Retorno a página principal

Nº 14 - TOMO 288 - 20 Y 21 DE MARZO DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

13ª SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR ENRIQUE TARIGO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA: LOS TITULARES SEÑORES MARIO FARACHIO Y FELIX B. EL HELOU

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3, 5, 7 y 12) Asuntos entrados

-Lo formula el señor senador Lacallle, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y relacionado con el establecimiento de un núcleo poblado por parte del Gobierno del Brasil en zona territorial reclamada por nuestro país.
- Exposición del señor senador Lacalle.
- Se vota afirmativamente.

6) Primer Encuentro de Parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay

- Exposición del señor senador Lacalle.
- Intervención de varios señores senadores.

8) Comisión Preinvestigadora

- Se designa a solicitud del señor senador Posadas a efectos de indagar los procedimientos vinculados al negocio de compra de centrales telefónicas digitales.

9) Orden del día. Suspensión de Ejecuciones contra los Productores Agropecuarios, Industriales y Comerciantes

- Intervención de varios señores senadores.
- En consideración el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
- Queda aprobado y se comunicará.

10) Rubro Presupuestal del Senado. Gastos de Sectores Parlamentarios.

- Por moción de varios señores senadores se resuelve incorporar una partida de N$ 620.000 mensuales.

11 y 13) Proyecto de ley de emergencia para la Educación General

- Continúa la discusión particular.
- Queda aprobado y se comunicará.

14) Se levanta la sesión

(Así se hace a la hora 3 y 22 minutos del día 21)

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, marzo 20 de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, hoy miércoles 20, a la hora 18; para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se suspenden las ejecuciones contra los productores agropecuarios, industriales y comerciantes.

(Carp. Nº 108 - Rep. Nº 21)

2º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley de emergencia para la Educación General.

(Carp. Nº 69 - Rep. Nº 22 y 23)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira, Flores Silva, García Costa, Gargano, Hierro Gambardella, Jude, Lacalle, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Cardoso y Paz Aguirre.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 19 y 52)

- Dése cuenta de un asunto entrado.

Se da del siguiente:

"La Presidencia de la Asamblea General destina los Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyecto de ley:

- por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Oficina de Educación Iberoamericana, que fuera suscrito por nuestro país el 28 de setiembre de 1962, y

- por el que se aprueban las Actas de la Unión Postal de las Américas y de España del Congreso de Managua, 1981, que comprenden el Reglamento General; el Reglamento Provisional de la Secretaría General, las Resoluciones del XII Congreso y las Recomendaciones del XII Congreso del referido Organismo".

- OPORTUNAMENTE SE PASARAN A LAS COMISIONES QUE CORRESPONDAN

4) PEDIDO DE INFORMES

"El señor senador Luis Alberto Lacalle presenta a la Mesa un Pedido de Informes dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y relacionado con el establecimiento de un núcleo poblado por parte del Gobierno del Brasil en zona territorial reclamada por nuestro país".

SEÑOR LACALLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE. - Señor Presidente: en la mañana de hoy, en el "El Diario" se ha dado cuenta de una noticia que debe interesar a todos, y fundamentalmente, al Senado.

Se trata de la fundación de un núcleo poblado, por parte del Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el triángulo del territorio que hace tiempo estamos disputando, situado entre Arroyo Maneco y Arroyo de la Invernada. Es de conocimiento de los señores senadores que este tipo de disputa se refiere a un trozo pequeño de territorio y que han sufrido las alternativas de una negociación cuyo destino final parecía ser el statu quo. La incorporación de una población -mediante un acto de soberanía tan típico como es el poblar, que es ejercer sobre el territorio el primero y más fundamental de los derechos- llevada a cabo por un país y un Gobierno que medita las cosas y que tiene una conducción política siempre madura, a través de todos sus regímenes -sin excepción- como sucede con el Gobierno de Brasil, creo que merece la atención del país y del Senado, aunque no sea con otro fin que el de enterarnos si esto es realmente así. Supongo que una noticia de algo tan material, como es la instalación de un núcleo poblado, no puede fabricarse ni constituir un mal entendido. Me puse al habla con el señor Ministro de Relaciones Exteriores para imponerlo de la amplitud con que se formulaba el pedido de informes, pero considero que la caja de resonancia que es el Senado en esta materia, no podía pasar desapercibida.

Esta es la finalidad del pedido de informes que, estrictamente en la parte de solicitud al señor Ministro expresa que se informe sobre la veracidad estos episodios y las medidas adoptadas por la Cancillería. El señor Ministro de Relaciones Exteriores me acaba de comunicar -reitero- en forma personal, que dichas medidas ya están en trámite.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Lacalle, en el sentido de cursar un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúese dando cuenta de los asuntos entrados.

Se da de los siguientes:

"La Junta Departamental de Tacuarembó remite las actuaciones relacionadas con dilapidación del patrimonio comunal mediante mutación dominial ‘Permutas de inmuebles del dominio municipal’ por ‘Inmuebles del Estado’, Ministerio de Defensa Nacional".

- OPORTUNAMENTE SE PASARA A LA COMISION QUE CORRESPONDA.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores remite una nota por la que contesta la exposición escrita formulada por el señor senador Luis Alberto Lacalle, relacionada con la incorporación del Uruguay a la Oficina de Educación Iberoamericana".

- A DISPOSICION DEL SEÑOR SENADOR.

6) PRIMER ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS DE ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE. - "El mencionado señor senador solicita se plantee a la Cámara de Representantes, ante el Primer Encuentro de Parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay, a celebrarse el próximo 22 de marzo en Montevideo, auspiciar dicho encuentro y designar una delegación integrada por senadores de todos los partidos; asimismo resolver que serán de cargo del Cuerpo los gastos de matrícula de los delegados".

SEÑOR LACALLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE. - Señor Presidente: debe haber un error, que quizá cuando fue pasado en limpio no advertí.

No se trata, por supuesto, de plantearlo a la Cámara de Representantes, sino a esta Cámara.

El tema es el siguiente: a partir del próximo viernes se realizara el Primer Encuentro de Parlamentarios de Brasil, Argentina y Uruguay. Es un episodio de gran importancia y, por ello, un grupo de legisladores hemos creído oportuno proponer que el Senado, mediante una resolución o la mecánica que corresponda, patrocine dicho Encuentro, designe una delegación de senadores de todos los partidos para participar en él y contribuya, en la forma que se repute normal en este caso, a los gastos, porque somos el país huésped de los señores parlamentarios. Ellos vendrán con el pasaje y la estadía pagos por ellos mismos, pero hay gastos de funcionamiento, como son los del alquiler de locales y de taquígrafos que creo deberían -como país que recibe a estos parlamentarios y por una razón de hospitalidad- ser de cargo del Senado.

La matrícula o inscripción de cada parlamentario importa U$S 50,00, por los gastos que reporta la realización del Encuentro. No conozco lo que se estila hacer en estos casos. Creo que en oportunidad de las reuniones del Parlamento Latinoamericano, se ha hecho un aporte por parte del Parlamento; por lo tanto, creo que la sugerencia puede ser de recibo.

Esto lo decidirá el Senado, simplemente cumplo con el planteamiento que al respecto se nos había encomendado.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el planteo formulado por el señor senador Lacalle.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: Estoy muy lejos de desconocer la trascendencia que seguramente podrá tener el encuentro parlamentario previsto para el próximo fin de semana. Creo que es muy importante la realización de este tipo de cónclaves en los que se intercambian experiencias y, eventualmente, se toman decisiones que de alguna manera siempre contribuyen al afianzamiento de las democracias y, concretamente, al refuerzo de la imagen que deben tener los poderes legislativos de los países de la región. Sin embargo, tengo algunas dudas respecto a la conveniencia de aceptar el planteamiento que se acaba de formular ante el Cuerpo. Y ello es por lo siguiente. Realmente no sé -y confieso mi ignorancia al respecto- cuáles son los aspectos concretos de este evento. En primer lugar, no sé si las representaciones que nos honran con su presencia a partir de este viernes, vienen por su propia iniciativa o están investidos de una representación oficial. Esa es la primera interrogante que me planteo y que, en alguna medida, a mi juicio, condiciona la decisión que debamos tomar al respecto. No me parecería adecuado que si estas delegaciones asistentes -que si mal no recuerdo son las de Argentina, Brasil, Paraguay y alguna otra- carecen de una representación oficial, se le diera un carácter oficial a la participación oficial, se le diera un carácter oficial a la participación de esta Cámara o de algunos de sus miembros, por una razón elemental de equivalencia en las jerarquías de los asistentes.

Por otro lado, no sé, realmente, hasta qué punto el temario de que se trata se inscribe concretamente dentro de algo que ya tengamos discutido en este Cuerpo. Sería más ajustado a las circunstancias -salvo que se expresara algún argumento que naturalmente estoy dispuesto a escuchar, y con el cual me podría convencer- que se tomara un conocimiento oficial respecto a la realización de este evento -como entiendo que ya lo ha hecho la Cámara de Diputados- y que los señores senadores asistieran a ese encuentro parlamentario o bien a título de representación de su partido político, o a título personal.

En esa forma estaríamos dando los pasos justos y adecuados, sin excedernos en algo que -y también lo quiero decir- en alguna medida pudiera ser interpretado como el apoyo a una especie de organismo paralelo al Parlamento latinoamericano al que sí creo que el Senado, el Poder Legislativo nacional en su conjunto, debería mirar con atención para darle el prestigio y la actividad de la que hoy, carece en buena medida.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Simplemente, señor Presidente, para contestar la consulta que ha realizado el señor senador Ricaldoni como miembro del comité organizador del evento, diciéndole que estas delegaciones que visitarán nuestro país no lo hacen a título oficial sino personal. Quiero señalar, también, que en el día de ayer -de acuerdo a una resolución adoptada por el Directorio de nuestro partido- debí realizar las consultas pertinentes a los distintos sectores parlamentarios. Los señores legisladores recordarán que visité sus bancadas a efectos de recabar una opinión al respecto. El consenso, que compartimos parece ser negativo, razón por la cual nosotros también votaremos negativamente, porque en la medida en que este evento no es de carácter oficial sino más bien un encuentro a nivel de legisladores, consideramos lógico mantenerlo en la órbita de un seminario de tipo no gubernamental.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Lacalle.

(Se vota:)

- 6 en 29. Negativa.

7) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúese dando cuenta de los asuntos entrados.

Se da de los siguientes:

"Los señores senadores A. Francisco Rodríguez Camusso y José Germán Araújo, comunican que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento del Cuerpo constituyen un sector parlamentario."

- Téngase presente.

"El señor senador Reinaldo Gargano comunica que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento del Cuerpo, constituye un sector parlamentario."

- Téngase presente.

"Los señores senadores Eugenio Capeche, Pedro W. Cersósimo y Raumar Jude comunican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento del Senado, que integran el sector parlamentario Unión Colorada y Batllista, en virtud de lo establecido en los literales a) y b) del citado artículo".

- Téngase presente.

"La Junta Departamental de Montevideo comunica que la Corporación dictó una resolución por la cual pone de manifiesto su total adhesión a los señores legisladores nacionales y su expreso repudio a quienes con su proceder desconocen la representatividad democrática que invisten aquéllos."

- Oportunamente se acusará recibo y se agradecerá la nota.

8) COMISION PREINVESTIGADORA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro asunto entrado.

Se da del siguiente:

"El señor senador Juan Martín Posadas solicita, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución y 129 y 130 del Reglamento del Cuerpo, la designación de una Comisión Preinvestigadora a los efectos de indagar en todos los procedimientos vinculados al negocio de compra directa y sin licitación, de centrales telefónicas digitales efectuado por ANTEL a la compañía Ericsson."

- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 130 del nuevo Reglamento del Cuerpo, corresponde designar de inmediato una Comisión Preinvestigadora -y lo debe hacer el Presidente- integrada por tres miembros. Realizadas las consultas del caso, se designa a los señores senadores García Costa, Batalla y Terra para integrar la mencionada Comisión.

9) ORDEN DEL DIA. Suspensión de ejecuciones contra los productores agropecuarios, industriales y comerciantes

SEÑOR PRESIDENTE. - Se entra al orden del día.

Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se suspenden las ejecuciones contra los productores agropecuarios, industriales y comerciantes. (Carp. Nº 108). (Rep. Nº 21)

Texto del proyecto de ley:

"Carp. Nº 108
Rep. Nº 21 Anexo I
Marzo de 1985

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Suspéndese hasta el 15 de mayo de 1985 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales. Dicha suspensión tendrá lugar en los casos de ejecuciones tendientes al cobro de deudas contraídas con posterioridad al 1º de julio de 1978 por productores agropecuarios o industriales o por comerciantes, sus codeudores, fiadores y avalistas.

No quedarán comprendidas en la suspensión del inciso precedente, las ejecuciones de créditos originados en relaciones laborales.

Art. 2º - Durante el término y en los casos de suspensión previstos por el artículo 1º, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, sólo podrá decretarse cuando el ejecutado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos.

Art. 3º - El juez, sin más trámite, decretará la suspensión, a petición de parte, cuando el interesado acredite sumariamente que se cumplen los extremos del artículo 1º o, de oficio, cuando los mismos resulten del expediente.

La providencia que decrete la suspensión no será pasible de recurso alguno.

Art. 4º - Dentro del plazo establecido en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrarán las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento intenso.

Art. 5º - Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 6º - Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de marzo de 1985.

ANTONIO MARCHESANO Presidente
HECTOR S. CLAVIJO Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Agricultura y Pesca

Montevideo, 8 de marzo de 1985.

A la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración de ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley relativo a la suspensión de ejecuciones judiciales o extrajudiciales derivadas del sobreendeudamiento interno que actualmente afecta a distintos sectores de la actividad nacional.

Sin duda, el sobreendeudamiento interno es uno de los principales problemas que obstan a la impostergable reactivación del país. En tal razón, es intención del Poder Ejecutivo adoptar de inmediato medidas de fondo para encarar su solución.

Mientras se definen los instrumentos idóneos a tal fin, se estima conveniente sean suspendidas las ejecuciones tendientes a obtener el cobro de las deudas que mantengan las empresas agropecuarias, comerciales e industriales, tal como lo establece el artículo 1º del proyecto de ley adjunto.

Dada la excepcionalidad de la medida cuya sanción se propone, se entiende que su duración debe ser breve, no más allá del tiempo estrictamente necesario para el correcto delineamiento de la política definitiva que se adoptará al respecto.

En base a este entendido, el proyecto de ley sometido a la consideración de ese Cuerpo, limita al 30 de abril próximo, el término de vigencia de la suspensión de ejecuciones, plazo que, sin perjuicio de su debida brevedad, se estima suficiente para instrumentar durante su curso la política a adoptar.

El artículo 2º del proyecto de ley pone a cargo de los deudores comprendidos en sus disposiciones, la obligación de cumplir con los requisitos que el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay establezcan con la finalidad de determinar la viabilidad económico financiera de las empresas y prioridad del sector de actividad en que desenvuelven su giro, elementos básicos en la política de carácter selectivo que en este campo impulsará el Poder Ejecutivo. La omisión de cumplimiento de tal obligación hará presumir la no viabilidad de la empresa deudora.

Las razones expuestas son las que fundamentan el adjunto proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tiene la seguridad ha de merecer preferente atención por parte de ese Cuerpo.

Aprovechamos la oportunidad para hacer llegar a esa Asamblea General las expresiones de nuestra más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI - RICARDO ZERBINO CAVAJANI - CARLOS JOSE PIRAN - ROBERTO VAZQUEZ PLATERO.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Suspéndese hasta el 30 de abril de 1985 la ejecución de las sentencias que dispongan el remate de bienes embargados judicialmente así como las ejecuciones hipotecarias o prendarias, tendientes a la satisfacción de deudas mantenidas por empresas agropecuarias, comerciales e industriales con instituciones financieras, que se hubieren contraído originalmente en el período comprendido entre el 1º de julio de 1978 y el 31 de diciembre de 1982.

Art. 2º - Dentro del plazo establecido en el artículo anterior, los deudores comprendidos en la presente ley deberán cumplir los requisitos que establezcan el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay en las normas que dicten vinculadas al sobreendeudamiento interno de las empresas.

En los casos que las citadas normas establezcan requisitos para evaluar la viabilidad económico financiera de las empresas, su no cumplimiento en tiempo y forma constituirá presunción de no viabilidad de la empresa omisa.

Art. 3º - Comuníquese, etc.

Montevideo, 8 de marzo de 1985.

RICARDO ZERBINO CAVAJANI - CARLOS JOSE PIRAN - ROBERTO VAZQUEZ PLATERO.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - La Comisión designada por este Cuerpo se reunió en el día de hoy a efectos de analizar el proyecto enviado por la Cámara de Representantes relativo al tema que nos ocupa. Durante el transcurso de nuestra sesión matutina recibimos al señor Ministro de Economía y Finanzas y al Subsecretario de esa Cartera, que fueran invitados por esta Comisión en el día de ayer a efectos de que nos dieran una explicación general de los propósitos que animan al Poder Ejecutivo en esta materia.

Con el fin de tener una adecuada comprensión del alcance de este proyecto que vamos a considerar y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, deberíamos empezar por señalar los rasgos más generales que lo informan. Uno de los propósitos de este proyecto es la intención que tiene el Poder Ejecutivo de obtener la sanción de una ley que detenga las ejecuciones que actualmente amenazan a los productores agropecuarios, industriales y comerciantes. De esta forma, durante el período de suspensión de las ejecuciones, se pretende establecer los requisitos que deberán cumplir los deudores para que el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay -de acuerdo a lo que determina este proyecto- fijen cuáles de ellos, a su juicio, adquirirán el derecho de ser incluidos como beneficiarios en las medidas de fondo que no vienen en el proyecto, sino que habrán de dictarse más adelante.

Otra de las intenciones o propósitos manejados en el proyecto que vamos a considerar es obtener que el mismo tenga, por diversas razones, un plazo breve. En primer lugar, porque las normas que contiene implican la suspensión del ejercicio del derecho de cobrar que tienen todos los acreedores. En segundo término, la brevedad del plazo se justifica en el hecho de que la suspensión puede crear -así se entiende- un clima inconveniente y, usando las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas, ese clima inconveniente se proyectaría a nivel de los depositantes del sistema y llevaría a la paralización del derecho de las instituciones financieras, entre otras, porque como veremos más adelante, la Cámara de Representantes extendió el ámbito del artículo 1º del proyecto en lo que se refiere a la recuperación de activos. Esto podría ocasionar corridas o efectos desestabilizadores, como consecuencia de la situación en extremo dificultosa por la que pasa al sistema financiero nacional y del deterioro -son palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas- de los activos del sistema, que están constituidos por las deudas de las empresas y por las deudas de los productores con dichas instituciones.

Por otra parte, la brevedad del plazo también encuentra justificación si se tiene en cuenta -según la opinión de las autoridades de gobierno- que una medida como la propuesta, que logrará consagración legal, va a ser observada con inquietud desde fuera de fronteras.

Finalmente, la justificación del plazo breve que solicita el Poder Ejecutivo y que acoge -con pequeñas variantes- la Cámara de Representantes, se apoya en el hecho de que el mencionado Poder tiene prácticamente prontas las medidas de fondo relativas a la solución sobreendeudamiento. El señor Ministro de Economía y Finanzas nos señalaba en la sesión de la Comisión de esta mañana que tales medidas guardarán una estricta correspondencia con lo resuelto, tanto a nivel técnico como a nivel político en el seno de la CONAPRO.

Debo señalar también que en oportunidad de tratarse el proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Representantes, se le hicieron algunas modificaciones que el propio Ministro aceptó y que sintéticamente son las siguientes.

En primer lugar, se ampliaron los tipos de crédito cuya ejecución se suspende. Según la redacción del proyecto de la Cámara de Representantes, esa ampliación corresponde a todas las ejecuciones tendientes al cobro de deudas contraídas con posterioridad al 1º de julio de 1978 por productores agropecuarios, o industriales, o por comerciantes, sus codeudores, fiadores y avalistas salvo, como dice el artículo 1º, las originadas en una relación laboral. Contrariamente a lo que proponía el proyecto del Poder Ejecutivo no quedarán incluidas las que se hubieren contraído originalmente en el período comprendido entre el 1º de julio de 1978 y el 31 de diciembre de 1982.

Aceptó también el señor Ministro de Economía y Finanzas que se agregaran a los dos artículos del proyecto del Poder Ejecutivo, otros dos destinados, por un lado, a evitar que el deudor se vea desapoderado de sus bienes por parte del acreedor -y esto figura en el artículo 2º del proyecto de ley del Senado- y, por otra parte, a regular más detalladamente el mecanismo de suspensión de las ejecuciones, estableciendo la irrecurribilidad de las providencias que decretan la suspensión y esto figura en el artículo 3º.

Asimismo, el señor Ministro de Economía y Finanzas aceptó suprimir el inciso segundo del artículo 2º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declaraba que constituiría presunción de no viabilidad de la empresa omisa, el no cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos de evaluación a fijarse por el Poder Ejecutivo y/o el Banco Central.

En suma, el proyecto de ley, tal como viene aprobado por la Cámara de Diputados, no suspende los juicios ejecutivos en trámite, ni la iniciación de otros, según resulta del artículo 1º del proyecto, sino que comprende el cumplimiento de las sentencias de remate recaídas en juicios por cobro de todo tipo de deudas, salvo las originadas en relaciones laborales, contraídas con posterioridad al 1º de julio de 1978. Esta fecha que acabo de mencionar es la de comienzo de la política conocida como "de la tablita" que fue, según lo entiende el Poder Ejecutivo, la causante del sobreendeudamiento interno que padece en este momento el aparato productivo del país.

Se establece también en el artículo 2º del proyecto remitido por la Cámara de Representantes que no será posible desapoderar al deudor de sus bienes embargados, constituyéndolo en cambio en depositario de los mismos, a menos que no quiera o no pueda hacerlo.

Se agrega también la obligación del Poder Ejecutivo y del Banco Central de arbitrar, en el período que va desde la promulgación de la ley hasta el 15 de mayo de 1985, las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento interno. Eso figura en el artículo 4º del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados.

La norma del artículo 4º, que pone de cargo del Poder Ejecutivo esta obligación -que venía ya en el propio proyecto del Poder Ejecutivo- nos conduce al segundo propósito fundamental del texto legal que estamos considerando. Y esto requiere algunas aclaraciones preliminares.

Luego de que los deudores -como dice el proyecto- se presenten ante las autoridades del Poder Ejecutivo o del Banco Central, conforme a las normas administrativas que estos dicten, será necesario fijar lo que el contador Zerbino denomina "amparo adicional", para los deudores en proceso de análisis de su viabilidad. Se entiende entonces -y esto no figura en e el proyecto de ley pero si en la versión taquigráfica del debate en la Comisión de la Cámara de Diputados- que se requerirá una nueva norma legal, al vencimiento del plazo que contiene el proyecto, lo que ocurrirá el 15 de mayo de este año, decretos del Poder Ejecutivo y, seguramente, una o más circulares del Banco Central, en su carácter de entidad rectora de todo el sistema financiero nacional.

Reitero que esta son consideraciones previas al análisis del segundo propósito del proyecto, y más que del propio proyecto, surgen de las declaraciones de Gobierno, que aceptamos. Suponemos que se traducirán en una serie de medidas entre las cuales -a juzgar por las declaraciones del señor Ministro de Economía y Finanzas- figuraría la creación de una oficina de estructuración financiera con representación del Banco Central, del Banco de la República Oriental del Uruguay y de varios Ministerios. Esta oficina a crearse, sería la que debería determinar cuáles deudores, entre aquellos que se presentan, van a ser analizados. Naturalmente, ese análisis requerirá una nueva ley y es bueno tenerlo presente desde ahora, para ello deberán suspenderse nuevamente las ejecuciones no más allá -según expresiones del señor Ministro- del 31 de diciembre de 1985.

Quedó claro que el Poder Ejecutivo estima que no todos los deudores analizados tendrán, en definitiva, la protección de las medidas de fondo. La tendrán sí aquellos que resulten viables en función del análisis. Quedó claro también que los pequeños deudores tendrán un trato preferencial.

En síntesis, con respecto a este propósito, debemos señalar en primer lugar que la ley otorga un plazo hasta el 15 de mayo de 1985 para determinar quienes no son viables según el criterio del Poder Ejecutivo. Y esa inviabilidad, según lo aseguró el señor Ministro, resultará de un "umbral mínimo" que, de acuerdo con sus palabras, será muy poco exigente y se limitará básicamente a analizar la conducta seguida en el período de endeudamiento por cada deudor, la relación entre su activo y su pasivo, etcétera. Agregó que, además de que este umbral mínimo será relativamente poco exigente, el trámite de presentación será extremadamente simple, y no se requerirá del concurso o asesoramiento de profesionales, cosa que implicaría erogaciones que normalmente no están al alcance del deudor medio.

A partir de esa etapa en la cual se descartó a los inviables, sobreviene otra en la que se comienza el análisis de los estimados viables. Ello repito, motivará que para estos se promueva una nueva suspensión de las ejecuciones, que tal como se dijo, no irá más allá del 31 de diciembre de 1985. Esto, naturalmente, obligará a que el Poder Ejecutivo retorne al Parlamento a solicitar nuevas medidas legislativas.

En ese período a iniciarse el 15 de mayo próximo, resultará que algunos de los considerados viables en esta primera etapa quedarán a su vez descartados y los demás serán realmente los verdaderos beneficiarios de las medidas de fondo a dictarse. Hasta aquí una reseña de la estructura, de la filosofía general del proyecto y de las etapas subsiguientes a su aprobación, tal como fueron anunciadas por el propio Ministro.

Sin embargo, entiendo que conviene hacer una muy breve referencia a aspectos más concretos del proyecto, los cuales han dado lugar a un extenso intercambio de ideas entre los miembros de la Comisión. Fuimos y somos plenamente conscientes de que el texto aprobado en la Cámara de Representantes pudo ser objeto de algunas modificaciones destinadas a dotarlo de una mayor claridad, que disminuyera el riesgo de interpretaciones abusivas que pudieran desvirtuar su verdadera finalidad. Con esto, entiendo que reflejo fielmente el pensamiento de todos los compañeros de la Comisión al afirmar que existía consenso al respecto. Sin embargo, la Comisión no abordó tales modificaciones -creo que es lo más importante de este informe verbal- porque hemos entendido, luego de estudiar profundamente el tema, que por un lado podrían demorar la promulgación de una ley que se estima impostergable y urgente y, por otro, los defectos del proyecto, tal como fue aprobado en la otra Cámara no se traducen -al menos en la opinión de la mayoría de los integrantes de la Comisión- en consecuencia prácticas irreparables por la brevedad de la vigencia del texto legal que vamos a considerar. Repito, una vez más, que éste fija un plazo hasta el día 15 de mayo para la presentación de los deudores comprendidos en el artículo 1º.

Finalmente, hemos optado por aconsejar al Senado que es conveniente aprobar el proyecto tal como viene redactado de la Cámara de Representantes, porque el señor Ministro nos ha expresado que el texto en examen no crea al Poder Ejecutivo dificultades para la consecución del objetivo perseguido.

Por otra parte, entiendo que sería ilustrativo para los señores senadores señalar algunas de las objeciones que algunos hemos detectado en el curso de la deliberación en Comisión. Por ejemplo, con relación al artículo 1º entendimos que no se deberían establecer excepciones a la suspensión de remates judiciales o que se agregara a ellas las ejecuciones de créditos originadas en fallos relativos a la responsabilidad extracontractual, por las situaciones de injusticia que ello representa, análogas a las planteadas en materia laboral. Además consideramos que el artículo 2º debería esclarecer quien es el depositario de los bienes, y no establecer cuando éstos son o no secuestrados.

Del artículo 3º -cuyo texto presenta cierta oscuridad que dificulta su interpretación- surge un nuevo ejemplo relativo a la conveniencia que hubiera tenido -descartada por las razones antes expuestas- agregar a la irrecurribilidad del acto que decreta la suspensión de los remates, una similar para el caso en que no se decrete específicamente dicha suspensión. Como lo señalaba en el seno de la Comisión el señor senador Aguirre, esto podría estar abriendo una brecha, que diera lugar a una "chicana" judicial destinada a favorecer a deudores que sin estar comprendidos en la letra y en el espíritu de estas disposiciones pretenden ser comprendidos en ellas.

En suma, señor Presidente, no dejamos de percibir que este texto pudo haber alcanzado una mayor fineza en cuanto a su formulación. Quizás carezca de alguna norma, pero, de todas las razones apuntadas, nos parece que es aconsejable -en ese sentido la Comisión así lo propone al Senado- aprobar, tal como viene de la Cámara de Representantes el proyecto que suspende las ejecuciones.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: como integrante de la Comisión, cuyo informe proporcionó el señor senador Ricaldoni, deseo señalar que las objeciones, enmiendas o arreglos que mencionó, no han sido aprobados por unanimidad.

Naturalmente, el señor senador Ricaldoni ha expuesto el problema dentro de los términos apropiados, es decir, reflejando exactamente lo sucedido en el seno de la Comisión. A pesar de esto deseo dejar constancia de que no comparto ciertos aspectos de este informe. Por ejemplo, se dijo en el mismo: no se hacen excepciones a la suspensión de remates en cuyo caso los créditos laborales deberían ser suspendidos, o si se hacen, también se deberían incluir otros. Esto, visto desde el punto de vista de la moral legislativa, no parece inconveniente. En la vida del país jamás se hizo excepción de los créditos laborales, ni se los puso a la misma altura de los créditos por responsabilidad extracontractual. Así se ha reflejado en la legislación nacional como algo invariable. Si una persona no pagó el sueldo a sus empleados, es incuestionable que debe ser ejecutada. Ejecuciones de este tipo nunca fueron suspendidas.

Es pues oportuno dejar perfectamente aclarado que no era la totalidad de la Comisión la que se oponía a esto, sino algunos de sus integrantes.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quizás, señor Presidente, mis expresiones no hayan sido felices.

Entiendo -si no es así pido excusas a los señores senadores- que en la Comisión existía acuerdo en cuanto a que el texto no resultó todo lo perfecto que se hubiera deseado. Por mi parte, creo haber recogido y tratado con la mayor objetividad las objeciones que plantearon en la Comisión algunos de sus miembros -no tengo inconveniente en declarar que las compartía- parte de las cuales fueron por mi formuladas.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: este es un proyecto, que, en definitiva, le otorga un plazo al Poder Ejecutivo para que estudie una solución de fondo. Como tal, seguramente merecerá la aprobación del Parlamento, porque la brevedad del término que aquí se establece atenúa los defectos que el proyecto tiene. Sin embargo, no me parece conveniente que en base a la urgencia del problema de que se trata, se dejen de señalar los defectos que a nuestro juicio tiene el proyecto, porque no deben sentarse precedentes en una materia tan delicada, como ésta. En realidad estas soluciones no son aconsejables, porque el respeto a los contratos y a las convenciones debe ser fundamental, debe primar para evitar un descaecimiento de la credibilidad que la ley -los contratos son ley para las partes- debe merecer ante la opinión pública.

Me parece que estas condiciones resquebrajan la fe en los contratos puesto que las convenciones celebradas libremente -y a las que las partes tiene todo el derecho de reputar como inconmovibles- se ven vulneradas por estas leyes, a pesar de la emergencia que ellas quieran reflejar.

Pienso que se justifica la preocupación del Poder Ejecutivo y del Parlamento porque nadie ignora la situación de angustia que viven los productores, comerciantes e industriales, debido al endeudamiento que en la mayoría de los casos no ha sido ocasionado por sus propios errores sino por una política económica del gobierno que estafó, en cierto modo, a la gente, en cuanto se le prometió solemnemente -desde los más altos pináculos- el mantenimiento de esa política, cosa que luego no se cumplió.

Sin embargo quiero señalar a vuelo de pájaro -para no demorar la sanción de este proyecto que también voy a votar- que el daño sufrido por los productores, comerciantes e industriales se debió a que tuvieron que contraer deudas en el giro de sus negocios que luego, por diversas razones, les fue imposible pagar. En ese sentido entiendo que se ha cometido la primera omisión. Se ampara a quienes se han endeudado pero no solamente por deudas contraídas en el giro de sus negocios sino que ellas pueden deberse a cualquier otra causa. Lo único que se requiere por este proyecto es la calidad del deudor: ése puede ser comerciante, productor o industrial.

Pero si esa persona ha contraído una deuda para comprarse un auto, un chalet en Punta del Este o ha solicitado crédito en una agencia de viajes para irse a Europa y no ha pagado, la ejecución de esas deudas queda comprendida en la suspensión que decretamos en el artículo 1º.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Como me he adelantado a decir que este proyecto tenía imperfecciones, es lógico que no lo defienda ahora.

Quiero recordar al señor senador Ortiz que este proyecto contiene una medida de emergencia que no se extiende más allá del 15 de mayo de este año. Precisamente por esta razón los defectos de este texto no se proyectan sobre las futuras medidas de fondo sino sobre este breve régimen transitorio, cuya única y exclusiva finalidad es promover el primer descarte entre los deudores. De acuerdo con las manifestaciones de las autoridades de Gobierno, vendría un segundo descarte -a partir del 15 de mayo- que hará una distinción teniendo en cuenta la viabilidad de los deudores. Es decir que no se consagra en este momento un régimen que contenga medidas de fondo y en el que figuran endeudamientos que nada tienen que ver con los que nos interesan. Se trata solamente de simplificar las cosas para ubicarnos en una primera aproximación al tema de fondo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Naturalmente que lo que ha expresado el señor senador es exacto, pero también lo es el hecho de que al amparo de estas medidas se inflinge un daño totalmente innecesario a personas o entidades que tienen derecho a percibir el importe de esos créditos. Es cierto, que debemos sacrificar -en forma momentánea- algunos intereses en pro del bienestar general del país y proteger situaciones de gran interés público, como lo es la de los industriales y productores. Pero no es menos cierto que debemos circunscribir esta protección a los casos estrictamente necesarios. Considero un exceso de magnanimidad el que protejamos a los deudores que no lo merecen. Solamente hay que tener en cuenta a aquel productor que se perjudicó en el giro de su negocio, pero no a la persona que a pesar de ser productor, industrial o comerciante, se endeudó por motivos completamente ajenos al giro de sus actividades.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Los señores miembros de la Comisión saben que formulé observaciones similares a las del señor senador Ortiz. Por lo tanto, le doy toda la razón. Solamente discrepo con él en que esto se deba a un exceso de magnanimidad. Creo que esta traición al espíritu de la ley y al propósito que inspiró al Poder Ejecutivo no es fruto de un exceso de magnanimidad sino que se debe a que hemos legislado bajo el apremio de los plazos y bajo la presión de las circunstancias, queriendo hacer todo a tambor batiente. De este modo no se da tiempo siquiera a pensar, a leer con detenimiento y a estudiar las consecuencias jurídicas de lo que se está considerando.

(Apoyados)

Considero que es por estas razones que se incurre en este error que figura en el texto enviado por la Cámara de Representantes. Esto nos debe servir de enseñanza, no solamente para nosotros sino también para que la opinión pública comprenda que no se debe legislar de esta manera ya que es necesario que los proyectos se estudien y tramiten con el debido detenimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Debo decir que comparto lo manifestado por el señor senador Aguirre. Sucede que tímidamente atribuí este hecho a un exceso de magnanimidad. El señor senador fue más severo que yo al decir que se debía a lo que podríamos llamar incompetencia, imprecisión o exceso de presión. No son éstas sus palabras, pero pueden interpretarse así.

No hagamos cuestión del juicio que nos merece esta forma de legislar; vayamos a lo que surge del texto expreso que tenemos a consideración.

Por otra parte se ha suprimido el plazo que fijaba el Poder Ejecutivo. Entiendo que la situación afligente que dio origen a estas deudas tuvo una duración en el tiempo. El Poder Ejecutivo había fijado la fecha del 31 de diciembre de 1982 pensando que las deudas contraídas con posterioridad ya se debían tan directamente a la errónea política económica del gobierno. Al haberse suprimido ese plazo límite se da la circunstancia de que deudas contraídas hace dos meses se ven amparadas por este artículo.

Esa es una observación fundamental. Pero también quiero señalar que mientras por un lado se los protege, por el otro no, porque se suspende el cumplimiento de la sentencia de remate. Es decir que el juicio continúa. Naturalmente que habrá muchos que se creerán comprendidos en los beneficios que establezcan las medidas de fondo que propiciará el Poder Ejecutivo. Pero si no lo están, se encontrarán con que el remate se cumplirá al día siguiente. Además, al no suspenderse los juicios, sino simplemente el remate, se originan nuevos gastos y honorarios que en definitiva pagará el deudor. Por estas razones es que me había parecido más conveniente suspender los juicios en el estado en que estén a fin de no provocar nuevas erogaciones al deudor.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que todo esto debe quedar de manifiesto aunque más no sea para que no se repita en el futuro. Adelanto que, atendiendo a la finalidad principal de esta ley, voy a dar mi voto con ciertas reticencias porque no me gusta legislar en forma equivocada y un tanto arbitraria.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: como lo ha explicado el señor miembro informante, los integrantes de la Comisión constatamos, por supuesto, algunas imperfecciones de carácter técnico en el texto. No compartimos otras observaciones formuladas por otros señores legisladores en cuanto a la redacción de algunos artículos, tal como lo ha expresado recientemente el señor senador García Costa.

Quiero expresar muy brevemente -si ello es posible- las razones por las cuales vamos a votar afirmativamente. Lo haremos en el entendido de que el plazo de suspensión de las ejecuciones permitirá estructurar soluciones de fondo a los problemas económicos y sociales derivados del endeudamiento interno.

En segundo lugar, somos conscientes de la necesidad de que esas medidas de fondo deben tender, en el marco de los acuerdos económicos alcanzados en la CONAPRO, a realizar los objetivos de reactivación económica y de apoyo a quienes han sido víctimas de la nefasta política económica de la dictadura y especialmente, aquellos que han sido golpeados más duramente por esa política que son, específicamente, los pequeños y medianos productores, especialmente los agropecuarios.

En el curso del debate en Comisión lo hicimos notar- y aportamos algunos datos que son de conocimiento público -pero creemos que es necesario volver a insistir sobre ello para dejarlo claramente perfilado ante la opinión pública.

Refiriéndonos exclusivamente a la compra de carteras bancarias por el Banco Central y donde se integran gran cantidad de los deudores cuyas ejecuciones son suspendidas ahora, hay una primera observación que salta a la vista. Hay 5.072 deudores que conforman el 83.4% de todos los deudores, que son responsables del 8.1% de la deuda de estas carteras, que asciende, millón más millón menos, a U$S 600:000.000; específicamente, según los datos que han sido publicados en una página especializada de un periódico montevideano a U$S 386:000.000 y a N$ 3.743:000.000. Es precisamente para atender la situación dramática que tienen estos pequeños y medianos productores, por lo que nosotros apoyamos la suspensión de ejecuciones. Entiéndase bien que en el otro extremo de la tabla, están los que tienen el 48.3% de la deuda total, que son 88 personas o empresas que se han endeudado en más de U$S 1:000.000, cada una.

Naturalmente que esta situación no es similar a la de los deudores de menos de U$S 50.000, que están en el otro extremo. Estos, en su inmensa mayoría -como lo sabe toda la opinión pública, con excepciones que seguramente la investigación permitirá comprobar- no han dedicado, precisamente, al trabajo productivo o a la inversión esos recursos que, en definitiva ha tenido que aportar el conjunto de la sociedad uruguaya ante la situación de quiebra total en que se encontraban los bancos cuyas carteras fueron compradas. Los datos que hoy podemos aportar expresan que prácticamente el 64% de esta deuda de U$S 600:000.000 está contraída por no más de 219 empresas o personas. Entonces, para atender esa situación de los más, que son los más perjudicados y los que viven una situación social dramática es que votamos la suspensión de ejecuciones hasta el 15 de mayo, en el entendido de que las medidas que vengan tendrán que ser discriminatorias para hacer justicia. Tendrá que haber medidas de gracia, tasas de interés menores, plazos mayores para los pequeños y medianos productores que conforman una parte importantísima del sector que vive y trabaja en la campaña y que es fundamental para la vida de este país. Tendrá que haber severidad, investigación y penas para los que han defraudado al Estado al contraer estas deudas y han distraído los que ahora son dineros públicos.

