirá en los próximos días en Ginebra a los efectos de elevar un informe a la Comisión de Derechos Humanos de dicha organización.

Hemos visto a través de la prensa que varios Parlamentarios en América Latina se han estado expidiendo en los últimos días en este sentido y que prácticamente todos los gobierno democráticos del continente han expresado que van a cursar instrucciones a este respecto.

Esta Subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, es la misma que tuvo a consideración el tema del Uruguay durante varios años y, recién después de iniciarse esta legislatura, los señores senadores Hierro Gambardella y Zumarán viajaron a Ginebra, en nombre del Gobierno de la República, fueron a solicitar que se excluyese de la agenda el tema uruguayo.

No me voy a referir al tema de fondo porque creo que este no es el momento para hacer discursos. Además, este asunto ya fue analizado en el Senado. Sin perjuicio de ello, creo que este es un año muy especial para el pueblo armenio ya que se cumple el septuagésimo aniversario del primer genocidio de este siglo que costara la vida a más de un millón y medio de personas -entre ellos niños y mujeres- y que ha permanecido en el olvido durante tantos años. Además hay que tener en cuenta que este pueblo en diáspora ha hecho una contribución enormemente positiva a la sociedad uruguaya tanto en el plano cultural, económico, como en el social.

Por lo expuesto, si los señores senadores están de acuerdo, solicitaría que este proyecto de resolución fuera aprobado sobre tablas, por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Además, tengo la seguridad de que este proyecto implicará un respaldo para el propio Ministerio de Relaciones Exteriores ya que le permitirá plantear este tema en la reunión de Ginebra, con un enorme respaldo, pudiendo exhibir tras de sí al país entero y su naciente democracia.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: en forma muy concisa para expresar que nuestro partido apoyará el temperamento propuesto, con el alcance que esta moción lleva en sí misma, en el sentido de enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para adelantarle cuál es el pensamiento de todos los sectores de este Parlamento y del Parlamento en sí, con respecto a este tema en el que seguramente todos tendremos y tenemos -por lo que presumo- una opinión unánime.

El Partido Colorado participa del sentimiento de condena que se le da a esta masacre de la que fue objeto el pueblo armenio y, por lo tanto, consideramos que debe merecer la atención de los organismos internacionales. En consecuencia, defendiendo esos principios universales de la paz y el respeto a la persona humana, daremos nuestro voto favorable para que sin el informe de la Comisión e inmediatamente, el Senado se pronuncie sobre este tema y le haga saber al Ministerio de Relaciones Exteriores que se le brinda el respaldo correspondiente a esta iniciativa de contenido tan humano en relación a algo tan trascendente y tan profundamente histórico.

SEÑOR FERREIRA. - Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Simplemente, señor Presidente, para dejar constancia que nuestra bancada también dará su voto favorable a la moción propuesta, compartiendo los términos en que ha sido formulada.

Como se ha recordado hoy en esta Sala, en una oportunidad anterior habíamos expresado nuestro punto de vista en relación a este tema. Consideramos que se hace bien en mantener en el recuerdo actos de esta naturaleza, que lamentablemente no han sido insólitos, sino que los han continuado otros y aún continuas existiendo en distintos sectores del planeta, porque sigue habiendo puebles en diáspora y pueblos despojados de sus tierras.

Adherimos entusiastamente a la moción que ha sido propuesta.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra para referirme al mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Al igual que otros señores senadores, quiero expresar que adherimos a este deseo que se ha manifestado y que, además, bregaremos para que sea un tema de consenso, aprobado unánimemente por la Cámara. Cabe agregar que nuestro voto no puede estar en otro lugar más que apoyando a este pueblo sufriente que fue perseguido a través de un desierto y que fuera martirizando y diezmado antes de esclavizarlo, actitud que los años se encargarán de señalar como uno de los peores genocidios de la historia.

Fundamentamos nuestra posición en nombre del sublema.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra para referirme al misma tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Adhiero, también, a esta moción que se ha formulado porque el pueblo armenio, desde hace muchos años, viene recordando esta época de martirio. Y no solo la ha recordado sino que además reclama su libertad porque -como muy bien lo decía hace un momento el señor senador- Armenia es parte de una larga lista de pueblos que han perdido su territorio y, naturalmente, los armenios, en especial los integrantes de la diáspora, no han perdido ni pierden las esperanzas de que algún día su país vuelva a ser una nación libre e independiente. Ellos aspiran -y periódicamente hace conocer esa aspiración- a recobrar esa libertad y ese territorio que les fueran arrebatados casi por parte iguales, por Turquía y Rusia desde hace muchos años atrás.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se aprueba el proyecto de resolución.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en cuarto término del orden del día: "Por el que se crea la Oficina Nacional del Servicio Civil". (Carp. Nº 60 - Rep. Nº 54).

(Antecedentes:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

La Oficina Nacional del Servicio Civil fue creada -en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 60 de la Carta- por los artículos 35 a 43 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, y puesta en funcionamiento efectivo por el decreto Nº 215/969, de 5 de mayo de 1969.

El régimen de facto, en un proceso de desmantelamiento progresivo del Servicio Civil, suprimió primero la Oficina Nacional por Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978. Transfirió luego, por el Decreto-Ley Nº 14.850, de 1º de diciembre de 1978, algunas de sus atribuciones a la Dirección Nacional de la Función Pública -eliminando otras- y finalizó suprimiendo también a ésta, por el Decreto-Ley Nº 15.265, de 23 de abril de 1982.

El mensaje del Poder Ejecutivo del 1º de marzo próximo pasado, que propone volver a crear la Oficina Nacional del Servicio Civil, responde no sólo al referido imperativo constitucional, sino a la positiva experiencia recogida en los años de funcionamiento de este órgano.

La gestión que el mismo cumplió fue, sin duda, harto encomiable. Así, realizó el primer censo nacional de funcionarios públicos; hizo un relevamiento y diagnóstico de la estructura, organización y funcionamiento de toda la administración pública; concreto un sistema técnico de calificaciones y ascensos de los funcionarios, de modo de hacer efectiva la carrera administrativa; implantó planes y programas de capacitación para todos los niveles de funcionarios públicos , a cuyo efecto brindó cursos de los que egresaron más de cinco mil funcionarios; asistió a todos los organismos estatales en la implementación de sistemas técnicos de reclutamiento y selección de persona, así como en la descripción, clasificación y evaluación de cargos y tareas; por último, sus dictámenes previos a la aplicación de sanciones disciplinarias graves, contribuyeron a la eficaz defensa de los derechos de los funcionarios y respaldaron a menudo la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en justa y necesaria tutela de los principios de la carrera administrativa.

El proyecto del Poder Ejecutivo, sin embargo, no asigna a la Oficina todas las atribuciones que le habían sido cometidas por el artículo 36 de la Ley Nº 13.640, ni instituye la Comisión Nacional que, en el área del Servicio Civil y presidida por el Director de la Oficina, había creado dicha Ley para contribuir, por la vía del asesoramiento especializado, al respeto efectivo de la carrera administrativa.

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, por el contrario, ha considerado necesario no sólo mantener tales atribuciones y volver a crear la Comisión Nacional, sino cometer a la Oficina y también a ésta, nuevos poderes jurídicos que salgan, en alguna medida, de los meros asesoramientos no vinculantes que, por su carácter de tales y en virtud de prácticas nocivas y arraigadas, la administración a menudo desconoce.

Ello, en nuestro parecer, resulta imprescindible si de verdad se quiere tecnificar y jerarquizar la administración de personal, hacer efectiva la racionalización administrativa y obtener la capacitación del funcionario público.

Estos propósitos plausibles se ven limitados por los amplios y aun plenos poderes de administración de que son titulares, en la órbita de sus respectivas competencias, la Administración Central, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, que son las áreas orgánicas a las que el artículo 60 de la Constitución refiere el funcionamiento del Servicio Civil. Esta valla jurídica sólo puede ser salvada por la vía de las normas estatutarias legales, que la Carta prevé y que son las que pueden uniformizar -junto a las previsiones presupuestales- en funcionamiento racional de la Administración y su sometimiento a los principios de la carrera administrativa.

Tal es la razón de las previsiones del literal e) del artículo 4º del proyecto y de los literales d) y e) de su artículo 7º, que habilitan, por un lado a la Oficina y por otro a la Comisión, a proyectar las normas de selección y designación de personal, así como el Estatuto del Funcionario y las disposiciones legales especiales -en la misma materia estatutaria- para todos los Servicios Descentralizados, Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales, normas estas últimas que, por su rango legislativo, resultan el único mecanismo hábil e imperativo para poner orden en la administración, para tecnificarla y racionalizarla. Sólo así se hará realidad el cometido que la Constitución asigna al Servicio Civil, en el sentido de asegurar una administración eficiente.

Al mismo efecto -como lo señala el artículo 2º- la Oficina Nacional "actuará con autonomía, funcional e independencia técnica". Ello resulta imprescindible, y no aquí consagrarlo así significaría dar vida a un engranaje burocrático más, contradictorio con la finalidad perseguida con su creación y con la índole de sus atribuciones. De todas maneras, el carácter de funcionarios de confianza que revisten su Director y su Subdirector impedirá que la Oficina desarrolle una actividad incompatible con la orientación política general del gobierno.

Estas son, en líneas generales, las consideraciones que esta Comisión ha tenido en vista al modificar en el sentido indicado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. El mismo ha sido completado por las previsiones de los artículo 8º y 10, tendientes a dotar a la Oficina Nacional del personal especializado y del sostén presupuestal imprescindibles para supuesta en funcionamiento.

Sala de la Comisión, a 20 de mayo de 1985.

GONZALO AGUIRRE RAMIREZ, miembro informante, PEDRO W. CERSOSIMO, miembro informante; Senadores".

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Créase la Oficina Nacional del Servicio Civil, órgano administrativo asesor y de contralor de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Art. 2º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá el cometido de asegurar una administración eficiente, a cuyo efecto actuará con autonomía funcional e independencia técnica.

Art. 3º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá un Director y un Subdirector. Este subrogará al primero en todos los casos de impedimento temporal para el ejercicio de su cargo. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo, en calidad de cargos de particular confianza.

Art. 4º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asesorar preceptivamente a la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en el diagnóstico, aplicación y evaluación de la política de administración de personal. Asimismo, asesorará a los Gobiernos Departamentales y demás órganos del Estado que lo soliciten.

b) Asesorar a los referidos organismos de la Administración Pública en la organización y funcionamiento de sus dependencias, la racionalización de los métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de información necesarios. Este asesoramiento será preceptivo o facultativo del órgano asesorado, según lo establecido en el literal anterior.

c) Establecer los planes y programas de capacitación de los funcionarios públicos, en función de las necesidades de los diferentes organismos y conforme a los principios de la carrera administrativa.

d) Organizar el Registro Nacional de Funcionario Públicos y realizar censos periódicos a fin de mantenerlo actualizado.

e) Proyectar, con arreglo a las disposiciones estatutarias generales y en su caso, a las particulares de cada Ente Autónomo, las normas destinadas a que la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, seleccionen y designen a su personal mediante concurso de oposición o de méritos. Cada órgano, en la esfera de su competencia, podrá ponerlas en vigencia por vía reglamentaria.

f) Formular y actualizar el sistema de clasificación y descripción de los cargos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

g) Asesorar al Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en la fijación de una política en materia de remuneraciones y escalafones.

h) Recabar de todos los organismos estatales los informes que considere necesarios para el cumplimiento de su cometido y el ejercicio de sus atribuciones.

j) Realizar los estudios e investigaciones que estimen convenientes sobre las materias de su competencia, así como sobre los temas que le requieran los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados o los Gobiernos Departamentales, en su caso.

j) Redistribuir, entre otras reparticiones públicas, en acuerdo con las mismas, los funcionarios que le fueren propuestos para ese objeto, por los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá vigencia durante el lapso de un año contado desde la instalación de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Art. 5º - La Oficina Nacional del Servicio Civil se comunicará directamente con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

Art. 6º - Créase la Comisión Nacional del Servicio Civil que se integrará con cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, de reconocida competencia en la materia y el Director de la Oficina, quien la presidirá.