Es por esta razón que confiamos en que el Poder Ejecutivo pueda -y así lo ha manifestado el señor Ministro en su comparecencia ante la Comisión- enviar en el tiempo que marca el plazo de suspensión de las ejecuciones los proyectos de ley que tiendan a resolver las cuestiones de fondo planteadas por el endeudamiento interno. El señor Ministro así lo ha prometido, pero desde ya -y aun confiando en que esto sea efectivamente así- quiero decir, en nombre de mi sector que en todo caso, si las iniciativas no llegan en tiempo, mi sector se compromete a presentarlas para atender la situación que plantea el endeudamiento interno, con especial atención en aquellos casos dramáticos por los que atraviesan los pequeños y medianos productores, sobre todo en el sector agropecuario.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: voy a ser muy breve pues quiero adelantar que vamos a votar este proyecto en virtud de la situación de urgencia que existe. Indudablemente, pero, también queremos dejar constancia de que nos parece insuficiente en algunos de los puntos que ya se han señalado en Sala por otros señores legisladores. Especialmente pensamos que se tendría que haber suspendido el trámite judicial para no continuar haciendo recaer sobre el deudor mayores gastos, ya que éste es un elemento que recarga innecesariamente la pesada deuda. También pensamos que tendrían que haberse previsto algunas situaciones un poco especiales. Sabemos de innumerables juicios de ejecución allí donde hay una garantía real, hipoteca o prenda, y no obstante ello, se agregan medidas de embargo, por ejemplo, en la caja de las empresas, lo que hace que la situación del deudor sea mucho más pesada. Esto va continuar durante este período hasta el 15 de mayo, haciendo innecesariamente gravosa la situación y entorpeciendo el funcionamiento de muchas empresas en el país. Podríamos seguir con otras objeciones -la mayor parte ya las han planteado algunos señores senadores- pero como no queremos extendernos adelantamos que vamos a votar este proyecto de ley, porque si quisiéramos incorporar todas estas modificaciones, mientras se discuten en el ámbito del Senado y luego pasan a la Cámara de Diputados, nos dejamos venir encima el plazo previsto hasta el 15 de mayo, sin tener los beneficios que aunque no son completos, son esenciales de acuerdo a lo que marca esta ley.

SEÑOR CAPECHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAPECHE. - Señor Presidente: vamos a adelantar desde ya nuestro voto favorable a este proyecto de ley por el cual se suspenden las ejecuciones judiciales derivadas del endeudamiento de las empresas agropecuarias, industriales y comerciales porque somos conscientes de lo que ha motivado estas deudas y de una manera muy especial en lo que se refiere a las empresas agropecuarias. Es de conocimiento público las tremendas dificultades económicas que está soportando esa importante empresa de la producción nacional.

Sabemos que esta no es una solución de fondo, pero, por lo menos es un alivio, en principio, para que se pueda encontrar la salida de acuerdo a las promesas que ha hecho el señor Ministro en la Comisión que estudió este proyecto.

Un señor senador decía hace un momento que mucha gente tiene que seguir trabajando la tierra -si no entendí mal- y tendríamos que hacer lo posible, en este Parlamento, para que esa gente que actualmente está sufriendo no abandone las tareas agropecuarias. Podría demostrar con números, señor Presidente, que uno de los sectores, el de la viticultura, en el año 1978 tenía 7.500 predios destinados a esa producción y, a fines de diciembre de 1984, sólo restan 4.800. Estas cifras nos están indicando que la pequeña producción, en todas sus áreas, está sufriendo esta situación, pero nosotros tenemos la esperanza -digo nosotros porque sé que hay muchos legisladores del interior que han hecho planteamientos en este sentido -de encontrar una solución de fondo o, por lo menos, hacérsela conocer al señor Ministro. Adelantamos, pues, desde ya, nuestro voto favorable a este proyecto.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: pienso que pocas veces vamos a vivir una instancia como ésta, en la que aparentemente lograremos la unanimidad en favor de un proyecto de ley cuando todos, en realidad, tenemos un montón de observaciones que formularle.

Se ha manifestado en Sala que estamos legislando mal, y esto es cierto. También es cierto que quizá pudiéramos hacerlo algo mejor. Pero lo que no puede olvidarse son las circunstancias en que estamos legislando: lo estamos haciendo con el agua al cuello. Salimos, en definitiva, del peor período de la historia de nuestro país en lo que va de siglo; venimos de un gobierno de facto, de una situación tremendamente injusta, y tenemos que convertir a este Parlamento en una especie de Sala de primeros auxilios. En efecto, la ley de emergencia para la educación no es más que una asistencia en primeros auxilios. Ya nos daremos tiempo para poder legislar debidamente. Pero ahora como los cursos deben comenzar y no podemos convalidar lo actuado por la dictadura, tenemos la necesidad de una ley de emergencia para la educación general. En este caso concreto tendríamos también un montón de observaciones a realizar a este proyecto de suspensión de las ejecuciones, en grado tal que podemos decir que diferimos con gran parte de él. Creo que vale la pena agregar, si me lo permite el señor miembro informante, que en la Comisión nuestras discrepancias eran tantas que terminamos coincidiendo en que era necesario ponernos de acuerdo en pedirle al Cuerpo que lo apruebe. ¡Tantas eran las discrepancias y tantos los agregados que teníamos que hacer! Es que si este proyecto perdía su virginidad, en el sentido de que alguien intentase introducirle alguna variante, habría mil para realizar, y en tal caso no actuaríamos de acuerdo a la urgencia que esto requiere. Esa urgencia queda determinada por una enorme cantidad de hombres, de empresas que realmente necesitamos para que formen parte del aparato productivo ya que, injustamente, la inmensa mayoría de ellas hoy se halla endeudada y muchísimas, inclusive, al borde de la ejecución.

Somos conscientes de que, por algunos días, se nos escaparán un montón de delincuentes. Y pemítaseme que utilice el término delincuente. Para mí lo es aquel individuo que ha pedido un dinero en préstamo para producir y luego lo invierte en Las Bahamas, en Suiza o vaya a saber dónde. Para mi eso es un delito. Pero también sabemos que, aunque esta gente se beneficie por 45 días, más vale -ateniéndonos, en cierto modo a aquel principio del Derecho- que en este caso se nos escape algún reo por 45 días y no que un montón de justos sean ejecutados.

Por esta causa fundamental es que nosotros vamos a acompañar -aunque con un montón de dudas- este proyecto de ley. Entre esas dudas está incluido el plazo. Queremos dejar desde ya establecido que tenemos dudas en torno a un posible acuerdo. Estamos a la espera de las iniciativas que pueda aportar el Poder Ejecutivo, que luego deberán ser debatidas a nivel parlamentario, a fin de ver si, en efecto, en los planes del Poder Ejecutivo se contemplan las situaciones que entendemos necesario y fundamental que se contemplen. En este país es preciso proteger a todo aquel que produce: al pequeño productor, al mediano y al grande si efectivamente produce, si trabaja, si crea y genera riqueza. Pero no podemos compartir que también se proteja a quien delinque. Queremos que esto quede claro. Sabemos que hay diferencias entre pequeños, medianos y grandes productores. A ese hombre que está radicado en la tierra, por ejemplo, en donde lo necesitamos y no podemos permitir que emigre, tendremos que ayudarlo y veremos cómo hacerlo, no sólo mediante una gracia sino también mediante los créditos necesarios para que pueda seguir produciendo. Habrá que establecer todo esto y por eso vamos a este compás de espera de 45 días.

Hoy manifestábamos al señor Ministro sobre la necesidad de no esperar la culminación del plazo para conocer el pensamiento del Poder Ejecutivo en esta materia, a efectos de ir adelantándonos en el tiempo, porque no habría nada peor que tener que votar prórrogas. Pero también digo que allí si estaríamos legislando mal, y muy mal, si actuáramos con urgencia, sin determinar exactamente las prioridades. Y lo prioritario es establecer justicia, fomentar la producción del país y hacer aquellas cosas que necesariamente tenemos que hacer en democracia, corrigiendo todo aquello que nos ha legado la dictadura.

Podríamos formular muchas otras precisiones sobre los agregados que tendrían que efectuarse a este proyecto de ley. Hubiéramos deseado -tenemos que expresarlo desde ya en Sala -ir delineando la política de futuro. Si admitimos esto, lo hacemos sólo debido a la urgencia del caso. Porque si intentáramos introducir alguna modificación, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, en donde los legisladores tendrían libertad para hacer sus propios agregados, y mientras tanto, muchos hombres serían ejecutados en este país, cosa que queremos evitar, aunque con ello se beneficien -por 45 días- algunos que no lo merecen.

SEÑOR TERRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TERRA. - Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este proyecto por las razones de urgencia que se han mencionado en Sala y con las salvedades del caso. Queremos sí, agregar que en la mañana de hoy, y con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, hemos hecho una serie de puntualizaciones. Todos aquellos que intervengan en la adopción de medidas finales para el grupo de deudores, deberán tener en cuenta lo atinente a la selectividad a aplicar, porque a nadie escapa que este problema del endeudamiento presenta un amplio espectro. En un extremo hay grandes deudores, y en el otro pequeños deudores, y entre ambos se presenta toda una gama que se puede multiplicar por la función social de las empresas, por su productividad y también por las causas del endeudamiento: si se contrajo para producir más para mejorar la producción o para perfeccionarla pero fuera de técnicas razonables, o si el endeudamiento, en fin, tuvo otros motivos.

En la reunión de hoy el señor Ministro decía que esto va a ser una operación quirúrgica, en donde todos y cada uno de los que actúen en este proceso tendrán que ir cortando, de acuerdo a lo que decidan, según su coincidencia.

Pensamos, entonces - así se lo trasmitimos al señor Ministro- que es muy importante que ya se vayan aportando a la Comisión respectiva del Senado a todos los datos relativos al cuadro que presenta el endeudamiento en el país; y que, también, se vayan brindando al Senado -tal vez a la Comisión de Hacienda- los criterio que en definitiva va a aplicar el Poder Ejecutivo.

Esto lo hicimos en función de no tener que volver a cometer el 15 de mayo los mismos errores en que hemos incurrido en el día de hoy por tener un apremio de tiempo realmente imperioso. Si ese proceso se realiza en comunión con la Comisión de Hacienda del Senado y si todos estamos informados y tenemos de alguna manera opinión en las soluciones que se vayan adoptando, creo que ahí sí le vamos a dar la rapidez en el funcionamiento que todo el país está esperando.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: siquiera sea telegráficamente, queremos expresar respecto a este proyecto que compartimos los puntos de vista de los distintos señores senadores que han manifestado el propósito de votarlo en la finalidad de reflejar, ínsitamente, el logro de una plazo de espera, de un período de relativa tranquilidad para el sector de productores agropecuarios, industriales y comerciantes que están viviendo esta grave y crítica situación en el país.

Queremos señalar, señor Presidente, que este proyecto remitido por la Cámara de Representantes nos ha merecido -o merece a este Cuerpo- críticas de distinto orden vinculadas no sólo al aspecto formal o procesal del proyecto, sino inclusive a algunos elementos característicos o constitutivos del mismo.

Podríamos decir, señor Presidente, como elemento caracterizante de este proyecto, que lo que nos resulta en extremo chocante es la perentoriedad del término que se fija. En la experiencia de nuestro país, cuarenta y cinco días nos hacen concluir, por adelantado, en un juicio no hipotético sino con bastante sentido realista, que tendremos que abocarnos al dictado de una ley de prórroga, a considerar nuevamente esta situación y a establecer un nuevo plazo porque, indudablemente, resulta exiguo que en cuarenta y cinco días pueda arbitrarse un relevamiento adecuado de la situación del sobreendeudamiento interno en los distintos aspectos que tiene que comprender esa evaluación. Estos son, por ejemplo, la calidad de los deudores, las condiciones de los acreedores, la cuantía de las deudas, la aplicación que ha hecho de ellas y la calificación de viabilidad de la empresa, que es uno de los elementos en que ha insistido permanentemente el señor Ministro en el curso de su informe, tanto en la Comisión de la Cámara de Representantes como en la del Senado en la mañana de hoy.

De manera, pues, que el aspecto relacionado con los términos tan breves y perentorios da la impresión, señor Presidente, que estamos votando una ley que ha de tener una vuelta muy próxima al Parlamento para tratar de establecer una prórroga.

Vemos, señor Presidente, que este aspecto de la perentoriedad está íntimamente vinculado a otra circunstancia. Sin duda, aquí más que una suspensión de ejecuciones -como se la llama al calificarse este proyecto- apenas aprobaríamos una suspensión de remates. Nosotros creemos que lo que debió haberse aportado como un elemento para establecer una espera o un término en el que se operara un proceso de decantación de la situación, hubiera sido considerar la suspensión de las ejecuciones en su totalidad, sin perjuicio de dejar reservadas las acciones tendientes a la defensa de los acreedores e implementar las medidas cautelares que mantuvieran la viabilidad de sus créditos y aquellas medidas que aseguren efectivamente -más allá del período que establezca la ley- que no se esté en peores condiciones como resultado, precisamente, de la suspensión establecida en este proyecto.

En consecuencia, señor Presidente, hubiéramos preferido que se hubiese decretado lo que en términos generales denominados una verdadera feria judicial respecto a las ejecuciones y que, además se hubiera calificado de mejor manera a los beneficiarios de este proyecto dándoles un carácter que impidiera cualquier género de controversia al respecto. En cuanto a los deudores, aquí quedarán comprendidos todos quienes de una manera u otra reúnan la condición de productores agropecuarios, industriales o comerciantes, agregándose además todas las empresas que de alguna forma estén vinculadas a los bienes o servicios en el país. Digo esto porque por parte de distintos empresarios se nos ha planteado algunos géneros de dudas en cuanto a si están o no comprendidos en el proyecto votado por la Cámara de Representantes. Me refiero concretamente a algunos sectores de servicios donde la empresa no adopta una forma de sociedad anónima u otro tipo comercial -caso en donde entrarían como comerciantes- y, precisamente, por su naturaleza, podrían caber algunas dudas en cuanto a tener la calificación de industriales. En el caso concreto, se trata de empresas de transporte, tanto urbanas como interdepartamentales, que presten servicios de ese tipo, pero que algunos califican como industria de transporte.

De cualquier forma, creo que habría que hacer una manifestación clara e inequívoca en el sentido de que la totalidad de las empresas -cualesquiera sea su forma jurídica o su naturaleza- que intervienen en la producción o intermediación de servicios o bienes, quedarán comprendidas en esta ley.

Indudablemente, también compartimos el tono de las críticas señaladas en cuanto a la calificación de los acreedores. Si bien este proyecto mejora notoriamente el que vino del Poder Ejecutivo que establecía una limitación referente a que se tratara de créditos que tuvieran como titulares a los bancos o casas bancarias -es decir, los que estuvieran vinculados a la intermediación financiera exclusivamente- en el proyecto de la Cámara de Representantes la suspensión se amplía a cualquier género de acreedores.

Compartimos lo que se ha señalado concretamente por algunos señores senadores en cuanto a que hubiera sido menester dejar de lado el caso de acreedores que obedecen a determinadas formas de responsabilidad extracontractual o que se trate de contratos de tracto sucesivo que no son los que corresponden a lo que se quiere precisamente en este proyecto que es amparar básicamente al deudor de un tipo de contrato que es el mutuo o préstamo, es decir, las deudas generadas naturalmente en el fenómeno financiero que, en definitiva, determinó el "crack" que está viviendo la producción nacional.

Deseo señalar, que indudablemente el carácter de estas determinaciones condiciona un género de crítica que en el futuro tendrá que evitarse a través de una resolución más precisa y exhaustiva que no pueda dar lugar a controversias con respecto a estos elementos que texto legales más cuidadosos hubieran podido evitar.

De igual manera, señor Presidente, creemos que en las normas que se dicten en el futuro debe haber un elemento básico, porque éste es el segundo proyecto de ley en el que establecemos la irrecurribilidad de las decisiones judiciales y no estamos de acuerdo con eso; lo que pretendemos es la inapelabilidad. Es elemental que cualquiera de los interesados tiene derecho a presentarse ante el propio Juez en un recurso de reposición, para que éste analice la norma que ha dictado por contrario imperio. Lo que se busca es impedir un controversia que determine el trámite de un recurso de apelación. Cuando decimos que no es pasible de recurso alguno, estamos eliminando el error notorio, evidente o realmente grueso en que puede haber incurrido un Juez, que naturalmente puede ser subsanado dentro del propio procedimiento. Por lo tanto, me parece que establecer en una ley la irrecurribilidad, "in totum" es un verdadero exceso. A lo sumo, podríamos decir "no apelable", con lo cual desde el punto de vista jurídico mantenemos una congruencia con las normas procesales que determinan elementales garantías para las partes en juicio.

En términos generales, señor Presidente, éstas son las observaciones que deseábamos formular en torno al proyecto que estamos considerando en el que, sin duda, también advertimos un giro elíptico en lo que hemos llamado norma enigmática del artículo 4º. Tiene que quedar reflejado claramente que al establecer este período de suspensión de las sentencias de remate lo que se busca, básicamente, es que el Poder Ejecutivo arbitre una solución a nivel del problema del sobreendeudamiento en el país que permita contar con las bases necesarias -desde el punto de vista de los hechos y su evaluación- a fin de implementar las medidas de fondo, de carácter legislativo que en definitiva, se tendrán que instrumentar. En todo esto, sin duda, tendrá un papel protagónico el propio Parlamento.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Siempre soy breve, señor Presidente, sobre todo cuando el tiempo es tirano para todos y tenemos que sacar adelante no sólo esta ley sino otra muy importante como lo es la de Educación.

Voy a votar el proyecto sin modificaciones, tal como vino de la Cámara de Representantes, no por pensar que no tiene defectos o que no hay observaciones que formularle, sino para que se transforme rápidamente en ley y se puedan así detener los juicios que están haciendo mucho daño a la República. De esa manera contemplaremos la expectativa de muchos deudores que esperan que este Parlamento vote la ley salvadora, aunque no sea de gran enjundia ni pueda resolver el problema de los trabajadores, de los empresarios o de los productores en forma definitiva.

Estos escasos 45 días de respiro que tendrán los deudores serán, prácticamente para postergar remates. Esto lo hacemos en un momento en que el Parlamento se reúne para aprobar importantes leyes de emergencia que, hasta ahora, no han tocado la parte económica del país, como tampoco lo hace ésta, sino que se han quedado en su periferia.

Reitero que éste es un proyecto de ley provisorio y de emergencia que lo único que hace es brindar un respiro a los productores del país.

Es la "herencia maldita". Recuerdo esa expresión que utilizaron los nacionalistas refiriéndose al gobierno colorado del año 1959. Si el Gobierno actual hubiera recibido el país en las condiciones en que estaba en 1959, hablaríamos de la "herencia maldita". Con esto no quiero realizar ninguna incursión histórica y mucho menos promover reacciones políticas, pero quiero decir -sin que se tome como reproche, porque no acostumbro hacerlos- que en 1957 ya había empezado una pequeña declinación que se fue acentuando con el correr del tiempo.

Creo que aquí hay un gran enjuiciado, el gran enjuiciado ausente es el gobierno militar; éste y sus asesores, sus técnicos, que creían que iban a manejar el valor del dólar; tenían la pretensión de dominarlo. Desde luego, los culpables fueron los militares que gobernaban, especialmente aquél que dijo que sólo a un marciano se le podía ocurrir que pudiera haber variantes en "la tablita" y precipitarse la caída del peso uruguayo. Pero no debemos olvidar el papel que jugaron los bancos sobre todo la banca particular. Ellos sabían que se produciría una inclinación precipitada del peso uruguayo y cambiaron a dólares las cuentas de sus deudores, quienes salían contentos porque, inclusive, les aumentaban el crédito y no sabían que prácticamente ya estaban fundidos porque el dólar, que en ese momento estaba a N$ 14 ó N$ 16, estaba condenado a saltar a N$ 30 ó N$ 40, llegando en pocos meses o años a N$ 90, que es el valor actual. Todo esto es muy triste; es un balance pesimista que no puedo recoger porque nuestro país, con la deuda per cápita más alta del mundo, sin riquezas de petróleo ni minerales, nuestro país que soportó un gobierno que lo endeudó en forma irreparable, va a tener que salir muy lentamente de esa situación contando con una gran unidad; una gran unidad en los conceptos y en las decisiones. Es por eso que todos los partidos buscan una gran Concertación; es por eso que hasta ahora se puede decir que no se vislumbra una oposición a este Gobierno, no sólo porque las primeras medidas tomadas han sido relativamente atinadas sino además porque, aunque no lo fueran, algo de patriotismo nos llevaría a extender un cheque en blanco a un Gobierno que va a tener que cargar con tantos cheques sin fondo, como el caso de las carteras bancarias exhaustas, a tal punto que si el Banco Central puede rescatar tan solo la tercera parte de la deuda, puede considerarse relativamente afortunado.

Creo que abundar en esto significaría hacer un largo rosario de penas, de angustias, y nosotros tenemos la necesidad de devolverle al país confianza, paz y tranquilidad. Pienso que le hemos devuelto confianza y paz y también tranquilidad, desde el punto de vista personal. Ya no tememos que puedan llevarlos a un cuartel porque sí y sin más; ya los maestros y los funcionarios destituidos por el gobierno por haber pertenecido a una letra C, confeccionada por la policía, pueden respirar tranquilos porque esa letra ya no existe y evocando este triste pasado quizá algún día nos pongamos todos en la solapa una C, al igual que hizo el Rey de Dinamarca con la estrella judía cuando comenzaron a perseguir a todos los judíos y para no diferenciarlos, los que no lo eran también se la pusieron.

Pienso que para salvar a este país hay que hacer un esfuerzo común y por eso estamos trabajando a fin de aunar criterios con todos los partidos políticos; y hablamos en un clima de cordialidad y de constructividad que yo no veía desde hace muchos años, a pesar de que hace más de treinta que ingresé al Parlamento. Creo que es mucho lo que hay por hacer y que mucho también tenemos que pedir al pueblo; le hemos dado tranquilidad y confianza, sí; pero al mismo tiempo tendremos que darle aquellas soluciones que les permitan regularizar sus ingresos, mantener su estándar de vida permanentemente declinante a través de estos años y llegar así a un momento en que nosotros -a pesar de tener un país bastante endeudado- podamos decirles que hay índices elocuentes de que el Uruguay va encontrando su salida. La salida política ya la encontró y la salida económica y social se verá reflejada en una paz que todos procuramos.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: voy a fundar brevemente mi voto afirmativo al proyecto que estamos considerando.

Quiero decir, en primer lugar, que comparto buena parte de las observaciones que se han hecho en Sala. A pesar de ello, y tal como lo han manifestado precedentemente algunos señores senadores vamos a votar afirmativamente este proyecto para que se transforme en ley y dar así al Poder Ejecutivo la posibilidad de encontrar, en el término de suspensión, la solución que permita reactivar la economía de nuestro país.

Voy a votar este proyecto sin intentar introducir modificaciones que podrían mejorarlo porque no puede arriesgarse la menor dilación ante la situación de desastre nacional en que se encuentra nuestro país, causada por un gobierno de arrogantes que cegados por su arbitrariedad ni siquiera pudieron ver las ruinas que dejaban a su paso. En esa situación de desastre votamos este proyecto de ley y, además, formulamos deseos sinceros de que ojalá el Poder Ejecutivo pueda acertar en la solución apta para encausar la reactivación de la economía del país y que, en ese entendido, pueda recibir la adhesión de las mayorías.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no he querido intervenir en el trámite de la discusión general, porque como integrante de la Comisión creo que mis opiniones estaban representadas en el informe que brindó el Presidente de la Comisión, señor senador Ricaldoni.

Tal como él lo manifestó en el curso del trabajo de dicha Comisión, varios de sus integrantes formulamos diversas observaciones concretas a los artículos que integran el proyecto. No me voy a referir a la filosofía general del mismo -creo que no es el momento- pero quiero decir que comparto, en líneas generales, lo que han expresado sobre el particular casi todos los señores senadores. Pero sí, quiero aclarar que junto con el señor senador Ricaldoni, hemos sido los que más objeciones pusimos al articulado y quienes estuvimos más cerca de sostener la necesidad de modificarlo. Si no lo hicimos fue por el apremio de los plazos, la conformidad del señor Ministro en nombre del Poder Ejecutivo y el riesgo de que volviera a ser modificado en el seno de la Cámara de Representantes. Con esta salvedad es, pues, que voy a señalar en la discusión particular las objeciones que me merece cada artículo para que no quede la falsa impresión de que sus alcances me parecen correctos.

En concreto y con relación al artículo 1º se busca delimitar el ámbito en que opera la suspensión de ejecuciones, aunque más preciso sería decir la suspensión de remates porque el trámite del juicio ejecutivo continúa hasta que esté fijado el remate y recién ahí se decreta la paralización.

El objetivo buscado y que estaba en el primer proyecto del Poder Ejecutivo, era, como no podía ser de otra manera, el de amparar a aquellos deudores vinculados al aparato productivo del país, es decir, productores agropecuarios, industriales y comerciantes que se habían endeudado con la banca privada y con la estatal; en una palabra con el sistema financiero en general. En virtud de las razones que se han apuntado aquí en Sala, acerca de la política nefasta y tremendamente equivocada que siguió el Poder Ejecutivo de facto, y de la necesidad que tiene el país, en una situación económica crítica, de recuperar su aparato productivo, se entendió que era necesario dar un poco de oxígeno o realizar una operación quirúrgica -como se dijo en la Comisión- a aquellas empresas que resulten viables o factibles de recuperar.

Pero este artículo 1º va mucho más allá de eso porque, como muy bien lo señaló el señor senador Ortiz y quien habla en Comisión, resulta que aquí se amparan deudas de todo tipo, no las vinculadas al giro productivo de las empresas, sino cualquiera que haya sido contraída por equis razón y circunstancia. Eso es algo que, a mi juicio está mal. No voy a proponer la modificación del artículo, pero sí quiero decirlo, porque si bien es cierto que el perjuicio se minimiza por lo breve de la suspensión, que es de 45 días, no es cuestión que después, ante el apremio de los plazos, nos venga otro pedido de prórroga y este precedente sea razón para que nuevamente queden incluidos en la suspensión quienes de ninguna manera deben estarlo.

Cuando en Comisión se hizo referencia a los créditos originados en relaciones laborales, señalé que no debían haber excepciones o establecerse otras. Se me convenció con buenas razones -no soy hombre de no querer reconocer cuando estoy en un error- que en cualquier caso los créditos originados en relaciones laborales, que siempre tienen que respetarse, debían estar excluidos y que de ninguna manera podía incluírselos junto a los demás. Lo que sí sostengo es que se cometió error al no excluir otras categorías de créditos, como ser, por ejemplo, créditos originados en relaciones profesionales y fundamentalmente, como se ha dicho en Sala los créditos o las deudas nacidas en sentencias ejecutoriadas por reclamaciones judiciales originadas en responsabilidad extracontractual.

Como bien expresó el señor senador Tourné, lo que se quiso amparar es la figura jurídica típica conocida en el Código Civil como el contrato de mutuo. Se refiere a la persona que fue a requerir un crédito de una entidad financiera o del proveedor habitual de su giro productivo, es decir, que contrajo esa obligación conscientemente; no a la persona que por los azares de la vida cometió un hecho ilícito, por ello se le generó una responsabilidad y su acreedor, tiene a su favor una sentencia ejecutoriada. Este caso nada tiene que ver con la situación económica del país ni con la crisis que se vive; ese acreedor, después de años y años de litigar y, de repente, haber obtenido en segunda instancia una sentencia firme, luego de haber seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, se encuentra ahora con que en virtud de este proyecto de ley no puede ejecutar la sentencia de remate. Este es un verdadero absurdo que no ha estado en la intención de nadie; es un error que se ha cometido al redactar la disposición.

Pues bien: voy a votar el proyecto en general y esta disposición porque, de lo contrario, la tendríamos que modificar. Pero quiero que quede constancia de mi opinión ante este error que se ha cometido y si nuevamente tenemos que decretar esta prórroga, espero que no se vuelva a cometer.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en el curso de la discusión general no hicimos uso de la palabra porque nos hemos remitido a las expresiones que sobre el proyecto partieron de nuestro sector.

Ya ha sido definida una situación harto peculiar en torno a un proyecto sobre el cual lo que se escucha, prácticamente, son sólo observaciones; pero la circunstancia tan especial en que nos encontramos hace que nos veamos todos forzados a votar en condiciones que limitan a un mínimo las ventajas relativas del régimen bicameral y que, por otra parte, nos somete a una votación que en realidad -diría- no es un prólogo, sino la frase inicial del prólogo. Además esto está precedido por una definición de política económica acordada trabajosa pero eficientemente, dada la diversidad de puntos de vista, por representantes de cuatro partidos políticos y dedica un importante capítulo al tema del endeudamiento interno; pero, como no podía ser de otra manera, en las circunstancias en que esto se gestó no hace sino dar normas de carácter genérico, que, por supuesto, no incurren en precisiones de detalle.

Además -esto está más directamente vinculado al tema en cuestión- tampoco pasó del comienzo, del esbozo de una definición genérica del señor Ministro de Economía y Finanzas, en su presencia ante la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Como al mismo tiempo el señor Ministro reclamó un plazo muy breve, esto quita gravedad a la imprecisión de los términos en que se manifestó, pero a la vez deja un vacío todavía más tremendo para las condiciones en que debemos votar este proyecto de ley porque no tenemos ni la más remota idea con relación a las situaciones concretas que aquí van a desarrollarse.

De esa manera damos nuestro voto afirmativo, es decir, por las circunstancias generales que aquí han sido expresadas. Creemos que las observaciones que se han hecho concretamente con respecto al artículo 1º son plenamente compartibles. Subrayamos que no hemos escuchado respuestas -desgraciadamente, obligaciones diversas nos han impedido estar presente, como es nuestro deseo y deber en toda la sesión- a observaciones importantes que formuló en su exposición el señor senador Tourné. Una de las preguntas que me formulé cuando leí este artículo 1º fue, precisamente, con respecto a su alcance, cuando se habla de productores agropecuarios, industriales o comerciantes, si aquí están incluidas situaciones vinculadas con servicios, planteo que fue formulado por el señor senador Tourné. Me parece que sería conveniente que quedara perfectamente aclarado lo relativo al alcance que a estos términos se debe dar, a juicio de los señores miembros de la Comisión que han profundizado en el examen de esta disposición.

Por otra parte, así como se pone reiteradamente el acento en lo que esto representa desde el punto de vista de la seriedad de los contratos -tendríamos que agregar que la seriedad de los contratos también exige un marco de una situación general, en un país adecuadamente serio que, obviamente, no se estaba dando- me pregunto si dada la brevedad de los plazos y en atención al conjunto de errores que, evidentemente, se reconocen en este proyecto de ley- que por razones de fuerza mayor nos vemos obligados a acompañar en estas circunstancias- la suspensión de ejecución de providencia no pudo o debió también admitir la posibilidad de suspensión de juicios porque, en definitiva, no tenemos a través de la definición genérica de política económica ni de la exposición harto sintética realizada por el señor Ministro de Economía y Finanzas en el seno de la Comisión, una noción precisa del final que tendrá esta situación. ¿Cuáles serán después las condiciones? ¿Cuáles serán los plazos? ¿Cuántos podrán ser finalmente ejecutados, por qué y con qué carácter? Estoy lejos de sentirme seguro de que los ejecutados sean quienes merecen serlo, aquellos que justamente calificó el señor senador Araújo. Temo que haya otros ejecutados, porque en función de plazos y condiciones pueden verse sometidos a ello. Entonces, en definitiva, estaríamos condenándolos a aumentar los gastos en un trámite que finalmente resultará adverso a sus intereses.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No creo que sean totalmente justos algunos comentarios que el señor senador Rodríguez Camusso ha realizado en cuanto a que las expresiones del señor Ministro de Economía y Finanzas, tanto en la Comisión de la Cámara de Representantes como en la del Senado, fueron imprecisas. Francamente, de la lectura de la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión correspondiente de la Cámara de Representantes y de la Comisión del Senado me parece que surge, por el contrario, que fueron mucho más precisas de lo que habitualmente son las manifestaciones de los Ministros de Economía y Finanzas antes de que estén definitivamente dispuestas las medidas destinadas a afectar de alguna manera la economía del país.

El señor Ministro fue muy claro en cuanto a los alcances de este proyecto de ley, que según él apuntan exclusivamente a habilitar la presentación de la mayor cantidad posible de deudores, prueba de lo cual es que, inclusive, aceptó modificar el artículo 1º que venía del Poder Ejecutivo, yendo mucho más allá de lo que era la idea original, suspendiendo solamente las ejecuciones provenientes del sistema financiero, y aceptando en cambio observaciones de muchos señores diputados en ese sentido. También se refirió al tratamiento preferencial que sin duda van a tener los pequeños productores; a que es imposible refinanciar a los productores industriales y comerciantes endeudados que no sean viables, porque eso significaría trasladar a todo el conjunto de la sociedad el costo de una refinanciación que en muchos casos no se justifica, a la necesidad de un plazo breve -porque así lo pidió el gobierno y no ningún legislador- de vigencia de esta ley, porque prácticamente tiene prontas las medidas; a la descripción en términos generales, de cuáles eran esas medidas; a la creación de una unidad en la órbita del Banco Central o del Poder Ejecutivo destinada a analizar el problema del endeudamiento caso por caso; al propósito de una nueva prórroga en la suspensión de las ejecuciones, que habría de beneficiar a los que salvaran el umbral del mínimo de esta primera etapa, y que no iría más allá del 31 de diciembre de 1985; a que estaba de acuerdo en que había todo tipo de situaciones, no sólo entre los deudores, sino entre los acreedores, porque en esto no todos los buenos están de un lado, y todos los malos del otro, y hay buenos y malos en los dos lados; etcétera.

Y dijo también muchas otras cosas. Tampoco me parece que sea justo expresar que no se sabe quiénes van a ser los productores beneficiados con las medidas de fondo que se dicten. Porque es lógico que todavía ello no se sepa, ya que el análisis de las situaciones individuales, recién va a ocurrir cuando transcurra esta primera etapa y esa unidad ejecutora y otras dependencias del Gobierno, como el Banco Central, estudien cada caso.

Además, el señor Ministro expresó -y es bueno que esto tome estado público desde ahora- que ese umbral mínimo a que se refirió atenderá dos o tres elementos muy generales, dando claramente la evidencia de que se trata de facilitar la presencia en la mesa del análisis de la mayor cantidad posible de deudores. No creo, por último, que sea justo desde ya anticipar una crítica porque faltan aún determinadas medidas de fondo. El señor Ministro ha explicado con claridad que esas medidas de fondo vendrán luego y que en este momento estamos en una etapa previa que es la del análisis.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - No hemos realizado estas precisiones con sentido de crítica o de ataque, sino como reconocimiento de un elemento objetivo que deja un inmenso vacío con respecto al conocimiento del legislador en relación al desenlace que tendrá toda esta aguda situación. Y esto no es diluido por el conjunto de informaciones o de apreciaciones brindadas por el señor Ministro que, además reconoció que en muchos de sus términos era necesariamente impreciso, inclusive, porque estaba en contacto, comunicación y consultas con el señor Ministro de Agricultura y Pesca, sobre muchos de los aspectos vinculados con el tema.

De manera que la información que es precisa en algunos aspectos, en definitiva resulta insuficiente con relación a la decisión final y al desenlace que este tema tendrá, en realidad, para muchos de los que están directamente implicados en él. Este es un hecho que fuerza a considerar que estamos ante una situación que, en función de los plazos y de las condicionantes que se apliquen, puede tener muy diversas consecuencias.

Por lo tanto, como lo que se han manejado son criterios generales a través de la definición económica -criterios generales a veces precisos y otras veces imprecisos, pero insuficientes con respecto al contenido real de las medidas e, inclusive, del examen realizado en Comisión sobre el tema- estamos prácticamente dilatando por algunas semanas una situación que nos encontramos todavía muy lejos de poder encarar adecuadamente.

En todo caso, este no es sino un nuevo esperpento que asoma su rostro desagradable al Parlamento, como cada vez que tenemos que tratar una de las consecuencias de la peste que pasó sobre el país. Si estudiamos el tema de la amnistía, nos encontramos ante el crimen y la tortura; si estudiamos el de la enseñanza; estamos frente al caos y al retroceso generado por el oscurantismo absurdo e insultante para la inteligencia nacional, y si analizamos este tema vemos que es la consecuencia de un régimen no constituido solamente por hombres perversos -aunque naturalmente en su mayoría lo sean- sino que representa en esencia intereses antinacionales claramente manifestados también en esta secuela espantosa que afecta a tantos miles de compatriotas.

Nosotros, por lo tanto, dejamos simplemente en pie nuestras dudas con respecto al alcance del artículo, que ya fuera también planeadas por el señor senador Tourné y nuestra reserva con respecto a la no suspensión de los juicios y a las consecuencias que pueda acarrear la obligada votación afirmativa que tenemos que operar con relación a este proyecto de ley.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: en la discusión general no intervine, como es notorio, porque comparto las expresiones formuladas por nuestro compañero de sector, el señor senador Capeche, no obstante participar de algunas de las reservas que se han mencionado en Sala y no lograr todavía entender muchas de las disposiciones que están contenidas en este proyecto de ley.

Naturalmente, como muy bien lo manifestaba el señor senador Ortiz, se trata, a través de este proyecto de ley, de enervar el equilibrio que las partes adoptaron al establecer los contratos. Es una axioma que el contrato es la ley entre las partes, pero se trata aquí, naturalmente, de una medida excepcional que rompe el orden jurídico porque también son excepcionales las condiciones económicas y financieras actuales del país.

En el análisis de este artículo 1º debo decir, que las consideraciones generales que se han hecho a favor del proyecto nos han movido a prestarle aprobación, a pesar de estas apreciaciones que formulamos, algunas de las cuales efectuaba el señor Ministro de Economía y Finanzas y que han sido recogidas a través de expresivos comentarios por la prensa nacional. También expresó el Secretario de Estado que el Poder Ejecutivo tomaba la iniciativa para quebrar el principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que todas las obligaciones pactadas, libre y voluntariamente por las partes, deben ser cumplidas. Porque aquí se trataba simplemente de una medida de carácter instrumental, ya que las medidas de fondo serán las que conciten unanimidades, mayorías o discrepancias insalvables. Esas medidas vendrán inmediatamente después de agotado el plazo que se otorga para la suspensión de los remates, en el caso de las ejecuciones ya decretadas o a decretarse. Naturalmente, las medidas que se tomarán posteriormente serán las esenciales, las de fondo y constituirán la reactivación de nuestra economía.

Estos son, entre otros, los motivos que han determinado nuestra adhesión al proyecto en discusión. Pero no entiendo por qué -y en ese sentido formulo la pregunta al miembro informante, señor senador Ricaldoni, a los solos efectos de que quede constancia en la discusión parlamentaria- en lugar de hacer más amplio el proyecto se ha restringido la órbita o el escenario de su aplicación. En el proyecto remitido con Mensaje del Poder Ejecutivo se decía que la ejecución de la sentencia que disponga el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias se suspendían hasta el próximo 30 de abril. Aquí se dice ahora algo análogo, pero se restringe, por ejemplo, en lo que dice relación con las ejecuciones prendarias extrajudiciales, por lo menos en la forma en que está redactado el inciso primero, ya que establece: "Suspéndese hasta el 15 de mayo de 1985 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales".

Me imagino por qué se elaboró esta nueva redacción: se quiso comprender -espero que este sea el motivo del argumento- a las ejecuciones extrajudiciales del Banco Hipotecario. Pero en la forma en que está redactado, sin comas y sin ninguna otra variación en el texto, parece que se ampara sólo a las ejecuciones hipotecarias y prendarias extrajudiciales, pero no a las judiciales.

Es sabido que la prenda, por ejemplo, que comprende, a veces, bienes muy valiosos, puede ejecutarse judicial o extrajudicialmente. En consecuencia, tiene que quedar constancia expresa de que lo que se quiso establecer es que quedan suspendidos los remates o subastas -los términos son similares, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto-ley de 5 de enero de 1943 y en la ley de setiembre de 1965, que los uniformizó- es decir, que lo que aquí se suspende son las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias.

Con la interpretación que estoy dando -y la expreso con el objetivo de salvar el error de este texto- quedarían comprendidas no sólo las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales decretadas por el Banco Hipotecario del Uruguay en ejercicio de lo dispuesto en su Carta Orgánica, sino también las ejecuciones prendarias extrajudiciales establecidas en las leyes dictadas -cito de memoria- el 21 de marzo de 1918, el 18 de setiembre de 1928, el 25 de enero de 1957 y otras que son concordantes o complementarias. Esto es lo que se quiere expresar; de lo contrario se restringiría el ámbito de la aplicación de la ley.

Solicito al señor miembro informante o al señor senador Aguirre que nos ilustren en este sentido, para que quede la constancia de la opinión de aquel en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RICALDONI. - La interrogante que plantea el señor senador Cersósimo, sirve para dejar algo en claro. Se puede discrepar o no -y es totalmente aceptable- con el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Pero creo que, sin ninguna violencia, todos podemos admitir que tiene mucho más rigor que el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Entiendo que la mayor parte de las incongruencias o de las dudas que podemos señalar en el texto que estamos considerando, son consecuencia, en cierta medida, de la forma en que se procesó el trabajo que, en definitiva, llevó a la confección de las normas por parte de la Cámara de Diputados. Esto no significa que hagamos una crítica a la Cámara de Representantes porque un día de estos, sin duda, nosotros seremos responsables de algún desaguisado del mismo tipo. En esta ocasión le ha tocado a ella.

Debo manifestar que el agregado que propone el señor senador Cersósimo no tiene antecedentes en la versión taquigráfica de la Comisión que trató este tema en la Cámara de Diputados, porque ella se suspendió en el momento en que se retiró de Sala el señor Ministro. Recuerdo sí -aclaro que estoy recurriendo a mi memoria- que en la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes -que fue la responsable de la restricción por lo menos aparente que señala el señor senador Cersósimo- se menciona que se entendía que de esta forma se incluían aquellas ejecuciones en las cuales se había hecho renuncia a los trámites y beneficios del juicio ejecutivo, lo que me parece totalmente equivocado. En este sentido, creo que ha habido buena voluntad por parte del señor senador Cersósimo, que ha aportado una interpretación que aunque no se ajuste exactamente a la letra, se acerca mucho más a la realidad que cualquier otra que se pueda extraer de este texto. Como dice el señor senador Cersósimo, entiendo que a pesar del cambio de redacción, estaríamos incluyendo con la misma amplitud todas las ejecuciones neta y definitivamente de carácter extrajudicial que se relacionan con las prendas y las hipotecas promovidas por el propio Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para funda el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: comparto las objeciones formuladas con respecto a lo que establece el artículo 1º. Asimismo estoy de acuerdo con lo expresado en el sentido de que este artículo va más allá de la intención del Poder Ejecutivo y de los legisladores que lo hemos votado afirmativamente.

Personalmente lo he votado a efectos de enmendar, en parte las consecuencias trágicas que ha tenido la aplicación de una política económica. Además lo he hecho en el entendido de que no habrá otra solicitud de prórroga -y haremos lo posible para que no las haya- pero, en el caso de que no pudiéramos conciliar las ideas del Poder Ejecutivo con las de los legisladores de los distintos sectores políticos que también aportarán las suyas en oportunidad de discutir el fondo de este asunto, es decir, si nos vemos forzados a otorgar una nueva prórroga, debemos enmendar los errores señalados en Sala.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCIA COSTA. - Señor Presidente: no quiero ser el padre putativo de esta ley tan denostada. Creo, sin embargo, que hay cosas que debemos dejar de manifiesto, porque, en definitiva este proyecto fue largamente estudiado en la Cámara de Representantes. No podemos aceptar sin más que se hayan cometido tantos errores y que no tengan ninguna disculpa. El proyecto que estamos considerando no es sólo el del Poder Ejecutivo como se ha dicho reiteradamente. Todos los partidos políticos hemos presentado proyectos y el del Poder Ejecutivo es el del Partido Colorado. Este proyecto ha surgido luego de largas deliberaciones en la Comisión respectiva de la Cámara y dentro del plenario del Cuerpo posteriormente.

Deseo dejar de manifiesto algunas cosas, porque poco a poco me he ido sintiendo apabullado por esta crítica despiadada del proyecto, señalé que hubo alguna crítica en la Comisión, pero la misma no implica que estemos votando un monstruo cuya vista nos haga salir corriendo.

Se insiste mucho en reprobar por qué se paralizan los remates y no las ejecuciones. Para ello hay un argumento de sentido común, aunque naturalmente alguien me podrá decir que no lo comparte, pero sigue siendo de sentido común: si paralizamos las ejecuciones algunos acreedores verán delante de su cara, cómo los deudores enajenan los bienes, sin que tengan la posibilidad procesal de detenerlos. Si paralizáramos las ejecuciones solamente estaríamos bendiciendo la posibilidad, no ya de que se haga "soto voce" sino en la plaza pública, la venta de bienes de los deudores con el objeto de eludir a los acreedores. Esta anomalía inmoral sería la conveniencia de paralizar las ejecuciones y se evita paralizando solamente el remate dejando que se practiquen las medidas cautelares que den garantía. Esta motivación podrá no ser compartida, pero es una buena razón, mencionada en la Cámara de Diputados -el que habla no está inventando- y fue de recibo, porque era lógico.

Hay otro cuestionamiento que hemos oído con frecuencia y que tiene relación con el origen de las deudas. Se pregunta por qué el proyecto las engloba a todas. Al respecto, ya he dado una explicación, en Comisión, pero además, creo que es útil recordar un ejemplo: hace pocos días un señor senador -creo que fue el senador Pozzolo- trató un caso concreto muy aplicable a lo planteado. Me refiero a la situación de ARINSA. Si permitimos que la ejecuten parcialmente, nos enfrentaríamos a la liquidación del complejo industrial. Si a esta empresa -o a cualquier otra- entra un embargante a sacar las máquinas que más valiosas le resulten, todo lo demás pierde casi todo su valor. Si autorizamos legalmente a un determinado acreedor a que remate parcialmente un complejo industrial, un grupo industrial o un padrón de un campo compuesto de cuatro padrones y mientras los demás acreedores se hallan suspendidos en sus derechos estaríamos rompiendo la equidad y además la posibilidad de que se cobren los demás acreedores, es decir, los que están suspendidos y eso no parece ser justo. Por ello y para no alterar el valor unitario de los bienes que tienen en sus manos los deudores, y que deben beneficiar a todos los acreedores y no a algunos, se legisló: "no dejemos que algunos acreedores incursionen en lo que les gusta y que otros miren de afuera; dejémoslo como un todo".

Estimo que estos puntos deben ser puestos de manifiesto, señor Presidente, porque reitero que no siento que voy a votar un monstruo jurídico por apoyar este proyecto, ni creo que la Cámara de Representantes lo haya hecho en un arrebato casi de incapacidad.

Todo esto que estoy manifestando fue considerado -aclaro que se trabajó mucho tanto en Comisión como en el plenario de la Cámara de Diputados- y el resultado fue este proyecto que cumple los objetivos buscados por todos los partidos que presentaron iniciativas en el tema, así como lo que deseaba el Poder Ejecutivo y que podrá presentar algunos defectos y algunas disposiciones que podrían ser mejoradas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 2º.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: creo que al considerar este artículo al que voy a dar lectura, resulta imprescindible hacer una precisión y esclarecimiento de su sentido, que en mi concepto aparece traicionado por la redacción -como decía el señor senador Cersósimo con respecto al artículo 1º- en algún aspecto.

Este artículo 2º persigue un efecto muy concreto que es el de impedir, en principio, que el depósito de los bienes embargados y secuestrados en la vía ejecutiva, se haga en manos de terceros y, en consecuencia, salvo que el ejecutado consienta no ser él el depositario, ello no pueda hacerse. Es decir, que cuando el alguacil va a realizar la diligencia y deja la constancia en el expediente teniendo que designar depositario, el ejecutado tenga por ley la facultad de constituirse en depositario, en principio, y sólo si el no lo quiere pueda constituirse otro depositario. Voy a dar lectura al artículo para que se vea cómo el manejo impreciso de la terminología conduce a resultados que indudablemente no han sido queridos por el legislador ni por nadie. El artículo dice así: "Durante el término y en los casos de suspensión previstos por el artículo 1º, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, sólo podrán decretarse cuando el ejecutado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos".

Literalmente interpretado esto y a contrario sensu de lo que dice, pues sólo puede decretarse el secuestro y el depósito en manos de terceros cuando el ejecutado no quiere o no puede constituirse en depositario, ello significa que si el ejecutado quiere o puede constituirse en depositario, el secuestro y el depósito no pueden decretarse por el juez ni por el alguacil. Eso es un absurdo tremendo. Evidentemente, la redacción ha traicionado la intención del legislador que debió dejar bien claro cuál era, porque si no en la práctica se van a producir todo tipo de problemas.

Para que esto quede claro hay que tener bien determinado que el término "secuestro" no ha sido empleado con el sentido que le da el Código de Procedimiento Civil en los artículos 828 y siguientes, que se refieren al secuestro y embargo preventivo. En esos artículos el secuestro está empleado como sinónimo del embargo preventivo, que como todos sabemos es una medida cautelar de enorme gravedad, que sólo se dispone en circunstancias excepcionales y con requisitos muy precisos establecidos por el Código antes de iniciarse el juicio. Esta no es la hipótesis que está planteada, porque qué sentido tiene que se regulen los secuestros cuando lo que aquí se está haciendo es una suspensión del remate dispuesto por sentencia ejecutoriada, que es el final del juicio.

Es decir, que aquí se está hablando de secuestro con el sentido que se emplea en la jerga forense corriente cuando solicitamos el embargo ejecutivo, y se pide, por la parte, el embargo y secuestro de los bienes. Para esto tenemos que tener bien claro que el embargo es la medida por la cual el bien queda en situación de indisponibilidad jurídica para el deudor, es decir que éste no puede enajenar el bien ni disponer de él; el secuestro es la medida por la cual -en esa práctica forense o judicial- queda el bien en situación de indisponibilidad material para el deudor. O sea que el deudor no puede valerse del bien ni servirse de él y por lo tanto, como se decreta el secuestro, hay que designar un depositante de ese bien que en principio es un tercero. No obstante, en la práctica judicial muchas veces se admite, si el acreedor así lo consiente o si el letrado de la parte que acompaña en la diligencia lo acepta, que el depositante pueda ser el propio deudor. Lo que se ha querido aquí es que eso no quede al arbitrio del alguacil ni del acreedor; como se sobreentiende que son bienes de empresa, que se precisan para su giro productivo, agropecuario, comercial o industrial, se ha querido invertir la regla de principios haciendo que el depositario sea siempre el ejecutado, salvo que él consienta no serlo.

Por lo tanto, este artículo -y pido perdón, porque no quiero cargar las tintas contra la Cámara de Representantes- está mal redactado. En el artículo tiene que quedar claro que su sentido es muy corto. Por eso voy a decir -y no sé si el Cuerpo lo comparte- que no pretendemos modificar todo el artículo, porque de lo contrario tendríamos que enviar nuevamente todo el proyecto a la Cámara de Representantes. Pero creo que debe quedar constancia en la versión taquigráfica de que el sentido del artículo es otro y que el mismo debiera decir así: "Durante el término y en los casos de suspensión previstos por el artículo 1º, decretado el embargo y secuestro de los bienes, su depósito en manos de terceros sólo podrá disponerse cuando el ejecutado no pueda o no quiera constituirse en depositario de los mismos". Ese es el único sentido coherente y jurídicamente admisible que tiene este artículo.

(Apoyados)

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: la interpretación que realiza el señor senador Aguirre es la correcta y la que corresponde procesal y sustancialmente, no la letra o el espíritu de la disposición. Le pediría al señor miembro informante que prestara su conformidad a esa interpretación a efectos de darle por lo menos, la máxima autenticidad a una interpretación que entendemos es la que garantiza debidamente el alcance de la norma.

SEÑOR RICALDONI. - Estoy de acuerdo, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

 

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente; no deseo abusar del uso de la palabra en la discusión particular, pero esta observación es de fondo y ya la hice en la discusión general. Aquí pienso que no hay error de redacción o que la intención de redactar la norma no refleja lo que se quiso poner en ella, sino que, en mi concepto, hay un error de fondo y voy a explicar por qué.

El aspecto procesal que se ha querido regular -y que no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo- me parece que es correcto, es decir que no podría quedar en la nebulosa -como era que se hacía efectivo procesalmente- la facultad excepcional de suspender los remates que se disponían por el proyecto. Entonces, es correcto lo que dice el primer parágrafo de este artículo en cuanto a cómo se decreta la suspensión, la que se hace sin más trámite por el juez cuando el interesado acredita sumariamente que se cumplen los extremos del artículo 1º, o de oficio, si resultan del expediente. Obviamente, esto de oficio no se va a hacer, sino que se hará cuando se presente el deudor y reclame el cumplimiento del artículo 1º del proyecto referente a la suspensión del remate.

Pero luego viene la segunda parte, es decir qué es lo que ocurre cuando el juez decreta o no la suspensión. Tenemos que partir de la base de que el artículo 1º delimita un ámbito de aplicación de la suspensión, y entonces hay acreedores que están dentro de la suspensión y otros que están fuera; también hay deudores que están dentro y otros fuera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Según el juez haga lugar o no a la suspensión del remate, el acreedor o el deudor podrán considerarse agraviados sosteniendo que hubo error. Entonces, en principio, podrían -de acuerdo al sistema procesal vigente en nuestro país- recurrir de la providencia del juez y suspender o no el remate. Para eso tenemos que tener claro que el artículo 3º dice que la providencia que decrete la suspensión -es decir la que hace lugar al petitorio del deudor- no será pasible de recurso alguno. Por lo tanto la declara irrecurrible. Pero, ¿irrecurrible por quién? Por el acreedor que es el perjudicado por la suspensión del remate. Pero puede ocurrir que el juez se equivoque, porque todos somos falibles y los jueces por más derecho que sepan, todos sabemos que también cometen errores. Entonces, si el juez se equivoca el remate queda igualmente suspendido porque el acreedor no puede recurrir. Pero yo digo: si se hubiera admitido la irrecurribilidad, que es la regla de principio, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué el remate se hubiera realizado de inmediato? No; no hubiera pasado nada, porque al recurrir al acreedor y elevarse los autos en apelación, como la suspensión es por cuarenta y cinco días, igualmente el trámite procesal iba a impedir ejecutar de inmediato el remate. Por lo tanto establecer la recurribilidad en los hechos, no hubiera traído ningún perjuicio al deudor.

Pero ya que se estableció la irrecurribilidad para el acreedor, entiendo que debió haberse establecido también para el deudor, no sólo una regla elemental de igualdad para las partes -en vez de quebrar aún más, como decía el señor senador Ortiz, la igualdad que debe existir en la ejecución de las relaciones contractuales libremente consentidas -sino porque, además esto trae un perjuicio muchísimo mayor, tal como señalara el señor senador Ricaldoni: la providencia que no hace lugar a la suspensión es recurrible por el deudor, porque como no se dice nada, rige la regla general en materia procesal, que es la recurribilidad de todas las providencias. Para que una providencia sea irrecurrible tiene que establecerse a texto expreso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los no amparados -y me refiero, inclusive a los casos más groseros- van a recurrir. Vamos a decirlo en otras palabras. Tienen una sentencia de remate de cumplimiento inminente; entonces se presentan y dicen: "en virtud del artículo 1º de tal ley solicitamos", "por lo expuesto al señor juez, pido se decrete la suspensión del remate". El juez dice: "No ha lugar" y el deudor interpone el recurso de apelación y el remate queda suspendido. De modo que, en realidad, lo que aquí estamos sancionando a través de este artículo 3º, que en mi concepto es profundamente equivocado, es la suspensión general de todos los remates, no sólo de aquellos que, con gran amplitud, permite el artículo 1º, porque esta vía procesal, tan obvia para quien tenga práctica en el ejercicio profesional, será utilizada por los letrados de todos los deudores del país.

Esa es la observación que quería hacer a esta disposición que formulo diciendo que voy a votar igual afirmativamente. Considero que esto es evidentemente erróneo; que no se debió, de ninguna manera, haber dispuesto la irrecurribilidad, o debió haberse decretado para las dos partes acreedora y deudora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pido disculpas por hacer uso de la palabra en estas circunstancias, pero lo hago para despuntar el vicio.

Creo que el error no es tan grave. En este sentido, coincido con el señor senador García Costa. Y digo esto en razón de que el principio de recurribilidad es propio del juicio ordinario, pero en el juicio ejecutivo el principio es el opuesto: sólo son apelables aquellas disposiciones que el Código establece a texto expreso; y la mayoría de estas ejecuciones se van a provocar en juicios ejecutivos, ejecuciones hipotecarias y ejecuciones prendarias. De manera que el deudor podrá recurrir, sí, mediante el recurso de reposición, pero no podrá interponer recurso de apelación, porque el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la apelación, pues no menciona este tipo de providencia como apelable. Por lo tanto, repito, considero que el mal no es tan riesgoso.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor senador?

Admito la observación que usted hace; es reconocida su autoridad en materia procesal. Pero, si bien a través de su intervención veo que el riesgo no es tan importante, de todos modos, ya que se quería establecer la irrecurribilidad en un sentido, se podría haber establecido en el otro.

Debemos tener en cuenta que en medio del período está la Semana Santa -me expreso de esta manera para que mis amigos los señores senadores Lacalle y Posadas no me rezonguen -y todos conocemos, además, la extrema lentitud de los trámites procesales. Si bien tiene usted razón en cuanto a que, en términos de puridad jurídica, el recurso utilizable es el de reposición, también a veces se interpone el de apelación, aunque no corresponda, y cuando se deniega, se interpone el recurso de queja por denegación de apelación. Por lo tanto, esto, en la práctica, va a traer un enlentecimiento de todas las ejecuciones, aún de las que no tienen nada que ver con aquellas que queremos amparar.

De todos modos, repito que admito como correcta la observación que usted ha formulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 6º es de orden.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará.

SEÑOR BATLLE. - ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se procederá.

Texto del proyecto de ley aprobado:

"Artículo 1º- Suspéndese hasta el 15 de mayo de 1985 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales. Dicha suspensión tendrá lugar en los caos de ejecuciones tendientes al cobro de deudas contraídas con posterioridad al 1º de julio de 1978 por productores agropecuarios o industriales o por comerciantes, sus codeudores, fiadores y avalistas.

No quedarán comprendidas en la suspensión del inciso precedente, las ejecuciones de créditos originados en relaciones laborales.

Art. 2º - Durante el término y en los casos de suspensión previstos por el artículo 1º, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, sólo podrá decretarse cuando el ejecutado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos.

Art. 3º - El juez, sin más trámite, decretará la suspensión, a petición de parte, cuando el interesado acredite sumariamente que se cumplen los extremos del artículo 1º o, de oficio, cuando los mismos resulten del expediente.

La providencia que decrete la suspensión no será pasible de recurso alguno.

Art. 4º - Dentro del plazo establecido en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrarán las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento interno.

Art. 5º - Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en dos diarios de la capital.

Art. 6º - Comuníquese, etc."

10) RUBRO PRESUPUESTAL DEL SENADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Acaba de llegar a la Mesa un proyecto de resolución firmado por varios señores senadores.

Léase.

(Se lee)

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Solicito que este proyecto sea considerado con carácter de grave y urgente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Singer.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el proyecto de resolución.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se comunicará.

Texto del proyecto de resolución aprobado:

"1º) Incorpórase a partir del 1º de marzo de 1985 al rubro presupuestal correspondiente del Senado la partida Gastos de Sectores Parlamentarios por un monto mensual de N$ 620.000.

2º) Comuníquese, etc.".

11) PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA PARA LA EDUCACION GENERAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley de Emergencia para la Educación General. (Carpeta Nº 69). (Repartidos Nos. 22 y 23)".

(Ver 9ª sesión ordinaria)

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: entiendo que los temas que hemos discutido en la Comisión Especial de Educación nos van a permitir votar rápidamente estos artículos pendientes sin necesidad de discutir las divergencias que puedan mantenerse en relación a ellos. Luego, cada uno de lo sectores fundará su voto.

El miembro informante, señor senador Zumarán, Presidente de la Comisión, tiene en su poder el texto definitivo de los artículos y podrá dar cuenta cabalmente de cada una de las resoluciones adoptadas por la Comisión.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: la Comisión trabajó en relación al artículo 9º, al numeral 7º del artículo 13, al numeral 8º del artículo 14 y a los artículos 22, 45 y 46. Propongo tratarlos por su orden. Entonces, comenzaríamos por considerar el artículo 9º.

Este artículo puede ser dividido en dos partes. La primera, en la cual no había dificultad, dice: "Este procedimiento de designación regirá en esta oportunidad. Las futuras autoridades de la enseñanza serán designadas en el momento y por el procedimiento que establezca una nueva ley a sancionarse en la materia. Hasta tanto se designen esas futuras autoridades seguirán actuando las designadas conforme a la presente".

Hasta este punto existía conformidad en la Comisión y el análisis de la discusión versó sobre lo que sigue, es decir, sobre la provisión de vacantes.

El texto que había producido anteriormente la Comisión, recogiendo lo que habíamos establecido en el ámbito de la Concertación -y que también recogió el Mensaje del Poder Ejecutivo- determinaba, en primer lugar, que en caso de producirse la vacante en el Consejo Directivo Central, la misma sería cubierta con los miembros designados por los Consejos desconcentrados, que son nueve.

A partir de allí, el problema se suscitaba acerca de cómo se designa a uno de estos nueve miembros. En el proyecto de la Comisión se establecía una primera instancia a los efectos de integrar el Consejo Directivo Central, lo que sería resuelto por el voto conforme de cuatro miembros. En caso de que ello no se lograra en un plazo de quince días, se determinaba una segunda instancia para que el Consejo Directivo Central, actuando conjuntamente con los Consejos desconcentrados, efectuara la designación por mayoría absoluta de componentes.

Allí, por iniciativa del señor senador Batlle se planteó la incongruencia de esta solución con la dispuesta por el artículo 8º, que ya habíamos aprobado y que exige el procedimiento de designación por parte del Poder Ejecutivo, con la venia del senado. Entre estas dos posiciones extremas -digámoslo así, para llamarlas de alguna manera- se encontró en la Comisión una fórmula transaccional, que fue la que propuso el señor diputado Daverede. Antes de que dicho señor Diputado formulara su propuesta, el señor senador Batlle había aceptado que la designación del Poder Ejecutivo recayera en uno de los nueve miembros de los Consejos desconcentrados, a los efectos de que se pudiere respetar lo que se había concertado.

Luego, a propuesta del señor diputado Daverede, el señor senador mantuvo la actuación del Consejo Directivo Central con los Consejos desconcentrados, a fin de elegir una terna y que ella fuera sometida a consideración del Poder Ejecutivo. Finalmente, este criterio fue aceptado con salvedades realizadas por distintos miembros de la Comisión.

Por lo tanto, esta segunda parte del artículo 9º quedaría redactada de la siguiente manera: "Para la provisión de vacantes que se produzcan en el Consejo Directivo Central serán llamados los miembros de los Consejos desconcentrados. A tales efectos, en reunión conjunta del Consejo Directivo Central con los Consejos desconcentrados se elegirá, por mayoría absoluta de componentes, una terna que el Consejo Directivo Central elevará al Poder Ejecutivo para que éste formule la designación de acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 187 de la Constitución de la República".

Esa es, entonces, la fórmula que la Comisión somete hoy a consideración del Senado.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: desde ya adelantamos nuestro voto favorable al artículo, tal como venía de Comisión en la primera oportunidad.

Al fundar este voto, también lo estamos haciendo respecto de otros artículos. ¿Por qué razón nos mantenemos en aquéllo? Simplemente, porque el artículo 9º, tal como vino originalmente a este Cuerpo, responde a lo concertado, al trabajo realizado durante más de cinco meses por todos los partidos políticos, por las organizaciones gremiales y las fuerzas sociales del país. Se estuvo discutiendo durante cinco largos meses y todos tuvimos oportunidad de hacer valer, o intentar fijar nuestras posturas o posiciones.

Posteriormente llega a este Cuerpo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se somete a consideración de la Comisión, donde el articulado es largamente discutido. Allí se establecieron pequeñas modificaciones que, precisamente, antes que nada buscaban respetar lo concertado en todos sus términos. Fue necesario modificar casi íntegramente el contenido del artículo 45 porque, en la interpretación que había hecho el Poder Ejecutivo, no se ajustaba a lo concertado.

Lamentablemente, nos encontramos con que después de cinco largos meses de trabajo con la participación de todos, luego de lograr ese acuerdo tan difícil, después de todo ello, en la última sesión en que tratamos este tema aparecen otras interpretaciones u otros deseos que nos alejan muchísimo de ese acuerdo que tanto trabajo nos costó alcanzar.

Queremos dejar claramente establecido que no estamos defendiendo el proyecto del Frente Amplio; no lo estamos haciendo. El proyecto del Frente Amplio -lo decíamos hoy en Comisión- murió al mismo tiempo que muchos; a la vez que murió el del Partido Colorado, el del Partido Nacional, el de la Unión Cívica, el de las organizaciones de la enseñanza y el de las fuerzas sociales, porque todos tuvimos que ceder algo. Lo hicimos, y llegamos a un acuerdo.

Realmente no entiendo cómo es posible, que a esta altura, cuando ya habíamos votado en general el proyecto, se intente introducir modificaciones existiendo aquel acuerdo. No lo entendemos ni podemos acompañar en modo alguno a los señores legisladores que las proponen. Creemos que se está dejando sentado un pésimo precedente.

Hace muchos años que en este país hablamos de la necesidad de gobernar todos juntos; o salimos todos o no sale nadie. Logramos lo que parecía tan difícil: ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente y lo alcanzamos en todos los niveles.

Este artículo 9º que estamos defendiendo, es el que tendríamos que defender todas las fuerzas políticas, gremiales y sindicales de este país, porque el resultado del acuerdo se logró en base al trabajo de todos.

Creo, además, que hemos pasado por todos los niveles. El artículo que estamos defendiendo es el mismo artículo 9º que responde a lo acordado al más alto nivel de la cúpula política en la que, precisamente, estaban presentes el señor Vicepresidente de la República, el general Líber Seregni por el Frente Amplio, y los doctores Juan Vicente Chiarino y Alberto Zumarán. A ese nivel, inclusive, se acordaron las bases del artículo 9º.

Sí, señor Presidente, entiendo su gesto, pero quiero decir que esas bases son de tal firmeza, que el propio Poder Ejecutivo cuando nos envía el mensaje, en su correspondiente exposición de motivos toma el material concertado. O sea, lo que nos envió el Poder Ejecutivo en su Mensaje es la transcripción total de lo acordado a ese nivel. Esa es la base.

No quiero distraer al Cuerpo, pero si me lo permiten, posteriormente leeré -o en todo caso si es necesario, lo hará algún compañero de bancada- lo establecido en ese documento enviado por el propio Poder Ejecutivo. En definitiva, esto es así de claro. Entiendo que se le había ocurrido a nadie durante esos cinco meses. A nosotros también se nos ocurrieron muchas cosas que pueden mejorar este proyecto, pero eso no es lo acordado. Entonces, nos quedamos quietos sin tratar de introducirle ninguna variante. Es así de simple. Varios profesionales han estado trabajando con nosotros, asesorándonos, y a cada instante aparece una iniciativa que podría mejorar mucho este proyecto, pero preferimos no traerla para que se mantenga lo acordado en la concertación.

Estamos estudiando y resolviendo un tema fundamental para el país como lo es el de la enseñanza. Pero tengamos cuidado porque, tal vez, al mismo tiempo podemos sentar un precedente que a corto o a largo plazo pueda destrozar la concertación que tantos esfuerzos nos ha costado. Como consecuencia del acuerdo desprendido de la mesa de Concertación, tenemos muchas leyes para tratar en el futuro. Ese es el camino. Si a un legislador, a dos o a diez se le ocurre algo que no se le ocurrió a todos los demás en aquella oportunidad, ahora se introduce la variante que proponen. Entonces, considero que eso no es lo más correcto y tenemos que tratar de evitarlo. Es por eso que debemos mantenernos en la posición adoptadas aquel artículo 9º original que fue analizado en la Comisión por representantes de todos los partidos políticos.

Queremos recordar lo que se expresó en Sala respecto a este artículo 9º cuando se argumentaba en favor -y nosotros compartimos ese criterio- de los nuevos consejeros de ANEP. En aquel momento se decía que estos hombres habían sido elegidos en la concertación. Su designación fue el resultado de la concertación, y recibieron el apoyo unánime del Cuerpo en una sesión que iba a ser secreta pero que hicimos pública para que el país supiera que por unanimidad, repito, se habían designado los cinco consejeros de ANEP. Inclusive, alguien reclamaba en Sala que los respetáramos y que confiáramos en ellos en todo sentido, claro que sí. Entonces, pregunto, por qué ahora no podemos confiar en ellos para que elijan quién ha de ocupar una vacante; por qué en este momento se dice que tiene que ser el Poder Ejecutivo. Esto no lo entendemos. En definitiva, ¿confiamos o no en estos cinco consejeros? En síntesis, esto es lo que se plantea. Tanto nos costó ponernos de acuerdo en el nombramiento de esos cinco consejeros e inclusive en el texto del propio proyecto, repito, que no entiendo por qué no podemos confiar en que ellas sean capaces de elegir a uno de los nueve miembros de los Consejos desconcentrados.

Por lo expuesto, vamos a votar el artículo 9º original, tal como se discutió en la Comisión en una primera instancia.

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: deseo referirme a las manifestaciones del señor senador Araújo y, además, expresar mi apoyo a las modificaciones propuestas.

Entiendo que las modificaciones a este artículo en lo sustancial no alteran el espíritu de la concertación con el que hemos tratado de ser muy respetuosos. El hecho de que se respete lo acordado en las reuniones de la concertación o en las de la Comisión que estudia la propuesta del Poder Ejecutivo y que hizo algunas modificaciones, no significa que tengamos la inmodestia de pretendernos infalibles y que, además, debamos resistirnos a una opinión sensata que nos adelanta las objeciones respecto a esas conclusiones a las que habíamos arribado dentro de las atribuciones que tiene un legislador. Corresponde que cuando un proyecto llega al Cuerpo se le formulen observaciones, que son aceptadas o no.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TRAVERSONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR GARGANO. - Naturalmente, no está en el espíritu de nadie impedir que un señor legislador pueda formular observaciones respecto al tema que está a estudio. Sin embargo, aquí se trata de que hubo un acuerdo político ya que en la Mesa de la CONAPRO actuamos en base a un plan acordado entre todos los partidos políticos respecto a este proyecto de ley. No quiero insistir en lo mismo, pero me voy a permitir leer los párrafos que establecen el sistema de integración acordado por los partidos políticos y por las organizaciones sociales. Comparen los señores senadores el texto que voy a leer con el que venía de la Comisión. El texto dice así: "Este procedimiento de designación regirá en esta oportunidad; las futuras (o sucesivas) autoridades de la Enseñanza serán designadas en el momento y por el procedimiento que establezca la ley definitiva a sancionarse en la materia. Hasta tanto no se designen esas futuras autoridades, seguirán actuando las designadas conforme a la presente ley. Para la provisión de vacantes que se produzcan en el Consejo Directivo Central, serán llamados los miembros de los Consejos desconcentrados. A tales efectos, en reunión conjunta, los Consejos desconcentrados propondrán una terna de la que el Consejo Directivo Central elegirá por unanimidad, quien ocupará la vacante. Si transcurridos quince días, no se efectuase el nombramiento por parte del Consejo Directivo Central procederán a realizarlo en sesión conjunta, los integrantes de aquél y de los Consejos desconcentrados". Esto es, exactamente, lo que dice el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y perfeccionado en el seno de la Comisión. Ese era el pacto político, el acuerdo de la CONAPRO. Y, además es lo que nosotros creemos hay que respetar.

SEÑOR SINGER. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TRAVERSONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SINGER. - No quiero abundar en el razonamiento que fundamenta que en el Parlamento no estamos obligados a sujetarnos escrupulosa y estrictamente a todo aquello que fue resuelto fuera de este ámbito. En ese sentido, creo que los senadores de todos los partidos políticos han sido muy claros. Sin embargo, quiero recordarle al Senado que cuando se trató el artículo 37, los representantes del Frente Amplio formularon sus argumentaciones en contra de este artículo, votándolo negativamente; pero este artículo 37 también vino aprobado por la mesa de la concertación y en los mismos términos a que acaba de hacer referencia el señor senador Gargano. De modo que cuando estamos legislando y tratando de perfeccionar normas que son perfectibles como lo son todas, cualquiera sea el ámbito en que se hubieran concertado, estamos cumpliendo con un elemental deber como representantes de la ciudadanía.

SEÑOR TRAVERSONI. - Si la Mesa me lo permite, no voy a conceder más interrupciones porque como legislador novato no comparto ese estilo. Lo he hecho por cortesía, pero me parece que no corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE. - Está en todo su derecho, señor senador, porque las interrupciones corren dentro del tiempo que se le adjudica.

SEÑOR TRAVERSONI. - El señor senador Araújo habla -y a mi juicio es una expresión un poco exagerada- acerca del tiempo que llevó el acuerdo, refiriéndose al lapso de cinco meses.

Entonces, ante la opinión de los señores legisladores que no estuvieron presentes en esa etapa de la concertación -en la que me cupo el honor de participar durante más de cinco meses- debo señalar que puedan estar confundidos en cuanto a cuáles fueron las verdaderas causales de estancamiento, las dificultades que debimos enfrentar para ponernos de acuerdo. Este artículo que versaba sobre cuestiones de procedimiento acerca del cual existieron dudas que fueron resueltas quizás apresuradamente -en un día, no en cinco meses- no fue precisamente el que nos detuvo.

Entendemos que si la Concertación se hubiera expresado en contra del otorgamiento de la venia para la elección de los miembros, entonces sí se nos podría reprochar que venimos a requerir la venia, cuando se concertó lo contrario. Pero si se concertó el pedido de venia para la designación de los miembros del Consejo Directivo Central, parece bastante congruente que corrijamos un error del cual participamos. Podemos reconocer que participamos en ese error, en cuanto a sustraer, del requerimiento de venia del Poder Ejecutivo, la elección de un sustituto para el caso de vacancia. Correjimos el error y, a través de una propuesta del señor senador Batlle, se había elaborado una fórmula. Después, en la Comisión intentamos auspiciar la fórmula conciliatoria que había propuesto el señor diputado Daverede. Creemos que con ella se soluciona el problema de dar participación al Poder Ejecutivo en cuanto a la solicitud de venia del Senado, que deberá realizar un acuerdo para refrendarla. Al mismo tiempo, da la oportunidad a los miembros de los Consejos de participar en una expresión de voluntad proponiendo una terna. El Poder Ejecutivo que se expresa sobre ella quedará limitado doblemente: en primer lugar, por la terna que la presenten los Consejos desconcentrados y, en segundo término, por la necesidad de requerir las mayorías necesarias para obtener la venia.

Creo que este artículo, de ser aprobado, alcanzará una solución aceptable, esperemos que para todos. Entendemos además que no constituye -creo que es una exageración expresarlo- un mal precedente en cuanto a violación de acuerdos de la Concertación porque en ningún momento hemos sostenido fórmulas radicalmente opuestas a las concertadas en la CONAPRO. Simplemente aportamos una modificación de detalle que consideramos que mejora el texto.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no cree que el señor senador haya sido aludido.

SEÑOR ARAUJO. - Lo he sido en dos oportunidades.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: el artículo 9º tal como salió de la Comisión en primera instancia, es consecuencia de la Concertación. Estuvimos de acuerdo y no nos vamos a detener en la consideración de ese aspecto.

Pero quiero recordar también a quienes nos aluden en ese terreno, que este Mensaje no es sólo producto de la Concertación. Es un Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, es decir, por el señor Presidente de la República y su gabinete. Por lo tanto, si ellos remitieron así es porque entendieron que se debía respetar lo concertado. Y por ello nos envían un Mensaje con las bases del acuerdo, que ya fueron referidas por nuestro compañero de sector el señor senador Gargano.

Por otra parte, con respecto a las manifestaciones del señor senador Singer en cuanto a nuestra decisión de votar en contra del artículo 37 -lo expresamos en Comisión y queremos dejarlo claramente establecido en este momento, tal como lo hiciera el señor senador Rodríguez Camusso en el día de ayer- debemos decir que en el futuro intentaremos modificar el mencionado artículo.

Votamos negativamente porque ello no arriesgaba la Concertación, desde que se contaba con los votos suficientes. Si esta hubiera peligrado, hubiéramos votado en forma afirmativa, haciendo la precisión y nada más.

Por último -y contestando otra alusión- debo decir que antes de votar la venias, votamos el proyecto en general, porque entendíamos que se iba a ajustar en un todo a lo concertado. Desgraciadamente, nos encontramos luego con que se introducían variantes que a nuestro juicio son esenciales.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Simplemente deseo aclarar -no ya como miembro informante de la Comisión sino como persona que colaboró activamente a los efectos de lograr concertación sobre el proyecto de ley de emergencia para la educación- que lo que fue ampliamente discutido en la Concertación fue la forma de designar las autoridades. Quedó muy claro que las autoridades que iban a regir la enseñanza a partir del advenimiento de la democracia iban a surgir de un consenso del grupo de trabajo de la Concertación Nacional Programática. Ese fue el tema de fondo. Se designaron entonces cinco personas para ocupar los cargos del Consejo Directivo Central, nueve para los Consejos desconcentrados -tres para cada uno- y una nómina de suplentes.

Existió acuerdo también con respecto al artículo 8º que plantea el procedimiento de designación por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado.

Para la eventualidad de que se produjera una vacante -y todos hemos adelantado nuestro deseo de que no llegue a producirse ninguna y por lo tanto este artículo no sea de aplicación en ese aspecto- se buscó en el ámbito de la Concertación, un procedimiento que no es sagrado. Lo que se acordó fue que en caso de producirse una vacante, el que la ocupara, debía mantener las mismas características, especialización y representatividad de aquél que la dejaba. Pero, ¿a través de qué mecanismo? Se buscaron, en el artículo 9º, en su redacción primaria, dos soluciones que ya detalle: una a través del Consejo Directivo Central y otra, mediante votación por mayoría absoluta de componentes. Se buscaron las garantías para que aquella vacante que se producía en el Consejo Directivo Central fuera llenada manteniendo el equilibrio de la designación original. Entonces, cuando se planteó el procedimiento de designación por el Poder Ejecutivo, previa venia, y sin limitación, dijimos que eso violaba la Concertación porque existía acuerdo en el sentido de que las vacantes debían llenarse según la nómina de los nueve Consejeros de los órganos desconcentrados, manteniendo el equilibrio original. Ahí sí se violaba un aspecto fundamental de la Concertación. Pero esa garantía que todos queremos mantener y no pretendemos violar por ningún concepto, ¿cómo se logra más eficazmente? ¿Por votaciones sucesivas del Consejo Directivo Central y luego del órgano conjunto, Consejo Directivo Central y Consejos desconcentrados? ¿O se logra a través del procedimiento que surge ahora de la Comisión?

Pienso que se logra mejor con este nuevo procedimiento, o, por lo menos, que las garantías son las mismas. Entonces, ¿qué ventaja tiene o por qué cambiamos nuestro punto de vista, pasando de la solución que recomendábamos en la redacción original del artículo 9º a esta segunda? Lo hacíamos porque al mantenerse o acrecentarse las garantías, esta otra fórmula tiene una virtud en la cual nosotros anteriormente no habíamos reparado. Esta consiste en que habiendo designado a los titulares del Consejo Directivo Central por el procedimiento indicado en el artículo 187 de la Constitución de la República, naturalmente, quien venga a ocupar esa vacante, también debe estar designado con las mismas solemnidades. De no ser así podríamos encontrarnos en el Consejo Directivo Central con cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado, y un quinto que lo está por un procedimiento que no tiene el rango y la jerarquía constitucional de aquél por el que se había designado a los miembros titulares. O sea que se nos presentan dos situaciones. Por un lado, se conserva el fundamento previsto en la Concertación Nacional Programática o se acrecientan esas garantías y, a su vez, por otro, se le otorga la correspondiente solemnidad y jerarquía constitucional que le corresponden a designaciones de esa naturaleza.