Los cuatro miembros serán designados libremente por el Poder Ejecutivo. Durarán en sus funciones por el período de gobierno correspondiente y se mantendrán en sus cargos hasta que sean designados quienes hayan de sucederles. Durante el ´termino de su mandato sólo podrán se cesados con arreglo al inciso 10 del artículo 168 de la Constitución.

Art. 7º - La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dictaminar sobre los proyectos de resoluciones, decretos y leyes, que en materia de su competencia le presente el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

b) Emitir opinión de oficio o a requerimiento de cualquier órgano estatal, respecto del cumplimiento de las normas del Servicio Civil y en particular de la carrera administrativa, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, leyes, decretos y demás reglamentaciones.

c) Pronunciarse preceptivamente sobre las destituciones de funcionarios antes de la resolución de la autoridad administrativa correspondiente.

Si a esta autoridad no fuere el Poder Ejecutivo o el Directorio de un Entes Autónomos o de un Servicios Descentralizados, el pronunciamiento sólo se hará a requerimiento del órgano estatal de que se trate.

d) Formular y elevar al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de un año a partir de la fecha de su instalación, un proyecto de ley de Estatuto del Funcionario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 a 61 y concordantes de la Constitución.

e) Formular y elevar al Poder Ejecutivo dentro del mismo plazo fijado en el literal anterior, un proyecto de ley que establezca las normas especiales a que se refieren los artículos 59, literal e) y 64 de la Constitución.

f) Ser oída a requerimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los asuntos relacionados con el Servicio Civil y la carrera administrativa.

Art. 8º - A los efectos del cumplimiento de los cometidos que la presente ley asigna a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Poder Ejecutivo, al designar su persona tendrá en cuenta, prioritariamente, a los funcionarios que prestaban servicios en la ex Oficina Nacional del Servicio Civil suprimida por el Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978 (artículo 39). Su reincorporación no podrá disponerse para una categoría o grado inferiores a los que ocupaban en el momento de su desvinculación, y se hará efectiva una vez que los interesados manifiesten su voluntad en ese sentido, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a completar el personal necesario para el funcionamiento de ambas reparticiones, transfiriéndose funcionarios a otras oficinas.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo dictará el reglamento orgánico funcional de la Oficina y de la Comisión.

Art. 10 - Facúltase a la Contaduría General de la Nación a transferir a la Oficina los créditos presupuestales que pertenecían a la ex Dirección Nacional de la Función Pública así como los que se consideren necesarios, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas, a los efectos pertinentes.

Art. 11 - Derógase el Decreto-Ley Nº 15.265, de 23 de abril de 1982.

Art. 12. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 20 de mayo de 1985.

Gonzalo Aguirre Ramírez (miembro informante), Pedro W. Cersósimo, (miembro informante), Dardo Ortiz, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla, Uruguay Tourné. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se comienza a leer)

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Mociono para que se suprima la lectura del proyecto en general y en particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Cersósimo.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En discusión general.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: en calidad de miembro informante de la Comisión de Constitución y Legislación sobre este proyecto de ley -calidad que comparto con el señor senador Cersósimo- quiero hacer una breve referencia porque considero que la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley modificado por la Comisión, que está en poder de los señores senadores desde hacer varios días, es suficientemente elocuente con respecto a este tema. De todas maneras, como se trata de un proyecto de ley importante, desde mi punto de vista, para el país y para el Poder Ejecutivo ya que fue uno de los que este Poder remitió el día 1º de marzo al asumir sus funciones, considero que es necesario formular algunas reflexiones de carácter general.

Es evidente que cuando la Constitución de 1967, que introdujo en su artículo 60 la novedad de cometer al legislador la creación del Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, esta iniciativa del constituyente respondió a una necesidad sentida en el país desde mucho tiempo atrás, que era la de racionalizar y tecnificar el funcionamiento de la Administración Pública, que en muchos aspectos era tradicionalmente inorgánica y, al mismo tiempo, la de llegar a una capacitación de su personal de acuerdo a los procedimientos más modernos que imperan en esta materia y que rigen en otras sociedades contemporáneas. Cumpliendo con este mandato del Constituyente, la Ley Nº 13.640 en sus artículos 35 a 43 creó la Oficina Nacional del Servicio Civil y, también, la Comisión Nacional del Servicio Civil. La experiencia recogida a través del funcionamiento de estos órganos fue altamente positiva y conocida por todo el país y, sobre todo, pro quienes desde el Parlamento y desde otros ámbitos de la Administración o de los Poderes del Gobierno conocen cómo es el funcionamiento de los organismos públicos.

Por lo tanto, no voy a extenderme en detallar lo que consta en la exposición de motivos, con respecto a todo lo que hizo en esta materia el Servicio Civil mientras existió en nuestro país. Pero posteriormente vino el régimen militar y como tantas cosas que deshizo, también deshizo el Servicio Civil.

Primero comenzó por eliminar la Oficina Nacional del Servicio Civil y transferir sus cometidos, ya minimizados, a lo que llamó la Dirección Nacional de la Función Pública. Luego por un Decreto-Ley Nº 15.265, de 23 de abril de 1982, también suprimió la Dirección Nacional de la Función Pública.

Es decir que en la actualidad estamos a fojas cero como antes de la Constitución del año 1967 y como antes de la sanción de la Ley Nº 13.640. El Poder Ejecutivo, con sobrada razón, remitió un Mensaje y proyecto de ley al Parlamento, para volver a crear la Oficina Nacional del Servicio Civil. Si esta oficina era necesario cuando se sancionó la Constitución del año 1967, mucho más lo es ahora, pues si había desorden o falta de tecnificación en aquella época, después de pasado el aluvión de la dictadura, que arrasó todo en este país, la situación ahora es mucho peor de lo que era entonces. Todos los principios de la carrera administrativa fueron violados, por consiguiente, hoy más que nunca, es imperioso que vuelva a existir el Servicio Civil y, para ello, que se vuelvan a crear la Comisión y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Esta es una exposición de carácter general y no voy a entrar en los detalles del proyecto, porque creo que eso corresponde al momento en que se discuta en particular el articulado.

Creo que estas palabras son suficientes para explicar por qué la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha recogido con calor y entusiasmo la iniciativa del Poder Ejecutivo y por qué -yendo más allá que él- ha vuelto a crear la Comisión del Servicio Civil- que no figuraba en su proyecto- y ha ampliado los cometidos y atribuciones que se le otorgaban en dicho proyecto a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Es cuanto tenía que decir.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - En mi calidad de miembro informante deseo ratificar todas las manifestaciones vertidas en Sala por el señor senador Aguirre con relación a este proyecto de ley.

Quiero agregar, simplemente, que la Comisión de Constitución y Legislación entiende de suma importancia la creación de este servicio, no sólo para la Administración Central del país, sino también para los Servicios Descentralizados y Entes Autónomos -que es el área orgánica que comprende el Servicio Civil- e inclusive de asesoramiento para los Gobiernos Departamentales, ya que sistematiza y ordena todos los cometidos que corresponde a los distintos órganos del Estado.

A fin de darle un sentido de profundidad técnica a su labor, en la sesión del día 7 del corriente mes -tal como surge del repartido Nº 100 de este año, carpeta 60- la Comisión escuchó sobre este aspecto a distinguidos profesores especialistas en Derecho Administrativo y Constitucional, quienes expresaron todo lo que puede determinar una posición concreta en relación con el servicio que se crea: la Oficina Nacional del Servicio Civil y también la Comisión del Servicio Civil que la Comisión de Constitución y Legislación concreta en los términos del articulado, pues no venía en la Mensaje original del Poder Ejecutivo. En la sesión mencionada la Comisión en pleno escuchó las exposiciones de los doctores Daniel H. Martins, Horacio Cassinelli, Miguel Semino, Héctor Giorgi y Alberto Pérez Pérez. Allí quedaron claramente establecidos, repito los propósitos jurídicos y técnicos que deben animar un servicio de esta naturaleza y la Comisión pretendió adoptarlos en la normativa que hoy somete a consideración del Senado.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: con este proyecto se recrea la Comisión y la Dirección Nacional del Servicio Civil y se cumple con el precepto constitucional del artículo 60, que impone la creación de este organismo por vía de la ley.

Han habido en el país varias tentativas anteriores, no sólo relacionadas con la específica creación de esta oficina, sino con el tema general de la Administración y de los funcionarios públicos como, por ejemplo, el Decreto-Ley del año 1943, conocido como "El Estatuto del Funcionario".

De allí en adelante, diversas iniciativas plasmaron en resoluciones y leyes. Naturalmente, la finalidad común era corregir las carencias y deficiencias de la Administración; carencias y deficiencias que vienen de antaño, que nos son solamente de épocas recientes, aunque en épocas recientes se hayan agudizado. Diría que son vicios congénitos del aparato administrativo del Estado. Dichos vicios y carencias fueron estudiados más de una vez por reputados técnicos. Por ejemplo, en el año 1954 el Asesor de Administración Pública del Instituto de Asuntos Interamericanos señalaba "entre las imperfecciones existentes en la Administración Pública del Uruguay", que "el Poder Ejecutivo no ha facilitado el adiestramiento necesario para contar con un número suficiente de administradores capaces que permitan al Gobierno desempeñarse con un máximo de eficiencia". Por supuesto, formulaba una serie de recomendaciones que, como es la práctica común en este país, no fueron tenidas en cuenta.