Por las razones precedentemente expuestas planteamos esta modificación. No aceptamos, de ninguna manera, que esto suponga violar o desconocer lo concertado sobre este tema y, menos, aún que sirva de precedente.

SEÑOR LACALLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE. - Señor Presidente: al analizar la redacción de este texto y en especial la del artículo 9º, nuestra opinión era que lo más indicado hubiera sido mantenerla hasta donde dice "conforme a la presente ley", porque, evidentemente, el cambio del sistema de designación no nos parecía, de acuerdo a nuestro entender, que fuera aplicable a la vacancia de los cargos.

Nosotros, señor Presidente, siempre vamos -en la medida en que las palabras puedan pronunciarse con el cien por ciento de permanencia y viabilidad política- a optar por lo que representa la primacía del poder político, porque tenemos que reivindicarlo, no solamente desde el punto de vista filosófico teniendo en cuenta para ello la organización de nuestro país y el sistema de nuestro gobierno, sino que, además, debemos confiarle la conducción del mismo, siempre dentro del ámbito y el cumplimiento de las normas constitucionales.

Queremos aprovechar esta intervención para expresar alguna opinión en torno al tema de la concertación, que puede servir como justificativo o adelanto a otra que tengamos en el Parlamento.

La vida política es un devenir -quizás en esto radique su atractivo y vitalidad- y no podemos pensar en quedar atrapados en la fijeza de una coincidencia sin fecha de finalización. No imagino al Poder Legislativo actuando dentro de tres, cuatro o cinco años todavía sujeto a lo que pueden haber sido y fueron bases -bienvenidas en el momento y en la coyuntura en que se establecieron- para crear un ámbito de tránsito político, pero que no pueden tener una hiper vida que las lleva a mantenerse hasta el mes de marzo de 1989. De lo contrario, estaríamos atados, repito, a bases coyunturales que no pueden tener una vida mayor que la de la situación que les ha dado nacimiento.

Entendemos, señor Presidente, que se ha estado haciendo hincapié desde todos los ámbitos, y en especial, desde el Parlamento sobre las virtudes de la unanimidad. No le conozco a ella virtudes de la unanimidad. No le conozco a ella virtudes inmanentes, y menos aún en este recinto. De esa forma le estamos quitando filo, representatividad y hasta las propias características de lo que puede significar una votación cuando procuramos en demasía la unanimidad. Con esto no contradecimos la opinión que vertimos en ocasión de considerarse la Ley de Pacificación. Es notorio que en ese momento hablamos, escribimos y actuamos modestamente para lograr sobre este tema una base más firme. Entendemos que existen leyes que necesitan de esa base, aunque no haya existido previamente un acuerdo o concertación, porque su naturaleza lo exige.

Tampoco queremos -todos debemos reflexionar sobre esto- entrar en esa secuencia lógica de no resolver, de no votar y de postergar la sesión hasta que se encuentre el acuerdo. Esto es deseable y bueno, pero la función de este sistema, de esta Casa, de estas bancas, no es la búsqueda de la unanimidad, sino reglar los conflictos de opinión a través de las manos levantadas, de las mayorías y minorías que irán y vendrán, que se buscarán y se negociarán. El día que la unanimidad sea nuestra única meta, le estaremos quitando la razón de ser a la controversia no reglada, si se quiere dura, trabajosa y larga, pero que es la razón de ser del propio Poder Legislativo.

Esto nos ha ido naciendo, señor Presidente, mientras oíamos las intervenciones del parlamentarios, por supuesto mucho mas avezados y capaces que nosotros. Al expresar eso, lo hacemos con una pasión política sentida y comprendida en sus verdaderos alcances.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en virtud de las expresiones vertidas esta noche en Sala voy a hacer uso de la palabra -no pensaba hacerlo- porque, si no lo hiciera, no sería consecuente con mis ideas y puntos de vista que he sostenido a lo largo de toda mi vida.

Está muy lejos de mi ánimo señalar que el camino de la concertación no es el camino adecuado para lograr fórmulas legislativas y de gobierno que nos permitan superar los problemas con el acercamiento de todos los puntos de vista. Precisamente una de las cosas que criticamos acerbamente en esta Cámara cuando se sancionó la ley que ahora se va a derogar con esta nueva que aprobaremos, fue que su sanción no estuvo precedida de debates, de confrontaciones de ideas, de reuniones de intercambio de opiniones entre personas especializadas en una materia tan delicada como esta de la educación. Entonces, mal podemos hoy, cuando esas opiniones han sido oídas, señalar que esto de la Concertación es un dogma que en ningún momento puede discutirse y que el legislador no puede apartarse de lo acordado en el seno de la misma pienso que existe una distancia muy grande.

En ese sentido, entendemos que el Partido estuvo representado por quien hoy es miembro informante de este proyecto. Me estoy refiriendo al señor senador Zumarán, y en ningún momento le pedimos que nos dijera textualmente la redacción de determinado artículo para así darle nuestra aprobación, lo que sí le dimos fue el aval para tratar las líneas generales que iban a regir esta ley, o sea lo que el señor Presidente denominaba las bases. De ninguna manera ello nos compromete a votar con puntos y comas todo lo que en los proyectos concertados fuera del Parlamento se establece.

Si así fuera no sería necesario que el proyecto de ley viniera al Parlamento, bastaría con que se dijera que se concertó y que estuvieron representados todos los partidos. De esta forma casi se suprimiría la labor parlamentaria con lo que se violaría la Constitución. Prácticamente no haríamos pasar los proyectos de ley por esta Sala y si lo hiciéramos sería simplemente por una cuestión ritual.

El hecho de que el Poder Ejecutivo haya creído conveniente repetir el Mensaje que salió del seno de la Concertación es responsabilidad de él y a nosotros no nos alcanza porque si no tendríamos que levantar la mano cada vez que el Poder Ejecutivo nos envía un Mensaje con su correspondiente proyecto de ley. Nuestra función no es esa, señor Presidente; debemos cumplir nuestra tarea de legisladores teniendo en cuenta nuestras convicciones, nuestra conciencia y nuestra manera de ver o apreciar las cosas. Naturalmente que como hombres de partido respetamos las decisiones de éste. Sin embargo una de las cosas fundamentales que debe exigirse a un legislador es que tenga la suficiente independencia de conciencia para sustentar sus puntos de vista a pesar de que algunas veces sean contrarios a lo que puede haber acordado su partido, siempre que no vulnere sus principios esenciales.

Me parece que es muy saludable la labor de la Concertación y que ha dado muy buenos frutos en este proyecto de ley. Pero no creo que tengamos que ceñirnos estrictamente, párrafo por párrafo, a lo que allí se ha aprobado. Aquí se ha mencionado que se han respetado las propuestas de venias; efectivamente hubo concertación previa sobre los nombres. Pero debo señalar que si hubiera tenido que formular objeciones a algunos de los nombres propuestos lo habría hecho porque era mi deber -como es el deber de todos los legisladores- ya que para ello venimos al Senado: para que se acuerden o no las venias y para que cada uno vote a conciencia a quienes van a desempeñar estos cargos. De manera que nadie puede sustituirnos; nadie puede sustituir al legislador en la misión de otorgar las venias para el desempeño de un cargo tal como lo señala la Constitución de la República.

(Apoyados)

- Hechas estas consideraciones, señor Presidente, quiero señalar que sin embargo voy a votar este artículo tal como venía redactado originalmente. Pero no lo hago obedeciendo a las razones que aquí se han expuesto ni porque haya sido concertado, sino porque a mi juicio defiende un principio al que he permanecido fiel durante toda la vida. Entiendo que este artículo en su redacción original, se acerca más al principio de la autonomía de la enseñanza sin extraer de su ámbito de acción la designación de quienes deben gobernarla. De manera que por estas razones voy a votar el texto primitivo.

Quiero dejar expresa constancia de mi punto de vista sobre este asunto de la concertación -y lo hago pensando en las experiencias futuras que tengamos que vivir en esta Cámara cada vez que llegue un proyecto de la CONAPRO- cada vez que ella nos envíe un proyecto vamos a respetar lo que nuestro partido haya acordado en líneas generales. Sin embargo destaco que nos sentiremos inhibidos de formular las observaciones que sean necesarias y proponer las soluciones que mejor nos parezcan, porque esa es nuestra obligación como legisladores.

Aquí se ha señalado que se hubiera podido redactar un proyecto mejor pero que no se hizo respetar lo acordado en la CONAPRO. Pienso que si eso es verdad obramos mal, porque nuestro deber es legislar bien.

De manera que creo que debemos movernos sobre esas bases y por eso dejo esta constancia para hoy para instancias futuras similares.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: respecto a lo que ha manifestado el señor senador Pereyra quisiera señalar que este sería el último proyecto de ley que viene articulado de la CONAPRO, órgano que sin lugar a dudas realizó una importantísima contribución al permitir que la vida democrática se iniciara con una base de consenso en temas fundamentales que venían a llenar el vacío legislativo que heredamos de los once años de dictadura.

Otra cosa es concertar salidas y posturas políticas, que seguiremos haciendo aunque no hayan leyes concertadas en un ámbito concreto. Creo sin embargo, que hemos desarrollado -quizá inadvertidamente- un estilo de funcionamiento del Parlamento que implica un riesgo peligroso.

Muchas veces cuando surge una discrepancia sobre un proyecto de ley o un artículo determinado hemos adoptado como norma de conducta el pase a cuarto intermedio a los efectos de que todos los partidos se pongan de acuerdo. Interpretando el fondo del planteamiento del señor senador Pereyra debo señalar que considero que este es un procedimiento muy peligroso porque inadvertidamente terminamos legislando a puertas cerradas a través de cuatro o cinco representantes partidarios. Y más allá de la alta investidura y de la confianza que cada uno de nuestros partidos tenga en sus portavoces, creemos que el Parlamento es algo diferente. El Senado no es el Consejo de Estado, entre otras cosas, porque hay Barras, prensa y porque es el instrumento que existe en la democracia representativa para dirimir las disputas. Si hay discrepancias en un artículo determinado creo que lo más sano para la democracia es que se diluciden en Sala y que cada partido y cada señor senador tenga la libertad para expresar su opinión sin ningún tipo de condicionamientos. Entiendo que sería muy peligroso que como en aras de lograr un consenso -que siempre es deseable- adoptáramos como un nuevo estilo parlamentario, que cuando no estamos de acuerdo pasamos a cuarto intermedio, nombramos un representante y no nos volvemos a reunir hasta que no haya humo blanco.

Considero que el debate parlamentario es el instrumento a través del cual se llega a un acuerdo. Si no hay consenso se vota y en todo caso podría suceder que aquello que peyorativamente se llama mayorías accidentales -considero que todas las mayorías son siempre accidentales- definan la votación en un sentido u otro.

Quería aprovechar el hecho de que el señor senador Pereyra se refirió al tema, para realizar una pequeña reflexión porque, repito, no nos llegarán más proyectos de ley articulados a través de un instrumento concreto de concertación pero seguiremos corriendo el riesgo de coartar las competencias específicas del Senado y de la Cámara en aras de la concertación como mecanismo legislativo.

SEÑOR POSADAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS. - Señor Presidente; cuando solicité hacer uso de la palabra pensaba hacer una reflexión aislada sustrayéndome del fondo de lo que estamos considerando -que es el artículo 9º- para formular algunas observaciones generales sobre lo que debería ser el procedimiento parlamentario de esos asuntos que vienen de ese otro ámbito de tratamiento que es la Concertación.

En vista de que ha transcurrido más de media hora y no hemos discutido el artículo 9º sino este otro aspecto, declino el uso de la palabra y hago moción para que se pase a considerar el artículo que tenemos que aprobar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: creo que a esta altura procede realizar una reflexión sobre lo que representa este artículo 9º dentro del proyecto en su conjunto y sobre las condiciones en que éste ha llegado para su consideración al Parlamento.

Es muy claro que el Parlamento examina el proyecto por sí y que cada uno de nosotros asume la responsabilidad que corresponde.

También está muy claro que la alta significación que toda nuestra organización política concede a los valores de la concertación, no implica un género de incondicionalidad que en nosotros -como descuento en cualquier otro sector político de nuestro país democrático naturalmente- carecería de sentido. Lo que procede señalar es que aquí no se trata de un elemento adjetivo que no afecta a la esencia del proyecto, que no involucra definiciones de fondo vinculadas con el tema de la enseñanza como, por ejemplo, ocurría en el artículo 37, entre otros, sino que aquí las diferencias radican en la aplicación de los criterios según los cuales se interpreta la autonomía de la enseñanza. Entonces, la valoración de lo actuado en la concertación tiene que ser manejado, por lo menos en dos niveles. Este no es un proyecto sobre enseñanza concebido en términos cualesquiera, esto surge después de más de una década de ignominia que también tendió sus tentáculos infectos sobre la enseñanza y dejó una huella tremenda que se proyectó en programas intolerables, en profesorados muchas veces improvisados, en designaciones privadas de las garantías necesarias, en destituciones no arregladas a derecho y en la pretensión de convertir a la nueva generación en formación en monigotes incondicionales para el oscurantismo de la dictadura.

Se pasa de esto a un régimen democrático; cuyos componentes, integrantes de unas u otras fuerzas políticas, sentimos la laicidad y el pluralismo y queremos aplicarlos, aunque nos encontramos sin las condiciones materiales inmediatas para hacerlo. Había que instrumentarlos; había que dar pasos cuidadosos porque el tema es muy difícil y porque la materia que manejamos tiene un valor inapreciable. Aquí es la enseñanza, es toda la juventud de nuestro país, la que está en juego, no tal o cual profesor ni tal o cual instituto, sino la juventud, son los niños y los jóvenes.

Desde el comienzo todos los colorados, los blancos, los frenteamplistas, los cívicos, las fuerzas gremiales, todos, enfrentamos un enorme desafío que era pasar con soluciones coordinadas y eficaces, el tránsito de la ignominia a la libertad. Debíamos hacerlo del modo más pacífico y más razonable que estuviera a nuestro alcance. Para eso se trabajó durante meses, y muchos dispusimos cosas fundamentales en aras de un logro unitario que concitara la adhesión más completa para que ese tránsito fuera real y para que la transición fuera pacífica. Mucho se trabajó; muchas dificultades fueron superadas; todos tuvimos que hacer muchas transacciones. Este es el reflejo de ello: la elección de autoridades competentes, con exigencias severas que motivaron votación unánime e inmediata en el Senado de la República para el otorgamiento de las venias correspondientes; la redacción de un proyecto de ley de emergencia que cubra el plazo necesario para el Parlamento pueda elaborar una legislación de fondo vinculada con toda la enseñanza del país. Esto es lo que estamos considerando y dentro de ello, este artículo 9º del cual no estamos considerando puntos ni comas, ni adjetivos ni elementos secundarios, sino la esencia que implica la concepción que refleja en materia de autonomía de la enseñanza, tema que, así como el vinculado con la reposición de destituidos -mal destituidos- es engranaje esencial en el conjunto de la solución que para nosotros representa un aspecto cualitativo del contexto. Por esa razón para nosotros, el artículo 9º es factor tan apreciable; por eso, para nosotros, el concepto que aquí se traza en términos que con acierto defendió el señor senador Pereyra, es tan caro, tan irrenunciable. Por eso estamos en él, porque es uno de los elementos cardinales que condujeron a nuestro acuerdo con el conjunto del proyecto y debido a que a lo largo de una prolongada negociación, no tenemos noticia de que hayan surgido objeciones de fondo con respecto a él. No fueron objeciones para cambiar tal o cual aspecto, que en vez de nueve suplentes fueran diez o en lugar de diez, once, sino que se fue a lo medular del procedimiento. Por esta razón nos aferramos a él y nos atenemos al mismo. No es porque renunciemos en modo alguno a las potestades parlamentarias -cosa que no haremos jamás- ni porque declinemos las virtudes de una libre discusión de todos los temas cosa que está en nuestro ser y en la modalidad de nuestra acción. Para nosotros el artículo 9º, en los términos que fue proyectado por el Poder Ejecutivo, como consecuencia de un acuerdo logrado por todas las fuerzas políticas y gremiales, refleja una resultante en absoluto adecuada a nuestra concepción básica con respecto a al aplicación de la autonomía de la enseñanza sobre el tema a que refiere ese artículo.

Queda pues establecida la precisión necesaria con respecto al alcance de nuestra actitud sobre lo concertado y propuesto por el Poder Ejecutivo.

Termino recordando que la mayor parte de nuestras intervenciones, cuando en el Senado se produjeron matices o diferencias entre lo enviado por el Poder Ejecutivo y lo que se planteaba en Sala, fue apoyando, precisamente, las proposiciones iniciales de ese Poder. No fue porque nosotros -como es obvio- compartamos lo fundamental de sus orientaciones, sino porque en esta materia concreta, lo que se propuso refleja, en términos generales con fidelidad, lo que fue cuidadosamente acordado por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales directamente vinculadas al tema.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Señor Presidente: quiero hacer una precisión previa para poner las cosas en su lugar.

Cuando el señor senador Araújo hizo mención a la intervención del señor senador Batlle -mi compañero de sector- no estaba en condiciones, tal vez, de saber que no es una actitud personal de nuestro compañero de sector la que llevó al planteamiento que se hizo ayer por la tarde en el Senado. Fue nuestra bancada de legisladores -citada expresamente y examinando después todas las circunstancias relacionadas con el proyecto de ley, con los acuerdos correspondientes, con nuestras obligaciones respecto a esos acuerdos- la que resolvió facilitar el reestudio de los artículos que se plantearon. De tal modo fue así -es tan claro para los que tienen experiencia parlamentaria- que no fue el señor senador Batlle el que pidió el cuarto intermedio, sino que fui yo mismo, para demostrar que no obedecía al interés personal de un legislador, sino al colectivo de la bancada que integramos.

Desde luego que el partido examinó sus obligaciones y compromisos, que comprendió y entendió que esta alteración no los violaba para nada.

En primer término, debo decir -ya ha sido dicho en mejor forma- que nadie puede hacer un acuerdo que coarte la libertad de los parlamentarios. Este es un bien imprescindible para la dignidad de la República.

(¡Apoyados!)

- Por eso nunca podremos hacer un acuerdo que coarte la libertad de ningún parlamentario.

El libre examen, la discusión, están en la esencia misma del Parlamento y, naturalmente, cuando juramos defender la Constitución también juramos defender el normal funcionamiento del Parlamento. En esto estoy y en esto estaré siempre. No hubiera aceptado el inmenso honor que se me hizo proclamándoseme candidato al Senado si en el Partido y a través de los instrumentos del entendimiento partidario que se estaba formulando en ese momento, se hubiera sobreentendido que los parlamentarios atendíamos compromisos ajenos a nuestra propias libertades.

Debo decir algo que me llama la atención -formulado en primer término por el señor senador Pereyra y luego por el señor senador Rodríguez Camusso- que tiene relación con el sentido de la autonomía que señala este artículo. Pienso que la autonomía es una institución jurídica que se regula por normas en la que se establece la correlación de poderes y las venias que da el Senado. Dichas venias jamás violan la autonomía. Cuando se nombran los Consejos en los Entes Autónomos, es con venia del Senado; pero el funcionamiento de cada uno de los Entes Autónomos del país es absolutamente independiente y fundamentalmente está convalidado por la venia que da el Senado a sus dirigentes máximos.

Pero aquí cuando se dice que la segunda instancia, en la de proveer las vacantes, se atenta contra la autonomía porque se exige el pronunciamiento de la venia del Senado, ¿no nos estamos remitiendo a este mismo artículo? ¿No es verdad que el artículo 8º consagra, en primer lugar, la intervención del senado concediendo venias? Cuando se aceptó esto ¿no se pensó que con el criterio que se ha expuesto se estaría violando la autonomía? ¿Cómo se viene a decir que hay una concertación para defender la autonomía y se entiende que la autonomía supone la no concesión de la venia por parte del Senado, cuando en el artículo anterior se establece, precisa y claramente, la aplicación del instituto de la venia del Senado, como además lo manda la Constitución de la República para designar a los miembros del Ente Autónomo superior de la enseñanza?

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Sí, señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Voy a hacer una aclaración porque, o yo me he expresado mal o el señor senador Hierro Gambardella no me ha interpretado bien.

Cuando hice mi exposición, de ninguna manera pude señalar que cuando aquí se otorgaban las venias estábamos emitiendo juicio sobre la autonomía, o sea, el autogobierno de la enseñanza. Me referí a eso. Mi ideal -y creo que de algún modo muchos viejos parlamentarios y docentes que aquí estamos lo hemos defendido, materializándolo, inclusive, en proyecto de ley- fue el derecho de los educadores de elegir sus representantes electos ajenos al ajetreo y a las influencias políticas, para que pudieran cumplir, libres de toda presión política, el ejercicio de una misión tan especial como lo es la educación. Por ser fiel a ese principio, entendí que este artículo se halla un poco más cerca de ese ideal con la redacción primitiva, y por eso lo voté.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Hierro Gambardella.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - No me he referido directamente a las expresiones del señor senador Pereyra, sino especialmente a las del señor senador Rodríguez Camusso.

En seguida concederé una interrupción al señor senador Zumarán, pero lamento tener que decir que tendré que defender celosamente mi tiempo porque el Reglamento así me lo impone.

Quiero decir que es un poco singular este concepto, porque ¿de dónde salen los directores de los servicios desconcentrados de la enseñanza? Salen de la venia, son hijos de ella, porque la venia crea el organismo central y le da potestades y facultades bastantes para que ese organismo central designe a otras personas en los servicios correspondientes de la Enseñanza Primaria, Secundaria e Industrial. De modo que no es una emergencia de la autonomía sino una descendencia de un acto de poder hecho por el organismo que nosotros convalidamos con la venia que yo defenderé siempre como una potestad irrenunciable del Parlamento en aquellos casos donde la autonomía no pueda convertirse en una soberanía ajena a los bienes espirituales del país. La enseñanza es un gran bien, pero no es el patrimonio de los profesores; la enseñanza es un gran bien por ser patrimonio de la Nación misma. Y si yo estoy aquí sentado, como todos los demás señores senadores, es en nombre de la voluntad de la Nación misma, y defenderé siempre, con todo ardor, los fueros emergentes de esa convicción.

Además, no entiendo qué se ha violado, si acaso algo ha sido violado. Si establecemos un principio de carácter general, como es el de la venia, y a través de ella damos facultades a cinco señores para que dirijan la enseñanza -repito aquí el argumento del señor senador Zumarán- ¿cómo vamos a dejar manca de autoridad -que es la mayor que tiene el servicio- a una de las personas que va a sustituir a la que ha pedido licencia o ha desaparecido de la actividad? Habría cuatro con venia y uno sin ella, siendo que la venia siempre supone un entendimiento del Parlamento, porque no es un acto de prepotencia de una mayoría elemental, sino un acto regulado por una mayoría muy especial. ¿Cómo va a dejarse a ese hombre con menos atributos jurídicos que los cuatro restantes? ¿Dónde se viola la filosofía de la concertación y los principios establecidos?

(Apoyados)

- Al contrario, señor Presidente, ellos se reafirman.

Por eso, en ocasión de plantearse estos temas -si bien es cierto que en primer término lo hizo el señor senador Batlle, también lo es que fueron aprobados por la bancada de legisladores del Partido Colorado- cuando se aprobó este criterio, yo no podía pensar de ninguna manera en que se violaban los términos del acuerdo. Si así hubiera sido, sigo poniendo, por encima de ellos, mi independencia de legislador, a la que no quiero renunciar. Pero, concretándome a la verdad objetiva, es cierto que mantuvimos una fidelidad rigurosa con lo acordado en la concertación. Si se establecía la venia para el poder mayor de la Enseñanza Primaria, Secundaria e Industrial, toda persona que integre ese Cuerpo -lógica y razonablemente desde el punto de vista jurídico, en la plenitud de la función que debe tener- también la necesitará. Creo, de esta manera, haber cumplido, inclusive -aunque no era mi mayor obligación- con la literalidad concreta de los artículos 8º y 9º del proyecto.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: voy a tratar de ser muy breve, porque pienso que ya ha sido dicho todo lo que hay que decir sobre el tema.

En primer término, deseo señalar que las dos objeciones que se han hecho a estas modificaciones, circulan alrededor de dos puntos: la afirmación primera de que se está violando la concertación y la afirmación segunda de que se está violando la autonomía.

La concertación, señor Presidente, es un hecho político, no es un texto; es un concepto, y tiene aplicación alrededor de objetivos políticos que se han discutido y concertado.

Para nosotros, si la concertación fuera un texto, tendríamos que admitir que en ella se ha resignado nuestra potestad como legisladores por un acuerdo político -que bien podíamos haberlo hecho- y, entonces, por una actitud excepcional de este Cuerpo, podríamos haber creado la figura nueva de legislar a través de nosotros por ese acto de la concertación política. Ello significaría venir acá y, a libro cerrado, votar el proyecto que se nos ha enviado.

En nuestro concepto, esa no es la esencia ni el objetivo de la concertación que suponía, supone y supondrá cada vez que volvamos a hacer, dentro de este recinto o fuera de él, a un nivel más alto, concertar a propósito de objetivos políticos que todos tenemos como el mejor camino para resolver los problemas básicos de la vida nacional.

Si en aplicación de la concertación tuviéramos que votar un texto expreso, nadie hubiera podido hacerlo en contra de ninguna de las disposiciones, adjetivas o no. Sin embargo, los que primero votaron en su contra fueron los señores senadores que hoy dicen que estamos violando la concertación. Ellos votaron en contra del artículo 37 para demostrar que no estaban de acuerdo con él. Por cierto que se vota en contra para fundar que se está en contra; pero si se cree que es violar el espíritu de la concertación no aprobar cualquiera de los texto de este proyecto, se debería haber votado a favor, dejando como fundamento de voto en la versión taquigráfica la afirmación de que se estaba en contra pero que se votaba a favor en el cumplimiento de la concertación.

Sin embargo, no fue así; no es así. ¿Por qué? Porque la concertación no es un texto; es un concepto.

Cuando nosotros modificamos el artículo 9º, no estamos modificando el espíritu de la concertación, no estamos violando su concepto ni su objetivo, como claramente lo establecieron en su momento los señores senadores Zumarán y Hierro Gambardella. Al contrario, la estamos robusteciendo porque hacemos que el poder político, que es el que dio lugar y fuerza a esta concertación, se comprometa nuevamente a través de su participación en el acto de designar a los suplentes para que accedan a cargos de titular, compromiso que comprende no sólo los soportes del órgano -es decir, aquellos que fueron designados por concertación, que en puridad son nombrados por la resolución que habilita a los miembros del CONAE a designar a los demás titulares de los institutos desconcentrados y que supone la participación de la voluntad política de esos ciudadanos- sino que también supone la participación expresa de la voluntad política de todas aquellas fuerzas que intervinieron en lo que se ha dado en llamar CONAPRO, a través del Mensaje del Poder Ejecutivo y de la expresa votación de la venia, que confirma y convalida esa concertación política.

Por tanto, si algo hace el artículo 9º es respetar el espíritu de la concertación, afirmarlo, convalidarlo, es decir, hacer que se comprometan en él no sólo aquellos que fueron designados por la concertación, más allá de la voluntad que tenían que expresar administrativamente los directores del CONAE. Esos directores no fueron a designar a quienes creyeran que en ese momento estaban en mejores condiciones o poseían mayor capacidad que los que fueron designados. Ellos fueron con los nombres establecidos, y esos nombres responden a ese objetivo y a ese espíritu político que nosotros ratificamos a través de la voluntad política expresada en la votación que la comisión mayoritariamente ha votado en este artículo 9º.

Además, señor Presidente, aquí tampoco se viola ni está en juego la autonomía. Aquí se respeta lo que establece la Constitución de la República en materia de designación de estos entes de enseñanza, cuando dice que se pueden nombrar a través de los mecanismos que la ley o la propia Constitución señalen.

La concertación eligió el camino de la venia para lo principal, no para lo adjetivo. Entonces, por la vía de designar el suplente, nosotros nos olvidamos de lo principal. De todas formas, reitero, aquí no está para nada en juego el concepto de la autonomía. En esta materia, señor Presidente, la autonomía no está en juego ni se viola porque aquí no hacemos otra cosa que seguir el camino marcado por los integrantes de la CONAPRO y avalado por este largo trabajo que han tenido quienes en estos 4 ó 5 meses discutieron estas, digamos, difíciles condiciones de acuerdo, no con el texto de los artículos, sino con relación al objetivo común.

En definitiva, señor Presidente, creo que ese objetivo se alcanza y se respeta con mucho más fuerza con el texto del artículo 9º que nos ha hecho llegar la Mesa, que ha sido propuesto por el Presidente de la Comisión y que nosotros vamos a votar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: a raíz de las intervenciones que diversos señores senadores hicieron con posterioridad a la nuestra, me veo obligado a hacer un par de aclaraciones. No las estimo necesarias para precisar el alcance de nuestra posición con respecto a la concertación, que me parece ha sido suficientemente clarificada.

Si quiero decir que desde nuestro punto de vista el centro del tema no está sólo radicado en la exigencia o no, según la interpretación constitucional que se adopte, de la venia para esta decisión, sino en el procedimiento que se elige, al menos según el texto del artículos sustitutivo que nos ha sido repartido. No se trata de que se propongan tres candidatos al Consejo Central, integrado por especialistas en el tema de la educación, para ser elevados al Poder Ejecutivo y para que éste, a su vez, los remita al Parlamento a los efectos de la obtención de la venia; se trata de que en el ámbito natural de la enseñanza se proceda a la elección de una terna dentro de la cual, en definitiva, será el Poder Ejecutivo el que formule la elección. Para nosotros, aquí radica un recorte sustancial de un concepto cuidadosamente examinado y acordado en el transcurso de la concertación. No se trata ya de que el Poder Ejecutivo sea la vía indispensable a los efectos del otorgamiento de la venia por el Parlamento; se trata de asignar al Poder Ejecutivo una capacidad de elección que en el texto inicial no estaba contemplada. Este también es un factor a tener en cuenta y no solamente en la interpretación constitucional a que se ha hecho referencia cuando se reclama la venia ni el alcance que se le da a lo concertado, con respecto a lo cual, reitero, creo que hemos sido suficientemente amplios.

SEÑOR AGUIRRE. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: no pensaba intervenir en el debate ocasionado por la consideración del artículo 9º, que ha resultado exhaustivo ya en la sesión anterior y también hoy en el ámbito de la Comisión. Con motivo del mismo, se han ido haciendo afirmaciones de carácter general y se han manejado conceptos que hacen a la esencia del proyecto y de los problemas políticos que están imbricados con su tramitación, lo que me obliga a hacer algunas precisiones.

Como bien acaba de señalar el señor senador Batlle se ha objetado, con dos tipos de argumentos, la transformación o modificación que se pretende introducir desconoce lo acordado en el ámbito de la CONAPRO y, el segundo, es que ella, en alguna medida, supone una transgresión o menoscabo del concepto de autonomía.

No voy a referirme al problema de cumplimiento o no de lo acordado en el ámbito de la CONAPRO, porque ya lo han hecho con brillantez varios señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Me basta señalar que, al igual que ellos, rechazo terminantemente cualquier posibilidad de interpretación que conduzca a sostener que el hecho de que el tema haya sido tratado y acordado en la CONAPRO limita las potestades que, constitucionalmente, nos corresponden a todos los legisladores. Personalmente, me siento totalmente investido de mis poderes como legislador y, cada vez que discrepe con lo que se acordó en la CONAPRO, votaré de acuerdo con mi conciencia. Pienso que no es necesario que añada más sobre el punto.

En el curso de este debate también se ha señalado que no debemos modificar el procedimiento que suponía una suerte de cooptación, o de funcionamiento interno del órgano -para no emplear este término tan desprestigiado por haber sido utilizado a fin de elegir a los Oficiales Generales en el curso de los diez negros años de dictadura- ya que dicho procedimiento, encerrado o restringido al ámbito interno del propio ente, es el que mejor refleja la concepción que debe tenerse en materia de autonomía. De ello resultaría que el otro procedimiento más o menos conveniente -esto es un problema de convicción personal de cada legislador- no refleja la concepción que debe tenerse en materia de autonomía de la enseñanza. Es decir que habría una relación entre ambos conceptos: según cual fuere el procedimiento de designación por el cual se actuare, se estaría respetando o violando la autonomía de la enseñanza. Sobre este aspecto quiero ser muy claro y creo que el que mejor ha enfocado el tema ha sido el señor senador Hierro Gambardella. Creo que hay que terminar con algo que se sostuvo antes de 1973 y que constituía un error evidente desde el punto de vista técnico-jurídico. Me refiero a la opinión de que la autonomía de la enseñanza estaba vinculada con la forma de designación de sus autoridades. Hay procedimientos mejores o peores a fin de hacer más vital y sincero el autogobierno, pero esto no tiene nada que ver con lo que es la autonomía, no de la enseñanza sino como concepto técnico-jurídico.

Sobre esta materia no improvisamos opinión, porque ya la tenemos publicada bajo nuestra firma en obras jurídicas que han sido editadas en el país hace ya varios años. Por consiguiente, digo que desde el punto de vista técnico-jurídico, la autonomía supone un traspaso de determinados poderes jurídicos, de administración y de legislación de una persona jurídica -el Estado central- a otra que se crea por acto constitucional o legislativo, que es el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado. Esos poderes jurídicos los tendrá en la materia propia de su especialidad orgánica bajo un control variable -que nunca será más amplio que el autorizado por las disposiciones constitucionales pertinentes- que ejercerá el Poder Ejecutivo con la venia del Senado en determinadas ocasiones.

Lo expuesto y nada más que eso es la autonomía, y no tiene nada que ver con ella el hecho de que a un consejero de un ente de enseñanza lo designen los interesados en el servicio, los docentes en forma directa o el poder político siguiendo el mismo procedimiento que en los demás Entes Autónomos. Esto no quiere decir que yo sea partidario de este tipo de designación; tanto para mí como para el señor senador Pereyra es mejor el procedimiento que le da intervención al poder político. Pero reitero que esa es una opción política que nada tiene que ver con la autonomía, porque los poderes jurídicos que tiene el Ente no se menoscaban ni existe injerencia alguna del Parlamento o del Poder Ejecutivo por el hecho de que las autoridades del mismo sean designadas por el Poder Ejecutivo contando con la venia del Senado de la República. Tanto es así que a nadie se le ha ocurrido pensar que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) no sea autónoma porque su directorio se elija, de acuerdo al artículo 187 de la Constitución de la República, por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, de la misma forma que se designan los directores de los demás Entes Autónomos del país.

En el correr de esta semana o de la próxima elegiremos a los directorios de todos los Entes Autónomos del país, de acuerdo a la propuesta que envíe el Poder Ejecutivo. Y ¿alguien dirá que esos Entes no son autónomos o que ese tipo de elección no refleja el concepto de la autonomía? Creo que debemos tener coherencia, porque si eso no menoscaba la autonomía de los demás entes, tampoco lo hace con los entes docentes. Se me puede decir que este procedimiento es menos indicado; los acepto porque el artículo 202 de la Constitución de la República permite optar en materia de entes docentes. Como permite hacerlo, en el pasado se designaba el Consejo de Enseñanza Secundaria prácticamente sin intervención política y la del Consejo de Enseñanza Primaria con su intervención. Sin embargo, este último era tan autónomo como el de Secundaria.

En la reforma del año 1952 se optó porque en la designación del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el poder político no tuviera ninguna intervención; y, además, de acuerdo a una disposición constitucional, que sus miembros fueran designados preceptivamente por sus tres órdenes. Eso me parece muy bien, pero no quiere decir que si se hubiera optado por otro procedimiento de designación la Universidad dejaba de ser autónoma.

Reitero que considero que debemos ser coherentes, porque cuando se trata de un problema tras el cual existe una posición política, se dice que esto lesiona la autonomía de la enseñanza, pero dentro de un rato, si se insiste con determinada posición veremos que se quería defender una redacción del artículo 45 que era totalmente lesiva de la autonomía del Ente, ya que pretendía que el Parlamento ejerciera competencias administrativas, lo que significaba una grosera violación de la autonomía del Ente. Hemos tenido que discutir durante 72 horas marcando que eso es una violación de la Constitución. Afortunadamente no se hará, porque el jerarca del Ente, que es quien tiene los poderes de administración, se adelantó y ejerció la competencia que tiene en virtud de su autonomía.

Considero que es necesario poner las cosas en su lugar. Acepto que nos podemos equivocar tremendamente al modificar este artículo porque, tal como decía el señor senador Pereyra, en la teoría es indiscutible -por lo menos desde mi punto de vista- que el mejor procedimiento es el que no da intervención al poder político. Pero reitero que esto no tiene nada que ver con la autonomía. Si a la persona que sea llamada a integrar el Consejo Directivo Central cuando se produzca una vacante, se le designa en una reunión conjunta de los Consejos desconcentrados y del Consejo Directivo Central o proponiendo una terna al Poder Ejecutivo y éste cursa una solicitud de venia al Senado, eso no alterará los poderes jurídicos del órgano. Este seguirá siendo el mismo y seguirá teniendo la misma autonomía que le consagra la ley y disposiciones constitucionales. Eso debe quedar bien claro.

La autonomía no es un concepto político sino jurídico; como tal tiene fundamentos políticos. Pero no debemos mezclar la posición política con la concepción jurídica. El ente es autónomo, se designen como se designen sus autoridades.

Cada senador tiene derecho a optar por el otro procedimiento si es que lo considera mejor; eso lo acepto y lo comprendo, pero no puede decirse que una concepción refleja la autonomía y la otra no, porque todos somos respetuosos de ella. De acuerdo a nuestra conciencia, votaremos uno u otro concepto, porque ambos son constitucionales y eso es lo que importa.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: con mayor lentitud y sin tanto apasionamiento, trataré de defender la redacción propuesta por la Comisión para este artículo, oponiéndome a la fórmula sustitutiva.

Empezaré por lo que se ha dicho en último término en Sala.

Pienso que la autonomía de los Entes de Enseñanza, no se califica en la Constitución en la misma forma que la autonomía de otros Entes Autónomos.

Aunque no soy muy versado en materia jurídica -ya que hice un breve tránsito por la Facultad de Derecho, pero he estado bastante tiempo con los expedientes- me parece que es completamente distinta la calidad de la gobernabilidad de los Entes de la enseñanza de la de un Ente Autónomo industrial o comercial y por eso la Constitución habilita la posibilidad de que exista autonomía para la designación de quienes gobiernen la enseñanza.

Es un largo debate que hay en el país; la Constitución lo refleja. Y es esta calidad especial de ente de la enseñanza la que ha creado esta figura de la autonomía, inclusive para la designación de quienes gobiernen esos entes de la enseñanza.

Me parece que esto es tremendamente claro, más allá de las formas jurídicas que se han expuesto en Sala en cuanto a quien otorga la autonomía y más allá de la brillantez jurídica que, para el caso, no tiene nada que ver.

Nosotros somos partidarios -y aquí coincidimos con el señor senador Pereyra- de defender esta fórmula porque se aproxima mucho más -aunque no totalmente ya que esto ha sido fruto de la concertación- a lo que puede ser el mecanismo que habilite el autogobierno de estos entes de la enseñanza media. Es en ese entendido que la vamos a apoyar y es en ese sentido que se llegó a un acuerdo en la Concertación Nacional Programática. Por eso la defendemos. Creemos que cuando el Poder Ejecutivo elige a una persona de una terna, ello está implicando una intervención, a nuestro juicio, del poder político en la designación, y queremos que no sea así.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pese a ser muy lenta y desapasionada la explicación que brinda el señor senador Gargano, debo expresar que ella me confunde un poco.

No entiendo cómo si este artículo 8º -en el que se determina que los miembros del Consejo Directivo Central serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y previa venia de la Cámara de Senadores- ha sido votado afirmativamente por la bancada del Frente Amplio, seguramente en el entendido de que la participación del Poder Ejecutivo y la venia del Senado -en la que se descuenta nuestra intervención- no vulnera la autonomía, a la hora de votar el modo de elección de un suplente se entiende que la venia sí vulnera la autonomía. Debo decir que como defensa del principio de autonomía de la Universidad me parece que es un argumento débil, porque abarcaría nada más que los aspectos relativos a la suplencia, una suerte de autonomía por suplencia que no alcanzo a comprender.

Entiendo que no podemos defender un criterio en el artículo 8º y otro diferente en el 9º.

SEÑOR GARGANO. - Tal vez por no haber intervenido constantemente en el debate que se realizó previamente en la Concertación y luego en la Comisión, el señor senador no haya advertido, por ejemplo, que ya en las primeras ocho palabras del artículo 9º, refiriéndose al anterior, se dice: "Este procedimiento de designación regirá en esta oportunidad", adjudicando a una ley posterior el cambio de mecanismo establecido por ese artículo 8º. Creo que esto destruye la parte sustantiva de su argumentación.

Además, también se establece otro mecanismo para los suplentes, porque ha sido concertado que en ese sentido se posibilite que autónomamente se puedan ir cubriendo las vacantes que se generen. Es en este aspecto que nosotros hacemos la interpretación y no violando ningún discurso sobre la autonomía.

Por otro lado, lo que se ha hecho también en el caso del artículo 8º es concertar, inclusive a nivel de los nombres propuestos a través de solicitudes de venia presentada al Senado, uno por uno, cuidadosamente; lo mismo en el caso de los Consejos desconcentrados y de los suplentes; en una palabra: todos. Y el Poder Ejecutivo, esto es, el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, ha cumplimentado lo que fue un acuerdo político que se suscribió con las fuerzas sociales. Hay que congratularse de ello; de lo que no hay que congratularse es de que después aquí, en Sala se establezca -si no he escuchado mal- que no cumplimentar en lo concertado es coartar o restringir la libertad de los parlamentarios o hacer de la concertación una mitología. He escuchado algunas palabras en el sentido de que es una práctica muy peligrosa. Y escuché más: que la Concertación es un hecho político y no un texto. Yo pregunto si los hechos o acuerdos políticos, cuando se materializan se escriben en el agua o en un texto. En el caso de la Concertación Nacional Programática se escribieron en un texto y tomaron forma de un compromiso político entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales. Por supuesto que los hechos políticos se materializan en textos y no quedan librados al arbitrio de cada uno de nosotros, legisladores, que representamos a organizaciones políticas y que nos debemos a un mínimo de coherencia y disciplina entre lo que acordamos fuera de Sala y lo que venimos a defender aquí, o lo que defendemos en el planteo nacional de nuestra política, lo que concertamos con nuestro grupo político y lo que sostenemos acá en el Senado. Por supuesto que defiendo la libertad de opinar de los legisladores en la forma que quieran sobre el tema, pero creo que los pactos deben cumplirse. El señor Presidente, que es un jurista de nota, seguramente conoce el latinazgo que dice "pacta sum servanda"; de allí se desprende que los pactos hay que cumplirlos. En ese sentido, somos partidarios de cumplir los pactos sustantivamente, porque aquí se ha hecho la observación de que no los cumplimos porque no votamos el monto de la multa que se le imputaría a aquel que no votara en la Universidad. Vamos a entendernos; eso es adjetivo. No se viola un acuerdo cuando se vota en contra de que se obligue a pagar una cantidad de N$ 5.000, por ejemplo, o se elimine del registro de estudiante a quien no pueda votar. Entiendo que sí se viola cuando en una parte sustantiva del acuerdo, éste no se cumple.

Quisiera hacer ahora una breve reflexión sobre el tema de la Concertación.

¿Por qué hay Concertación en el país? ¿Por qué hemos llegado a acordar y a trabajar en el plano de la Concertación? Aquí se ha dicho, y con razón, que el país vive una situación grave, dura, en los planos económicos, social y político y hay por allí un enemigo principal al cual hemos derrotado políticamente: la dictadura militar y los partidarios de la doctrina de la seguridad nacional, que no han desaparecido del país. Al respecto, hemos acordado concertar para que, con la fortaleza de grandes mayorías, podamos llevar a cabo una transición democrática que asegure sin tensiones sociales la gobernabilidad del país y permita que la democracia se consolide. Respetar estos acuerdos ni discrepancias sustantivas sobre ese proceso de la transición democrática.

SEÑOR TRAVERSONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR TRAVERSONI. - Me parece que tenemos que hacer algunas precisiones en cuanto a lo manifestado sobre el incumplimiento del pacto, porque como partícipes, creemos no haber incumplido las resoluciones que surgieron en las deliberaciones de la Concertación.

Justamente, una de las delegaciones participantes en las deliberaciones de la CONAPRO había presentado una propuesta que establecía que el texto a acordar en el Parlamento debía tener una idéntica correspondencia con el articulado acordado en la Concertación; y esa fórmula no obtuvo consenso. De manera que nosotros, participantes en la Concertación y al mismo tiempo de lo pocos legisladores que intervinimos en ella, no sentimos libres para hacer las modificaciones que nos resulten sustanciales para las bases acordadas. Insisto en que esta modificación no constituye un vuelco sustancial con el pacto convenido.

SEÑOR GARGANO. - Evidentemente, es materia opinable el decir qué es lo sustancial y qué lo adjetivo.

Nosotros creemos que este artículo 9º atañe a lo sustantivo, aunque algún señor senador pueda opinar que es adjetivo.

Como reflexión final debo decir que la práctica de la concertación es muy buena que le ha dado al país garantías de que la transición democrática vaya por buen camino y hay que insistir en ello. Esto no tiene nada que ver con la libertad del legislador de que aquí se ha hablado, ni con su autonomía para presentar proyectos sobre todos los temas que se desee, o para opinar libremente sobre éstos. Lo que si es esencial es que lo concertado, lo acordado por las fuerzas políticas, y en el caso con las fuerzas sociales, sea respetado, porque ello da credibilidad al proceso de concertación.

Un senador que creo no está ahora en Sala -advierto, señor Presidente, que en este momento acaba de ingresar- el señor senador Ferreira, al cual aludo directamente, dijo que él creía que sobre el tema de la concertación no iban a venir más proyectos de ley, casi pensando que afortunadamente no vengan...

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Sí, señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Lo que el señor senador ha dicho no es cierto. Dije que de la CONAPRO, como instrumento concreto de la concertación, no estaba pendiente ningún proyecto de ley articulado, que no es lo mismo que decir que no vamos a discutir ningún tema concertado. Son dos categorías distintas.

SEÑOR GARGANO. - Perfectamente. Pero ojalá pudieran venir proyectos concertados, lo que permitiría aprobarlos rápidamente, ahorrándonos un largo trabajo. Vendrán, eso sí, líneas generales, por ejemplo, de los acuerdos que se han logrado en materia económica. Pienso que eso le parecerá bien al señor senador Ferreira porque asegurará que lo que se ha acordado al máximo nivel político con el asesoramiento de economistas de los cuatro grandes agrupamientos es beneficioso para el país. Lo es porque asegurará que podamos cumplir con lo acordado.

De modo que la concertación es beneficiosa; hay que caminar sobre ella y tratar de respetar sus términos sustantivos, aunque se puedan cambiar comas o votar en forma diferente acerca de una multa establecida para quienes no voten en la Universidad. Pero en lo sustantivo hay que atenerse a ella porque le hace bien al país y aísla al enemigo principal, que no quiere que la transición democrática se haga en forma concertada, que el país se gobierne ni que se le dé estabilidad.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Sí, señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - No puedo seguir permitiendo que se diga impunemente que porque nosotros modificamos la redacción de un artículo estamos poco menos que propiciando el advenimiento de la dictadura. Creo que se han extralimitado absolutamente los términos de este asunto.

Aquí hay una cuestión concertada, como lo son los nombres de los cinco Consejeros del Consejo Directivo Central, lo que se ha cumplido estrictamente. En segundo lugar, se concertó sobre los nombres de los nueve Consejeros desconcentrados, que están investidos en sus cargos, con lo que se ha cumplido con absoluta estrictez lo acordado. En tercer término, se ha concertado sobre la lista de suplentes, lo que se va a cumplir y, en caso de vacancia, es menester continuar con el equilibrio que se logró.

El ideal -si hubiera estado en la Constitución de la República- hubiera sido que se volviera a reunir el mismo grupo de trabajo y dijera quién es la persona que entra por el cargo que está vacante, pero no vamos a incorporar semejante cosa en el texto legal. Entonces, estamos buscando el mecanismo que garantice que lo concertado se cumpla. Existen dos posiciones acerca de cuál es la mejor manera de garantizar eso. Una, es el mecanismo que requería la unanimidad del Consejo Directivo Central, de modo que bastaba que uno de los cuatro Consejeros se opusiera para que no hubiera resolución. Es decir que uno de los cuatro miembros podía vetar. Si eso ocurría, se requería la reunión conjunta del órgano Consejo Directivo Central con los Consejos desconcentrados, que iban a resolver por mayoría. Quiero preguntar si eso es una garantía absoluta de que, por ejemplo, siete miembros vayan a designar a la persona que mejor restablezca el equilibrio. Ese es un mecanismo complejo, sui generis, respecto del cual no se discutió largamente en la Concertación -fue un elemento fundamental como para incluir- mediante una segunda redacción y por intervención del señor senador Batlle, en representación de la bancada del Partido Colorado, se advirtió que siendo los miembros titulares designados por venia del Senado -en lo que convinimos todos, por qué el que iba a entrar como suplente ante una vacancia no iba a tener la venia del Senado- buscamos este procedimiento destinado a garantizar que se cumpliera lo que se había concertado.

Quien oye al señor senador Gargano puede creer que no sólo se está violando un compromiso de la Concertación, sino que además se desea que ésta no hubiera existido, y que todavía se está proclamando el advenimiento de la dictadura tan solo porque cambiamos una parte de la redacción del artículo 9º. Las expresiones del señor senador no tienen ninguna relación con lo que se ha hecho en la tarde ayer y en el día de hoy, con la mejor buena voluntad de cumplir con lo concertado por parte de todos.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. - El señor senador Zumarán exagera la nota. No he dicho lo que él afirma, sino que me he referido a la opinión que sobre la Concertación han vertido algunos señores senadores, no a la actitud derivada -a mi juicio- sobre lo que es el no cumplimiento de lo no concertado en torno al artículo 9º. No estoy vaticinando -como el señor senador Zumarán afirma- que este incumplimiento lleve al advenimiento de la dictadura. Hice un juicio de valor sobre la Concertación en general y dije que todo lo que la ayuda aísla a ese enemigo que no está eliminado totalmente del país. Nada más que eso.

Deseo terminar señalando que nuestro sector defiende esto porque cree que cumple adecuadamente los términos de la Concertación y no viola la independencia de cada senador, sino que como sector político que se comprometió con una situación la cumple, subrayando que el mecanismo o la disposición sustitutiva no es exactamente lo mismo que la otra, la concertada, y que en este sentido los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado que voten por la otra alternativa no cumplimentan lo acordado y lo trasmitido -inclusive textualmente- por el Poder Ejecutivo en su proyecto de ley.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Señor Presidente: no solamente he sido aludido, sino que quizás pensando que estaba distraído el señor senador Gargano señaló que me aludía dándole un alcance a mis palabras que confieso me deja perplejo. De no conocer de hace tantos años al señor senador, hubiera llegado a pensar que había una intención oculta tras distorsionar deliberadamente lo que dije.

No hace tantos minutos que hice uso de la palabra como para que ellas se puedan prestar a confusión. Todos los señores senadores en Sala han sido testigos de mis palabras. Deduce de ellas el señor senador Gargano un ataque a la Concertación como categoría y a la CONAPRO como instrumento. Es una distorsión inadmisible, cuyo propósito no me atrevo a calificar. Lo único que señalé, reflexionando sobre una intervención -que comparto- del señor senador Pereyra, es que debemos tener cuidado de no asumir como práctica parlamentaria que cuando no estamos de acuerdo con un artículo determinado de un proyecto de ley pasemos a un intermedio para que un delegado por partido acuerde una solución que después votaremos todos. Nosotros creemos, en la democracia representativa y aquí venimos en representación de un electorado al cual queremos responder de cara en la próxima elección y decirle que en Sala, ante la prensa y en sesión pública asumimos nuestra posición. No nos parecía la vía más adecuada -y creíamos peligrosamente se estaba transitando ese camino- legislar a puertas cerradas, lejos de este recinto, en un régimen de cuarto intermedio permanente. Deducir de eso que nosotros estamos por la inestabilidad institucional, por el desacuerdo de los sectores sociales, que no queremos respetar los acuerdos políticos que se han logrado, que estamos en contra de la CONAPRO a la cual me referí -pues comencé mis palabras señalando el aporte que había hecho para que empezara nuestro tránsito por la vida democrática sobre la base de un consenso social y político en temas de trascendencia, sobre los cuales tenía que legislar de emergencia este Cuerpo para no dejar al país en medio de una situación de vacío legislativo total- me parece una imprudencia por parte del señor senador Gargano.

Me parece que constituye una irresponsabilidad del señor senador Gargano darle a mis palabras un alcance que todos los señores senadores saben que no tuvieron.

Dejo constancia que en varias oportunidades, en uso de una vieja práctica parlamentaria a la que no está acostumbrado porque desconoce el señor senador Gargano, le solicité una interrupción para contestar una alusión que él mismo había señalado que estaba realizando al comenzar su intervención.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Voy a ser breve para no enlentecer el trabajo del Senado.

Me parece que el señor senador Ferreira exagera el grado de los calificativos y deploro que en este momento no esté en Sala para que pueda escuchar mi intervención. Pienso que las manifestaciones del señor senador Ferreira revelan que no prestó atención a lo que yo expresé. Saqué como conclusión lógica de su discurso y de su intervención que cuando concertábamos -porque negociar fuera de aquí, en la Comisión, para tratar que lo que viniera de la Concertación se tradujera de la mejor forma posible en el texto definitivo- estábamos legislando de espaldas a la opinión pública. Nosotros hemos venido aquí a expresar todos los puntos de vista que teníamos sobre cada uno de los temas. Afirmar y señalar que esta es una práctica peligrosa y que vulnera los fueros de los legisladores o su capacidad de independencia, me parece que es una exageración y una imprudencia. Entendía que con ello se minusvaloraba el trabajo político de la Concertación. Manifesté eso y no otra cosa. A mí no me asustan los calificativos y, por lo tanto, creo que el término "imprudencia" y otros utilizados para calificar mi intervención son, por lo menos, exagerados y productos de la pasión. Veremos, en el curso futuro de los hechos, qué nos deparan las palabras y los calificativos gruesos. Yo no acostumbro a utilizarlos, ni tampoco a admitirlos contra mis intervenciones. Pero, serenamente, expreso que el señor senador Ferreira se ha equivocado.

SEÑOR SENATORE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra porque frente a algunas afirmaciones que se han hecho en Sala por los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, tengo necesidad de hacer algunas precisiones.

Se hizo referencia por parte de varios señores senadores -y supongo que los que no han hecho uso de la palabra están en la misma posición- a la responsabilidad y total libertad de los legisladores en su actuación parlamentaria. Yo también voy a afirmar que siento la enorme responsabilidad de ser legislador, altísima función que me confirió una importante parte de la ciudadanía que concurrió a las elecciones de noviembre de 1984. También proclamo, enfáticamente, que siento la total libertad como legislador para elaborar o apoyar toda solución que, a mi leal saber y entender, procure satisfacer de mejor modo o manera el interés de la Nación. No me siento atado en mi función por otra cosa que no sea el respeto a la Constitución y la ley, a las normas morales y a los principios que tengo y que a causa de tenerlos se me ha conferido el honor de sentarme aquí para defenderlos.

Ese sentido de libertad me ha acompañado siempre, aún en el lapso en que serví al Estado desde cargos jerarquizados que torna más difícil sostener ese perfil. Me considero un senador de la República, con todas las obligaciones, con todas las responsabilidades y con toda la libertad de opinar, tal como lo hago en esta Sala, señalando mi discrepancia o conformidad con alguna disposición, algún principio o alguna exposición.

No obstante ello, debo expresar que, a mi juicio, esa libertad del senador, representante del pueblo tiene una acotación particular. Debe cumplir con la obligación cívica y moral que contrae con la ciudadanía cuando difunde los principios, fines y procedimientos que guiarán su actuación y por lo cual es apoyado y, en definitiva, ubicado en esta Banca. De modo que la libertad está limitada, en mi sentir, por los principios, las ideas, las opiniones, las posiciones que se sostienen para influir en la decisión de los ciudadanos enfrentados a un acto electoral.

Terminando con este tema sintéticamente digo: que con esa libertad y con esa limitación encararé todos los problemas.

Otro punto que se ha debatido y que lo considero muy importante, aunque admito que para otros señores senadores no lo sea tanto, es el de la Concertación. Es indudable que estaba y está arraigado en la opinión mayoritaria del país el criterio que de esta situación de ruina en que ha quedado la nación a causa de la dictadura, sólo es posible salir apoyándonos, unos con otros, todos los uruguayos.

El propio señor Presidente de la República hace referencia a esa necesaria unidad y hace un llamado a concretarla, cuando pretende lograr un Gobierno de entonación nacional y se esfuerza por conseguirlo. De todo lo expresado concluyo que Concertación o CONAPRO no son malas palabras y me apresuro a aclarar, señor Presidente, que en esta Sala ningún señor senador ha dicho que lo sean. Se podrá creer más o menos en los resultados de la misma o en su futuro, pero no cabe la menor duda que nuestro país necesita de todos nosotros, del acuerdo solidario de todos, para poder superar este dramático desafío. Y al referirme a todos nosotros, estoy pensando en todos los partidos políticos, y en todas las organizaciones gremiales y sociales, sin exclusión.

SEÑOR SINGER. - Nadie puso en tela de juicio la Concertación.

SEÑOR SENATORE. - Señor Presidente, está muy claro que estoy desarrollando un tema y afirmando mis convicciones y no diciendo que se haya puesto en tela de juicio a la Concertación. Comencé mi disertación expresando que iba a examinar un tema y extraer mis propias conclusiones sin intención de rebatir o aludir a opiniones dadas en este recinto.

Al decir que siento la Concertación -en mayor medida que otros señores senadores- como un elemento importante no estoy afirmando que se ponga en tela de juicio la misma. Simplemente, expreso que para mí es un instrumento político tremendamente importante para hacer frente al gravísimo momento que vive nuestro país y del cual debemos sacarlo todos después de once desgraciados años de dictadura. ¿Qué es la Concertación sino el ir realizando acuerdos, en la medida de lo posible y sin que nadie pida a nadie que renuncie a los principios y sin que nadie pida a nadie que renuncie a los principios en que siempre creyó, ir limando las diferencias que no son de esencia para que vayan aflorando las concordancias sobre las grandes soluciones para el país?

También los partidos políticos tienen que ajustar las opiniones frecuentemente discrepantes de los hombres que los integran para traer a esta Sala la opinión e una Bancada. Cuando se reúnen las Bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional o del Partido Colorado, lo hacen para discutir entre los distintos legisladores un determinado tema y conformar, en definitiva, la posición u opinión del Partido.

Este procedimiento no tiene por objeto ocultar nada a la opinión pública, a las Barras, ni nada tiene que ver con acuerdos de trastienda. Se delibera previamente para fijar la posición de un partido y exponerla luego, con sus fundamentos, a la consideración y crítica de la opinión pública.

Cuando se sale del ámbito de un partido y a ese diálogo se incorporan otras fuerzas políticas y también organizaciones gremiales y sociales y en la mesa de discusión están los grandes problemas de un país destrozado, ha nacido la concertación y también la esperanza de haber hallado el instrumento apto para superar una dramática coyuntura.

De ahí que entiendo que la concertación es una creación política que seguramente coadyuva a la tarea en que estamos empeñados los legisladores, sin que ello signifique en lo más mínimo, una imitación a la libertad de éstos. Por otra parte cabe tener en cuenta que cada legislador es, también integrante de un partido político y por ende debe suponerse que tiene principios, concepciones y fines políticos similares a los de sus correligionarios. No creo sea aventurado afirmar que muchas veces, luego de un cuarto intermedio, un legislador habrá entrado a Sala convencido por un compañero de la procedencia de una solución que rechazaba o habiendo convencido a otros de la bondad de la suya. En el ejemplo y en infinidad de situaciones similares, no hay la menor lesión a la libertad de opinión. Simplemente, triunfo de la razón. También es un triunfo de la razón cuando se llega a un acuerdo en la mesa de la Concertación para apoyar una buena solución para el país.

Cuando se discutió en esta Sala el proyecto de ley de amnistía lo voté, aunque no consagraba la amnistía general e irrestricta que era la bandera levantada por el Frente Amplio, porque entendíamos y seguimos entendiendo que la amnistía general irrestricta es el mejor medio para pacificar el país y en algo reparar el inhumano y degradante tratamiento aplicado a los presos políticos. Es notorio, señor Presidente, que no se aprobó una amnistía general irrestricta sino una amnistía general y procesal, generosa en concepto de algunos y para nosotros extremadamente avara, injustificadamente avara. Pero en buena hora la solución se logró y ya no queda un solo preso político en las cárceles que abrió la dictadura y lo logramos con el apoyo de todos. ¿Qué fue lo que se dijo en esa ocasión? En esta Sala se expreso -me plegué a ese criterio- que era conveniente dar ese elemento fundamental para la pacificación del país la mayor base social y política que se pudiera obtener. Derrotada númericamente la amnistía general e irrestricta, levanté mi mano para apoyar esa solución que, en definitiva, logró sin dilaciones el objetivo fundamental, inclusive para aquellos que defendimos y seguimos defendiendo la amnistía general e irrestricta, que era el obtener la libertad inmediata de todos los presos políticos. Y este fue un logro de la concertación.

Por ello entiendo que en nuestro país y en este momento es una tarea patriótica hacer los mayores esfuerzos para dialogar, concertar, buscar puntos de acuerdo entre todos los partidos políticos y las organizaciones sociales y gremiales para elaborar las grandes soluciones necesarias para superar el desastre de una década medieval.

Cuando se analizan los temas concretos es obvio que cada legislador tiene la más absoluta libertad de opinión, y paralelamente su irrenunciable derecho y también obligación de fundar su discrepancia, ilustrada por las razones que lo llevan a rechazar total o parcialmente la solución alcanzada en la mesa de la Concertación. En cuanto a este punto es necesario meditar acerca de donde se encuentra el real y verdadero interés del país, si en el mantenimiento sostenido y sin desmayo del esfuerzo concertante que une a partidos políticos y a organizaciones gremiales y sociales en la búsqueda de las soluciones que reclama nuestro Uruguay o en comenzar a transitar el camino de introducir modificaciones a lo acordado sin que todas las parte que concurrieron a darle forma puedan expresarse y de tal modo ir, paulatinamente, quitándole contenido a la actitud dialogante.

Pasaré, ahora, a ocuparme del tema del artículo 9º.

No voy a votar el artículo 9º con la modificación propuesta, sino que votaré el texto que vino del Poder Ejecutivo, porque consagra un sistema de elección que considero apropiado en materia de enseñanza a cualquier nivel y además, porque fue adoptado en la Concertación celebrada entre todos los partidos políticos y las organizaciones gremiales y sociales.

Debo destacar que mi voto al artículo 9º no se contradice con que también haya dado mi voto afirmativo al artículo 8º, que dispone la designación de los integrantes del Consejo Directivo Central de la enseñanza, a través del mecanismo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República que requiere la venia del Senado, le quita el carácter de autónomo que le confiere el artículo 202 de la Constitución y además se ajusta a la solución que fue concertada, a efectos de nombrar, por primera vez a las autoridades del Consejo Directivo Central, tal como lo establece claramente el artículo 9º al comienzo. Por lo tanto, reitero que, a mi juicio la mejor forma para la elección de las autoridades de la enseñanza es la que establece el artículo 9º del proyecto del Poder Ejecutivo, es decir, que las propias autoridades sean las encargadas de la elección.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SENATORE. - Sí, con mucho gusto señor senador.

SEÑOR BATLLE. - He solicitado esta pequeña interrupción porque creo que coadyuvará a esclarecer el tema.

Creo que no se puede afirmar que la mejor manera de elegir a las autoridades de la enseñanza sea a través del sistema de la cooptación que se consagra por vía excepcional en el artículo 9º. Entiendo que se podría decir que se prefiere proceder a la elección de las autoridades a través del voto secreto y obligatorio, con el fin de que los docentes puedan designar a los representantes que serán titulares de los Consejos. Pero no admito que se sostenga que la fórmula fijada en el artículo 9º sea la mejor para elegir a los miembros de los Consejos desconcentrados, puesto que se trata de un sistema de cooptación por el cual se eligen entre los propios docentes a las autoridades y, después, se designan a los respectivos suplentes. Me parece que como fórmula es la peor. Admito que la hayamos elegido en forma excepcional y que pretendamos perfeccionarla con la participación de todas las fuerzas políticas que consagraron la concertación. Este hecho fue el que motivó la modificación que hemos propuesto.

Agradezco al señor senador Senatore que me haya concedido una interrupción.

SEÑOR SENATORE. - Las manifestaciones del señor senador Batlle, obviamente, expresan su opinión.

Me afilio a la solución establecida en el artículo 9º por las razones que expresé.

Por otra parte, no acepto la modificación que se introduce en este artículo 9º que estamos considerando, puesto que introduce una variante en un punto concertado e importante que podría señalar un índice de referencia cuando el Senado se aboque al estudio de la ley definitiva que anuncia la disposición en examen. En esta materia tan especial que es la enseñanza pública, me afilio a la tesis del artículo 9º original. Defenderé oportunamente esta tesis a efecto de lograr que en la elección de las autoridades de la enseñanza pública participen sólo quienes estén vinculados a ella. La discusión no es para este momento y viene desde lejos como lo reconoce la Constitución al dejar librada a la ley la forma de designación o elección de los llamados a dirigir la Enseñanza Pública.

Señalo, para terminar, que más allá de la controversia y votaciones afirmativas o negativas, la aprobación de este proyecto con normas de real trascendencia y significación es, a mi juicio, un nuevo éxito de la Concertación.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: no pensaba distraer la atención del Senado después de tantas horas de discusión sobre estos problemas que ya vienen de la sesión anterior. Pero algunos conceptos muy remarcados por algunos señores senadores, así como la modificación del artículo 9º propuesta por el Partido Colorado me obligan a establecer cual es mi pensamiento, puesto que no creo que como docente ni como legislador -frente a un proyecto tan importante para la cultura del país- pueda votar en silencio.

Estoy totalmente de acuerdo con los conceptos vertidos por mi distinguido amigo el señor senador Hierro Gambardella, así como con lo manifestado por el señor senador Aguirre. Pero hay algunas cosas, señor Presidente, que me rechinan. No me refiero a esos conceptos con los que estoy totalmente de acuerdo -porque de lo contrario sería innecesaria mi intervención en este momento- sino que me quiero referir al énfasis que algunos señores senadores, creo que equivocadamente, le han dispensado al fenómeno de la Concertación Programática. Pienso que este es un fenómeno político y social que le ha hecho muy bien al país en un momento desdichado, aunque podríamos decir que feliz porque se advenía al tiempo de la democracia. Pero derivar de eso, señor Presidente, que todos los partidos que intervenimos con nuestros representantes en la CONAPRO estamos obligados imperativamente a ajustas nuestro pensamiento y nuestra acción legislativa a lo que allí se aprobó aclaro que lo rechazo. Y lo rechazo por mi independencia de legislador y por las potestades de este Cuerpo desde que se instaló el Parlamento libre y soberano la concertación debe ser realizada aquí, en la discusión plena y libre de los distintos partidos, buscando las mejores soluciones. La CONAPRO cumplió su cometido de aproximar a los partidos y a las fuerzas sociales y nos permitió dialogar sobre los grandes problemas del país. Ella nos ha dado pautas, pero no son imperativas. No reniego de ninguna de mis potestades de legislador cuando analizo un proyecto, venga del Poder Ejecutivo, de un partido o de un correligionario mío. A mi nadie me impone ningún proyecto porque tengo absoluta libertad de conciencia, intelectual y de ser pensante, como para votar algo, si estos de acuerdo u oponerme y buscar las mejores soluciones para servir al país, como hoy, que estamos tratando de servir a nuestra cultura tan desquiciada por la dictadura infame que asoló la República y destruyó las bases esenciales de la escuela de Varela y del laicismo educacional en el Uruguay.

Quiere decir, entonces, que le resto importancia -con el respeto debido a cada uno de los señores senadores que han puesto tanto énfasis en el argumento de sus posiciones- al fenómeno, en este instante, de la Concertación Programática. Creo además que cometieron un grave error los miembros de la Concertación Programática en resolver los problemas mediante el consenso y la unanimidad, porque esta no cabe en la democracia. La unanimidad, existe en las tiranías, señor Presidente, pero no en las democracias. En estas, las cosas se resuelven por mayoría, y cuanto más grandes y más plenas, mejor; pero en libertad. Quiere decir que se partió de un concepto que considero erróneo. El viejo imperio alemán que mantenía la autonomía de los distintos Estados, en la Dieta, por unanimidad, concertaba su política exterior y sin embargo siempre estaba en guerra, porque no le servía para nada la concertación de unanimidades. Los que conocemos la historia y la hemos enseñado sabemos todo esto. Repito que eso es cosa de alemanes antiguos, pero no de este momento en que está viva la democracia en un Parlamento libre y soberano. Y digo con absoluta libertad de conciencia que voy a votar el artículo 9º con las modificaciones introducidas por el Partido Colorado, pero lo hago sabiendo que con esto no vulnero la autonomía de la enseñanza de mi país, de la cual siempre fui defensor como educador y como republicano.

He terminado, señor Presidente.

(¡Muy bien!)

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Señor Presidente: voy a hacer unas breves precisiones que son necesarias a esta altura del debate. Creo que todos tenemos la obligación de ser extremadamente cuidadosos al juzgar las actitudes y las conductas de los demás integrantes del Cuerpo y de las distintas bancadas. No se puede sostener que cuando uno adopta una actitud, la está tomando sobre disposiciones adjetivas de menor importancia, y cuando los otros toman otra actitud lo están haciendo sobre disposiciones sustanciales.

Además se ha traído a colación el tema de la Concertación y se ha pretendido que aquellos que estamos propiciando una modificación al texto del artículo 9º tal como vino proyectado por el Poder Ejecutivo, estamos violando la concertación.

Nuestro Partido Colorado durante el año 1983, cuando aún estaba muy lejana la elección en la elaboración de su programa de Gobierno y de sus bases de principios, estableció, precisamente, como una de las pautas fundamentales la concertación y seguimos afiliados a esa misma tesitura y continuaremos trabajando con los mismos propósitos y criterios. No se puede venir a sostener aquí en Sala que se está perjudicando, que se está violando o que de alguna manera se pretende disminuir la importancia de la Concertación, cuando después de haber recibido el proyecto del Poder Ejecutivo, una Comisión integrada por todos los sectores presentó otro con disposiciones sustancialmente distintas. Y no fue una modificación, sino varias, al punto de que la Comisión se vio en la necesidad de repartir un texto, donde los artículos están comparados. Eran tantas las modificaciones que la Comisión del Senado -integrada con todos los sectores de este Cuerpo- introdujo al proyecto del Poder Ejecutivo, que hubo necesidad -para facilitar el trabajo de este Cuerpo- de realizar un repartido comparativo. Y después de establecer este comparativo de disposiciones que entiende más saludable, más conveniente y más procedente para el funcionamiento del órgano de administración de la enseñanza, se viene a afirmar -con una ligereza totalmente inaceptable- que nosotros estamos aquí pretendiendo violar la Concertación y haciendo caso omiso de lo acordado en su seno entre las fuerzas políticas y gremiales.

Esto, señor Presidente, hay que rechazarlo y decir que aquí en el Senado -repito lo que dije inicialmente- tenemos que ser extremadamente cuidadosos al juzgar la conducta de los demás componentes de este Cuerpo y de los demás Partidos.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase nuevamente el artículo 9º.

(Se lee)

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - ¿No correspondería votar en primer lugar el proyecto de la Comisión?

SEÑOR PRESIDENTE. - La Comisión hace suya esta modificación.

(Se vota:)

- 22 en 29. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero dejar constancia de que nuestro voto negativo ha estado inspirado en los fundamentos a que he hecho mención en la discusión del artículo pero, además, en un hecho que queremos subrayar de modo muy especial, en atención al carácter que ha tenido el debate: nos importa extraordinariamente la Constitución y su plena vigencia, pero no es ella lo único que nos importa. Existen otros valores fundamentales en la vida de la Nación y de su pueblo que también nos importan en grado sumo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el numeral 7º del artículo 13.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Este numeral -que en la sesión anterior pasó nuevamente a estudio de la Comisión- se refiere a la designación de los cargos de Secretario General y de Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de confianza. El proyecto propuesto por la Comisión en la sesión anterior del Cuerpo agregaba la expresión: "los que serán provistos con funcionarios del Ente", es decir que se limitaba al Consejo Directivo Central en la facultad de designar cargos de confianza, pues debía hacerlo sólo entre los funcionarios del Ente.

Luego del análisis llevado a cabo por la Comisión en el día de hoy, se resolvió excluir esta limitación y agregar el término "particular". Por lo tanto, el inciso quedaría redactado de la siguiente forma: "Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de particular confianza". Ahí concluiría el inciso.

El fundamento de esta modificación es que, dada la natural jerarquía y el consentimiento unánime del Cuerpo en la designación de estas autoridades, se entendió que no correspondía limitar en ninguna forma el ejercicio de esta atribución. A ello se agregaron otros argumentos de parte de algunos miembros de la Comisión, en el sentido de que estos funcionarios cesarían junto con las autoridades que los nombraran y, en consecuencia, en caso de ya pertenecer al Ente, su situación al cesar no era suficientemente clara y conveniente a los efectos de continuar una carrera, que pasaba por este paréntesis de ejercer un cargo de particular confianza.

Eso es lo que quería aclarar en cuanto a la modificación propuesta por la Comisión.

En lo que respecta a la inclusión de esta disposición, que es extraña a lo que tradicionalmente se ha considerado en la enseñanza en el sentido de que no son de recibo los cargos de particular confianza, debo decir que, en general, si bien todos los miembros de la Comisión coincidimos en que, naturalmente, no éramos partidarios de la creación de cargos de particular confianza -ni en la Administración en general, ni, mucho menos, en el ámbito de la educación- debíamos atender las excepcionales condiciones en que hoy las nuevas autoridades se hacen cargo del Ente, luego de doce años de dictadura. Ellas las colocan en una situación muy difícil, y si no les diéramos esta atribución por la dictadura y que, en consecuencia, no ofrecen ninguna garantía a los efectos de llevar a cabo los profundos cambios que haya que hacer en este servicio y que surgen, inclusive, de la redacción de la ley que será sancionada.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Voy a solicitar dos aclaraciones al señor miembro informante, pues no capté suficientemente algunos conceptos.

En primer lugar, en lo que tiene relación con el posible perjuicio que esta designación representaría para algún funcionario actual, ¿debe entenderse que ella según el texto primitivo, obligaba a ese funcionario? ¿O el funcionario puede renunciar a esa designación, no aceptándola, si así lo desea? Entiendo que de ser esta última hipótesis la correcta, el argumento dado, visiblemente, no es de recibo.

En segundo término, pregunto: ¿la totalidad de los funcionarios actuales del organismo han sido designados por la dictadura? Si no es así, tampoco este argumento tiene validez alguna.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - No entiendo la segunda pregunta formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

En lo que respecta a la primera interrogante planteada, debo responder que, desde luego la aceptación de la designación no es obligatoria, pero si dicha designación está limitada a los funcionarios del Ente, quienquiera sea que ocupe alguno de esos cargos verá por lo menos alterada -si no perjudicada- su carrera funcional por la circunstancia de pasar un período ocupando un cargo de particular confianza al que deberá renunciar una vez que cesen los miembros que lo eligieron.

En cuanto a la segunda interrogante planteada, repito que no comprendí su alcance.

Yo no dije que todos los funcionarios del Ente fueran designados por la dictadura; obviamente, no lo son. Dije que no se desea limitar a las nuevas autoridades en el sentido de tener que nombrar a estos funcionarios entre los que ya pertenecen al Ente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Deseo aclarar al señor miembro informante cuál es el sentido de mis interrogantes.

Si no entendí mal -y es posible que así haya sucedido- el señor miembro informante argumentaba a favor de la modificación que se propone diciendo que no se podía someter a las actuales autoridades del organismo a designar para ocupar estos cargos de particular confianza a funcionarios que hubieran sido nombrados por la dictadura. Pienso que si hay funcionarios -y estimo que, seguramente, los habrá- no designados por ella, este argumento carece de validez.

El sentido de la otra pregunta es muy claro. Si un funcionario actual acepta esa designación es porque él como titular de la carrera, estima que ello no lo perjudica o porque acepta ser perjudicado.

En tanto que el funcionario no esté obligado a aceptar la designación, este argumento, en mi concepto, tampoco es válido.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - En cuanto al primer punto, considero que el señor senador Rodríguez Camusso no ha entendido mis expresiones.

Nunca afirmé que todos los funcionarios hayan sido designados por la dictadura. Dije que si no le damos a esos cargos el carácter de particular confianza, es muy probable que los Consejos que hemos designado se vean obligados a nombrar para ocupar dichos cargos -altos, naturalmente, en la jerarquía administrativa- a personas designadas por la dictadura.

Entonces, los estamos sometiendo a tener que rodearse de personas que ellos no desean para la labor que están desempeñando. No dije que todos los funcionarios pertenecieran a la dictadura. Son fundamentos distintos; uno es para declararlos cargos de particular confianza y el segundo para no limitarlos a los funcionarios del Ente.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Advierto a los señores senadores que no pueden dialogar. El Senado está suficientemente ilustrado de las opiniones de cada uno. El Reglamento establece que harán uso de la palabra, uno por vez.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: simplemente quería dejar constancia de las razones por las que dimos nuestro voto contrario a lo que, en definitiva, resolvió la Comisión en el día de hoy.

Voy a historiar, muy brevemente, qué es lo que aconteció en torno a este tema. No voy a retirar los argumentos que hicimos en primera instancia y que -señalábamos- valen para cada uno, con respecto a nuestra posición en torno a cada artículo. No voy a abundar en consideraciones a este respecto. Simplemente te digo, en relación al numeral 7º, que él no figuraba en lo concertado.

Luego, en la Comisión, se nos propuso la necesidad de cubrir cargos de particular confianza porque se entendía que, de otra manera, los nuevos consejeros se verían obligados a trabajar con funcionarios que habían estado en favor de la dictadura durante todo este tiempo.

En líneas generales entendimos -no somos muy afectos a los cargos de particular confianza en ningún orden; pero en materia de enseñanza hay una larga tradición -que no se debía establecer la creación de cargos de particular confianza. ¿Dónde demostrábamos, una vez más, nuestra amplitud?. Precisamente, cuando -no estando concertado; y a pesar de ello- admitimos que se diera a los señores consejeros, para este caso particular -y nada más que para este caso- la posibilidad de establecer algún cargo de particular confianza. En principio, ellos solicitaban varios, si no me equivoco: tres por el Consejo Directivo Central y tres por cada uno de los Consejos desconcentrados. Estuvimos de acuerdo en limitarlo porque, al igual que nosotros, otros sectores pensaban que no había que crear demasiados cargos de particular confianza. Lo hicimos, entendiendo que no podíamos obligar a los consejeros a trabajar con gente que había estado al servicio de la dictadura pero, salidos de la Comisión, nos enteramos por los propios docentes de este país que la información no era del todo cierta. Entonces, pienso que estamos agrediendo a los altos funcionarios demócratas de ese Ente, si decimos que todos fueron servidores de la dictadura. Evidentemente, estaríamos cayendo en una agresión injustificada.

Nosotros en lo que respecta a este caso, expusimos con claridad que: "tenemos información de que, a nivel superior en el Ente, hay personas de gran destaque que han tenido un comportamiento democrático durante todos estos años". Por lo que, entonces, no sería problema para las nuevas autoridades de ANEP poder escoger para ocupar cargos de confianza -algunos menos, fueron cinco- entre dichos funcionarios. En esto estábamos todos de acuerdo. Se creaban cinco cargos de particular confianza, dos para el Consejo Directivo Central y uno para cada Consejo desconcentrado pero, decíamos, hay que escogerlos dentro del Ente. Pero sucede que viene luego esta última instancia, la que no entramos a adjetivar en lo absoluto, y se nos dice que hay que darle libertad para escoger fuera del Ente. No; en eso no estamos de acuerdo. No lo estábamos al principio y por ello logramos un acuerdo, ya que todos estábamos en lo mismo.