Posteriormente, las Naciones Unidas enviaron un técnico que hizo un estudio concienzudo y prolijo de la realidad administrativa del país, quien dijo, por ejemplo que "en principio, es de suponer que la incorporación de todo nuevo funcionario responde a una necesidad funcional, al estimarse que el volumen de actividades desarrolladas o programadas para el futuro exceden las posibilidades de absorción por parte de la dotación disponible. Esta premisa, basada en un supuesto absolutamente racional es, sin embargo, falsa. Todas las opiniones coinciden en señalar que el proceso de reclutamiento de la burocracia uruguaya se ha ajustado a las características del llamado ‘sistema de expoliación’ o ‘de botín’. En todos los ámbitos de la Administración Pública hemos recogido evidencias acerca de los efectos del patronazgo sobre el empleo público. Existen dependencias donde la totalidad del personal, o poco menos, ha sido reclutada por mediación de influyentes y de políticos profesionales, sin que las incorporaciones hayan respondido a demandas internas derivadas de razones de servicio. Durante muchos años la selección o ingreso de agentes a la Administración Pública estuvo privada de instrumentos legales que fijaran pautas para su regulación. Teóricamente, las vías de acceso eran el concurso -para cubrir cargos presupuestales vacantes- el contrato por tiempo determinado o la designación directa. Sin embargo, la realización de concursos se limitaba a unos pocos organismos y la contratación no se había constituido aún en el instrumento descongelador de vacantes que habría de representar años más tarde. Inclusive, muchos de los concursos no eran más que procedimientos rituales desvirtuados por influencias a priori o posteriores a su realización. Los nombramientos directos en pago de favores políticos y compromisos electorales constituían la norma general".

Este género de manifestaciones se reitera a los largo de todo este informe de cuya lectura más detallada haré gracias al Senado, pero por más que se señalaba que algunas disposiciones se habían adoptado -como ya he dicho- se destacaba también, que frente a las restricciones impuestas al ingreso, los interesados en mantener expeditas las vías de acceso al empleo público, debieron ensayar nuevas sendas.

"El procedimiento menos sofisticado a tal efecto consistió en desconocer sencillamente, la vigencia de la norma legal y proceder al nombramiento de personal sin cumplir los requisitos de concursos o intervención previa establecida".

Por ese estilo eran las demás consideraciones. Además decía: "De uno u otro modo, los organismos públicos encuentran, generalmente, el modo de sortear las restricciones que afectan la prestación de sus servicios pero para lograr este resultado deben a menudo movilizar influencias, o dejar de observar normas establecidas, provocando así conflictos o desplegando esfuerzos innecesarios.

Se señalaba esto, con respecto al ingreso a la Administración. Pero también había un capítulo referente a la promoción o al ascenso de los funcionarios, mencionando que "la promoción a cargos de mayor jerarquía constituye el motor de la carrera administrativa. Pero los datos recogidos, especialmente, en el Censo Nacional de Funcionarios, permitían afirmar que en la Administración Pública uruguaya prácticamente no existe carrera administrativa, porque los criterios de promoción no se ajustan a pautas previsibles que creen razonables expectativas de avance, sino que responden más bien a consideraciones donde el mérito, la aptitud, la capacidad o la vocación juegan un papel secundario".

Esta es la realidad de la Administración. Todo esto no significa nada nuevo para ninguno de nosotros; es la Administración uruguaya consolidada a través de muchos años. Tratar de modificar este esquema, sería obra de romanos en todo caso, de legisladores romanos; nosotros apenas somos senadores uruguayos. Por eso digo -adelantando mi voto favorable a esta iniciativa- que ésta, más que una ley de cumplimiento seguro, es una formulación de aspiraciones que hace el Parlamento uruguayo.

Llegará un día -que seguramente algunos de nosotros no veremos- en que la función pública no sea desempeñada en su mayor parte por la clientela electoral de los partidos. El día en que la gente deje de pensar en el empleo como contrapartida natural del voto o del apoyo electoral prestado se habrá dado un paso muy importante en la racionalización administrativa del país. Naturalmente, esta hipótesis no podrá cumplirse mientras haya políticos y candidatos que sigan prometiendo empleos a cambio de los votos. Cuando no sea necesaria una recomendación política para ingresar a la Administración, los ciudadanos se verán libres de un peaje que actualmente muchos deben pagar para obtener su nombramiento: el de vincularse a una agrupación, a un club, a un candidato o a un familiar de un político, vías totalmente heterodoxas pero seguras para la obtención de en empleo. Cuando nadie considere a los partidos políticos como agencias de colocaciones, se logrará una notable mejoría en la vida cívica y en la vida burocrática del país.

El artículo 60 de la Constitución parte de la base de que la ley puede dar al Servicio Civil cometidos que aseguren una Administración eficiente. Es evidente que esto no pasa de ser un buen propósito del constituyente de muy difícil cumplimiento, en primer lugar, porque las funciones del Servicio Civil son fundamentalmente de asesoramiento y proyección, y no funciones decisorias y, en segundo término, porque se tropieza en esta materia con la voluntad de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que no tienen mayor -ni menor diría yo- interés en cumplir los preceptos de una reorganización administrativa. Hay, pues, poca voluntad de someterse a esas normas.

El artículo 64 de la Constitución permite al Parlamento dictar normas que por su generalidad puedan aplicarse a todos los organismos, inclusive a los Municipios; pero se trata de normas muy generales que no inciden mayormente en los aspectos a que me he referido.

Como decíamos, los cometidos de esta oficina son casi exclusivamente de asesoramiento. Tiene algunas iniciativas propias, pero de menor importancia. Cuando veo que tienen facultades para proyectar que el ingreso a la Administración se haga por concurso, compruebo una vez más la distancia entre los ideales y las realidades. Por eso digo que este proyecto de ley es una apuesta entre la razón y el interés, entre el dicho y el hecho. En esta apuesta no vacilo en jugarme por la esperanza y por ello es que voy a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Después de 30 años de actividad legislativa, no he perdido del todo mi ingenuidad y no me siento arrepentido porque eso, porque inclusive, me hace sentir más joven. En nombre de ese resto de candidez, voy a votar este proyecto. Si como consecuencia de su aplicación el país y los partidos lograran la reestructuración administrativa de la Nación, los legisladores habríamos cumplido cabalmente con nuestro deber y ese sería el mejor galardón que pudiéramos ostentar ante nuestros contemporáneos.

Finalmente digo, señor Presidente, que al manifestar algunas opiniones con cierta dureza no lo he hecho con ánimo acusatorio porque he empezado por compartir también esa responsabilidad. Todos los que hemos actuado dentro de los partidos durante los últimos 50 años tenemos esa común responsabilidad. No ha sido como un mal designio; muchas veces se ha sostenido que la plétora burocrática viene a solucionar, en cierto modo, el problema de la desocupación, afirmación que no resiste el menor análisis racional, pero que, sin embargo, ha sido esgrimido en el país.

No hago inculpaciones a nadie. Me considero participe de las responsabilidades que todos hemos tenido en este país, en el hecho de que la Administración no funcione con la corrección y el orden debidos. En ese sentido, es que dejo formuladas estas observaciones.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Hierro Gambardella.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Personalmente, sitúo la exposición del señor senador Ortiz en el exacto sentido que ella tiene, es decir, como una acusación impersonal y genérica que lo comprende también a él.

SEÑOR ORTIZ. - Así es, señor senador.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - No voy a pensar que se trata de una acusación dirigida a alguien en particular, de la cual el señor senador se exonera. Pero voy a contestar al pesimismo que puso de manifiesto en sus expresiones.

La carrera administrativa ha tenido, en el país, muchas deficiencias, antes y después de las leyes que la ordenaron. Pero también es cierto que la carrera administrativa señaló el ascenso y la posibilidad de que los mejores ocuparan los cargos de dirección.

He sido funcionario público; no ingresé por concurso, sino por designación directa. Sin embargo, me honro de haber participado en esa actividad -no porque tuviera determinada posición política, sino gusto y vocación por algunos temas- trabajando en equipo y con hombres como Gross Espiell, Carlos María Fleitas, el hoy fallecido Manfredo Cicato, gente de primera línea ya en aquel momento y que no habían sido designados por selección política o por haber ingresado a un club. El que habla también tuvo oportunidad de aconsejar con respecto al nombramiento de funcionarios -como lo habrá hecho el señor senador Ortiz- sin saber muchas veces a qué partido pertenecían y otras, sabiendo que se trataba de adversarios.

Si bien es cierto que debemos corregir muchas cosas, también es verdad que por la gran dosis de moralidad que tiene este país y por la jerarquía de la administración, es un hecho verdadero que desde hace mucho tiempo existen funcionarios consagrados y dedicados a sus tareas que no han atropellado el derecho de nadie y que han llegado a los primeros planos. Tenemos el ejemplo, aquí mismo, en el Parlamento, de haber votado -de lo cual me honro- a un Secretario excepcional de la Cámara de Diputados que fue el señor Gumersindo Collazo Moratorio.

(Apoyados)

-Fue un verdadero ejemplo de capacidad y confieso al señor senador Ortiz que respecto al señor Collazo Moratorio -ya fallecido- que se formó en la Cámara de Diputados, nunca supe a qué partido pertenecía pero me sentí orgulloso de mi voto. A pesar del nombramiento directo y de los nombramientos políticos, hubo un verdadero escalafón moral que honraba al país, como seguramente lo honra también la organización del Senado.

Esto es lo primero que quería manifestar.

El segundo punto que quería plantear es que el señor senador Ortiz manifiesta -y el se incluye, con su característica franqueza- que hemos establecido una norma de clientela para obtener votos. Yo le digo al señor senador Ortiz que durante trece años, todos lo que aquí estamos, participamos en la gran batalla electoral de 1984 sin recurrir naturalmente a ninguna promesa, y digo que ha sido una de las más hermosas batallas que registra la historia política del país.

(Apoyados)

Como tengo la misma edad que el señor senador Ortiz, le recuerdo también una batalla que dio mi partido en 1942, cuando estuvo ocho años fuera de la administración sin poder dar empleos ni promesas y en 1942 el batllismo obtuvo una victoria electoral indiscutible con la conciencia cívica de los ciudadanos de este país.

Si bien es cierto que en alguna época se pudo haber recurrido a estilos determinados, en los grandes momentos históricos del país -invoco dos y hay más- la conciencia cívica valió más que toda compra de esta conciencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: el estimado señor senador Hierro Gambardella dice que soy pesimista, y yo pretendo ser realista. Naturalmente, como el señor senador no es de mi misma edad -por lo menos en espíritu- tiene una visión rosada de la realidad burocrática del país, pero yo la tengo un poco más oscura. Mi deseo es que esa visión rosada se concrete en una aurora de realizaciones efectivas en esta materia y que esta ley rinda los frutos que todos esperamos o soñamos.

(Interrupción del señor senador Hierro Gambardella)

-Espero que estos sueños se conviertan en realidad y podamos estar junto al señor senador Hierro Gambardella para festejarlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CERSOSIMO. - Con referencia al artículo 4º he propuesto un aditivo que hice llegar a la Mesa y tiene relación con el literal j) que ha tenido la aceptación -por lo menos de la mayoría, porque no tuve tiempo para consultar a todos- de los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación. Este agregado, en un inciso diría: "El funcionario redistribuido mantendrá todos sus derechos en la carrera administrativa de su oficina de origen".

Eso podrá estar implícito pero creo que es conveniente establecerlo a efectos de evitar postergaciones o lesiones de derecho en ese aspecto. Por lo tanto, con este aditivo se busca -como lo manifestamos en la exposición de motivos con que fundamentamos el mismo- que quede claro que en ningún caso habrá de derivar, de lo dispuesto por este literal j), del artículo 4º que estamos considerando, perjuicio alguno para la carrera del funcionario.