Si hay demócratas dentro del Ente, ¿por qué cortarles la carrera administrativa? Simplemente que se escoja, entre los altos funcionarios demócratas, a quienes van a ocupar esos cargos de confianza. Dimos el carácter de cargos de particular confianza a los efectos de que se pudiera escoger y para que no fuera necesario llamar al primero del escalafón porque, quizá fuera un hombre de la dictadura. O sea, se trataba de que pudiera escoger al segundo, al tercero, al cuarto o al que correspondiere. Esa labor se la otorgamos a los consejeros.

Ocurre -y lamentamos tener que manifestarlo en estos términos- que parecería que este numeral tuviera nombre y apellido y que éstos no forman parte del Ente. Esto es, en definitiva, lo que parecería que intentara introducir la modificación a lo que originalmente habíamos establecido todos, no en la Concertación, sino fuera de Sala, en la Comisión. Lo que establecimos era escoger los cinco cargos de confianza dentro del propio Ente.

Queremos llamar a reflexión sobre este tema porque, efectivamente, en la enseñanza no hay tradición en materia de cargos de particular confianza. Entendimos que en esta oportunidad era necesario -porque veníamos de un gobierno de facto; porque ha habido serviles y sirvientes de dicho gobierno a todos los niveles y también a la enseñanza- darle a los consejeros los instrumentos para que pudieran escoger a funcionarios demócratas dentro del Ente. Dentro del Ente, sí; fuera del Ente, no. Para nosotros -y permítaseme a esta altura de la madrugada decir una vulgaridad- esto es "paracaidismo", y con ello no estamos de acuerdo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que de alguna manera, se está intentando llevar el debate a un nivel que no corresponde.

En primer lugar, resulta que en lo que no estábamos de acuerdo integralmente con el texto, no cumplimentábamos la concertación. En segundo lugar, según se nos dice, estamos ahora intentando votar algo que tiene nombre y apellido.

Entiendo que estamos entrando en un terreno que no corresponde y ruego a los señores senadores y, en este caso, el señor senador Araújo, que si él cree que tiene nombre y apellido exprese qué nombre y qué apellido; y que no reincida en la mecánica sobre la cual tuvimos discrepancias en algún momento. Si el señor senador Araújo tiene alguna acusación que hacer, que la haga y que diga, concretamente, el nombre y el apellido.

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR BATLLE. - No; no le permito nada. Estoy haciendo uso de la palabra, señor Presidente y solicito que se me respete.

Simplemente, señor Presidente, lo que hemos propuesto -y lo hemos propuesto nosotros- es mantener, en este caso concreto así como en todas las demás circunstancias en que se designen funcionarios de particular confianza, la libertad para que el órgano que los va a designar los elija, ya sea dentro del cuerpo de funcionarios, o fuera de él, como sucede en cualquier tipo de organización en que se establecen cargos de particular confianza.

Si mal no recuerdo tengo entendido que, inclusive, en este Parlamento se derogó una disposición del Consejo de Estado, anulando cargos de especial confianza, restableciendo otros y, cuando se restablecieron, no se hizo limitación alguna con respecto a que forzosamente, debían ser elegidos entre los funcionarios de la administración autónoma o municipal, o como se le llame. Simplemente se derogaban las disposiciones que habían sido votadas por el Consejo de Estado. Creo que aquellos son cargos de tan particular confianza como lo son estos.

Por otra parte, no se puede llamar a confusión a la opinión pública diciendo que estamos haciendo una afirmación con respecto a que son cargos docentes. No se trata de cargos docentes, sino de cargos meramente administrativos. Si el Cuerpo que se integra -el que hemos votado y al que damos nuestra venia y confianza para que lleve adelante la concertación- no tiene derecho a elegir un secretario de su particular confianza, entonces, estamos actuando como si quisiéramos de alguna manera retacear, no sólo las potestades administrativas sino, fundamentalmente, las de buena administración, buen gobierno y buena elección de piezas que son fundamentales para la estructura y el funcionamiento de organizaciones que, como lo sabemos todos, no estaban funcionando correctamente.

Además, entendemos que las personas que hemos elegido para esos cargos están capacitadas para dirigir toda la administración de la educación. En esta materia, en función de su leal entender y saber, buscarán la mejor persona, la que esté más capacitada, la que mejor pueda cumplir con su función. Entonces, me pregunto por qué vamos a poner un límite para que sólo encuentren a esa persona en un determinado lugar. Quiere decir que si el país, por ejemplo, ha tenido un técnico que ha sido exiliado y se lo quiere convocar para que venga, me pregunto si no se lo puede nombrar como secretario por el hecho de que no sea funcionario. Esto quiere decir, entonces, que el país limitará la posibilidad de mandar buscar gente que ahora no integra la Administración Pública paro incorporarla. Esto se puede aplicar en casos excepcionales, como lo son los cargos de esta naturaleza. Me parece que la objeción sería válida si estuviéramos consagrando cargos de especial confianza para una serie de jerarquías y divisiones o administraciones de cada una de estas organizaciones; en estos casos no sólo sería válido, sino que además esta posición la compartiríamos todos, a tal punto que estos cargos de particular confianza son excepciones en toda la Administración Pública. Eso es exactamente, lo que estamos haciendo. Pero lo que no admite es que se lance al vuelo, aquí en el Senado, y para que figure en la versión taquigráfica, la afirmación de que esto es un paracaidismo con nombre y apellido porque es un agravio moral que alcanza, quizás a todos los señores senadores que hemos estado planteando todas estas objeciones. Y, además, quiero aclarar que no ha habido en nosotros ninguna intención de esa naturaleza. Pero si la hubiera, si creyéramos que hay un hombre muy importante y muy capaz al que el país tiene que recurrir y que no es funcionario de la Administración, lo diríamos con nombre y apellido, esté donde esté, puede servir a la Administración Pública. Pero este no es el caso. Simplemente, se trata de no reportar potestades que le deben corresponder legítimamente a estos Consejos que hemos designado y que han recibido toda nuestra confianza.

(Apoyados)

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: quiero situar este tema en el ámbito de los principios generales relativos al funcionamiento de la Administración y a los cargos de particular confianza, los que, naturalmente, son excepcionales dentro de la carrera administrativa, pero que están admitidos y reconocidos como tales en el artículo 60 de la Constitución de la República.

El régimen de los cargos de particular confianza determina que los órganos jerarcas administrativos correspondientes nombren, destituyan, separen o remuevan del cargo a ese tipo de funcionarios, con absoluta discrecionalidad y sin ninguna clase de limitaciones, y que además, pueda designar a quien integrará los cuadros funcionales del organismo o Ente respectivo; como quien no los integra también, que con entera discrecionalidad puede destituir o separar del cargo a un funcionario sin ninguna causal y sin realizar ningún tipo de procedimiento o formalidad. Ese es el sistema que se aplica para los cargos de particular confianza en todos los ámbitos de la Administración Pública, de los que no tiene por qué estar exceptuado este Ente que estamos creando.

Ahora bien, en la formulación original del proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo -y que está inspirado en lo que se había acordado en la CONAPRO- no estaba esta disposición. Es decir que con respecto a esta disposición -nadie lo ha sostenido, pero es bueno que se diga- debemos expresar que ella no tiene nada que ver con lo acordado en la CONAPRO. Esta fue una iniciativa que llegó al seno de la Comisión a través del señor Subsecretario de Educación y Cultura y, además, del señor senador Posadas, que trasmitieron la preocupación de las personas designadas en el Consejo Directivo Central, en el sentido de que existe un verdadero caos administrativo, por lo que se consideró necesario disponer de algunos funcionarios de particular confianza. Hasta tal punto llegaba este caso que el Director Nacional, profesor Pivel Devoto, nos comunicó posteriormente que el CONAE era un órgano fantasma, es decir, que no funcionaba como tal, que jamás celebraba sesiones, que no levantaba actas, que simplemente se limitaba, cada tanto tiempo, a amontonar una serie de resoluciones que podían ser 40, 50 ó 60, ponerles fictamente una misma fecha como si ese día se hubiera reunido y hubiera adoptado esas resoluciones. En ese ambiente de caos administrativo que se dio durante estos once años, entraron los eminentes ciudadanos que fueron designados con el beneplácito general y la venia unánime del Senado, decidiendo trasmitir al señor Subsecretario de Educación y Cultura y al señor senador Posadas sus inquietudes en términos apremiantes, a efectos de que se les permitiera disponer de cuatro cargos de particular confianza dentro del Consejo Directivo Central y dos o tres dentro de los Consejos desconcentrados. Debido al debate que se produjo en la Comisión se acordó conceder lo que esos Consejos solicitaban, pero recortando su petitorio. Es decir que se accedió a una parte de esa solicitud y no se tuvo una mayor generosidad por que se dijo: "esto puede ser excesivo" -lo que puede ser acertado o no- y se les concedió dos cargos de particular confianza para el Consejo Directivo Central y uno para los Consejos desconcentrados. En aquélla oportunidad, cuando llegamos a este acuerdo, el señor senador Araújo planteó lo que ha expresado hoy en Sala; que, según sus informaciones -no sé si en aquel momento o posteriormente- dentro del Ente había personal capacitado para ocupar esos cargos y que esas personas no tuvieron ninguna solidaridad con la dictadura y que además era gente con arraigadas condiciones democráticas, de lo cual por supuesto, no tenemos ninguna duda porque debe haber ese tipo de funcionarios dentro del escalafón administrativo de este Ente. En base a todas estas apreciaciones suyas, hicimos algo que no es lo que corresponde para el régimen de cargos de particular confianza; establecimos una limitación diciendo que el funcionario debía estar dentro del escalafón administrativo del órgano. Posteriormente, volvimos a pensar en este problema y se entendió que, como es obvio, ésta es una limitación importante porque es tan grande el desorden que existe en ese organismo que puede ser necesario designar a personas que tengan una muy particular aptitud y versación en materia de organización administrativa. Se puede decir que la opinión que expresan los jerarcas del Ente es equivocada o, por el contrario, que es acertada pero en realidad, es un pensamiento acorde con la naturaleza de los cargos de particular confianza.

Por lo expuesto, he reflexionado en lo siguiente. Existen cargos de particular confianza en toda la Administración; la dictadura usó este sistema llevándolo a extremos absolutamente inconvenientes a tal punto que sólo en la Universidad de la República creo que había 170 ó 190 cargos de ese tipo, y algo similar pasaba en el Ministerio de Salud Pública, con una cantidad totalmente exagerada; pero aunque redujéramos esta epidemia de cargos de particular confianza a límites razonables, podríamos observar que en este momento ellos existen en todos los organismos públicos y que se designan por los jerarcas, con absoluta discrecionalidad. En el único lugar donde no había esta discrecionalidad. En el único lugar donde no había esta discrecionalidad eran en este Ente que hemos creado, ya que allí estaban los únicos jerarcas que tenían las manos atadas y no podían designar a nadie en un cargo de particular confianza. Al reconocerles en un grado mínimo esa potestad, al mismo tiempo, se la limitamos y les decimos que si los pueden nombrar, pero que esos funcionarios deben pertenecer al escalafón del Ente. Ningún organismo de la Administración Pública tiene esa limitación. Voy a poner como ejemplo, un caso concreto. El cargo de Secretario de la Presidencia de la República es de particular confianza y su titular, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, es designado y removido por el Presidente de la República. Entonces, se me ocurre algo. Cuando el doctor Julio María Sanguinetti designó como Secretario de la Presidencia de la República a ese digno ciudadano -que me honro en tener su amistad- el doctor Miguel Angel Semino era funcionario de la Administración Central o si a alguna persona le importó que fuera así. El doctor Semino no era funcionario de la Administración Central. Entonces, el haberlo designado ¿autorizó a alguien para que dijera que se había colocado en la Secretaría de la Presidencia de la República a un paracaidista y que con ello se agredía a todos los demócratas que hay en la Administración Central? No, por el contrario; se entendió que era el ejercicio natural de la atribución que tiene el Presidente de la República de designar a quien se le dé la gana como Secretario de la Presidencia, porque es un cargo de particular confianza. Pienso que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, debe tener discrecionalidad para designar a su Secretario General y al Secretario Administrativo. Si los elige dentro del escalafón administrativo del Ente, muy bien; y si los elige de afuera, también muy bien. Es una potestad natural de un órgano jerárquico cuando designa funcionarios de confianza. Por lo tanto, francamente, no entiendo por qué existe tanta reticencia, tanta limitación, por qué se quiere poner tantas vallas al ejercicio de algo que es natural cuando se designa un cargo de confianza. Si se nos dijera que se pretende crear quince cargos de confianza se podría decir quizás que es un exceso; estamos de acuerdo. Pero en este caso, por dos cargos de confianza para un Ente que tiene miles y miles de funcionarios y que administra decenas o centenares de servicios de enseñanza -escuelas, liceos, institutos de formación docente- me pregunto si ello significa un exceso. ¿No es posible permitir que nombren a dos funcionarios de su confianza sean o no del Ente? No veo, realmente, que esto sea un exceso y que pueda provocar un debate, sino que simplemente eso es lo que naturalmente ocurre en todos los organismos públicos. Los órganos jerarcas tienen cargos de confianza -no muchos- y los designan con total libertad. Esto es lo que pretendemos -y no otra cosa- al aprobar el texto del numeral 7º del artículo 13 que se propone ahora por la Comisión.

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: deseo hacer algunas precisiones.

En primer lugar, quienes sostenemos la inclusión de estos artículos, debemos aclarar que no agraviamos a los funcionarios del Ente ni les adjudicamos a todos el carácter de ser hombres de la dictadura. Pero advertimos, quienes tenemos conocimiento de la situación interna, que las autoridades interventoras manipularon los ascensos de tal manera que es posible que en algunos casos se hallen en la cúspide del aparato administrativo, personas que no pueden merecer confianza a las autoridades que van a asumir en estas circunstancias tan excepcionales en que se requiere una labor especial de reorganización. Tampoco quiero decir que no haya en la cúspide personas de total responsabilidad y fidelidad a los procedimientos democráticos y que por consiguiente, puedan servir a las nuevas autoridades. Pero la norma se establece para atender toda la gama de posibilidades que puedan existir.

Si ampliamos la posibilidad de selección de personal a ciudadanos que no se encuentren trabajando en el Ente es porque queremos dar, a las nuevas autoridades, una de lade elección que, por otra parte, se merecen. Además consideramos que la designación de personal de los grados inferiores para ocupar cargos de confianza -funcionarios que, al cesar, van a reintegrarse a su situación originaria habiendo tenido autoridad sobre personal del cual van a depender- no favorece el futuro buen orden de la Administración. En ese sentido pienso que nombrar funcionarios que pertenecen ya a la Administración puede generar muchos más conflictos que designar como funcionarios de particular confianza a personal ajeno a ella.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 7º del artículo 13.

(Se vota:)

- 22 en 26. Afirmativa.

Léase el numeral 8º del artículo 14.

Se lee:

"8º) Designar al Secretario General de cada Consejo desconcentrado con carácter de cargo de particular confianza."

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 25. Afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

- 23 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 22.

Se lee:

"Artículo 22. - Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o de las Direcciones Generales previstos en las disposiciones precedentes con la actividad de profesor particular de educandos reglamentados o libres, salvo las excepciones que determine la ordenanza que al respecto dicte el Consejo Directivo Central. Entiéndese por profesor particular el que desempeña actividades docentes no fiscalizadas por la Administración Nacional de Educación Pública".

- En consideración.

SEÑOR SINGER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGER. - Observo que la Comisión ha introducido una corrección al texto anterior, pero los argumentos que manejamos en la sesión de ayer siguen teniendo, a nuestro juicio, total validez.

Esta limitación que se impone a los funcionarios docentes no tiene precedentes y francamente el argumento con el que trata de sostener carece, a nuestro entender, de consistencia. Sería el caso de los profesionales que son legisladores y que, por el hecho de serlo, les prohibimos el libre ejercicio de su profesión. Sería también el caso de un abogado, funcionario de un Ministerio al que le decimos: "puede ejercer su función de abogado dentro del Ministerio en que trabaja, pero no fuera de él".

A través del artículo que estamos considerando les prohibimos a los maestros y a los profesores la facultad de dar clases particulares, utilizando como argumento el hecho de que un maestro o un profesor podría estar dando clases particulares a sus propios alumnos de un instituto liceal. Ese argumento, reitero, carece de consistencia, porque como lo explicamos en la sesión de ayer, en esa situación se estaría frente a una inmoralidad que los organismos competentes tienen la obligación de corregir. Pero no podemos, a través de un texto legal, decirle a un profesor o a un maestro, a un profesional que tiene vocación y especialización que, por estar desempeñando un cargo en un organismo docente no puede dar clases particulares. Eso, a nuestro entender, no tiene ningún fundamento. Estamos coartando la libertad de trabajo e impidiendo a los funcionarios docentes de los organismos oficiales de enseñanza la posibilidad de contar con otro ingreso al que tienen el más legítimo de los derechos.

Por lo expuesto, vamos a votar negativamente este artículo.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SINGER. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR ORTIZ. - Comparto en términos generales la posición del señor senador Singer; pero, aún admitiendo que se impidiera a los profesores dar clases particulares, esa disposición tendría cierta consistencia si se les prohibiera dar clases particulares de las materias de su especialización. No entiendo por qué un maestro de primaria no puede dar clases, por ejemplo, a alumnos de secundaria. De manera que esa opción de que algunos inmorales puedan dar clases particulares a sus propios alumnos se salvaría si se estableciera, a través de la disposición, que los docentes no pueden dar clases particulares de las materias que dictan en los cursos del Consejo al que pertenecen. Que un profesor de la escuela industrial, por ejemplo, no pueda dar clases de primaria o de secundaria, me parece absurdo y limitativo de elementales derechos. Además -como se ha expresado en Sala con toda razón- muchos maestros y profesores deben recurrir a las clases particulares, debido a la exigüidad de sus ingresos. Entonces, ¿vamos a prohibir a todos los docentes la posibilidad de acceder a esa fuente de ingresos por la eventualidad remota de que existan entre ellos algunos inmorales? Yo me animo a prohibirse a esos inmorales, aún a riesgo de causar un perjuicio a otros, en el caso de que actúen dentro de la órbita del Consejo a que pertenecen. Pero prohibir que se den clases particulares de otros tópicos, me parece absurdo y sin ninguna justificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la Comisión se trató de armonizar los dos criterios, por eso se agregó la expresión "salvo las excepciones que determine la ordenanza que al respecto dicte el Consejo Directivo Central". Se entiende que es ese órgano el que debe establecer las excepciones, en el sentido de que se trate de materias diferentes, etcétera.

Hago esta puntualización a los efectos de ponerla en conocimiento de los señores senadores que no integraban la Comisión.

Puede continuar el señor senador Singer.

SEÑOR SINGER. - Desde luego entiendo y comparto lo manifestado por el señor senador Ortiz, pero aún así no estoy de acuerdo con la disposición porque de ella resulta, por ejemplo, que un profesor de física de secundaria se encontraría inhibido de dar clases particulares de esa materia.

¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta disposición? Por esta norma, no puede dar clase a nadie. Me estoy refiriendo expresamente al caso de que la prohibición fuera para dar clase de física, cosa que tampoco comparto.

El argumento que se hacía en el sentido de que esto podrá tener su fundamento en el hecho de que un profesor tuviera que dar clases particulares debido a la exigüidad de sus ingresos actuales, no es de recibo. Nuestro partido -pienso que en esto coincidimos con los demás- está decidido a impulsar remuneraciones acordes con la importante función que cumplen los profesores y maestros de este país. Entiendo que este debe ser un sector privilegiado en la República. En ese sentido, tendremos que realizar un gran esfuerzo, de la misma manera que tenemos que hacerlo concomitantemente, en lo que tiene que ver con los planes de enseñanza. Esto fue señalado en el día de ayer con gran elocuencia y claridad por el señor senador Batlle. Me pregunto. ¿un profesor o maestro bien remunerado quedará igualmente inhibido de dar clases, en el caso de que quiera aumenta sus ingresos, a pesar de tener tiempo, vocación y energía para hacerlo por el hecho de tener un buen sueldo? ¿Por qué no la dotamos con los maestros y los profesores limitando de este modo su actividad y no lo hacemos igualmente con las demás profesiones? Por ejemplo, a un médico que se encuentra ocupando un cargo en un Ministerio no le podemos prohibir el libre desempeño de su profesión. De esta forma, a mi juicio, estamos entrando en una discriminación que no tiene ningún asidero.

SEÑOR MEDEROS. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SINGER. - Con mucho gusto.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: la acepción que le dan a los señores senadores preopinantes a esta disposición no concuerda con el verdadero sentido que tiene, además desde el punto de vista reglamentario, siempre existió en la enseñanza, al menos en la secundaria.

Me he desempeñado como docente durante 26 años y en los medio en que he actuado esa prohibición siempre existió. Por tal motivo, le pido al señor senador Singer que no compare esta situación de otras profesiones con la de educador. Esta es una actividad maravillosa, y me he formado de ella quizás una posición sublimada, que a veces quiero también incorporar a mi función de legislador. La voluntad de los hombres es muy veleidosa como para que no exista una norma que sirva de dique frente a sus posibles desviaciones de conducta moral. Esto lo sabe todo el mundo y con relación a la enseñanza no menoscaba la dignidad de ningún educando serio. Esta es una norma necesaria para impedir que suceda en el futuro lo que antes en la democracia era muy difícil que aconteciera, pero que se dio durante estos once años negros de dictadura. En cada esquina existía una academia de profesores o de maestros de distinta categoría que aprovechaban las carencias y desgracias del nivel de la enseñanza primaria, secundaria y superior para obtener grandes ganancias, en base a una educación menoscabada y empobrecida que le hizo un enorme daño a la cultura del país. Esto influyó también sobre los verdaderos maestros y profesores que desempeñan sus funciones ya sea en institutos privados -los hay muy prestigiosos con grandes profesores- o en instituciones del Estado, donde ocurría lo mismo. Estos docentes han sufrido más que nadie en estos últimos dos años la depravación operada en la cultura nacional. Es por eso que nosotros tenemos que crear las normas que siempre existieron, al menos en secundaria, donde ejercí por muchos años la docencia. Allí, nadie se quejó de esto. Inclusive en estos institutos laicos trabajaban profesoras y maestras de instituciones religiosas. Esto jamás fue prohibido. Lo que si se prohibió fue el infamante tráfico de malos profesores que sin cumplir la función correspondiente en el liceo público o privado se ganaban otro sueldo dando clases a sus propios alumnos. Esto lo he podido apreciar en Montevideo que padece los efectos de una enseñanza empobrecida por la dictadura.

En este momento en el que retornamos a la vida institucional, a la vida del derecho, debemos darle a la enseñanza pública la jerarquía que poseía antes y que nunca debió haber perdido. Esto no atenta contra la libertad de trabajo, no contra ningún derecho legítimo, sino que crea una disposición que es un aviso para aquellos que son capaces de delinquir, y que están en todos lados, aunque no los conozcamos.

Entiendo que esta disposición debe permanecer y muy especialmente con el agregado que en el día de hoy le introdujo la Comisión, dándole la potestad al Consejo respectivo para establecer la reglamentación correspondiente e impedir las situaciones que preocupan al señor legislador Singer.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SINGER. - Con mucho gusto.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: estuve de acuerdo con el planteamiento que sobre este tema realizó el señor senador Singer. As su vez, en el día de hoy volví a argumentar en favor de ese planteamiento en la Comisión respectiva. En ella, los distinguidos profesores señores senadores Traversoni y Mederos realizaron las objeciones que ahora se están vertiendo en Sala.

En estos momentos el señor senador Terra me acerca un proyecto de resolución que me voy a permitir leer, si me lo permiten los señores senadores. Este proyecto modifica, en parte, este artículo y creo que puede aportar una solución salomónica al problema que estamos considerando. Pido excusas a los señores senadores por distraerlos aún más en la consideración de este tema, pero entiendo que afecta importantes intereses que están en juego y que han sido planteados por el señor senador Singer y por el señor senador Mederos con la brillantez que le es característica. El proyecto de resolución dice así: "El desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o Direcciones Generales previstos en las disposiciones precedentes será compatible con la actividad de profesor particular de educandos reglamentados o libres, solamente con el consentimiento del Consejo respectivo".

Es decir que en lugar de establecer la prohibición, como norma general y la excepción, hicimos lo contrario; se fijó la autorización como norma general pero siempre que ésta haya sido expresamente solicitada. Por lo tanto, no es necesario establecer la prueba de que se ha violado esta norma; basta con que no se haya solicitado el permiso al Consejo para que se incurra en la falta que todos queremos impedir.

Creo que con esta redacción se contempla mejor el punto de vista de todo el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Singer.

SEÑOR SINGER. - Simplemente voy a hacer una puntualización con respecto a las expresiones del señor senador Mederos.

Como se podrá imaginar el señor senador, nosotros no estábamos defendiendo los casos a los que él se refirió. Todo lo contrario; lo que defendemos es el principio de la libertad de trabajo y en ese sentido no tenemos necesidad de establecer ningún tipo de comparaciones entre la función docente y cualquier otra profesión.

Con respecto a la propuesta leída por el señor senador Batlle y redactada por el señor senador Terra, pienso que si el Senado o los miembros informantes aceptan ese temperamento, nos encontraremos en una situación totalmente distinta. Entiendo sí que pueda haber un régimen de contralor -y esto es lo que se quiere exigir- de la actividad particular del docente. No tengo ningún inconveniente en que se recoja esta propuesta.

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: en la sesión anterior había dado mi conformidad -y la había fundamentado- al artículo tal como estaba propuesto. Después de haber asistido a las reuniones de la Comisión, donde le agregó esta pequeña excepción que autoriza por vía de ordenanzas, estuve de acuerdo con las modificaciones, porque entiendo que el artículo no surge de la nada ni es carente de precedentes, tal como se ha señalado en esta Sala. Este artículo -que ya estaba incorporado en la Ley Nº 14.101- recoge estudios realizados por las autoridades especializadas y cuenta con los debidos asesoramientos a través de un proceso de análisis de la realidad.

(¡Apoyados!)

-Considero que es preferible que las autoridades que han llegado a las conclusiones que recoge este artículo sean las que creen las excepciones por medio de ordenanzas -si ello es pertinente- y no atiendan solicitudes particulares, lo que sucedería con la moción sustitutiva que se propone. Me parece que es más sano y respetuoso del buen orden y del funcionamiento de los entes, que las excepciones se otorguen por medio de las ordenanzas y que no se establezcan las prohibiciones por casos individuales o por solicitudes particulares.

En tal sentido, voy a sostener mi posición respecto a la permanencia del artículo 22 con las modificaciones introducidas en Comisión.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: no quiero internarme en éstos planos siderales de la ética y la moral. Modestamente señalo que no me cabe en la cabeza el hecho de considerar atentatorio el que un profesor de primer año de primaria dé clases de matemáticas a un alumno de secundaria. ¿Dónde está la implicancia? ¿Dónde está la inmoralidad? ¿Dónde está todo ese problema de las academias? Se lo que aquí se ha hablado -y es la realidad que todos conocemos- es que ha habido profesores que daban clases particulares a sus propios alumnos. Incluso se ha llegado a decir que aquel que no pagaba honorarios por las clases particulares tenía mala suerte en los exámenes que rendía en los institutos públicos.

Señalo que estoy dispuesto a erradicar y suprimir todo esto. Más aún; como decía en un amable diálogo que sostuve con el señor senador Singer, estoy de acuerdo con que se prohiba que los profesores de secundaria den clases particulares de materias de secundaria. Sin embargo, no entiendo por qué está mal y debe prohibirse -porque se hace referencia a ella como un actividad poco menos que delictuosa- que un profesor de primaria dé clases de secundaria.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR BATALLA. - El señor senador Ortiz insiste en referirse a la inmoralidad cuando hace mención al artículo 22. Creo que ese planteo es incorrecto aunque no pretendo de ninguna manera sentar verdades dogmáticas, ni mucho menos transformarme en juez de conductas ajenas.

En la última sesión en que tratamos el tema, el señor senador Traversoni formuló una excelente consideración de cuál era el fundamento de éste. Eliminó todo lo que era moral e inmoral, lícito e ilícito y expuso un razonamiento que luego, muy modestamente, me permití compartir. Creo que no estamos juzgando moralmente la conducta de los profesores; simplemente, estamos tratando de que la docencia se imparta de la mejor forma posible y ello se logrará en la medida en que el profesor tenga la serenidad y la tranquilidad de espíritu de saber que está cumpliendo un función esencial para la sociedad. Al profesor se le entrega lo más valioso que tiene la sociedad: el alma y el cuerpo de los niños y de los adolescentes.

Compartimos en su fundamento el texto de la Comisión, pero no la rigidez de su redacción que hoy se halla, en nuestro concepto, debidamente atemperada porque se establece que sólo alcanza al personal docente y además, porque el o los Consejos pueden establecer excepciones a esa incompatibilidad.

Entiendo que el fundamento de esta disposición -y discúlpeme el señor senador Ortiz por la interrupción- no radica en la inmoralidad de la conducta de un profesor que dicta clases particulares, sino en la necesidad de mantener y de elevar al más alto nivel la prestación de la enseñanza. Digo con orgullo que quizá sea un poco hijo de la enseñanza pública. Por eso creo que tenemos que realizar todos los esfuerzos para defender a esa enseñanza pública que ha permitido que un día el Uruguay haya llegado a ser lo que fue.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - El señor senador Batalla mencionó, que no era su deseo internarse en el campo de la moral, pero realiza consideraciones generales y abstractas que no satisfacen la pregunta concreta que formulé.

Pido al señor senador Batalla que aplique sus razonamientos al ejemplo que voy a dar. ¿En qué hace mal un profesor de primer año de primaria al dar clases de matemáticas de secundaria? ¿En qué le está restando su esfuerzo a la enseñanza? ¿En qué está perjudicando a sus alumnos y a la enseñanza de este país? Esto no lo entiendo. Se me responde con razonamientos muy abstractos.

Este es el caso concreto que, por otra parte, es muy corriente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Brevemente voy a adelantar que vamos a acompañar el texto propuesto por la Comisión, con las modificaciones que se le han introducido. Además, señalo que compartimos la fundamentación que ha realizado -tanto hoy como anoche- el señor senador Traversoni con respecto a la propuesta de mantener esta disposición con los agregados correspondientes. Adherimos también al fundamento que ha expresado el señor senador Batalla en la sesión de hoy.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: voy a ser muy breve. Declaro que he pensado mucho antes de pedir esta intervención, pero me mueve a ello la consideración de que estamos dando a este punto una importancia excesiva. Le hemos entregado a través de este proyecto de ley al Consejo Directivo Central y a los Consejos desconcentrados, facultades que dicen relación con todo el espectro de la educación del país y le hemos dado atribuciones mucho más importantes, más severas, de mayor alcance y profundidad que las que estamos considerando. De manera que me parece que estamos magnificando el punto, en cuanto a lo que él refiere y concretamente comprende. A pesar de que aquí se trata de entes de enseñanza, si recorremos todas las leyes orgánicas de los demás Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del país, no vamos a encontrar en ellas, quizá -y sin quizá- ninguna disposición que diga cómo deben actuar sus funcionarios en lo que tiene de ético o lo que pueda tener de colisión con los intereses de su función oficial y de las privadas que puedan desempeñar simultáneamente. A nadie puede ocurrírsele decir, en una ley orgánica que los funcionarios de ANCAP, por ejemplo, no pueden ser titulares de una estación de servicio mientras sean funcionarios del Ente; o que no pueden vender lamparillas eléctricas mientras sean funcionarios de UTE, o que no pueden tener un comercio de venta de aparatos que estén relacionados con los teléfonos mientras sean funcionarios de ANTEL. Creo que eso forma parte de la reglamentación interna de cada Ente y que los titulares de los mismos tienen, sin duda, la suficiente jerarquía -como en el caso que nos ocupa- para entender en este tipo de problemas y disponer las medidas que crean pertinentes para evitar situaciones de esta naturaleza.

En el día de ayer creí entender, a través de la -como siempre- erudita exposición del señor senador Aguirre, que podía ser una manera de violar la autonomía del Ente, establecer muchas de estas incompatibilidades o disposiciones que estamos incluyendo aquí para indicarles a sus titulares cómo tienen que actuar en problemas exclusivamente internos de cada una de las instituciones.

Me había permitido redactar en forma exploratoria un sustitutivo, hace dos o tres días, pero no me animaba a presentarlo porque el ambiente es demasiado erudito como para que los que no somos ni siquiera cercanamente especialistas en esta materia, nos atrevamos a hacerlo. Pero me parece -y al respecto consulto al señor senador Traversoni y a los miembros informantes- que una manera de salir del paso y cumplir con este propósito que puede ser y es -en mi opinión- materia del resorte interno del Ente de que se trata o de los Consejos desconcentrados, es sustituyendo este inciso por el siguiente: "Los Consejos referidos precedentemente dictarán las ordenanzas y reglamentaciones pertinentes que impidan el ejercicio de funciones oficiales con el desempeño simultáneo de actividades que afecten o puedan afectar el buen nombre o el prestigio de las instituciones que esta ley consagra".

Creo que las exposiciones realizadas en estas sesiones, sin lugar a duda, ya serán de conocimiento de los señores integrantes de los Consejos y si no es así, es lo mismo, porque supongo que nuestra preocupación también está en el ánimo -no sólo supongo sino que afirmo- de cada uno de ellos. Entiendo que de esta manera les transmitimos esta inquietud que queda estampada en la ley, no rozamos la autonomía y le damos la norma para evitar que se produzcan los casos denunciados, porque pienso, que el señor senador Mederos, tiene razón al respecto.

SEÑOR TRAVERSONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CERSOSIMO. - Sí, señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - En primer lugar, lamento tomarme el atrevimiento de señalar que considero que estamos incurriendo en un mal procedimiento.

En la sesión anterior, dijimos que era conveniente que este problema se repensara y pasara a estudio de una Comisión en la cual todos hicieran un aporte, se meditara y luego se trajera un informe. Creo que en este momento en que la Comisión ha traído -luego de reflexionar y recibir aportes- un informe, la proliferación de mociones sustitutivas -que inclusive, no podemos criticarla con propiedad porque ni siquiera disponemos de su texto- pienso que no contribuye a simplificar el debate.

Le contesto al señor senador que su moción no me satisface y sobre todo que me parece incompleta cuando se alude solamente al buen nombre de la Institución. Es algo distinto, es un problema que no sólo alude a la corruptela que existía, sino a la distorsión que se opera en la acción docente por la vía de los profesores particulares.

El profesor particular, ejerciendo simultáneamente su función con la de profesor oficial, distorsiona su metodología, porque ésta, generalmente, se apoya en los defectos de la enseñanza oficial y entonces, es altamente inconveniente -y así lo han estudiado los organismos especializados en esta materia- que al mismo tiempo el profesor esté operando en sus clases con defectos metodológicos y después vaya a compensarlos con la acción particular que él mismo realiza. Es algo que va más allá del aspecto ético y que tiene relación con una deformación de la acción profesional que se ha entendido siempre como altamente inconveniente.

Apelo a esa experiencia porque son los mismos órganos los que han recurrido y pedido la norma, precisamente, para no hacerla objeto de una reglamentación y para que no se diga que se limita el derecho a la libertad de trabajo dando normas por vía de la ley.

SEÑOR CERSOSIMO. - Recién me entero que son los propios órganos los que piden que se dicte esta norma.

SEÑOR TRAVERSONI. - Ahora los órganos no existen con validez jurídica para nosotros porque son órganos intervenidos y que tienen una existencia totalmente minimizada. Pero en el momento en que se aprobó la norma que sirve de antecedente, que era una norma legal, los Consejos ya lo venían estableciendo.

SEÑOR MEDEROS. - Apoyado.

SEÑOR CERSOSIMO. - No tengo inconveniente en aceptar lo que expresa el señor senador Traversoni.

Mi propósito era coadyuvar en una muy modesta medida en la elucidación de este problema, de una forma que me pareció más aceptable, pero ahora me entero que los que hacen este planteo son las autoridades.

Los Consejos son, entonces, los que han pedido, antes no ahora, que se dictara una norma como esta proyectada por la Comisión. Frente a eso no tengo nada más que decir. Supongo que será la misma orientación actual, pero lo decía con el objeto de coadyuvar, repito, en forma muy simple, para poder zanjar esta discusión que lleva más tiempo del necesario.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Sólo quiero decir dos palabras. Originalmente me había afiliado a la tesis que informa el artículo venido de la Comisión, pero veo que representa un peligro en virtud de que no solamente conspira contra la libertad de trabajo sino que además pone el acento en prohibir la actividad privada de los docentes de la enseñanza, siendo que los Consejos pueden ellos mismos, por la vía de la designación de sus funcionarios, efectuar o no el nombramiento de aquéllos que puedan reunir esa condición, sin necesidad de que existía un texto legal.

El problema radica en los profesores particulares, que proliferaron en los últimos años y actualmente son una realidad, por culpa, obviamente, de las deficiencias, insuficiencias o carencias de la enseñanza oficial. Hace 25 ó 30 años no teníamos planteado semejante problema en la enseñanza; estos problemas se plantearon ahora, al producirse un aumento masivo, extraordinario, del número de alumnos, cuando no fueron suficientes de locales, ni los profesores, ni los institutos de preparación docente y, en consecuencia, se hizo necesario recurrir a muchos procedimientos para poder mantener las clases con sus respectivos profesores.

En las presentes circunstancias, la pregunta que cabe formularse es ésta: ¿un Ente de enseñanza puede o no disponer el nombramiento de sus profesores, y al hacerlo, vigilar que no se introduzca en la enseñanza lo que puede considerarse ese vicio o defecto que debe ser corregido o penado? Sí, puede hacerlo. Si este texto no existieran los Consejos desconcentrados que se crean por esta ley están igualmente en condiciones de evitar el exceso, el vicio o la distorsión. Eso es indudable, como también lo es que, por la vía de la ley, parezca difícil que pongamos el acento en los docentes particulares, en vez de hacerlo en los oficiales que también dan clases particulares, porque, de todo lo escuchado ayer y hoy y de lo que hemos visto con nuestra experiencia, la verdad es que el vicio verdadero, el delito que debe ser castigado, es el del profesor que da su clase y que en su casa particular, a los propios alumnos, les imparte instrucciones y les cobra por hacerlo. No hay que confundir esto con la labor sacrificada del maestro que lleva a sus alumnos a su casa luego de terminada la clase, para complementar su educación, pero de manera completamente desinteresada y aumentando su propia tarea.

De manera que, a esta altura de la discusión, yo no estoy muy seguro de considerar que sea suficiente para contemplar esta situación la fórmula que viene de la Comisión o la que menciona el señor senador Terra. Diría que me inclino por considerar que los órganos de la enseñanza son los que tienen que resolver el problema por sí mismos, toda vez que tengan que efectuar la designación de sus profesores porque, si les exigen capacidad, competencia y títulos habilitantes, también pueden exigirles que no tengan alumnos particulares que pertenezcan a mismo liceo o centro docente en el que imparten educación.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una cuestión de orden tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Visto lo avanzado de la hora y que el debate -como diría cierto señor legislador célebre que todos recordamos- ha entrado en estado delicuescente, voy a mocionar en el sentido de que se declare el punto por suficientemente discutido, como lo expresa el literal i) del artículo 66 del nuevo Reglamento, que autoriza que aquellos oradores que no hayan hecho uso de la palabra -no a los que lo hayan hecho- puedan hacerlo y se pase luego a votar.

SEÑOR BATLLE. - Propongo que se vote la moción de orden, permitiéndonos hacer uso de la palabra a quienes aún no lo hemos hecho salvo por la vía de la interrupción.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Creo, señor Presidente, que no es procedente votar la moción del señor senador Aguirre, porque el Reglamento ya establece de por si que en la discusión particular no corresponde que ningún señor senador hable más de una vez.

SEÑOR PRESIDENTE. - Nadie ha hablado más que por la vía de la alusión o aclaración. Todos se sienten aludidos y aclarados. Yo he tratado de plantear esa situación pero no he tenido mucho éxito, nadie ha hablado dos veces. Tengo la lista numerada de los oradores.

SEÑOR FERREIRA. - Quiero dejar constancia de que no se trata de un cuestionamiento a la actitud de la Mesa sino simplemente de señalar que no es necesario votar la moción en el sentido de que un orador no puede hacer uso de la palabra en más de una oportunidad, porque eso ya lo establece el Reglamento en la discusión particular.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE. - El señor senador Ferreira tiene razón, porque el cierre del debate se hace sin perjuicio de que cada uno de los que no han hablado, tenga derecho a hacerlo. Por consiguiente, es lo mismo que está sosteniendo el señor senador Ferreira. Lo que debe hacerse es que cada uno haga uso de la palabra en la oportunidad que le corresponda y que como dice el señor Presidente, no aclaremos ni aludamos. Me parece más práctico seguir en la vía que sugiere el señor senador Ferreira que, al fin y al cabo, es lo que de por sí señala el Reglamento. Si se cierra la discusión, ¿en qué se mejoraría la situación actual? En que cada uno de los que aún no han hablado, pueda hacerlo. Es lo que ya estamos haciendo.

Continúo, señor Presidente, en el uso de la palabra.

Comparto con el señor senador Aguirre, entre otras cosas, el hecho de que es tarde y que hace largas horas que, en procura de concertar la mejor solución, estamos discutiendo este proyecto de ley. Pienso que, aunque se trate de una ley de emergencia, va a durar mucho más en su funcionamiento que lo que podamos tardar nosotros en sancionarla esta noche; por lo tanto, bien podemos dedicar algunos minutos más a un tema que realmente considero importante.

En primer lugar, me inclino por la libertad antes que por la prohibición. Siempre lo he hecho. En este caso, reitero la argumentación que formulaba el señor senador Singer y que yo defendí, sin mucho éxito, en la Comisión. Me inclino por la libertad aun cuando esta norma, que está en el artículo 22, ya existía en la Ley Nº 14.101. O sea, no es una norma que se introduzca ahora por primera vez. Antes ya existía, sin perjuicio de lo cual actualmente podría ser derogada, porque el hecho de que antes existiera no otorga a la norma ninguna condición especial. ¿Qué se procura? Se procuran dos cosas. Una de ellas es evitar una corruptela, y la otra, de carácter pedagógico -como lo señalara el señor senador Traversoni- es que el profesor o maestro que se dedica a su actividad específica en una escuela o liceo, no vea perturbada su capacidad de ejercer plenamente su condición de profesor o maestro, teniendo que atender a otros alumnos, en otras clases, con otra metodología completamente distinta. ¿Cómo podría yo discutir esto con el señor senador Traversoni ni con nadie como él, que cuente con tanta experiencia?

Ese primer punto que se objeta, sobre la corruptela, no se resuelve con el artículo 22 tal como viene redactado. Se mantendrá igual, porque aquellos que estén dispuestos a ello, lo harán de todos modos, exista o no la norma.

Además, como lo señalé en Sala, si hay intención de violar una conducta moral que debe tener los maestros, educadores y profesores, no sólo lo harán sino que se ingeniarán para hacerlo de manera y forma tales que nunca jamás nadie lo pueda descubrir porque se concertarán con otros profesores de otras actividades no vinculadas a la docente en escuelas ni en liceos, haciendo organizaciones paralelas en las cuales el que envía o remite alumnos a ellas, no es el profesor que le da la clase, sino el que sugiere que vaya a esa academia. Es decir, entonces, que la corruptela no se va a evitar por la disposición del artículo 22. Por el contrario, nadie ha refutado las afirmaciones del señor senador Ortiz y de otros señores senadores en cuanto a que esto consagra una prohibición o una limitación a la libertad de trabajo, labor llevada a cabo en forma correcta, decente y lealmente por muchos profesores y maestros.

El inconveniente de carácter pedagógico que señala el señor senador Traversoni como otro argumento para mantener este artículo 22, tampoco se va a resolver con la prohibición porque surge nada más que de la necesidad económica que hoy tienen la inmensa mayoría de los profesores y maestros. Cualquier persona que tenga alguna maestra en su familia o entre sus amistades, sabe lo que supone de esfuerzo y de tiempo, si quiere hacer un trabajo consciente, preparar todos los días las clases, por más que lleve años cumpliendo esa función; sabe, además, lo que le supone a los profesores tener que correr por Montevideo para atender horas de trabajo en el Cerro, luego en Maroñas y después en el Cordón. Nadie tiene deseos de seguir trabajando si no fuera porque no tiene más remedio, porque los salarios son bajos, miserables y no les permite hacer otra cosa que dedicar todo su esfuerzo -que es realmente tremendo en lo físico e intelectual- tratando de lograr algún ingreso mayor. Quiere decir, entonces, que la solución a este problema pedagógico, que es grave, está en otras vías y no en la prohibición del artículo 22. Cuando el país tenga los recursos adecuados para dar buenos salarios a los maestros y profesores, ellos se dedicarán únicamente a esa profesión, no teniendo que buscar en otros ámbitos o lugares dónde dar clases particulares, porque evidentemente ello va contra su salud. Cuando las maestras llegan a fin de año, ya no soportan el trabajo de tener que dirigir cincuenta y tantos niños, aquí, además del número de niños, existe otro tipo de actividades que intelectual, física, espiritual y psicológicamente hacen que los maestros lleguen exhaustos a fin de año. Si tienen que hacer otra actividad, es porque el sueldo es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el artículo 22? ¿Va a consagrar una prohibición para salvaguardar la capacidad pedagógica? Evidentemente, el artículo 22 no puede hacerlo. Pero puede lograrse con los recursos que se les puedan dar a través del Presupuesto General de Gastos en los sueldos, para que las maestras no tengan que estar parada o haciendo dedo en la carretera porque no tienen para pagar el boleto ya que si lo hacen, no llevan a su casa nada del sueldo. Reitero, entonces, que este asunto no se va a resolver por el artículo 22.

A mi juicio, señor Presidente, la solución proponía el señor senador Terra es más correcta porque igual salvaguarda el problema de aquellas personas que están incurriendo en una falta, que ellos mismos demuestran al actuar ocultando su actividad. Si no se presentan ante la autoridad diciendo que van a dar clase en algún lugar, es porque lo están ocultando; y si lo están ocultando es porque efectivamente están contraviniendo lo que ellos mismos sienten que es una obligación moral, de conducta, de docencia en el sentido de conducirse de determinada manera, especial y particular, y por ello mismos no lo informan a la autoridad. Aquí no establecemos el principio general de la prohibición que realmente es muy grave.

Por tanto, me inclino por la fórmula -y propongo que en su momento se vote- que sugirió el señor senador Terra que va a consagrar lo mismo pero con el argumento inverso: "El desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o de la Dirección General previstos en las disposiciones precedentes, será compatible con la actividad de profesores o educandos, reglamentados o libres, solamente con el consentimiento de los Consejos respectivos". Reitero: solamente con el consentimiento de los Consejos respectivos.

Antes de conceder una interrupción al señor senador Mederos, que me la está solicitando, deseo agregar otra cosa. Esta disposición del artículo 22 consagra también un hecho importante que hay que establecer porque rige solamente para los docentes de los institutos oficiales, tanto liceales, escolares, maestros de UTU. Ahora bien: todos los docentes de los institutos privados no van a tener esta prohibición y no se la podemos imponer. Por tanto, va a haber un conjunto muy numeroso de personas que va a estar frente a las mismas oportunidades de trabajo, en condiciones desiguales a quienes vamos a favorecer indirectamente frente a los otros a quienes les vamos a establecer una prohibición, siendo que los educandos de los institutos habilitados merecen la misma consideración y respeto que los educandos de los institutos oficiales. Sin embargo, por disposición del artículo 22, se estarían considerando indirectamente de una manera desigual.

Creo que lo que se procura -que es justo y conveniente que se obtenga- es impedir la corruptelas y conseguir que los maestros y profesores dediquen todo su tiempo a enseñar en sus aulas. Eso no se logra por el artículo 22, y por el contrario, se consagra una prohibición genérica a la libertad de trabajo, en este caso concreto a los profesores y docentes de los institutos oficiales.

Le concedo ahora un interrupción al señor senador Mederos.

SEÑOR MEDEROS. - Señor Presidente: he escuchado con mucha atención y respeto las disquisiciones de los distintos señores oradores.

El señor senador Batlle, distinguido amigo, hace únicamente argumentaciones de teoría política al considerar un tema tan trascendente como es el de la enseñanza. Puede ser que me esté olvidando un poco de que también soy político cuando estoy discutiendo los problemas de la enseñanza.

Hemos vivido, señor Presidente, en una enseñanza maltratada siempre por el Estado. Muestra de ello es que un soldado del ejército gana más que una maestra o que un profesor. Esa es la realidad. No sé si el señor senador Batlle, que dice que estoy hay que resolverlo con medidas de orden económico y que, además, es hombre de gobierno sabrá sobre la lucubraciones y proyectos que tiene el Poder Ejecutivo para cuando envíe el presupuesto futuro al Parlamento. Seguramente, él sabrá mejor que yo si los maestros y profesores van a estar bien pagos para poder dedicarse únicamente a es profesión tan noble, generosa y sublimada por el señor senador que habla. De lo que yo conozco en la historia educacional del Uruguay, sé que hay un inmenso sacrificio por parte de quienes han elegido esa profesión. Aquí se ha dicho con realidad que hay que ver a las maestras en las carretera haciendo dedo o pidiéndoles por favor a algún camionero que las acerque al pueblo donde dan clases o de lo contrario quedarse horas pasando frío al costado del camino. ¿Eso va a terminar, con el gobierno del Partido Colorado?

¿El señor senador Batlle está seguro de que los maestros y profesores se van a poder dedicar exclusivamente a la docencia superando la miseria actual que ha sido multiplicada por diez mil durante el régimen que felizmente la democracia ha terminado? En la vida democrática, ¿vamos a tener una escuela con todos los medios indispensables para que el maestro -verdadero héroe de la educación popular en este país- pueda cumplir plenamente con las necesidades de alimentación y vestimenta de toda su familia y, además, dedicarse a su función de escolaridad o docencia, sin importar el medio en que se encuentre? No estoy seguro.

El señor senador Traversoni, con su sabiduría y experiencia, sabe que los institutos de enseñanza han estudiado este fenómeno en su cruda realidad, luchando siempre para crear normas legales y reglamentarias que impidieran las cosas anómalas en el ejercicio de la docencia del país. Sé que muchas veces los fracasos humanos y la miseria han obligado -y obligan- a hacer algo que no debe hacerse en función de la verdadera escolaridad que un docente tiene que cumplir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - La incursión del señor senador Mederos en el tema se refiere a cuánto va a ganar un maestro. Pienso que tanto él, como todo el Parlamento haremos los mayores esfuerzos para que tengan las mejores remuneraciones. También pienso que a lo largo de estos últimos años -no hago alusión a los años de gobierno de facto- han habido gobiernos blancos y colorados y presumo que en ellos se habrá intentado dar al Magisterio todo cuanto estaba al alcance de los legisladores de la época.

Digo que si debido a la circunstancia de la situación económica general que vive el país este Parlamento no pudiera dar a los maestros todo lo que quisiera, por el artículo 22 ni los dejamos trabajar, por lo que los colocamos en peores condiciones aún.

SEÑOR LACALLE. - Apoyado.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, por un lado me parece perfecto y necesario sancionar a quienes se comporten en forma inadecuada como, por ejemplo, no realizando la denuncia, por lo que incurren en la omisión que los hace pasible de sanción. Pero con respecto a la falta que supone la incapacidad de tiempo, de frescura, de mente despejada, que deriva del hecho de que después de trabajar en una escuela y preparar una clase en la noche tenga que dar lecciones a otros niños, obligado por su falta de recursos, tampoco la resolvemos por este artículo 22.

Si además este Parlamento no da a los docentes todo lo que desearía y aún mantiene el artículo 22, agravamos la situación de éstos. Entonces, creo que no tiene sentido, porque no corregimos ni una cosa ni la otra.

Como se trata nada menos que de la libertad de trabajo y de resolver un problema sumamente importante para mucha gente, y como ningún señor senador ha contestado hasta ahora al señor senador Ortiz en cuanto a qué incompatibilidad existe en que una maestra de sexto grado de una escuela urbana enseñe las nociones de matemáticas o geometría -que puede conocer tan bien como cualquier otro profesor- a un niño de tercer año del liceo, como desde el punto de vista moral eso no se ha controvertido, pienso que el Senado cometería un error al establecer una prohibición genérica. Por eso es que, pese a lo avanzado de la hora, sigo insistiendo en el tema.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BATALLA. - Con mucho gusto, pero adelanto a la Mesa que ya he terminado mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Al señor senador Batlle le quedan dos minutos para hacer uso de la palabra, que pueden ser utilizados por el señor senador Zumarán.

Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - El señor senador Batlle ha insistido varias veces en que nadie contestó lo planteado por el señor senador Ortiz. Sin embargo, yo creo que está contestado en la modificación que realizó la comisión en la tarde de hoy. El tema fue tratado in extenso y, si bien no se mencionó el caso concreto que señala el señor senador Ortiz, se habló de alguno similar que, además, fue reiterada en Sala -y si mal no recuerdo lo planteó el propio señor senador Batlle- como el de un docente que quiere ayudar a un vecino dándole clases particulares.

Para los casos en los que se entiende conveniente permitir las clases particulares, previmos que esta incompatibilidad no rige en los casos excepcionales que determine la ordenanza. De modo que esto está expresamente previsto.

La famosa libertad de trabajo que se ha invocado tantas veces se limita cada vez que se fija una incompatibilidad. El señor senador Singer -que en este momento no se encuentra presente en Sala- se refirió a los legisladores en ejercicio de su profesión y cuya actividad está sujeta a una serie de incompatibilidades establecidas en los artículos 122 y siguientes de la Constitución de la República. Por supuesto que las incompatibilidades limitan la libertad de trabajo, pero se establecen para preservar el buen funcionamiento del servicio.

Por lo expuesto, mantengo el texto tal como fue informado por la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Había solicitado la palabra al señor senador Hierro Gambardella.

SEÑOR HIERRO GAMBARDELLA. - Muchas gracias, señor Presidente, pero no voy a hacer uso de la palabra porque el señor senador Batlle ya ha expresado lo que yo deseaba manifestar.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Muy brevemente deseo referirme a este tema, ya que no lo había hecho hasta el momento.

Tratando de contribuir a encontrar una solución, señalaré que la eventual inmoralidad en que incurriría un docente sería muy concreta y puntual -por lo menos desde mi punto de vista- en el caso que diera clases particulares a un alumno a su cargo. Me parece que este es el caso más claro de inmoralidad y se me ocurre que tal vez la prohibición específica establecida puede referirse, precisamente, a lo que acabo de señalar.

Tal vez solucionaríamos el problema mediante una definición puntual de lo que podría ser la inmoralidad eventual en la que incurriría un docente. El texto podría estar redactado en los siguientes términos: "Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o Direcciones Generales previstos en las disposiciones precedentes, con la actividad de profesor particular de educandos reglamentados a su cargo". Con esto prohibiríamos específicamente lo que es inmoral dejando, naturalmente, la libertad de trabajo en otras situaciones. Es decir que salvaguardamos lo fundamental, que es no prohibir de más, pero sí hacerlo en los casos en que es necesario. Lo realmente dañino en una relación docente es el favoritismo o interés por cumplir la doble función simultánea de docente oficial y particular de un mismo alumno.

SEÑOR TRAVERSONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR FLORES SILVA. - Con mucho gusto.

SEÑOR TRAVERSONI. - Quiero decir al señor senador, dada la experiencia que tengo en esta materia que esa fue la primera disposición que adoptaron las autoridades, pero que posteriormente se aprobó una prohibición más general porque aquélla no daba resultado y los vicios se producían por otro lado, aspecto que no es del caso señalar aquí. Es decir, se daban esos inconvenientes pedagógicos de la duplicación del profesor particular con el oficial, en una doble función que perjudicaba a ambas.

Aprovecho la oportunidad para puntualizar que los motivos económicos son valederos en la época actual pero cuando se registraron originariamente las prohibiciones fue en la época feliz del país, en los comienzos de la época del 50, en que había buenas remuneraciones para los profesores, pese a lo cual se registraron esos vicios.

SEÑOR FLORES SILVA. - Naturalmente, respeto mucho la opinión pedagógica del señor senador Traversoni, pero me temo que en este punto estoy de acuerdo con el señor senador Batlle en cuanto a que hay una situación de necesidad social que coloca a los docentes aún más allá de las energías y de la fortaleza que tengan en la necesidad de dictar clases particulares. Ese es un hecho social, que será o no conveniente desde el punto de vista pedagógico, pero en definitiva es un hecho social. Lo que estamos buscando aquí no es regular mediante una disposición un combate frente a un hecho de esas características o frente a las consecuencias pedagógicas que ese hecho arroja, sino señalar incompatibilidades para prevenir a la educación de los males eventuales que pudieran causar ciertas inmoralidades.

Quiero dejar como moción concreta a consideración del Cuerpo el señalamiento de la incompatibilidad del profesor, dicha muy puntualmente y la prohibición del ejercicio de la docencia particular el educando que está a su cargo en el marco de la educación oficial, dejando el amplio espacio de la libertad de trabajo para aquellos que necesiten de ella, más allá de lo que nosotros en este momento podemos regular.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - Que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22 del proyecto de la Comisión.

(Se vota:)

- 16 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 45.

Se lee:

"La Administración Nacional de Educación Pública declarará la nulidad de todas las destituciones, cesantías o privaciones de trabajo de los funcionarios de su dependencia que fueron dispuestas por motivos ideológicos, políticos, gremiales violatorios de reglas de derecho o viciados por desviación de poder. Idéntica declaración de nulidad realizará el Poder Ejecutivo respecto de las destituciones de funcionarios dependientes de la Comisión Nacional de Educación Física".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: debo decir que nos ha sorprendido un poco la rapidez del pasaje a votación de este artículo.

Entendíamos que el artículo 45, en función de la resolución dictada por el CONAE y el 46, carecían de sentido, dado que aquella resolución comprendía los casos previstos por el artículo citado en primer lugar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que la Comisión resolvió esta tarde incluir los dos.

SEÑOR GARGANO. - Sí, pero nosotros queríamos argumentar en el sentido de que primero se votara la supresión de ambos artículos. Ahora, ya se ha votado, pero de todas maneras queríamos dejar en claro cuál era nuestra posición respecto a este punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 46.

(Se lee:)

"La restitución en la función que opere en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los legítimos derechos adquiridos por los demás funcionarios".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: cuando este artículo se trató en Comisión manifesté que era innecesario y no digo inconveniente porque son dos cosas distintas.

Creo que aquí ninguna persona ni quien habla está en contra de respetar los derechos adquiridos. Digo que es una disposición innecesaria -aunque en definitiva la voy a votar, porque así se acordó en Comisión y, además hay un interés político en ello y mucha gente preocupada, a la que daré tranquilidad con mi voto- cuando dice que hay que respetar los derechos adquiridos. Parecería que si no lo decimos el Ente puede no respetar esos derechos. Pero este ente, como todos los organismos estatales, tiene que respetar los derechos adquiridos -concepto que más que eso, se refiere a los derechos subjetivos de cada ciudadano- tiene que actuar dentro de la Constitución y de la Ley, tiene que respetar el principio de la legalidad. Ningún órgano estatal puede actuar sin respetar los derechos de todas las personas ni puede violar la Constitución ni las leyes. De modo que, aunque esto no se diga, es así. No se puede partir del supuesto de que hace falta esta norma para que el órgano jerarca de este Ente actúe de acuerdo a derecho; tiene la obligación de actuar de acuerdo a derecho.

Esta es la primera precisión que quiero hacer.

En segundo lugar, entiendo que no tiene sentido calificar de legítimos a los derechos adquiridos. El señor senador Jude ha insistido hasta el cansancio en que así sea, pero francamente me parece que hay que cuidar la terminología jurídica y la precisión de los términos, porque aquí no estamos redactando recetas de cocina. Estamos redactando leyes, normas jurídicas y la terminología debe tener precisión. Si nosotros decimos que hay que respetar los legítimos derechos adquiridos, parecería que creemos que hay derechos adquiridos que son ilegítimos. Todo derecho es legítimo y si no es legítimo no es derecho. Parecería, sin embargo, que hay dos clases de derecho: derechos legítimos y derechos ilegítimos. Y no es así. Si son ilegítimos son contrarios a derecho, no son derechos; serán situaciones de hecho amparadas o con la apariencia de estar amparadas por una norma, pero en realidad contrarias a las normas que en realidad rigen.

Así que, por lo pronto, habría que decir que se amparan los derechos adquiridos o que existe el deber de reconocer los derechos adquiridos.

Quiero decir otra cosa con respecto al calificativo de derecho adquirido.

Como se ha declarado la nulidad de todas las destituciones y cesantías ilegales o dictadas con violación a reglas de derecho o con desviación de poder, esto determina el restablecimiento del funcionario destituido a su situación funcional anterior, es decir, que tiene derecho a volver a ocupar su cargo. Entonces, la preocupación que existe se debe al hecho de que ahora hay otra persona que accedió a ese cargo por ascenso o porque quedó vacante y tiene derecho a él. Ese es un error jurídico evidente. Si el cargo no estaba en verdad vacante, porque la destitución había sido ilegal o ilegítima, no se podía haber accedido a él; se está allí de hecho, pero no de derecho. Esto es para que mañana, al reponer a un funcionario en el cargo que tenía, por ejemplo, como Oficial 2º, no se diga que por la reposición se desplazó a otro funcionario y se lesionó su derecho adquirido, porque en realidad ese derecho adquirido no existía.

Eso es lo que hay que tener bien claro porque es la única solución jurídica del problema: que con esta norma se marque la preocupación o la intención política de este Cuerpo de no causar perjuicios innecesarios a los funcionarios que estaban en determinadas situaciones, a las que habían accedido por las arbitrariedades de la dictadura y no porque ellos las hubieran buscado. Me parece muy bien que exista preocupación en las autoridades del Ente por no desplazarlos a tareas de inferior jerarquía, que no se les rebaje el sueldo ni se le causen perjuicios económicos, pero es necesario que se entienda bien qué es lo que se dice cuando se está hablando de derecho adquirido. No hay derecho adquirido en virtud de una resolución ilegal ni de una resolución arbitraria. Esto tiene que quedar claro. Con este sentido y partiendo de la premisa que ha expresé, de que la disposición sería innecesaria porque ningún organismo público -ni éste que creamos- pude actuar en forma contraria a derecho, es que voy a votar esta disposición, reiterando que la considero superabundante, pero responde a un comprensible sentimiento de inquietud de numerosos funcionarios de la enseñanza pública.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para plantear una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: tal como señalaba el señor senador Gargano, quizás por la hora en que estamos, nos sorprendió su velocidad. Lo felicitamos por estar tan fresco a esta hora de la madrugada.

Nuestra intención era solicitar al Cuerpo que tratara como moción, la eliminación de los artículos 45 y 46. Concretamente, la moción de orden que planteamos es la reconsideración del artículo 45. Explicaré las razones que dan motivo a ello. Nuestra intención -repito- era pedir la eliminación de ambos artículos, por considerarlos innecesarios y nuestra resolución de bancada era que, en caso de fracasar o de quedar solos en esta instancia, aprobáramos el artículo 45. En cuanto a la velocidad, hemos estado lerdos y se nos pasó esa instancia, por lo que solicitamos la reconsideración del artículo 45 simplemente para dar nuestro voto favorable al mismo, en virtud de haber fallado aquella ocasión en que hubiéramos pedido la anulación de ambos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como esta moción no admite discusión, se va a votar si se reconsidera el artículo 45.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 45.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - ¡Qué se vote el artículo 45!

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 45.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Deseo aclarar al Cuerpo que no existe contradicción en este tema. A nuestro juicio, se podrían suprimir los dos artículos que he mencionado, pero, precisamente, el CONAE ya ha hecho lo que establecía la concertación. En ese caso no ignorándola -término que nos sigue encantando- queremos dar nuestro voto favorable a un artículo que no hace más que reconocer lo que ha establecido el CONAE. Es decir que no hay contradicción. Hubiéramos deseado -repito- eliminar los dos artículos por innecesarios, pero si el Cuerpo no lo entiende así, seguiremos adelante con ellos. Nosotros, que tanto hemos bregado en esta materia, no podríamos negarnos a aprobar el artículo 45.

12) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente; senadores del Partido Nacional hemos presentado dos comunicados a la Presidencia, que son de economía interna del Senado y solicitamos que se dé cuenta de los mismos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de dos asuntos entrados llegados a la Mesa.

Se da de los siguientes:

"Los señores senadores Carlos Julio Pereyra, Gonzalo Aguirre Ramírez y Carminillo Mederos, de conformidad con el artículo 140 del Reglamento, se constituyen en sector parlamentario ‘Movimiento Nacional de Rocha’."

"Los señores senadores Alberto Zumarán, Guillermo García Costa, Juan Raúl Ferreira, Juan Martín Posadas y Uruguay Tourné, de acuerdo con lo que dispone la mencionada disposición reglamentaria, se constituyen en sector parlamentario ‘Por la Patria’."

- Se tendrá presente.

13) PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA PARA LA EDUCACION GENERAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del proyecto de ley de emergencia para la educación general.

En consideración el artículo 46.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor Presidente: he presentado al seno de la Comisión el artículo 46 y ésta que actuó en gran armonía, después de un extenso debate, aprobó los artículos 45 y 46, con el voto afirmativo de los senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado y también del Frente Amplio, con observaciones, a excepción del señor senador Martínez Moreno, quien votó por la negativa.

Deseo expresar que me parece que si tiene sentido el artículo 45, que establece claramente y con justicia la nulidad de las destituciones por motivos ideológicos, políticos o gremiales, violatorias de reglas de derecho o dictadas con desviación de poder, no es menos cierto que ello, naturalmente, conlleva, lo que podría ser cierto tipo de desborde, de revanchismo o de nerviosismo creado entre los funcionarios, que han visitado a la mayoría de los señores senadores. Existe un clima de frustración porque mucha gente se ha visto afectada en su estabilidad laboral. Entendemos que más allá de restituir a los injustamente destituidos, no debemos destituir a ninguna otra persona ni crear problemas que afecten patrimonialmente la estabilidad laboral del resto de los funcionarios públicos.

Creemos que en la democracia deben existir garantías y derechos para que los funcionarios se vean respaldados en la seguridad de trabajo. La resolución del CONAE que declara de carácter interino todos los cargos de inspección y de dirección docentes hasta realizar un concurso, ha creado, naturalmente, una excitación, porque dicho carácter supone un reacondicionamiento de la situación de cada funcionario. Son más de dos mil los funcionarios que sienten sobre sí la inseguridad en su propio destino.

Si agregamos a esto la resolución votada ayer por el Consejo de Educación Secundaria Básica -a esta altura de la noche no vamos a mencionar más que una sola de las disposiciones adoptadas por este Consejo- en conformidad con las leyes vigentes y demás normas concordantes, en el sentido de revocar las designaciones en todos los cargos de inspección docente sin excepción alguna, cualquiera sea la forma por la que estén desempeñando el cargo, uno tiene el derecho a pensar en la razón que asiste a los funcionarios. No es el caso restituir y establecer limitaciones para ciertos funcionarios por la restitución de otros, sino de crear un régimen de cesación masiva que revela poca objetividad.

No sé si se han hechos listas para decretar cesaciones masivas en Secundaria: Se parte del presupuesto de ineptitud, sin haber hecho un examen sumarial de cuáles son las razones por las que se decreta el cese de los funcionarios. Esto no contribuye a dar un clima de seguridad, de afianzamiento ni de democracia, ni contribuye tampoco a establecer un ánimo de justicia dentro del régimen de la enseñanza. De manera que en salvaguarda de lo que podría no tener un sentido estricto desde el punto de vista jurídico -como dijo el señor senador Aguirre- es evidente que no está de más, si es de conveniencia para la salud moral del país, que un artículo como el 46 haga referencia a que no está de más, si es de conveniencia para la salud moral del país, que un artículo como el 46 haga referencia a que no "lesionará". Si es necesario acepto quitar del artículo la mención de "legítimos derechos adquiridos", porque esta expresión no agrega nada más que los propios derechos adquiridos por los funcionarios. Acepto perfectamente la modificación del artículo que quedaría redactado así: "La restitución en la función que se opera en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los derechos adquiridos por los demás funcionarios".

SEÑOR ARAUJO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR JUDE. - Sí, señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Podría fundamentar un voto favorable a este artículo, si el señor senador Jude accede a efectuar una pequeña modificación. Es nuestro deseo poder aprobar este artículo. Simplemente solicitamos que a la modificación a que el señor senador alude, se le agregue una pequeña más. El artículo tal como venía de la Comisión establece: "La restitución en función que opere en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los legítimos derechos adquiridos por los demás funcionarios". El señor senador Jude admite que se elimine la palabra "legítimos".

SEÑOR JUDE. - La eliminación, pero no la postergación de la legitimidad de acuerdo a derecho. Estoy seguro que el señor senador Araújo lo va a votar tal cual está, porque es un acto de justicia defender la estabilidad de los funcionarios públicos y eso es algo que está en el ánimo de todos nosotros.

SEÑOR ARAUJO. - Nos parece mucho más justo establecer como modificación: "no lesionará los derechos legítimamente adquiridos por los demás funcionarios". Y aclaro el por qué: para nosotros, si es un derecho legítimo, es redundante establecerlo. Pero la adquisición del derecho puede ser legítima o ilegítima. Por eso queremos introducir esta variante. En caso contrario, si el señor senador no accede a ella, no votaremos este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Jude.

SEÑOR JUDE. - Lamento mucho la decisión del señor senador Araújo pero creo que lo que puedo aceptar es la supresión de "legítimos" derechos adquiridos, porque los derechos adquiridos son legítimos por sí. Es innecesaria la palabra. Pero con toda honradez digo que no podemos calificar los derechos como legítimos en un clima donde no hay gran objetividad y donde existe una realidad de la que pueden surgir otras sorpresas, más allá de las resoluciones del Consejo de Secundaria. Prefiero que el artículo se vote como vino de la Comisión.

SEÑOR MEDEROS. - Derecho legítimo es aquel adquirido conforme a derecho, cosa que no se da en un régimen de facto.

SEÑOR JUDE. - Este tema no, se puede vincular al régimen de facto porque aquí nadie defiende la situación de facto.

SEÑOR JUDE. - Este tema no se puede vincular al régimen de facto que aquí nadie defiende la situación de facto. Al pedirse la revocación de los funcionarios en todos los casos, sin excepción alguna, no se hace referencia a ningún funcionario en particular, sino a todos. Esto me parece que es absolutamente injusto, porque trasciende a un ámbito demasiado genérico. Con todo respeto acepto la sugerencia del señor senador Aguirre.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR JUDE. - Sí, señor senador.

SEÑOR JUDE. - Alcanza con establecer: "los derechos adquiridos por parte de los funcionarios". En esta materia sería suficiente con copiar el artículo 11 del proyecto presentado en la Cámara de Diputados por todos los legisladores del Frente Amplio que dice: "La reincorporación y reparación en la carrera funcional establecida en las disposiciones precedentes no afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que actualmente ocupan y desempeñan los cargos y funciones a los que sean reintegrados y promovidos los beneficiarios de la Administración Central, por ascensos realizados por Ministros de un gobierno de facto. De esta manera se estaría protegiendo a ciudadanos que han sido beneficiados por el gobierno de facto y en este caso no se trata de proteger a nadie que se haya beneficiado indebidamente. Se trata de otra cosa. Por eso me parece que dejar la palabra "adquiridos" sin "legítimos", antes o después, corresponde para guardar coherencia con lo que estamos haciendo a todos los niveles, tanto en la Administración Central como en la Administración que este Parlamento ejerce por su propia función administrativa, y como lo está haciendo la Universidad de la República, que está restituyendo a todas las personas que han sido ilegítimamente destituidas, pero sin perseguir o sancionar a aquéllas que han tenido funciones durante todo este tiempo. Creo que de esa manera eliminamos esa competencia respecto a si es "legítimo" antes o "legítimo" después. Son derechos y nada más que eso.

(Apoyados)

SEÑOR JUDE. - Acepto la sugerencia porque el señor senador Zumarán realizó un planteo similar en la Comisión. Estoy de acuerdo en que se suprima la palabra "legítimos".

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - No quisiera dejar pasar por alto algunas afirmaciones del señor senador Jude, en cuanto suponen la decisión adoptada correctamente por el Consejo de Secundaria. Al proceder a la revocación de las designaciones de Inspectores y Directores no ha hecho más que hacer uso de la disposición legal que lo faculta para ello. Y todos aquellos que ocupaban dichos cargos sabían, a partir del momento en que accedieron a ellos, que no estaban generando ningún derecho con esa ocupación porque esos eran cargos revocables y por disposición de la Ley Nº 14.101, que no ha sido derogada todavía. Además, la revocación de esa designación no significa una destitución, sino el reintegro de esos docentes a los cargos que ocupaban antes. No los priva tampoco de volver a desempeñar esos cargos si acceden a ellos mediante el concurso que se anuncia en el mismo acto de gobierno. Creo que este es un acto de buen gobierno para comenzar una actuación difícil de reorganización del servicio.

Además, esto no significa que hagamos un juicio de valor sobre las actuaciones de algunos de los funcionarios que ocuparon esos cargos, aunque me permito señalar que muchos de ellos que ocuparon los cargos de las llamadas asignaturas de confianza por parte del proceso -es decir, los cargos de inspectores- están de hecho inhabilitados para el desempeño de esa función, porque son culpables de haber cometido graves faltas, que aun son mayores que las cometidas por las propias autoridades.

(Aplausos en la Barra)

- Esos docentes fueron los que, sin mediar una resolución escrita, obligaron o coaccionaron a los profesores para que ejercieran la autocensura sobre su actitud en clase, la selección del material de estudio, y crearon verdaderamente una dictadura dogmática y proselitista en materias fundamentales para la formación cívica de los alumnos.

(Apoyados)

- De manera que este acto además de ser ajustado a derecho, es saludable para la administración del Estado.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: deseo declarar que estoy completamente de acuerdo con las expresiones manifestadas por el señor senador Traversoni. Diría más: el alcance que siempre le dimos a esta disposición del artículo 46 es, precisamente, el que se refleja en esta resolución adoptada por Enseñanza Secundaria y está de acuerdo con la interpretación que al respecto expresa el señor senador Aguirre. Sé muy bien que esta resolución se adopta en base al artículo 39 de la Ley Nº 14.101 -tal como lo manifestaba el señor senador Traversoni-. Pero, a mi modo de ver, no hay ninguna contradicción -y esto quiero aclararlo expresamente- entre la resolución adoptada con fecha 19 de marzo y la sanción de este artículo 46. Porque justamente en esta resolución se revocan las designaciones, pero también se dispone que permanezcan provisoriamente en esos puestos hasta adoptar una ulterior resolución. Quiere decir que el cargo queda a disposición del jerarca. Luego se abre un plazo de treinta días para proveer con carácter interino los cargos de director y de inspector de liceos. Posteriormente el Ente anuncia su voluntad de llamar a un concurso a fin de proveer definitivamente estos cargos.

SEÑOR SINGER. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Sí, señor senador.

SEÑOR SINGER. - Ante las expresiones del señor miembro informante me surge una duda, debido quizás, al desconocimiento de las disposiciones legales a alas que se ha referido. Concretamente deseo preguntar lo siguiente: si este proyecto de ley que hoy estamos tratando hubiera sido ya sancionado -y éste habría sido el orden lógico a seguir, es decir, aprobar primero la ley y después proceder a la designación del Consejo Directivo Central y de los Consejos desconcentrados- ¿se podría haber tomado la misma resolución?

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que sí, señor senador, porque aquí no se destituye a nadie. Los cargos cuyas designaciones serán revocadas, son aquellos a los cuales se accedió sin cumplir con los requisitos exigidos. El funcionario no queda destituido, sino que permanece con el carácter de interino. Como consecuencia de esto surge una "aspirantía" porque no se puede llamar inmediatamente a concurso, ya que ahora lo que corresponde es dedicarse a preparar el inicio del año lectivo. Entonces, mediante esa "aspirantía" se irán adjudicando esos cargos también con carácter interino. Inclusive la disposición dice que ese ejercicio interino no genera méritos especiales. A partir de ese momento, en un plazo de algunos meses, estos cargos serán llenados mediante el procedimiento del concurso, al que se podrán presentar tanto los funcionarios que actualmente los desempeñaban como otros pertenecientes al Ente que hayan sido postergados y los destituidos que reingresen. Los cargos se adjudicarán de acuerdo con el legítimo derecho de cada uno. De modo que pienso que cuando nosotros aprobamos en el artículo 46 la expresión "que no afectará los derechos adquiridos", lo hacemos porque se trata de efectivos derechos que fueron adquiridos por medio de una carrera docente regular. Lo que de ninguna manera se establece en el artículo 46 es la convalidación de las designaciones efectuadas en forma irregular durante este período, porque en este caso no se trata de derechos adquiridos, sino que son situaciones a las cuales se accedió de manera absolutamente ilegítima. Por lo tanto, creo que hay absoluta concordancia entre las disposiciones que sancionó el Consejo de Enseñanza Secundaria, con fecha 19 de marzo, y las que estamos aprobando en el artículo 46 de este proyecto. Entiendo que la sanción de este artículo expresa la voluntad política de este Cuerpo, concordante con las decisiones que han tomado las autoridades desde que están instaladas hasta el momento actual. Además, me parece que han actuado conforme con el sentir que se expresa en la letra y el espíritu de este texto legal.

SEÑOR JUDE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. - Sí, señor senador.

SEÑOR JUDE. - Deseo realizar una pregunta al señor miembro informante, porque si bien comprendo sus expresiones, no me explico el porqué de las revocaciones. Entiendo que la revocación no es un acto que se pueda considerar amistoso o afectuoso, más bien diría que se trata de algo absolutamente negativo para cualquier persona que se encuentre en esa situación. ¿Cuál es la razón de la revocación? ¿Por qué razón se le revoca? ¿Por qué se va a hacer un concurso? ¿Y qué impide que se llame a concurso sin hacer la revocación, y que ella surja como consecuencia del propio concurso? Además de esta decisión adoptada, todas las similares poseen una agresividad que nos hace pensar que salimos de una dictadura para entrar en otra.

SEÑOR ZUMARAN. - No creo que se establezca ninguna dictadura. Por el contrario, entiendo que comienzan a adoptarse las medidas conducentes a que todo el escalafón docente esté ordenado con un criterio de regularidad jurídica para beneficio del servicio y de los derechos de todos los funcionarios. Entonces, si los cargos estaban ocupados en virtud de una serie de adjudicaciones irregulares, se revocan todas; se ejercen interinamente; se produce una "aspirantía" y, finalmente, se llama a concurso para proveer los cargos conforme a derecho. Me parece que es un paso indispensable para regularizar la situación. De lo contrario, si las autoridades recientemente designadas de Enseñanza Primaria, Secundaria o de Universidad de Trabajo hubieran convalidado las decisiones del régimen anterior, sería algo imperdonable. Lo que hay que hacer es revocarlas y darse un tiempo para analizarlas una a una, con el propósito de ver cuáles constituyen derechos adquiridos que es menester respetar y cuáles son fruto de la simple arbitrariedad de la dictadura. Este es el sentido de esta disposición y me parece correcto que se inspire en el texto vigente de la Ley Nº 14.101, ya que estamos proyectando el sentir general de todos los que queremos que la enseñanza, de una vez por todas, se ordene conforme a las normas que siempre la regularon y que le dieron prestigio, menos en este período.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: aquí se ha hablado -especialmente lo ha hecho el señor senador Jude- del problema que se le plantea a los funcionarios actuales cuyos nombramientos son revocados o cuyas situaciones son alteradas, quedando a la espera de la adopción de resoluciones futuras. A efectos de ayudar a contemplar estas situaciones es que vamos a votar el artículo 46.

Pero donde hay consenso al parecer unánime es en contemplar la situación de los funcionarios destituidos. Con respecto a ellos parece que no hay ninguna voluntad discrepante en cuanto al hecho de que deban volver a sus cargos.