Ese fue el criterio con que aprobamos en Comisión ese artículo y ese literal de que la redistribución sólo obedece al propósito en entendemos positivo de bregar por la mejora en la administración, como recién se señalaba, y como indudablemente es el criterio, el concepto y el propósito de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y del Parlamento en general, así como del Poder Ejecutivo. Todo esto lo consideramos imprescindible como base de una racional distribución de los funcionarios y es necesario llevar tranquilidad a los servidores del Estado con carácter general, en el entendido de que en todo caso y circunstancia habrán de ser respetados sus derechos y aspiraciones legítimas, tal como corresponde a un estricto y justo concepto de una sana administración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Solicito se lea nuevamente el aditivo propuesto porque me pareció advertir que no resulta claro su sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase nuevamente el aditivo propuesto al literal j) del artículo 4º.

(Se lee:)

"El funcionario redistribuido mantendrá todos sus derechos en la carrera administrativa de su oficina de origen".

SEÑOR AGUIRRE. - Esa redacción no la veo clara, pero es evidente que comparto el concepto que allí se sustenta.

Propondría la siguiente redacción: "El funcionario redistribuido mantendrá todos los derechos que, con arreglo a su carrera administrativa, tenía en la oficina de origen".

SEÑOR CERSOSIMO. - No tengo inconveniente en aceptar esa proposición porque me parece que mejora la redacción y el concepto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 4º con el agregado propuesto por el señor senador Aguirre que ha sido aceptado por el señor senador Cersósimo.

SEÑOR CERSOSIMO. - ¿Me permite, señor Presidente? Quizás sea mejor que figure como inciso segundo y no como tercero. En ese caso, el inciso segundo pasaría a ser tercero.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - En ese caso habría que modificar el inciso tercero, ya que en él se dice: "Lo dispuesto en el inciso precedente". Habría que poner: "Lo dispuesto en el inciso primero".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 4º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Deseo expresar que nuestro sector ha acompañado todos los artículos de este proyecto de ley, sin perjuicio de reconocer el realismo agridulce del señor senador Ortiz, en cuanto a que no siempre se cumple con lo proyectado y que las disposiciones de la Ley Presupuestal -que establecían el ingreso a los cargos administrativos mediante riguroso concurso de oposición- muchas veces se ven frustradas. Sobre todo, durante el gobierno de facto, se "tiraron al canasto" todas las disposiciones que hicieron de la carrera funcional una carrera administrativa.

Tenemos la esperanza de que, poco a poco, se vaya racionalizando la carrera administrativa y se haga justicia con los mejores funcionarios porque, incluso desde el punto de vista electoral, muchas personas se van a convencer de que, en una línea de larga duración, no es un buen negocio -como algunos "politiqueros" lo creen- el estar haciendo proselitismo sobre la base de promesas o de atender pedidos de personas incompetentes.

Por todo esto, y pensando en una Administración que se vaya superando, desde el principio -durante el período 1967-1971- creímos que íbamos a conseguir implantar una Oficina Nacional del Servicio Civil que trabajara dura y buenamente. Los esfuerzos que desde allí se hicieron, al margen de que no hayan sido completos, fueron totalmente anulados por la dictadura que llegó posteriormente, la que dejó sin efecto el funcionamiento de esta Oficina que había sido establecida por disposición constitucional.

Sea, pues, bienvenida la reapertura de esta Oficina. A su vez, deseamos que los augurios agridulces del señor senador Ortiz no se vean confirmados en su totalidad y que en el futuro pueda pensarse con más seriedad en una carrera administrativa, donde los mejores puedan tener la única preferencia que es la que les otorga la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 12 es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º- Créase la Oficina Nacional del Servicio Civil, órgano administrativo asesor y de contralor de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Art. 2º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá el cometido de asegurar una administración eficiente, a cuyo efecto actuará con autonomía funcional e independencia técnica.

Art. 3º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá un Director y un Subdirector. Este subrogará al primero en todos los casos de impedimento temporal para el ejercicio de su cargo. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo, en calidad de cargos de particular confianza.

Art. 4º - La Oficina Nacional del Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asesorar preceptivamente a la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en el diagnóstico, aplicación y evaluación de la política de administración de personal. Asimismo, asesorará a los Gobiernos Departamentales y demás órganos del Estado que lo soliciten.

b) Asesorar a los referidos organismos de la Administración Pública en la organización y funcionamiento de sus dependencias, la racionalización de los métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de información necesarios. Este asesoramiento será preceptivo o facultativo del órgano asesorado, según lo establecido en el literal anterior.

c) Establecer los planes y programas de capacitación de los funcionarios públicos, en función de las necesidades de los diferentes organismos y conforme a los principios de la carrera administrativa.

d) Organizar el Registro Nacional de Funcionario Públicos y realizar censos periódicos a fin de mantenerlo actualizado.

e) Proyectar, con arreglo a las disposiciones estatutarias generales y en su caso, a las particulares de cada Ente Autónomo, las normas destinadas a que la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, seleccionen y designen a su personal mediante concurso de oposición o de méritos. Cada órgano, en la esfera de su competencia, podrá ponerlas en vigencia por vía reglamentaria.

f) Formular y actualizar el sistema de clasificación y descripción de los cargos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

g) Asesorar al Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en la fijación de una política en materia de remuneraciones y escalafones.

h) Recabar de todos los organismos estatales los informes que considere necesarios para el cumplimiento de su cometido y el ejercicio de sus atribuciones.

j) Realizar los estudios e investigaciones que estimen convenientes sobre las materias de su competencia, así como sobre los temas que le requieran los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados o los Gobiernos Departamentales, en su caso.

j) Redistribuir, entre otras reparticiones públicas, en acuerdo con las mismas, los funcionarios que le fueren propuestos para ese objeto, por los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

El funcionario redistribuido mantendrá todos los derechos que, con arreglo a su carrera administrativa, tenía en su oficina de origen.

Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá vigencia durante el lapso de un año contado desde la instalación de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Art. 5º - La Oficina Nacional del Servicio Civil se comunicará directamente con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales.

Art. 6º - Créase la Comisión Nacional del Servicio Civil que se integrará con cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, de reconocida competencia en la materia y el Director de la Oficina, quien la presidirá.

Los cuatro miembros serán designados libremente por el Poder Ejecutivo. Durarán en sus funciones por el período de gobierno correspondiente y se mantendrán en sus cargos hasta que sean designadors quienes hayan de sucederles. Durante el termino de su mandato sólo podrán ser cesados con arreglo al inciso 10 del artículo 168 de la Constitución.

Art. 7º - La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dictaminar sobre los proyectos de resoluciones, decretos y leyes, que en materia de su competencia le presente el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

b) Emitir opinión de oficio o a requerimiento de cualquier órgano estatal, respecto del cumplimiento de las normas del Servicio Civil y en particular de la carrera administrativa, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, leyes, decretos y demás reglamentaciones.

c) Pronunciarse preceptivamente sobre las destituciones de funcionarios antes de la resolución de la autoridad administrativa correspondiente.

Si a esta autoridad no fuere el Poder Ejecutivo o el Directorio de un Entes Autónomos o de un Servicios Descentralizados, el pronunciamiento sólo se hará a requerimiento del órgano estatal de que se trate.

d) Formular y elevar al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de un año a partir de la fecha de su instalación, un proyecto de ley de Estatuto del Funcionario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 a 61 y concordantes de la Constitución.

e) Formular y elevar al Poder Ejecutivo dentro del mismo plazo fijado en el literal anterior, un proyecto de ley que establezca las normas especiales a que se refieren los artículos 59, literal e) y 64 de la Constitución.

f) Ser oída a requerimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los asuntos relacionados con el Servicio Civil y la carrera administrativa.

Art. 8º - A los efectos del cumplimiento de los cometidos que la presente ley asigna a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Poder Ejecutivo, al designar su persona tendrá en cuenta, prioritariamente, a los funcionarios que prestaban servicios en la ex Oficina Nacional del Servicio Civil suprimida por el Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978 (artículo 39). Su reincorporación no podrá disponerse para una categoría o grado inferiores a los que ocupaban en el momento de su desvinculación, y se hará efectiva una vez que los interesados manifiesten su voluntad en ese sentido, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a completar el personal necesario para el funcionamiento de ambas reparticiones, transfiriéndose funcionarios a otras oficinas.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo dictará el reglamento orgánico funcional de la Oficina y de la Comisión.

Art. 10 - Facúltase a la Contaduría General de la Nación a transferir a la Oficina los créditos presupuestales que pertenecían a la ex Dirección Nacional de la Función Pública así como los que se consideren necesarios, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas, a los efectos pertinentes.

Art. 11 - Derógase el Decreto-Ley Nº 15.265, de 23 de abril de 1982.

Art. 12. - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 20 de mayo de 1985."

20) DECRETO-LEY Nº 15.671. Derogación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que, de acuerdo al orden de preferencia que votó el Senado en la sesión de hoy, pasó a quinto término del orden del día: "Derogación del Decreto-Ley Nº 15.671 y modificación del Decreto-Ley de creación de ANTEL (Carpeta Nº 207/85) (Repartido Nº 53/85)":

(Antecedentes:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

La administración de las telecomunicaciones estatales es competencia natural de ANTEL, conforme la define la propia denominación del organismo.

Sin embargo, uno de los últimos actos del Consejo de Estado, de fecha 26 de octubre de 1984, que hoy aparece como Decreto-Ley Nº 15.671, atribuye tales funciones y cometidos al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

En el Mensaje que acompañó la iniciativa se decía:

"El texto del proyecto tiende a establecer que cometidos por su gravitación son calificados como fundamentales, sean insertos en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y conveniencia por razones de seguridad pública".

Desde que en ningún momento estuvo planteada la mayor o menor eficiencia del servicio prestado por ANTEL, está claro que el motivo del referido acto no pasó de la preservación de un enclave de "seguridad", que encaja dentro de la concepción de la doctrina de "seguridad nacional".

Esta apreciación se confirma si repasamos cuáles son las competencias atribuidas a la Dirección Nacional de Comunicaciones: controla a las emisoras de radio (AM y FM), canales de televisión y televisión por cables (sistema en trance de instalarse); otorga permisos para operar estaciones de radioaficionados; concede permisos para estaciones de radios en barcos y aviones; aplica sanciones a radiodifusoras por presuntas irregularidades; otorga todas la frecuencias para comunicaciones públicas y privadas (VHF, HP y UHF), base/base, base/móviles, base/portátiles, incluyendo las del propio Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior; inspecciona todas las estaciones autorizadas; da permiso, o no a las agencias de noticias. En suma, la Dirección Nacional de Comunicaciones administra y controla todo el espectro radioléctrico del país.

Ante semejante cúmulo de atribuciones es imprescindible otorgar las garantía inherentes al manejo civil -y compartido políticamente- de la cuestión.

Más urgente se vuelve la necesidad de tales garantías si sabemos que, en la práctica, esa concentración de competencias en materia de telecomunicaciones significa, entre otras, las siguientes tareas: controlar de todas las emisoras de la Capital e Interior en AM y FM; la grabación durante las 24 horas, cada día, todos los días, de todas las emisoras de la Capital, en cintas, la grabación, en cintas y cassettes de todos los informativos, programas polémicos y especiales de la televisión y la coordinación y contralor de las cadenas de televisión y radio en todo el territorio nacional.

Un aspecto especial del problema está representado por la situación del personal que presta tales servicios, militarizado en virtud de los dispuesto por el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 15.761, en concordancia con el Decreto-Ley Nº 14.157.

Entendemos que la derogación del Decreto-Ley Nº 15.671 y el reintegro del personal a la Administración Nacional de Telecomunicaciones del Estado, soluciona el problema.

La derogación del Decreto-Ley Nº 15.671 debe ser resuelta por el Poder Legislativo, en tanto no se lo incluyó en la nómina de actos del Consejo de Estado declarados nulos; actualmente está vigente y válido.

Pero el problema no se resuelve en todos sus términos con la sola derogación de este inconveniente Decreto-Ley. En efecto, el Decreto-Ley de creación de ANTEL Nº 14.235, de 23/VII/1974, sancionado también, pues, por el régimen de facto, contenía asimismo disposiciones impregnadas de espíritu autoritario y militarista, que en modo alguno se justifican. De allí que, en este proyecto de ley, proponemos su modificación.

Así, suprimimos el que era literal a) del artículo 4º inciso 6º, que requería autorización precaria de ANTEL para el funcionamiento de agencias noticiosas, precepto de obvia inconstitucionalidad.

También eliminamos el artículo 7º, la excepción que éste consagraba a favor de las FF.AA. y de la Policía en el sentido de poder "instalar servicios de comunicaciones para su uso propio, sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo, previo informe de ANTEL". Tal excepción, tratándose de servicios sometidos a la jerarquía de dicho Poder, carece de todo fundamento.

Asimismo, en el artículo 9º, suprimimos la exigencia de que el jerarca de la repartición que controla las actividades privadas de telecomunicaciones sea un técnico de las FF.AA., entre otras razones porque los mejores técnicos en esta área son obviamente, ingenieros especializados en electrotecnias.

Por último, el proyecto contiene otras disposiciones destinadas a resolver el retorno material de estos servicios a la órbita de ANTEL, que no requieren mayor explicitación.

Montevideo, 22 de mayo de 1985.

Juan Martín Posadas, Gonzalo Aguirre, José Germán Araújo, Luis Hierro Gambardella, Alfredo Traversoni. Senadores".

PROYECTO DE LEY

Derogación del Decreto-Ley Nº 15.671 y modificación del Decreto-Ley de creación de Administración Nacional de Telecomunicaciones

Artículo 1º- Derógase el Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984.

Art. 2º - Agréganse al artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, los siguientes incisos:

4) Administrar, defender y controlar el Espectro Radioeléctrico Nacional.

4) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas.

Art. 3º - Agrégase al inciso 6º del artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, el siguiente literal a): Para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas, excepto emisoras de radiodifusión.

Art. 4º - Restablécese la vigencia del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, cuyo texto es el siguiente:

Las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de las estaciones de radiodifusión serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, previo informe de ANTEL.

Art. 5º - Modifícase el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de junio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

Corresponderá a dicho Ente la intervención previa, prestación y control de toda actividad vinculada a las telecomunicaciones, tanto públicas como privadas, en cuanto no hayan sido objeto de asignación expresa a otro Organo Estatal. En ningún caso podrán los entes y organismos estatales instalar servicios de telecomunicaciones para su uso propio, sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo, previo informe de ANTEL. Estas autorizaciones estarán condicionadas al aprovechamiento por parte de ANTEL.

Art. 6º - Modificase el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

Las actividades a que refiere el artículo 4º, incisos 2, 4, 5 y 6, constituirán un departamento cuyo director será designado conforme a los principios de la carrera administrativa, con calidad de técnico especializado en dichas actividades.

Art. 7º - Modifícase el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, cuyo texto será el siguiente:

El Directorio podrá sesionar con tres de sus integrantes, pero las resoluciones en materias comprendidas en el artículo 4º, incisos 2, 3, 4, 5 y 6, deberán tomarse por unanimidad de los componentes del Cuerpo. De no obtenerse ésta, deberán ser ratificadas por el Poder Ejecutivo.

Art. 8º - Desaféctanse de su actual destino en el patrimonio del Estado (Ministerio de Defensa Nacional) y aféctanse a los servicios de ANTEL, los bienes inmuebles, muebles y derechos utilizados para la prestación de las actividades indicadas en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, incluyendo los de las dependencias de apoyo.

El Registro de Traslaciones de Dominio procederá a la registración correspondiente de las mutuaciones dispuestas en el inciso anterior, con la sola presentación de los respectivos certificados notariales expedidos por escribanos de ANTEL, los que deberán contener referencias precisas a los datos individualizantes de los inmuebles afectados, título y modo por los que oportunamente se adquirieron, e inscripción de las respectivas escrituras.

Art. 9º - Los funcionarios que, en virtud de la aplicación del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, pasaron a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa Nacional, volverán a desempeñarlas en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), en la misma forma y condiciones en que lo hacían antes de su traslado.

Art. 10 - El régimen presupuestal de los servicios a que refiere el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.235, de 23 de julio de 1974, será el mismo que tenían en la Administración Nacional de Telecomunicaciones antes de ser transferidos al Ministerio de Defensa Nacional.

Art. 11 - El Ministerio de Defensa Nacional remitirá, con la inmediatez posible, a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), todas las actuaciones cumplidas y antecedentes e informaciones recabadas en cumplimiento del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984.

Art. 12. - El Ministerio de Defensa Nacional y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), tomarán todas las providencias necesarias a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Art. 13 - Comuníquese, etc.

Montevideo, 22 de mayo de 1985.

Juan Martín Posadas, Gonzalo Aguirre, José Germán Araújo, Luis Hierro Gambardella, Alfredo Traversoni. Senadores.

La Comisión hace suyo como informe, la exposición de motivos que acompaña la iniciativa a estudio y aconseja al Senado la aprobación del proyecto de ley que antecede.

Juan Martín Posadas, José Germán Araújo, Alfredo Traversoni, Luis Hierro Gambardella. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

SEÑOR ZORRILLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZORRILLA. - Solicito que este punto se pase nuevamente a Comisión y que se pida al Poder Ejecutivo su opinión al respecto, porque se trata de un tema fundamental.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Debo decir que soy firmante del proyecto presentado y, además voté para que se tratara en forma preferencial pero, ante las observaciones del señor senador Zorrilla -de enjundia y peso, como corresponde al conocimiento que posee en la materia- me avengo a aceptar la solución por él propuesta, en el sentido de que este asunto vuelva a Comisión. Naturalmente, podrá consultarse al Poder Ejecutivo y al propio señor senador Zorrilla, quien tiene ideas para exponer sobre esta materia. Me parece conveniente votar la solicitud del señor senador Zorrilla, antes de entrar en la discusión general.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: el proyecto sobre derogación del Decreto-Ley Nº 15.671, había sido presentado con el consenso de todos los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura.

Naturalmente, ante las observaciones del señor senador Zorrilla -que a su vez acompaña el señor senador Hierro Gambardella, que es integrante de dicha Comisión- no tengo más remedio que presumir que hay una opinión de la bancada del Partido Colorado en el sentido de que se realice un estudio más exhaustivo de esta iniciativa. En mi calidad de Presidente de la Comisión -ya que este proyecto no tenía designado miembro informante- declaro que no puedo oponerme a la solicitud que se ha realizado.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Obviamente, hecha la solicitud por parte del señor senador Zorrilla, que tiene suficientes conocimientos sobre el tema, no nos podemos negar en modo alguno a ella y no vamos a hacerlo. Pero debo agregar que consideramos que es un tema muy importante y es deseable que sea rápidamente considerado por el Senado. Por otra parte, ya hay informe de la Comisión al respecto.

Estoy seguro de que con este planteo no contradigo en absoluto a los señores senadores Zorrilla y Hierro Gambardella quienes -según creo- también desean una rápida consideración del tema.

Me permito consultar al Cuerpo sobre la posibilidad de que el tema quede incluido en segundo término del orden del día de la sesión del martes próximo, en el entendido de que en el lapso comprendido entre el día de hoy y esa fecha, la Comisión podrá escuchar la opinión del señor senador Zorrila y traer nuevamente el asunto a consideración del Senado, enriquecido ya, sin duda, por su valioso aporte. Entiendo que de esta manera, contemplaríamos el planteo del señor senador Zorrilla -que deseamos atender- y, a la vez, cumpliríamos con el deseo que tenemos muchos senadores, de que el asunto pueda ser rápidamente considerado por el Senado.

Concretamente, propongo que el tema se incluya en segundo término del orden del día de la sesión del martes próximo.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Comparto la inquietud del señor senador Rodríguez Camusso en cuanto a la urgencia con que se debe tratar este tema, pero tengo presente que el planteamiento del señor senador Zorrilla no sólo se refería a su deseo personal de emitir una opinión sobre este punto sino, también, a la necesidad de que la emita el Poder Ejecutivo, dada la trascendencia y proyección que el asunto tiene.

No creo que entre los días jueves y el martes se puedan cumplir ambos extremos. Por lo tanto, no acompaño la sugerencia del señor senador Rodríguez Camusso porque, de cualquier modo, una vez que la Comisión se haya pronunciado, pasaremos a considerarlo en cualquiera de las sesiones próximas -ya sea en la semana entrante o en la otra- desde el momento en que hay consenso en Sala para tratarlo con carácter preferente.

Es todo cuanto quería manifestar.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: entiendo que se pueden sumar las propuestas. Simplemente, lo dejamos en el orden del día, y cuando llegue la información del Poder Ejecutivo, lo tratamos porque éste dio su opinión. Si dicha información no ha llegado aún, continuará en el orden del día y fijamos un plazo prudente para su consideración. Creemos que serán suficientes diez días para que el Poder Ejecutivo conteste. Si no lo hace en ese lapso, le daremos cuatro o cinco días más, pero el objetivo es que esté allí y no eliminarlo para siempre.

Nadie tiene esa intención, aunque mantengamos distintas opiniones sobre el fondo del asunto. Lo incluimos y lo mantenemos en el orden del día, en el entendido que esperaremos un plazo prudencial para que el Poder Ejecutivo se expida. Si no lo hace en un mes, lo trataremos antes y si lo hace en cuatro días, lo consideraremos al quinto día.

Se trataría de algo normal, con lo cual contemplaríamos los puntos de vista de todos los señores senadores.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: creo que es razonable que el asunto se trate en la sesión del próximo miércoles, que es el día en que sesiona la Comisión que estudió el tema -naturalmente integrada por senadores de todos los partidos- y que elevó este proyecto de ley. Creo que esto da tiempo suficiente para que la inquietud del señor senador Zorrilla -que el Cuerpo hace suya, en cuanto va a votar su moción- se traslade al Poder Ejecutivo. Ese día la Comisión, en sesión ordinaria, recibirá a dicho señor senador, que quizás cuente en ese momento con la información del Poder Ejecutivo, y la visita del señor Ministro del ramo; de esta forma podremos tratarlo el próximo miércoles.

Deseo formular algunas manifestaciones sobre un aspecto que no está relacionado con la moción de orden.

Cualquiera sea la posición del Poder Ejecutivo, cualesquiera sean los argumentos que se manejen, nuestra posición no va a varias. Esta tesitura no ha sido inventada ahora por los partidos políticos. Se trata de lo siguiente: la administración de las telecomunicaciones, de cualquier naturaleza, en el país, compete a un Ente que creó el régimen de facto. No fue creado por los partidos políticos ni por la democracia. Se trata de un decreto ley del año 1974. Desde que existe la Administración Nacional de Telecomunicaciones, todo lo que se refiere a las telecomunicaciones y su control compete a ese organismo. Sus actividades no pueden ser de competencia de ningún Ministerio, ni del de Defensa Nacional ni del de Cultura, así como tampoco del Ministerio del Interior. Esto es así por una razón elemental de coherencia y de respeto a la competencia natural de ese Ente. No se trata de algo que queremos hacer y no se realizó durante la dictadura. Desde el año 1974 hasta el 9 de noviembre de 1982 esta competencia, fue, como no puede ser de otra manera, de ANTEL.

Lo que sucede, es que cuando se estaban liando los bártulos quisieron quedarse con un reducto que no les corresponde, naturalmente, dado que existe ANTEL, por lo tanto, acepto que se recaben todas las informaciones y que opinen todas las personas que se consideren con interés y responsabilidad en el manejo de las telecomunicaciones en el país. Pero la lógica de lo que se ha propuesto en este proyecto de ley, es irrebatible.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE. - Advierto a la Barra que no puede realizar manifestaciones de ningún tipo.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente: solamente deseo agregar una información, a los efectos de que el Senado tome conocimiento de ella.

Si bien es de rigor, y hasta de cortesía, hacer una pausa para esperar que se incorpore la opinión del Poder Ejecutivo en esta materia, este es un proyecto del Poder Legislativo, una iniciativa de la Comisión que lo estudio, que trabajó sobre él y llegó a un acuerdo. En virtud del pedido formulado por un señor senador, se hace una pausa, a fin de solicitar información a los efectos de ser incorporada al estudio del tema. Corroboro lo que acaba de expresar el señor senador Aguirre, en el sentido de que, en lo que respecta a nuestra bancada, la posición es muy clara.

Pienso que no aviento una opinión indebida si expreso que el parecer que recogí de los estudios realizado por la Comisión sobre este tema, permiten afirmar que la posición general de todas las bancadas era favorable al proyecto, tal como está en el repartido que se distribuyó.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - No quise entrar al tema, señor Presidente, porque se trata de un asunto que ha estado a cargo -dentro de nuestra bancada- de nuestro compañero el señor senador Araújo que, por una obligación absolutamente inexorable, ha tenido que ausentarse por algunos minutos. Esto sucede precisamente en el momento en que se trata un tema respecto al cual nuestro compañero ha estado trabajando y que tiempo atrás planteó en el senado en el transcurso de una hora previa. En ella realizó denuncias muy concretas, acerca del uso inadecuado y excesivo que se dio a este servicio por parte de la dictadura.

Nosotros sobre el tema también tenemos opinión formada que seguramente no va a ser modificada, porque está directamente vinculada con nuestro concepto sobre las competencias y sobre las libertades. Pero, obviamente, planteada la necesidad de efectuar consultas, no podemos negarnos a oírlas. Se trata de un buen término parlamentario sobre un asunto que no está sujeto a plazos y con respecto al cual se plantea el deseo de expresar opiniones por parte de integrantes de otros sectores políticos. Nuestra opinión ya ha sido dada en el Senado y en la Comisión por nuestro compañero el señor senador Araújo, y seguramente vamos a ratificar, sin la más mínima duda, una posición plenamente favorable al proyecto que hoy nos disponíamos a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada en el sentido de que se aplace la consideración de este asunto, a fin de que vuelva a Comisión y permanezca en el orden del día.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) U.P.A.E. ACTAS DEL CONGRESO DE MANAGUA DE 1981. APROBACION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en sexto término del orden del día: "Aprobación de las Actas de la Unión Postal de las Américas y de España del Congreso de Managua, 1981, que comprenden el Reglamento General; el Reglamento Provisional de la Secretaría General; las Resoluciones del XII Congreso y las Recomendaciones del XII Congreso del referido Organismo". Carpeta Nº 114, Repartido Nº 52.

(Antecedentes:)

"INFORME

A la Cámara de Senadores

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con fecha 19 de marzo de 1985, referente a la aprobación de las Actas de la Unión Postal de las Américas y España del Congreso de Managua, 1981.

Los argumentos aportados, cubren los elementos adoptados en el Congreso de Managua y a los que la República aún no se ha vinculado formalmente, destacándose que la Constitución del organismo así como el Primer Protocolo Adicional a la misma fueron aprobados en los años 1974 y 1976, (Leyes Nos. 14.303, de 26 de noviembre de 1974 y 14.577, de 8 de octubre de 1976).

Los documentos emanados del Congreso mencionado adoptan una serie de modificaciones que tienen el propósito de propender a perfeccionar el intercambio recíproco de envíos de correspondencia entre los Países miembros de la Unión, en un ámbito más restringido que el establecido por la Unión Postal Universal.

Es así que surgen el Segundo Protocolo Adicional a la Constitución: el Reglamento General por el que se ajustan los procedimientos a seguir para vincularse a la Unión así como también se instrumentan la organización y funcionamiento de los órganos de la misma; el Reglamento provisional por el que se regula la organización de la Secretaría General, finalizando el Congreso su labor con la elaboración de Resoluciones y Recomendaciones.

Por todas estas consideraciones vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, mayo de 1985.

Carminillo Mederos (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores."

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Apruébanse las Actas de la Unión Postal de las Américas y España del Congreso de Managua 1981, que comprenden el Segundo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España; el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España; el Reglamento provisional de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España; las Resoluciones del XII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España y las Recomendaciones del XII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España.

Carminillo Mederos (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: La Comisión de Asuntos Internacionales me designó Miembro Informante para el asunto que está en este momento a consideración del Senado.

El Poder Ejecutivo, cumpliendo con sus cometido al respecto, envió al Senado de la República la solicitud de aprobación del Segundo Protocolo Adicional a la Constitución, de acuerdo al artículo 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República y la aprobación de las Actas de la Unión Postal de las América y España del Congreso de Managua que comprende el Segundo Protocolo y el Reglamento General de la Unión Postas de las Américas y España y el Reglamento Provisional de la Secretaría General de la Unión Postal de las América y España. La Resolución es del XII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España y las Recomendaciones del XII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España.

Señor Presidente: el gobierno del Uruguay, especialmente durante el lapso de la dictadura estuvo en mora porque todo esto se habla presentado al Congreso realizado en Chile -X Congreso de ese organismo- en el mes de noviembre de 1971, así como también lo que corresponde a la Constitución de la Unión Postal Universal, realizado en Viena en el año 1964 y las Actas de dicha Unión aprobadas por el XVI Congreso Postal Universal de Tokio de 1969.

Si bien el Poder Ejecutivo de la época hizo aprobar por el Consejo de Estado la Ley Nº 14.303, del 26 de noviembre de 1974, realmente tuvo valor jurídico cuando el Parlamento la convalidó.

Lo mismo sucede con la Ley Nº 14.577, de 8 de octubre de 1976 donde se ratifican las Actas Relativas al Protocolo Adicional de la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España, Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España, Convenio de la Unión Postal de las Américas y España, Acuerdo relativo a Encomiendas Postales, su Protocolo final y Reglamento de Ejecución. Acuerdo Relativo a Giros Postales, su Protocolo final y el Reglamento de Ejecución, Reglamento de la Oficina Internacional de la Unión Postal de las Américas y España y Reglamento de la Oficina de Trasbordo, aprobados por el XI Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, firmado el 18 de marzo de 1976 en la ciudad de Lima. Esto es un decreto-ley porque fue convalidado por este Parlamento.

Lo que tenemos que votar son las Actas de la Unión Postal de las Américas y España del Congreso de Managua que tuvo lugar en 1981.

Además del breve informe que elaboró la Comisión, tengo en mi poder una amplia documentación referente a este proceso de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las Américas y España.

Si el Senado lo estima conveniente, antes de pasar a votar la solicitud del Poder Ejecutivo, en el sentido de aprobar las Actas de la Unión Postal de las Américas y España del Congreso de Managua realizado en 1981, estoy dispuesto a realizar una exposición a tal efecto.

En primer lugar, debo decir que, a mi juicio, el Parlamento debería acceder a dicha solicitud.

Como los señores senadores saben la Secretaría General de la UPAE -Unión Postal de las Américas y España- tiene su sede en Montevideo y el Gobierno uruguayo, a través de la Dirección Nacional de Correos, ejerce la función de alta inspección de dicha oficina. Esta no actúa sola, sino que lo hace juntamente con el Congreso Técnico que la secunda, y está integrado por nueve miembros de distintas naciones de América. De más está decir que a la UPAE la integran todas las naciones de América que se expresan a través de la lengua española, portuguesa e inglesa y, como madre patria, España.

Tengo sobre la mesa la historia -por cierto, extensa- de la UPAE. Los orígenes de la Unión Postal de las Américas y España se encuentran en el Tratado Postal concluido en Bogotá, Colombia en 1838 y ratificado por Ecuador, Venezuela y Colombia -entonces llamada Nueva Granada- mediante el cual se funda la Unión Gran Colombiana invocando la "íntima unión y cordial amistad de los países contratantes".

Todos los países de una misma región se han ido integrando a distintas agrupaciones postales. Por ejemplo están las naciones escandinavas, que tienen su Unión Postal, restringida, que ha transformado los territorios de las naciones que entran a formar parte de esa unión en uno común; lo mismo podemos decir de la Unión Africana y de la Unión Panafricana, como así también de otras regiones del mundo que están vinculadas postalmente al Consejo de la Unión Postal Universal.

Años después, este elevado ejemplo de cooperación internacional encuentra eco en la Convención de Lima; Perú, de 1848, suscrita entre Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada y Perú. Posteriormente, en 1864, también en la ciudad de Lima, se firma un nuevo pacto de unión y colaboración postal entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perú y Venezuela con el objeto de "facilitar en mayor escala las relaciones postales entre los países contratantes".

Bueno es recalcar, señor Presidente, que uno de los aspectos básicos para integrar estas Uniones Postales es que haya paz entre los pueblos. Hay una cláusula de la Constitución de esos países que no hace posible la integración de esas uniones si entre ellos existen litigios o problemas fronterizos; felizmente, esa es una cuestión que en el mundo, especialmente en América, se ha ido superando.

En julio de 1911 se firma en Caracas, Venezuela el "Acuerdo Postal Bolivariano" entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En 1911, reunidos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, por iniciativa del Director General de Correos del Uruguay Dr. Francisco García y Santos crean la "Unión de los Correos Sudamericanos" y, como órgano de enlace permanente, la Oficina Internacional con sede en Montevideo. De ahí el origen del porqué se encuentra en nuestro país la Secretaría General.

En el Congreso de Buenos Aires de 1921, la Unión de los Correos Sudamericanos amplia sus límites geográficos transformándose en "Unión Postal Panamericana", con la incorporación de los países de América Central, de América del Norte y del Caribe a excepción de Haití, Honduras y Canadá. En este Congreso participan 19 países.

En el Congreso de México de 1926 se incorporan Honduras y España, este último en su condición de Madre Patria de los países de habla hispana de América, y se crea la Oficina Internacional de Trasbordos de Panamá.

En el Congreso de Madrid de 1931 se incorporan Haití y Canadá y se da a la Unión su denominación actual. En efecto, en esa oportunidad por decisión del Congreso, se llama "Unión de las Américas y España".

En el Congreso de Buenos Aires de 1960 se crea la Comisión Técnica Consultiva como órgano de la Unión y sus facultades son ampliadas por el Congreso de México de 1966, que cambia su nombre por el de "Comisión Técnica Consultiva y Ejecutiva"; -cuya documentación pongo a disposición del Senado- y por el Congreso realizado en Santiago en 1971 se cambia su denominación por el de "Consejo Consultivo y Ejecutivo, que es el que secunda la acción de la Secretaría General y que está integrada por nueve miembros.

El Congreso de México de 1966 marca un nuevo e importante período en la vida de la Unión, al establecer: 1º) su incorporación al esfuerzo universal a favor de la cooperación técnica en el campo de la formación profesional, disponiendo la creación de escuelas regionales para la enseñanza postal; y 2º) la creación del Centro de Traducción en la Oficina Internacional de la UPAE en Montevideo y la instalación del Servicio de Traducción Española en la Oficina Internacional de la UPAE en Berna.

El Congreso de Santiago de 1971 adopta la Constitución y el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España. Las disposiciones orgánicas y el reglamento de ejecución de la Unión figuraban anteriormente en el Convenio.

Entre las decisiones más remarcables del Congreso de Lima de 1976, corresponde mencionar la supresión de la gratuidad de tránsito territorial y marítimo en el ámbito de la Unión, que existía en sus Actas desde 1911. El motivo en que se fundó tal decisión fue que la gratuidad de tránsito había perdido base de sustentación desde el momento en que se estableció el cobro de los gastos terminales.

Este Congreso también dictó la Resolución IV que fijó el plan de actividades de enseñanza para el quinquenio 1977-1981, en el que se previó la realización de diez cursos de especialización superior, diez cursos para la formación de personal de nivel medio y cinco de formación de instructores para el personal de cuadros medios, así como la cooperación a las Administraciones Postales de los países miembros para la implantación y desarrollo de Escuelas Postales Nacionales.

Ahora, señor Presidente, pasamos a considerar lo que realmente nos ocupa.

El Congreso de Managua, en 1981, modifica sustancialmente la política de cooperación técnica en la UPAE, instrumentando un sistema más ágil, menos burocrático, menos oneroso, con un aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales, permitiendo a las Administraciones Postales adoptar la modalidad de cooperación técnica y capacitación profesional que mejor convenga a sus intereses.

Las acciones son estructuradas, en lo posible, sobre la base del sistema de cooperación técnica entre países en desarrollo, con la filosofía de que los países más desarrollados ayuden a los de menos desarrollo relativo y orientando la actividad a fin de adecuarla a las exigencias actuales de los correos y a la evolución futura experimentada por el desarrollo de los servicios postales.

De esta forma, a partir de 1982, todo el sistema de capacitación profesional se estructura sobre la base de los cursos que dicten las escuelas nacionales.

Los becarios pueden concurrir, a elección de la Administración Postal beneficiaria, a los cursos para funcionarios de nivel superior o para la formación de técnicos postales de nivel medio o de instructores postales, de las Escuelas Postales de Argentina, España, República Federativa del Brasil o a la de cualquier otro país que ofrezca recibirlos.

La capacitación profesional también se desarrolla a través de pasantías a funcionarios de nivel superior de gestión sobre la base de un programa previamente acordado entre la Administración solicitante y la receptora del pasante.

En el campo de la capacitación profesional también se debe brindar cooperación técnica a las Administraciones Postales tanto para la creación y desarrollo de las Escuelas Nacionales como para asegurar el dictado regular de los cursos, si fuere el caso.

La cooperación técnica operativa se presta a través de misiones de Consultores especializados en las áreas para las que se hubiere requerido asistencia debiendo tener, en la medida de lo posible, un acentuado carácter operativo.

Por otra parte, señor Presidente, las actividades de la Unión Postal de las Américas y España no se conciben sin una colaboración estrecha con las instituciones especializadas y las demás organizaciones internacionales que tienen intereses y actividades conexos.

En primer lugar, existe un contacto permanente y una mutua cooperación con la Unión Postal Universal, particularmente en lo que atañe a la enseñanza profesional y a la cooperación técnica operativa.

Se mantiene muy buena relación y un activo intercambio de información por el Comité de Líneas Aéreas de la UPAE formado por las compañías de aviación que operan en el ámbito de la Unión, con los demás organismos internacionales, con las Uniones Postales restringidas, con los centros de información, universidades, bibliotecas, etcétera. También existen vinculaciones con la Unión Postal Arabe, Unión Postal Africana, Unión Panafricana de Correos y Telecomunicaciones, Unión Postal de Asia y Oceanía y Unión Postal de los Países Nórdicos.

Esta, a grandes rasgos, es la historia de la UPAE.

Deseo señalar que tengo en mi poder amplía información respecto a este tema y que la misma está a disposición se los señores senadores. El informe que la Comisión de Asuntos Internacionales envió a la consideración del Cuerpo, con la firma de todos sus miembros, es bastante breve, como también lo fue el comunicado del Poder Ejecutivo al respecto. Pienso que al país le incumbe este asunto y, por lo tanto, tiene la responsabilidad de aprobar estas Actas.

Para terminar, quiero destacar que la Unión Postal de las Américas y España es un organismo intergubernamental, en cuyas actas se determina que la Unión se estructura en los siguientes órganos: el Congreso, la Conferencia, el Consejo Consultivo y Ejecutivo y la Secretaría General.

El Congreso es su órgano máximo, se reúne cada cinco años aproximadamente, integrado por los representantes plenipotenciarios de los países miembros para reconsiderar las actas y todo tipo de disposiciones de carácter normativo.

La Constitución de la UPAE nace en el Congreso de Santiago, Chile, celebrado en 1971, ocasión en que por primera vez se firma esta Acta fundamental. Se trata de un Acta diplomática que debe ser ratificada por la Autoridad competente de cada país miembro.

Uruguay ratificó la Constitución de Santiago el 8 de agosto de 1974.

La Constitución no debe ser renovada por cada Congreso. Las modificaciones, que sólo pueden ser realizadas en un Congreso, se consignan en un Protocolo Adicional. De esta forma, en el Congreso de Lima se adoptó el Primer Protocolo Adicional que fuera ratificado por Uruguay el 13 de diciembre de 1976.

El Congreso de la UPAE, Managua 1981, aprobó el Segundo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión, que integra las Actas que nos ocupan en este estudio y que a la fecha han sido ratificadas por seis países miembros de la UPAE, Argentina, Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América y Guatemala.

Las disposiciones que determinan la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión son objeto de un Reglamento General de la UPAE.

A las Actas propiamente dichas hay que agregar las disposiciones no contempladas en el Reglamento General, que se refieren al funcionamiento de la Unión, de sus órganos o a ciertos aspectos de la explotación postal, las que adoptan la forma de resolución y tienen carácter obligatorio para todos los miembros de la UPAE.

Señor Presidente: si los demás integrantes del Cuerpo desean abundar en el tema, señalo que estoy a su disposición a fin de aportar más información.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo segundo es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al informado)

22) PROTOCOLOS ADICIONALES I Y II A LOS CONVENIOS DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en séptimo término del orden del día: "Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario. (Ginebra 1949).

(Carpeta Nº 132/85). (Repartido Nº 55/85)".

(Antecedentes:)

"INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con fecha 27 de marzo de 1985, por el que se aprueban los Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario (1949).

Al amparo de las Naciones Unidas se aprueban en Ginebra, en el año 1949, cuatro Convenios de Derecho Internacional Humanitario, referentes a principios y normas para la protección y el trato del personal de las fuerzas armadas en casos de conflictos bélicos, incluyendo la situación de los prisioneros de guerra. Convenios que han sido ratificados por nuestro país.

A iniciativa del Consejo Federal de Suiza, se realizó en Ginebra una Conferencia Diplomática, realizando cuatro períodos de sesiones entre 1974 y 1977, con el fin de complementar y ampliar el alcance y contenido de los acuerdos referidos anteriormente, aprobado el texto de dos Protocolos Adicionales a estos Convenios.

El Protocolo Adicional I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, instituye normas dirigidas a proteger a determinada categoría de combatientes no incluidos en los instrumentos anteriores.

En efecto, el artículo 1º, párrafo 4 del Protocolo, establece el concepto de que los conflictos internacionales no serán sólo aquellos en los que las Partes Contratantes luchan entre sí sino que se comprenderá también la resistencia que oponga un pueblo frente a la ocupación de su territorio o la lucha que haya emprendido la población con arreglo a los principios de autodeterminación previstos en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el uso de la fuerza para defenderse contra regímenes racistas extranjeros que pretenden imponer su dominio o hegemonía.

Asimismo, el articulado procura cubrir las lagunas existentes con respecto a la protección y el trato de la población civil que se vea involucrada en el conflicto.

A su vez, el Protocolo Adicional II, sobre la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter internacional, recoge principios y normas similares pero con miras a su aplicación en el caso de conflictos armados internos.

Sin perjuicio de señalar la posibilidad de que se presenten cuestiones de orden práctico, uno de los elementos más importantes incorporados en los dos Protocolos Adicionales es el relativo a la designación de una Parte protectora, por iniciativa de cada una de las partes en conflicto, para permitir la aplicación de las medidas de carácter humanitario previstas, en protección de las víctimas de las hostilidades.

El texto de los Acuerdos precisamente en atención a los problemas que puedan presentarse con respecto a la elección y aceptación de una de esas "Partes protectoras", prevé expresamente la eventual intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otra "organización humanitaria imparcial".

Sin duda que la figura de la "Parte protectora", ya prevista en los cuatro Convenios de 1949, puede constituir un hito trascendental en la evolución del Derecho Internacional Humanitario hacia su consolidación efectiva.

La aceptación de los aludidos Protocolos por parte de la comunidad internacional, constituiría además un importante apoyo a la labor que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja y en este sentido el Senado no puede dejar de recordar, con reconocimiento, las actividades desarrolladas en nuestro país por ese organismo, en aras de aliviar la suerte de los presos políticos.

Cabría agregar las siguientes informaciones para su consideración: a) los Protocolos Adicionales I y II están en vigencia entre los Estados que los han ratificado desde el 8 de diciembre de 1978; b) hasta diciembre de 1984 eran parte del Protocolo I, cuarenta y ocho (48) Estados y del Protocolo II cuarenta y un (41) Estados; c) la situación de los Estados latinoamericanos es de que son parte en los Protocolos I y II, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Bahamas, Santa Lucía, San Vicente y Bélice. Son parte en el Protocolo I, Cuba y México.

En conclusión, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado considera que la adhesión a los Protocolos Adicionales I y II, significaría reafirmar la tradicional política humanitaria de la República concretada, en su momento, en el hecho de que el Uruguay es parte desde el 5 de marzo de 1969 de los cuatro Convenios de 1949 relativos:

1) al mejoramiento de la suerte de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña,

2) al mejoramiento de la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar,

3) al trato de los prisioneros de guerra, y

4) a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, con expresa reserva de los artículos 87, 100 y 101 en el tercer Convenio y del artículo 68 del mencionado en último término en cuanto suponen aplicación y ejecución de la pena de muerte.

La adhesión a los mencionados Protocolos, por otra parte, vendría a reafirmar el renovado prestigio internacional de la República.

Por todo lo expuesto, Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales, aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 22 de mayo de 1985.

Juan Raúl Ferreira (miembro informante), Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Apruébase la Adhesión de la República a los Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario (Ginebra, 1949) relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales y a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional respectivamente.

Art. 2º - Comuníquese. etc.

Sala de la Comisión, 22 de mayo de 1985.

Juan Raúl Ferreira (miembro informante), Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: simplemente para manifestar que éste fue uno de los proyecto de ley con iniciativa del Poder Ejecutivo que recibió la Comisión de Asuntos Internacionales y que, por otra parte, esta Comisión me lo entregara para su estudio, habiendo elaborado un informe que, posteriormente, aquélla hizo propio para llevarlo a la consideración del Senado.

Debo decir que esto se trata -tal como lo establece la propia carátula de la carpeta- de los protocolos adicionales I y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario del año 1949, que fueran aprobados en la ciudad de Ginebra al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del IV Convenio de Derecho Internacional Humanitario relativo a principios y normas sobre la protección y el trato de las personas y del personal de las Fuerzas Armadas en caso de conflictos bélicos. En la medida en que este proyecto ha sido distribuido a los señores senadores y teniendo en cuenta el informe técnico que sobre la materia envía el Ministerio de Relaciones Exteriores, considero que es innecesario prolongar la discusión de este tema. Además, el informe que elaboré fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales y suscrito por todos sus miembros, por lo que sólo quería resaltar que la importancia de la aprobación de este Convenio se inscribe en el marco de reafirmar el renovado prestigio internacional que tiene la República, luego de haberse recuperado las instituciones democráticas.

Es de público conocimiento que nuestro país vivió durante 11 años bajo un enorme desprestigio internacional, sometido a una condena permanente de los organismos internacionales y la recuperación de la dignidad democrática ha sido el punto de partida, para recrear una imagen de la República en el exterior. Dentro de ese marco, nuestra Cancillería ha tomado la iniciativa de ratificar una serie de Convenios y Tratados Internacionales, con respecto a los cuales nuestro país ha estado omiso. Creo que en tanto no nos afecta directamente, puesto que se trata de aspectos bélicos más que nada -y nosotros tenemos la esperanza de no entrar en ningún conflicto de esa naturaleza con los países vecinos- todo esto viene a reafirmar -en cuanto a que, reitero, ratificamos Convenios o Tratados de tipo humanitario- el tono de nuestra política exterior y la nueva imagen de la que todos somos responsables en cuanto a su recreación en el extranjero.

Por lo tanto, en nombre de la Comisión sugiero que sea aprobada la ratificación de los Protocolos Adicionales II y II a los Convenios de Derecho Internacional Humanitario de Ginebra de 1949.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al informado).

23) AVIACION CIVIL INTERNACIONAL. CONVENIO.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en octavo lugar del orden del día: por el que se aprueba el Protocolo relativo a una enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional.

(Carp. Nª 128 Rep. Nº 57).

(Antecedentes:)

"INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja aprobar el adjunto proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se propone ratificar el Protocolo de Enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago, incorporando a su artículo 3º bis, conforme a lo resuelto por consenso en el 25 período de sesiones (extraordinario) de la Asamblea General de OACI celebrado en Montreal el 10 de mayo de 1984.

El Mensaje del Poder Ejecutivo resulta suficientemente aclaratorio sobre el contenido y alcance del referido Protocolo de Enmienda. Importa, no obstante, a título de mayor abundamiento, hacer resaltar tres aspectos:

a) el artículo 3º bis que se incorpora no representa una innovación sino más bien una reafirmación de los principios y objetivos que seguramente inspiraron a los redactores del Convenio de Chicago de 1944;

b) una vez más ha quedado de manifiesto la conveniencia de consagrar el principio de qué "únicamente la ley escrita permite eliminar las incertidumbres de la fuente original que constituye el derecho consuetudinario, pues llena las lagunas existentes y da precisión a los principios abstractos de carácter general, cuya aplicación práctica no se ha determinado de antemano", recordando expresiones recientes del Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar;

c) la Asesoría Letrada de la Dirección General de la Aviación Civil se expidió, al cabo de un prolijo y exhaustivo análisis del asunto, aconsejando su aprobación y en el mismo sentido se expidieron, sin que en ningún caso mediara la más mínima objeción, la Comisión Nacional de Política Aeronáutica de la Fuerza Aérea y la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional.

Conviene también, para mayor ilustración del Senado, subrayar que el inciso final literal d) del artículo 3º bis de la Enmienda, que resultó el más controvertido en las deliberaciones de la Asamblea de Montreal, retoma el principio de la no utilización de las aeronaves civiles para fines incompatibles con los propósitos del Convenio de Chicago, imponiendo a los contratantes la adopción de medidas apropiadas a esos efectos.

En mérito a las consideraciones expuestas el Senado puede adoptar el temperamento aconsejado.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 1985.

Juan A. Singer (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Apruébase el Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre de 1944 (artículo 3º bis), firmado en Montreal el 10 de mayo de 1984.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 1985.

Juan A. Singer (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión general.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales me honró al designarme miembro informante de este proyecto, que responde a una iniciativa del Poder Ejecutivo.

El informe relativo a este proyecto ha sido distribuido y creo que es muy claro. Verdaderamente, a esta altura de la sesión puedo hacer gracia al Senado de una explicación más a fondo de la cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

24) UNION INTERPARLAMENTARIA. REINCORPORACION DEL PARLAMENTO NACIONAL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra a considerar el asunto que pasó a figurar en noveno término del orden del día: "Discusión particular del Proyecto de Resolución por el que se aprueba la afiliación a la Unión Interparlamentaria".

(Carp. Nº 158. Rep. Nº 56)

(Antecedentes:)

"INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión ha analizado la posibilidad de que el Parlamento de nuestro país reingrese a la Unión Interparlamentaria, como medio para restablecer vinculados de esta índole entre Uruguay y los países europeos que componen esta organización.

Los Estatutos de la Unión Interparlamentaria establecen en su artículo 3º:

"1. La Unión Interparlamentaria estará compuesta por grupos nacionales.

2. Un grupo nacional estará integrado por miembros de un Parlamento constituido de conformidad a las leyes de su Estado soberanos, cuya población representa y en el territorio en el cual funciona.

3. En cada Parlamento sólo podrá formarse un grupo nacional. Un Parlamento podrá constituirse como grupo nacional. En un Estado Federal sólo podrá formarse un grupo nacional en seno del Parlamento Federal.

4. Todo grupo nacional deberá adherir a los principios de la Unión y conformarse a sus Estatutos."

Y el artículo 4º expresa a su vez:

‘1. La decisión de admisión o de readmisión de un grupo nacional corresponderá al Consejo Interparlamentario, al que el Secretario General comunicará las solicitudes de afiliación o reafiliación. El Consejo adoptará su decisión previo informe del Comité Ejecutivo, que comprobará si se cumplen las condiciones estipuladas en el artículo 3º y el informará al respecto.

2. Si un Parlamento deja de funcionar, o si cesan las relaciones administrativas y financieras que todo grupo nacional debe mantener regularmente con la Unión, el Comité Ejecutivo examinará la situación y dará su opinión al Consejo Interparlamentario. El Consejo decidirá respecto de la suspensión de la aplicación de ese grupo a la Unión’.

El Parlamento uruguayo, luego de largo años de dictadura militar que determinaron su clausura, ha recobrado su estructura tradicional proveniente del voto popular.

Considera esta Comisión que resulta conveniente que los Parlamentos de las naciones democráticas mantengan estrechos vínculos en su actividad, que resultan provechosos por el intercambio directo de experiencias y opiniones, y las posibilidades que contribuyen a ampliar en el plano de la cooperación internacional.

Esta Comisión aconseja al Senado aprobar la reincorporación del Parlamento de nuestro país a esta organización interparlamentaria internacional, mediante la correspondiente solicitud ante el Secretario General de la UIP (Unión Interparlamentaria) en la Central de Ginebra (Suiza) a fin de que el Comité Ejecutivo de la UIP considere esta petición en su próxima Conferencia a cumplirse en Ottawa a principios de setiembre del año en curso.

Es de hacer notar que al presente la UIP está integrada por 103 países miembros, y su importancia hace de positivo interés que el Parlamento nacional vuelva a integrarla.

Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Senado adoptar el adjunto Proyecto de Resolución.

Sala de la Comisión, 22 de mayo de 1985.

Eduardo Paz Aguirre (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º- Resuélvese la reincorporación del Parlamento Nacional, a la Unión Interparlamentaria en las condiciones establecidas en sus Estatutos.

Art. 2º - Autorízase al Presidente de la Asamblea General para adoptar resolución respecto de la integración del Grupo Nacional Parlamentario y formalizar las comunicaciones necesarias a los objetos de los fines expresados en el artículo anterior.

Art. 3º - La Comisión de Asuntos Internacionales redactará el Reglamento del Grupo Nacional y se le autoriza, de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del artículo 146 del Reglamento del Cuerpo, a integrarse a los efectos con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Art. 4º - Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, 22 de mayo de 1985.

Eduardo Paz Aguirre (miembro informante), Juan Raúl Ferreira, Enrique Martínez Moreno, Carminillo Mederos, Américo Ricaldoni, A. Francisco Rodríguez Camusso, Juan A. Singer. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este proyecto tiene solamente discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

En consideración.

Se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

En consideración.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

(Se lee)

En consideración.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

El artículo 4º es de orden.

Queda aprobado el Proyecto de Resolución y se comunicará.

(No se publica el Proyecto de Resolución aprobado por ser igual al informado)

25) SESION SECRETA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta a efectos de tratar el último punto del orden del día: "Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a: un funcionario de la Dirección General de la Seguridad Social (Plazo constitucional vence 26 de junio de 1985).

(Carp. Nº 130 - Rep. Nº 58)".

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Pregunto, señor Presidente, si con respecto a este tema de solicitud de venia existe algún informe de la Comisión. Como no se encuentran en Sala ninguno de los miembros de esa Comisión y si aún no se ha dado ningún informe con respecto a este tema, solicitaría que se aplace el tratamiento de este tema, incluyéndola en el orden del día de una sesión posterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde mantener este asunto en el orden del día, por lo que deberá ser incluido en la próxima sesión del martes.

26) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace siendo la hora 20 y 38 minutos, presidiendo el doctor Tarigo y asistiendo los señores senadores, Aguirre, Batlle, Canabal, Cersósimo, Ferreira, Gargano, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pereyra, Posadas, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Singer, Traversoni, Zorrilla y Zumarán).

Doctor ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Freddy A. Massimino Encargado del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.