Es por eso que me preocupa, y pediría una aclaración, una de las resoluciones del Consejo Secundario que con fecha 19 de marzo declara insanablemente nulos -y esto de insanablemente no le gustaría al señor senador Aguirre- los actos de revocación y las renuncias aceptadas del cuerpo inspectivo docente, con posterioridad al 27 de junio de 1973. Esto hasta aquí va bien, es decir que se refiere a todas las renuncias y revocaciones hechas después del 27 de junio o sea después del golpe de Estado, actos que se declaran insanablemente nulos. Pero además dice: reintegrando de inmediato al servicio a los señores inspectores que eran titulares de dichos cargos con anterioridad a la Ley Nº 14.101. Quiere decir que de acuerdo a esto se retoma a los inspectores que quedaron cesantes ante la ley mencionada y en cambio a los que fueron declarados cesantes entre la sanción de la Ley Nº 14.101 y el 27 de junio -es decir durante la vigencia de esa ley- no los retoman. Eso es lo que me llama la atención y pediría una aclaración porque son tan destituidos los que ingresaron antes de la sanción de la Ley Nº 14.101 como los que ingresaron después. Sin embargo a unos los vuelven a llamar y a los otros no, y me parece -a menos que se me explique satisfactoriamente- que esto constituye un acto de discriminación que no tiene nada que ver con los funcionarios actuales, porque estos son funcionarios destituidos a los que no se les contempla, al parecer, por el único pecado de haber sido designados en ese período que va de la sanción de la ley al 27 de junio. No sé si el señor senador Traversoni conoce esta situación.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que la razón de la pregunta que se hace el señor senador Ortiz es la siguiente: los cargos inspectivos docentes hasta la sanción de la Ley Nº 14.101, no podían ser revocados después de la sanción de esa ley. Entonces, el carácter de insanablemente nulos -o de nulos para expresarnos con mayor corrección y en eso estoy de acuerdo- deriva del hecho de que fecha anterior a la Ley Nº 14.101, no podían revocarse las designaciones. Esa es la información que poseo, salvo mejor opinión de algún otro miembro del Cuerpo.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: pero no se trata de revocaciones hechas después de la ley, sino de revocaciones realizadas con posterioridad al 27 de junio; es decir donde las revocaciones eran totalmente nulas, tal como se declara. Pero eran nulas las revocaciones realizadas en cargos de inspectores designados antes de la ley y después de ella. Todas las cesantías que se decretaron después del 27 de junio eran nulas. Ahora eso corrige en una forma muy parcial y muy especial. O sea que los que ingresaron antes de la sanción de la ley pueden volver, y los que ingresaron después que ella fuera sancionada -hasta el 27 de junio- no vuelven.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Sí, señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pero ingresaron a cargos de confianza. Y debo aclarar que antes de promulgada la ley no se permitía esa revocación. Entonces aunque esto fue realizado después de la sanción de la ley, el cargo había sido obtenido bajo otro régimen que no permitía su revocación.

SEÑOR ORTIZ. - Pero las destituciones que se hicieron después del 27 de junio -ya fueran de cargos presupuestales, estables o de confianza- son todas nulas, porque es lo que hemos dicho, o sea: lo ha hecho la dictadura lo anulamos y lo dejamos sin efecto. Sin embargo, aquí no se deja sin efecto. Es decir que son destituciones realizadas por el gobierno de facto que siguen vigentes. Entonces, ¿por qué se las respeta?

SEÑOR ZUMARAN. - Perdonen los señores senadores que entremos en este dialogado, pero vamos a ver si con lo que voy a decir se aclara el problema.

La Ley Nº 14.101 dispuso que los inspectores y directores docentes dependientes, etcétera, serán designados en todos los casos, en forma revocable, por cada Consejo. Esa innovación de la ley supuso que a partir de su sanción -me estoy refiriendo al inciso 5º del artículo 39- se efectuaron esas designaciones las que ya se hicieron bajo este estatuto legal, por lo que eran revocables. Entonces, por el hecho de haber sido revocables no son insanablemente nulos. Serán nulos si fueron hechos con desviación de poder, con ilegalidad, por persecución política, etcétera, pero no por el hecho de haber sido revocados. Sin embargo las que se realizaron antes de la aprobación de esta norma, eran cargos definitivos y no revocables salvo causal fundada. Entonces, la simple revocación es insanablemente nula. Por lo tanto creo que es un criterio adecuado el establecido por la reglamentación.

SEÑOR ORTIZ. - Continúo, señor Presidente.

Este inciso 5º que se acaba de leer valdría si las autoridades que decretaron la revocación hubieran sido legítimas; pero somos contestes en que eran autoridades ilegítimas. Por lo tanto no podían hacer nada legítimo y no podían aplicar ninguna ley. Ellas, en sí mismas, llevaban insita su ilegalidad. Por tanto, todo lo que hicieron no valía, pero ahora, cuando llega el momento de reparar, resulta que se aplica la ley. Entonces, ¿para unos sí y para otros no? Creo que esto es una arbitrariedad que se suma a las que en otro sentido ha señalado el señor senador Jude.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador pide la palabra pero me gustaría saber si no estamos fuera de la cuestión, en el sentido de estar examinando resoluciones de un Consejo desconcentrado en lugar de aprobar el artículo 46 del proyecto, que es nuestro tema.

Tiene la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Me alegro que el señor Presidente haya hecho esa manifestación, porque justamente en ese orden de ideas me iba a mover en el transcurso de mi exposición.

Lo que aquí está en discusión es un artículo 46 que establece un principio que es considerado innecesario pero que es correcto, o sea el de que los derechos adquiridos deben respetarse. ¿Debe el Senado decir cuáles son los derechos adquiridos de los funcionarios del Ente? No lo debe decir porque eso es invadir -y aquí sí me afilio totalmente a la hipótesis que hace instantes preocupaba a algunos colegas- la autonomía del Ente. ¿Nosotros le debemos decir al Ente cuándo respeta los derechos adquiridos y cuándo los lesiona? No, de ninguna manera nosotros no podemos injerirnos en la actividad administrativa del Ente. Todo este análisis que se está haciendo aquí sobre una resolución que se dictó el 19 de marzo, acerca de si es legal o ilegal, si respeta los derechos adquiridos o si los viola, es algo que no podemos ni debemos hacer porque -como dijo muy bien hoy- esta es una actividad que felizmente se hace en forma pública, con barras, con crónicas por la prensa y con trasmisiones por radio en directo, por lo que todo el país está oyendo esto y probablemente mañana se van a enterar las autoridades del Ente Autónomo de que nosotros estamos diciendo si actúan bien, mal o regular o si lo hacen en forma legal o ilegal. Eso no lo podemos hacer ni decir. So pretexto de dictar una disposición -que podría no dictarse, pero que sienta un principio general y correcto para este Ente Autonómo o para cualquier otro organismo del Estado- no podemos entrar en esta casuística que es propia de la acción administrativa del Ente.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AGUIRRE. - Sí, señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Lo que ocurre es que si bien estamos legislando, también alrededor del texto frío del artículo hay una vida que bulle, hay cientos de personas que nos han venido a ver, que nos han traído notas y que fueron lesionadas, por lo tanto nosotros no podemos ser un Senado de probeta, químicamente puro y que miremos el texto del proyecto sin ver a quienes nos rodean. El Parlamento está para recoger ese sentimiento popular. Entonces, cuando hay ciento de personas que vienen a quejarse no creo que se haya formado una patota que venga adrede a fingirse mártir; vienen a plantear su situación, muchos de ellos son funcionarios con veinticinco años de actuación que han ido escalando posiciones y no veo qué culpa pueden tener frente al hecho de que haya habido una dictadura en este país. Entonces, los funcionarios públicos tendrían que haber renunciado en masa o haberse invalidado los ascensos que tuvieron en estos doce años porque fueron conferidos por una dictadura.

Señor Presidente: lo menos a que podemos aspirar es -y somos los primeros en decir que todos los destituidos deben volver a ocupar sus cargos- a que la situación de los otros funcionarios sea examinada, caso por caso, porque no todos son adulones de la dictadura. Muchos funcionarios y docentes se han sacrificado; han soportado los desplantes de la dictadura durante esos doce años y por el hecho de no haber sido echados, no podemos ahora echarlos nosotros. Pienso que eso es una injusticia. Si miráramos este texto con la lupa de un legislador encerrado entre cuatro paredes no tendríamos nada que discutir; votaríamos afirmativa o negativamente y nada más. Pero debemos considerar las circunstancias que lo rodean. Y ellas son la existencia de decenas -podríamos decir centenas- de personas maestros y profesores, que firman la nota que tengo en mi poder, que no creo que sean todos unos hipócritas que vengan a falsear su situación para inspirar compasión.

SEÑOR AGUIRRE. - Continúo, señor Presidente.

Comprendo la pasión que pone el señor senador Ortiz al considerar este problema, pero reitero que el Parlamento no puede resolverlo, pues no es competente para hacerlo.

El señor senador Ortiz dice, en su razonamiento, "¿qué culpa tienen los funcionarios de este Ente que hace veinticinco años que están ocupando su cargo, que han actuado en forma correcta, que han seguido su carrera administrativa? y hay cientos de funcionarios en esta situación".

Siguiendo el razonamiento con un mínimo de coherencia y de lógica podemos decir que, si bien eso es cierto, también hay ciento de funcionarios que están en la misma situación de UTE, en OSE, en ANCAP, en la Administración Central, en los Gobiernos Departamentales; y entonces, ¿vamos a dictar una ley que diga que se anulan todas las destituciones, asumiendo competencias administrativas que no tenemos?

Comprendo la angustia de los funcionarios, pero entiendo que cada órgano debe actuar en la esfera que la Constitución le asigna. El Parlamento no puede decirle al Ente Autónomo Administración Nacional de Educación Pública que debe reponer a Fulano o destituir a Mengano; eso debe decidirlo el Ente. El es quien debe analizar las situaciones y actuar de conformidad con la Constitución y la ley. Nosotros no podemos decirle, repito, cómo debe actuar. A lo sumo podemos dictar una disposición de carácter general que, reitero, es innecesaria, porque el Entes es el que debe actuar de acuerdo a la ley y respetar los derechos adquiridos. Nosotros no podemos decirle qué derechos han sido bien adquiridos y cuáles mal, porque si el Ente opina lo contrario que nosotros, hará lo que crea que le corresponder, ya que no tenemos competencia para darle órdenes. Si el Ente actúa de manera ilegal y desconoce derechos adquiridos, los funcionarios tendrán los medios que nuestra Constitución les concede para reclamar en la vía jurisdiccional correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

(Aplausos en la Barra)

Por otra parte, si el Ente actúa de manera ilegal, el Parlamento no puede juzgarlo. El Poder Ejecutivo tiene las facultades que le concede la Constitución, en su artículo 198, para solicitar las correcciones del caso y si el Ente insiste en actuar de manera ilegal debe pedir al Parlamento las remociones que considere pertinentes. Pero no podemos invertir los términos y empezar diciéndole al Ente lo que debe hacer, porque si ha pasado todo esto en el país y hace once años que vivimos fuera de la Constitución y de la ley, lo primero a que estamos obligados es a actuar ahora conforme a ella. En ese sentido debemos dar el ejemplo.

(Aplausos en la Barra)

No tengo nada contra los funcionarios que están en esta situación; lamento mucho lo que les sucede, pues no son culpables, pero para que estos hechos no se repitan más cada órgano debe actuar dentro de la esfera de sus competencias constitucionales. El Parlamento no es omnisciente ni puede dictar actos jurisdiccionales ni administrativos. Lo único que puede hacer es dictar leyes que -tal como dije el otro día- en lo que respecta a la esfera de los Entes Autónomos, se limitan a establecer cuáles son sus autoridades, sus poderes jurídicos, las responsabilidades de sus miembros, la duración de sus mandatos y nada más. Lo restante es competencia del propio Ente. La situación es similar a la que se daría si viniéramos a este Cuerpo a dictar normas para los Gobiernos Departamentales, que son autónomos, según lo establece la Constitución.

Yo también pongo calor en mis palabras porque me parece que el comprensible clamor y la preocupación que tienen unos centenares de funcionarios- que no son culpables de que haya habido una dictadura en el país- no nos pueden imponer el dictar normas inconstitucionales y desconocer la autonomía de los Entes.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - El estimado amigo, señor senador Aguirre, pone también énfasis en sus palabras; pero reincide en lo que dije hace un instante: pone un énfasis jurídico. Defiende las potestades de los Entes, dice que nosotros no podemos dictarles conductas. Yo convengo en todo eso. Desde el punto de vista jurídico su exposición es impecable; pero yo me estoy moviendo en base a otro punto de vista. Entiendo que no invado ninguna autonomía si hago un comentario sobre la actitud de un organismo. Y eso es lo que estoy haciendo, por que estoy recogiendo insatisfacción con respecto a las actitudes de este organismo. Por otra parte, me llama la atención que, sabiendo que en el Parlamento en cuestión de horas se iba a sancionar una ley, se apuren a tomar decisiones invocando la ley anterior, que va a ser derogada esta noche.

(Apoyados)

Aquí no se trata de un tratado de Derecho en que dilucidemos si estamos o no extralimitándonos en nuestras potestades. En ese sentido le doy la razón al señor senador Aguirre, ante quien me saco el sombrero por su sapiencia sobre el tema. No es ese el terreno en que estoy tratando el asunto; lo estoy considerando desde el punto de vista humano. Y el Parlamento es, por esencia, un receptor de las inquietudes humanas, no una academia de jurisprudencia o de temas jurídicos.

Yo, señor Presidente, creo cumplir con mi deber cuando protesto contra esto que me parece una injusticia, queremos que se me explique satisfactoriamente que no es así.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Usted ya había hablado, señor senador Araújo, de manera que no se la concedo.

SEÑOR ARAUJO. - Cuando intervine fue haciendo uso de una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si; pero había renunciado a hacer uso de la palabra.

SEÑOR ARAUJO. - En esa oportunidad renuncié, pero ahora quiero hacer uso de esa facultad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como se puede hablar una sola vez, usted renunció a la única oportunidad que tenía.

(Hilaridad)

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Como yo aún no he intervenido en relación a este punto, pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Ante todo, quiero dejar una constancia. Este no es mi estilo habitual, pero me siento obligado a hacerlo.

El señor senador Araújo señaló en el curso de una interrupción, que era su propósito fijar su pensamiento en ella en lugar de solicitar después hacer uso de la palabra. Sin embargo, él tiene un derecho conferido por el Reglamento, de hacer uso de la palabra en la discusión particular, derecho al que es dueño de renunciar en determinado momento y luego dejar sin efecto esa renuncia si el curso ulterior del debate lo impulsa a ello. Me resulta perfectamente claro, en esta circunstancia, que el señor senador Araújo tenía el perfecto derecho deshacer uso de la palabra, de acuerdo con el Reglamento que nos rige.

Deseo manifestar que el espíritu con el que se presentó el proyecto al que hace un momento dio lectura el señor senador Batlle no fue, de ninguna manera, el de lesionar derechos legítimos de nadie. Somos absolutamente comprensivos de todas las situaciones creadas.

En nuestra opinión, lo contemplado por el artículo 45 -cuya necesidad estimamos que disminuyó fundamentalmente luego de las resoluciones votadas por la autoridad de la enseñanza- es el centro de este tema. En otras palabras: pensamos que el funcionario que debió haber desempeñado el cargo durante todo este tiempo, pero fue despojado por una dictadura, debe volver a ocuparlo. Esto es lo primero.

Naturalmente existen, además, situaciones creadas a lo largo del tiempo, que no nos negamos a considerar cuando ellas reflejan derechos legítimamente adquiridos. Porque, ¿qué ha ocurrido? A lo largo de estos años se han dado situaciones muy diversas. En el curso de este debate, el señor senador Traversoni dio una explicación concluyente que, naturalmente, no ha sido refutada, seguramente porque nadie podía hacerlo.

Lo que queremos establecer a través del texto que hemos propuesto a la Comisión es un distingo claro, porque hay derechos que han surgido, situaciones que se han creado como consecuencia de un trabajo normalmente desarrollado, aun dentro de una situación normal. Pero hay otras que se han creado como consecuencia del vacío anormalmente producido por la dictadura. Y esas destituciones, ese vacío y esa anormalidad han creado situaciones de privilegio que no estamos en modo alguno, obligados a reconocer, porque eso no son derechos adquiridos legítimamente. Por esta razón este artículo, que habla de la restitución en el artículo 45 no lesionará los legítimos derechos adquiridos por los demás funcionarios, ahora va a expresar "derechos adquiridos por los demás funcionarios".

No estamos dispuestos a acompañarlo si la definición alude expresamente a derechos legítimamente adquiridos por los demás funcionarios. En este sentido, señor Presidente, queremos dejar constancia de nuestra disposición favorable a votar este artículo con un texto en el que se precisará con claridad su alcance, para evitar confusiones, situaciones equívocas o enfrentamientos posteriores.

Es todo lo que quería señalar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la supresión del adjetivo "legítimos".

(Se vota:)

- 20 en 26. Afirmativa.

El artículo 50 es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I
Principios Fundamentales

ARTICULO 1° - La Enseñanza aprendizaje se realizará sin imposiciones ni restricciones que atenten contra la libertad de acceso a todas las fuentes de la cultura. Cada docente ejercerá sus funciones dentro de la orientación general fijada en los planes de estudio y cumpliendo con el programa respectivo, sin perjuicio de la libertad de cátedra en los archivos correspondientes.

ARTICULO 2° - Se garantizará plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando. La función docente obliga a la exposición integral, imparcial y crítica de las diversas posiciones o tendencias que presenta el estudio y la enseñanza de la asignatura respectiva.

ARTICULO 3° - Ningún funcionario podrá hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de su función o en ocasión de la misma, ni permitir que el nombre o los bienes del Ente sean utilizados con tal fin.

ARTICULO 4° - Ningún funcionario será afectado en sus derechos en función de sus ideas. Los pronunciamientos oficiales de los órganos directivos o consultivos no obstan al derecho de petición ni al ejercicio de la libertad de pensamiento de funcionarios y educandos.

CAPITULO II
Régimen General

ARTICULO 5° - Créase la Administración Nacional de Educación Pública, Ente Autónomo con personería jurídica que funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución, de esta ley.

ARTICULO 6° - La Administración Nacional de Educación Pública tendrá los siguientes cometidos:

1º) Extender la educación a todos los habitantes del país, mediante la escolaridad total y el desarrollo de la educación permanente.

2º) Afirmar en forma integral los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza.

3º) Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades para todos los educandos, iniciando desde la escuela una acción pedagógica y social que posibilite su acceso por igual a todas las fuentes de educación.

4º) Atender especialmente a la formación del carácter moral y cívico de los educandos; defender los valores morales y los principios de libertad, justicia, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno.

5º) Promover el respeto a las convicciones y creencias de los demás; fomentar en el educando una capacidad y aptitud adecuadas a su responsabilidad cívica y social, y erradicar toda forma de intolerancia.

6º) Tutelar y difundir los derechos de los menores, proteger y desarrollar la personalidad del educando en todos sus aspectos.

7º) Estimular la autoeducación, valorizar las expresiones propias del educando y su aptitud para analizar y evaluar situaciones y datos, así como su espíritu creativo y vocación de trabajo.

8º) Impulsar una política asistencial al educando que procure su inserción en la vida del país, en función de programas y planes conectados con el desarrollo nacional.

9º) Estimular la investigación científica y atender la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural.

CAPITULO III
Organización

ARTICULO 7° - Los órganos de la Administración Nacional de Educación Pública son: El Consejo Directivo Central; la Dirección Nacional de Educación, los Consejos de Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional y sus respectivas Direcciones Generales.

ARTICULO 8° - El Consejo Directivo Central se compondrá de cinco miembros que hayan ejercido la docencia en la educación pública por un lapso no menor de diez años. Serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas motivadas en sus condiciones personales y reconocida solvencia y acreditados méritos en los asuntos de educación general, por un número de votos equivalente a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del artículo 94 de la Constitución.

ARTICULO 9° - Este procedimiento de designación regirá en esta oportunidad; las futuras autoridades de la Enseñanza serán designadas en el momento y por el procedimiento que establezca una nueva ley a sancionarse en la materia. Hasta tanto se designen esas futuras autoridades, seguirán actuando las designadas conforme a la presente ley. Para la provisión de vacantes que se produzcan en el Consejo Directivo Central, serán llamados los miembros de los Consejos desconcentrados.

Por el mismo procedimiento, serán designados de entre los miembros del Consejo Directivo Central, el Director Nacional de Educación Pública y el Sub-Director Nacional de Educación Pública, quien subrogará al primero en todo caso de impedimento temporal para el desempeño de su cargo.

A tales efectos, en reunión conjunta, del Consejo Directivo Central con los Consejos desconcentrados se elegirá por mayoría absoluta de componentes una terna que el Consejo Directivo Central elevará al Poder Ejecutivo para que éste formule la designación de acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

ARTICULO 10 - Los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional se compondrán de 3 miembros cada uno; a los efectos de su designación se requerirá reconocida solvencia, acreditados méritos en los asuntos de educación y haber ejercido la docencia en la educación pública por un lapso no menor de diez años.

ARTICULO 11 - Los miembros de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional y sus Directores Generales, serán designados por el Consejo Directivo Central por cuatro votos conformes y fundados.

Al proceder a la provisión de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional, el Consejo Directivo Central designará conjuntamente tres suplentes para cada Consejo, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser titular. Las vacantes que se produzcan en estos Consejos serán cubiertas acudiendo a la respectiva nómina de suplentes.

ARTICULO 12 - El Consejo Directivo Central por cuatro votos conformes y resolución fundada podrá crear una o más Direcciones Generales de especial jerarquía para administrar ramas de la Educación que por su importancia y singularidad así lo requieran y que no sean por texto legal de la competencia expresa y específica de otros órganos estatales.

CAPITULO IV
Atribuciones de los Consejos

ARTICULO 13 - Compete al Consejo Directivo Central;

1º) Establecer la orientación general a que deberán ajustarse los planes y programas de estudios primarios, secundarios y de la educación técnico-profesional.

2º) Aprobar los planes de estudio proyectados por los Consejos desconcentrados.

3º) Fijar las directivas generales para la preparación de los proyectos de presupuesto que deberán enviar los Consejos desconcentrados y elaborar, en su momento, los proyectos definitivos de presupuesto y de rendición de cuentas.

4º) Representar al Ente en las ocasiones previstas por el artículo 202, inciso tercero de la Constitución, oyendo previamente a los Consejos desconcentrados.

5º) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y particularmente el Estatuto de todos los funcionarios del servicio, con las garantías establecidas en la Constitución y en esta ley.

6º) Designar a todo el personal del Ente, salvo las designaciones del personal docente dependiente directamente de los Consejos desconcentrados.

7º) Designar al Secretario General y al Secretario Administrativo del Consejo Directivo Central con carácter de cargos de particular confianza.

8º) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Consejos desconcentrados cuando dependieren de éstos y con las garantías que fija la Ley y el Estatuto, al personal docente, técnico, administrativo, de servicio u otro de todo el Ente.

9º) Destituir a los miembros de los Consejos desconcentrados por cuatro votos conformes y fundados.

10) Organizar y realizar, a nivel nacional, el Servicio de Estadística Educativa.

11) Organizar y realizar, a nivel terciario, en todo el territorio de la República la formación y perfeccionamiento del personal docente. A los efectos, podrá realizar convenios con la Universidad de la República.

12) Conceder las acumulaciones de sueldo que sean de interés de la Educación y se gestionen conforme a las leyes y reglamentos.

13) Habilitar a los institutos privados de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional.

14) Establecer normas y procedimientos de supervisión y fiscalización para los Institutos habilitados, oyendo previamente la opinión del Consejo desconcentrado que corresponda, así como la de dichos institutos.

15) Conferir títulos y diplomas y revalidar títulos y diplomas extranjeros, en dos niveles y modalidades de educación a su cargo.

16) Ejercer la fiscalización de los institutos habilitados de formación docente.

17) Establecer oportunamente los mecanismos que posibiliten la consulta a los estudiantes de los institutos de formación docente y su iniciativa en los asuntos relativos a éstos.

18) Resolver los recursos de revocación interpuestos contra sus actos, así como los recursos jerárquicos.

19) Delegar en los Consejos desconcentrados y por resolución fundada, las atribuciones que estime conveniente. No son delegables las atribuciones que le comete la Constitución de la República y aquellas para cuyo ejercicio esta ley requiere mayorías especiales.

ARTICULO 14 - Serán atribuciones de los Consejos desconcentrados:

1º) Impartir la enseñanza correspondiente a su respectivo nivel, exigiendo al educando, en el caso de Educación Secundaria y de Educación Técnico-Profesional la preparación correspondiente al nivel anterior.

2º) Habilitar para cursar estudios superiores.

3º) Proyectar los planes de estudio y aprobar los programas de las asignaturas que ellos incluyan, una vez que los primeros sean aprobados por el Consejo Directivo Central.

4º) Administrar los servicios y dependencias a su cargo.

5º) Supervisar el desarrollo de los cursos.

6º) Reglamentar la organización y el funcionamiento de los servicios a su cargo y adoptar las medidas que los mismos requieran.

7º) Proponer toda clase de nombramientos, reelecciones, ascensos, sanciones y destituciones, así como otorgar licencias y designar el personal docente conforme al Estatuto del Funcionario y a las normas que dicte el Consejo Directivo Central. Podrán también dictar normas en esta materia con arreglo al Estatuto y a las ordenanzas.

8º) Designar al Secretario General de cada Consejo desconcentrado, con carácter de cargo de particular confianza.

9º) Proyectar las normas estatutarias que crea necesarias para sus funcionarios y elevarlas al Consejo Directivo Central a los efectos de su aprobación e incorporación al Estatuto de los Funcionarios del Ente.

10) Proyectar, ajustándose a las normas establecidas por el Consejo Directivo Central, los presupuestos de sueldos, gastos e inversiones correspondientes a los servicios a su cargo y sus modificaciones; así como elevar al Consejo Directivo Central las Rendiciones de Cuentas y balances de ejecución correspondientes a los servicios a su cargo.

11) Ejercer la supervisión y fiscalización de los institutos habilitados de la rama respectiva.

12) Conferir y revalidar certificados de estudio nacionales y revalidar certificados de estudio extranjeros en los niveles y modalidades de educación a su cargo.

13) Adoptar las resoluciones atinentes al ámbito de su competencia, salvo aquellas que por la Constitución, la presente ley y las ordenanzas del Consejo Directivo Central correspondan a los demás órganos.

14) Ejercer las demás atribuciones que le delegare especialmente el Consejo Directivo Central.

CAPITULO V
Atribuciones del Director Nacional de Educación Pública y de los Directores Generales

ARTICULO 15 - Son atribuciones del Director Nacional de Educación Pública y de los Directores Generales:

1º) Presidir los Consejos respectivos, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y resoluciones.

2º) Representar al Consejo, cuando corresponda.

3º) Autorizar los gastos que sean necesarios, dentro de los límites que establezcan la ley y las Ordenanzas.

4º) Tomar las resoluciones de carácter urgente que estime necesario para el cumplimiento del orden y el respeto de las disposiciones reglamentarias. En ese caso dará cuenta al Consejo, en la primera sesión ordinaria, y éste podrá oponerse por mayoría de votos de sus componentes, debiendo fundar su oposición.

5º) Adoptar las medidas de carácter disciplinario que correspondan dando cuenta al Consejo en la forma señalada en el inciso precedente.

6º) Inspeccionar el funcionamiento de todas las reparticiones de su competencia y tomar las medidas que correspondan.

7º) Preparar y someter a consideración del Consejo los proyectos que estime conveniente.

CAPITULO VI
Del Patrimonio

ARTICULO 16 - El Ente Autónomo que se crea sucede de pleno derecho en todos sus derechos y obligaciones al Consejo Nacional de Educación. Tendrá la administración de sus bienes, salvo la de aquellos que estén destinados al servicio de los Consejos desconcentrados o que se destinaren en el futuro, por resolución del Consejo Directivo Central. La administración de estos últimos bienes estará a cargo del respectivo Consejo desconcentrado.

ARTICULO 17 - La adquisición y enajenación a título oneroso, gravamen o afectación con derechos reales, de bienes inmuebles por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, deberán ser resueltas en todos los casos por cuatro votos conformes, previa consulta a los Consejos desconcentrados cuando se tratare de bienes destinados o a destinarse a su servicio. Las enajenaciones a título gratuito requerirán la unanimidad de votos del Consejo Directivo Central.

ARTICULO 18 - Son ingresos del patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública:

1º) Las partidas que se asignen por las Leyes de Presupuesto, de conformidad por lo dispuesto por la Constitución.

2º) Los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes.

3º) Los recursos o proventos que perciba el Ente por la venta de la producción de los establecimientos de los Consejos desconcentrados o de los servicios que éstos arrienden, de conformidad con los reglamentos que oportunamente se dicten.

4º) Los que perciba por cualquier otro título.

CAPITULO VII
Del Estatuto del Funcionario

ARTICULO 19 - El Estatuto del Funcionario será dictado por el Consejo Directivo Central conforme al artículo 204 de la Constitución de la República, a lo expresado en los artículo 58 a 61 de la misma, a lo establecido en los artículos 13 y 14 de esta ley y a las bases siguientes:

1º) Acreditar dieciocho años de edad cumplidos para el ejercicio de cargos docentes, administrativos y de servicio y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

2º) Poseer título habilitante para los Maestros de Educación Primaria.

3º) Establecer que el ingreso al Ente de los egresados de los institutos de formación docente se hará por concurso, que podrá ser de méritos, de oposición o mixto.

4º) Proveer mediante concurso de oposición libre, los cargos de profesores de la Educación Secundaria, de Educación Técnico-Profesional y de los institutos de formación docente, en los casos en que no estén dispuestos a concursar los egresados de estos últimos. El mismo dará derecho a la efectividad.

5º) Establecer procedimientos para el registro y el ordenamiento de las personas sin título de profesor que aspiren a dictar clases con carácter provisional en la Educación Secundaria, en la Educación Técnica-Profesional y en los institutos de formación docente.

6º) Establecer que el sistema de concurso será de precepto para ocupar en efectividad cualquier cargo de los escalafones docentes del Ente.

7º) El concurso será obligatorio para el ingreso y ascenso del personal administrativo.

8º) Establecimiento de las Asambleas docentes de los Institutos, Liceos y Escuelas de su dependencia así como asambleas nacionales de docente de cada Consejo desconcentrado. Las mismas tendrán derecho de iniciativa y función consultiva en los problemas técnico-pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general. Corresponderá su reglamentación al Consejo Directivo Central.

9º) Estipular que la destitución de los funcionarios sólo podrá ser resuelta por causa de ineptitud, omisión o delito, previo sumario durante el inculpado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa y producir prueba.

CAPITULO VIII
De las Remuneraciones, Incompatibilidades y Prohibiciones

ARTICULO 20 - Los miembros del Consejo Directivo Central percibirán idénticas remuneraciones que las de los Subsecretarios de Estado. Terminando el ejercicio del cargo, los integrantes del Consejo Directivo Central y de los Consejos desconcentrados tendrán derecho a ser restablecidos a la situación docente que ocupaban o que tenían derecho a ocupar, en el momento de asumir sus funciones.

ARTICULO 21 - Los miembros de los Consejos tendrán las incompatibilidades establecidas en los artículos 200 y 201 de la Constitución.

Los consejeros no podrán tener vinculaciones laborales o patrimoniales, con instituciones de enseñanza privada.

ARTICULO 22 - Es incompatible el desempeño simultáneo de cualquier cargo docente dependiente de los Consejos o de las Direcciones Generales previstos en las disposiciones precedentes con la actividad de profesor particular de educandos reglamentados o libres, salvo las excepciones que determine la ordenanza que al respecto dicte el Consejo Directivo Central. Entiéndese por profesor particular el que desempeña actividades docentes no fiscalizadas por la Administración Nacional de Educación Pública.

ARTICULO 23 - La Comisión Coordinadora de la Educación, establecida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución, se integrará con: el Ministro de Educación y Cultura o en su defecto el Subsecretario; el Director Nacional de Educación Pública u otro miembro del Consejo Directivo Central; los Directores Generales de los Consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública u otros miembros de dichos Consejos que los representen; el Rector o en su defecto, el Vice-Rector y dos miembros del Consejo Directivo de la Universidad de la República; el Presidente de la Comisión Nacional de Educación Física u otro miembro de dicha Comisión que lo represente y dos representantes de los Institutos habilitados designados conforme a la reglamentación que dictará el Consejo Directivo Central de la Educación Pública.

Cualesquiera de los integrantes cesarán en sus funciones cuando pierdan las calidades por las cuales fueron designados. Presidirá el Ministro o el Subsecretario de Educación y Cultura; en caso de ausencia o impedimento de éstos la Comisión designará de su seno un Presidente ad hoc. Sesionará con un quórum mínimo de cinco miembros siempre que estén representados por lo menos la Universidad de la República y los Consejos Directivos Centrales y desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública.

ARTICULO 24 - Compete a la Comisión:

1º) Proyectar las directivas generales de la política educacional del país.

2º) Coordinar la enseñanza pública mediante recomendaciones impartidas a los Entes.

3º) Promover la realización de convenios tendientes a la coordinación.

4º) Promover la evaluación del desarrollo y resultado de la aplicación de planes de estudio y programas.

5º) Coordinar, con la cooperación de los consejos y organismos técnicos competentes, las investigaciones y estudios demográficos, sociológicos, económicos, pedagógicos y de otra índole, que sean necesarios para el cumplimiento integral de la educación.

6º) Integrar comisiones de asesoramiento.

7º) Propiciar conferencias, congresos, foros o mesas redondas sobre temas afines al desarrollo educativo.

8º) Recabar la Memoria Anual de los Entes de Enseñanza y propiciar su publicación por el Ministerio de Educación y Cultura.

CAPITULO X
De los Recursos Administrativos

ARTICULO 25 - Todos los actos administrativos de los órganos que integran la Administración Nacional de Educación Pública son susceptibles del recurso de revocación, que debe interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación personal o por cedulón si corresponde, o de su publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO 26 - Conjuntamente con el recurso de revocación se podrá interponer en subsidio el recurso jerárquico. Contra los actos administrativos dictados por el Director Nacional, por los Directores Generales o por los Consejos desconcentrados, se recurrirá ante el Consejo Directivo Central cuya, decisión será definitiva, sin admitir ulterior recurso.

Contra los actos administrativos dictados Consejo Directivo Central sólo será procedente el recurso de revocación.

ARTICULO 27 - Ningún recurso administrativo tendrá efecto suspensivo, salvo que las ordenanzas determinen que será preceptiva la suspensión del acto recurrido o autoricen, expresamente, al órgano que ha de resolver el recurso, a decretar la suspensión de la ejecución en cualquier momento.

Las normas de procedimiento se establecerán en las ordenanzas que al respecto dicte el Consejo Directivo Central.

ARTICULO 28 - Agotada la vía administrativa, se podrá interponer la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de los sesenta días perentorios, a contar del día siguiente al de la notificación personal, o por cedulón, cuando corresponda, del acto administrativo definitivo, o de su publicación en el Diario Oficial.

El plazo para la debida instrucción de los recursos administrativos a que refiere el artículo 318 de la Constitución, será de noventa días.

CAPITULO XI
Disposiciones Especiales sobre elecciones en la Universidad de la República

ARTICULO 29 - Para los actos y procedimientos electorales previstos por los artículos 17, 33 y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad N° 12.549, de 16 de octubre de 1958, el sufragio será obligatorio y secreto.

Regirán en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en la Ley de Elecciones N° 7.812, de 16 de enero de 1926 y en la Ley Orgánica de la Universidad, sus leyes concordantes y modificativas. En ningún caso se admitirá la acumulación por sublemas.

ARTICULO 30 - El sufragio deberá emitirse personalmente ante las comisiones receptoras de votos.

Podrá admitirse el voto por correspondencia en circunstancias especiales que dificulten gravemente la emisión personal del voto y solamente en los casos y en las formas que, para cada elección, establezca previamente la Corte Electoral.

En ningún caso se admitirá el voto por correspondencia desde el exterior del país.

ARTICULO 31 - La Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, conforme a las prescripciones mencionadas en el artículo 29 y las que se establecen en el presente Capítulo.

Sus atribuciones serán, especialmente, las siguientes:

A) Dictar las reglamentaciones necesarias para la realización de los actos y procedimientos electorales.

B) Requerir de las autoridades universitarias la cooperación que repute necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

C) Efectuar en su oportunidad las convocatorias a elecciones, previo asesoramiento de las autoridades universitarias; designar las comisiones receptoras de votos y fijar su número y su ubicación, así como también los plazos y procedimientos para el registro de listas de candidatos.

Entre la fecha de convocatoria de la Corte Electoral y la fecha establecida por la misma para la celebración de los actos eleccionarios, debe mediar como mínimo, noventa días.

D) Actuar como juez en dichos actos y procedimientos electorales y decidir, con carácter inapelable dentro de los quince días de recibidas todas las protestas y reclamaciones que se formulen con motivo de la confección de padrones, registros de listas , resultados y demás trámites de los actos electorales, por parte de quienes sean electores en los tres órdenes previstos por la Constitución, o de quienes se consideren excluidos indebidamente de los padrones electorales.

ARTICULO 32 - La reglamentación establecerá los procedimientos, plazos y demás requisitos correspondientes a la sustanciación de las reclamaciones a que se refiere el inciso D) del artículo 32.

Las autoridades universitarias y las demás oficinas de los organismos públicos y de derecho público no estatal, deberán proporcionar a la Corte Electoral las informaciones y pruebas que les solicitare, dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que les fuera requeridas, quedando facultada la Corte Electoral para comunicarse directamente con las distintas autoridades en la forma en que lo estimare conveniente.

Cada Consejo de Facultad, instituto o servicio asimilado a Facultad o el Consejo Directivo Central de la Universidad, en su caso, deberá comunicar a la Corte Electoral con cuatro meses de antelación por lo menos la fecha del cese normal de los mandatos de los integrantes de los órganos universitarios a que se refiere el artículo 29.

ARTICULO 33 - Los padrones de habilitación para votar serán preparados por las autoridades universitarias y suministrados a la Corte Electoral por lo menos con sesenta días de anticipación a la fecha señalada para cada acto electoral.

Una vez recibidos los padrones la Corte Electoral los publicará por una sola vez en el «Diario Oficial» y en otros dos diarios de la Capital y los podrá de manifiesto en sus oficinas por el término de diez días hábiles, de todo lo cual se dará noticia por la prensa y demás medios de difusión y por los tableros que emplean al efecto los organismos docentes.

Los electores que se consideren excluidos indebidamente de dichos padrones o que tuvieren cualquier otra observación que formular, podrán hacerlo ante la Corte Electoral dentro de un término de quince días hábiles a contar de la publicación en el "Diario Oficial".

ARTICULO 34 - En la medida en que los medios lo permitan, se confeccionarán padrones o nóminas de electores por departamentos, ciudades o pueblos.

A tales efectos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarias y la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones remitirán a la Corte Electoral y a su requerimiento, las listas de profesionales activos y pasivos a ellas afiliados, discriminados por departamento, con indicación de sus domicilio.

La Suprema Corte de Justicia remitirá a solicitud de la Corte Electoral, la nómina de los Ministros, Jueces Letrados, Actuarios y Actuarios Adjuntos con indicación de sus respectivos domicilio.

El Ministerio del Interior, por intermedio de las Jefaturas de Policía, remitirá a requerimiento de la Corte Electoral, la nómina de todos los profesionales universitarios radicados en los departamentos respectivos, con indicación de sus domicilio.

ARTICULO 35 - Serán causas fundadas para no cumplir con la obligación de votar, siempre que se comprueben fehacientemente en la forma que se disponga en la reglamentación respectiva, las siguientes:

A) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impida, el día de las elecciones, concurrir a la comisión receptora de votos.

B) Hallarse ausente del país el día de las elecciones.

C) Imposibilidad de concurrir a la comisión receptora de votos por razones de fuerza mayor.

Cuando el voto pudiera emitirse por correspondencia, regirá la reglamentación respectiva prevista por el artículo 30.

El que se hallare ausente del país podrá justificar su situación en cualquier momento por apoderado o personalmente en oportunidad de su regreso.

ARTICULO 36 - Las personas habilitadas para votar que no lo hicieren y que, además, no justificaren hallarse amparadas en alguna de las causales previstas en el artículo 35, se harán pasibles de las sanciones siguientes:

A) Si pertenecieren al orden docente o al orden de egresados se les aplicará una multa de N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil). Este monto será ajustado periódicamente por la Corte Electoral, conforme a los índices del costo de la vida efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas o los que hicieren sus veces.

B) Si pertenecieren al orden estudiantil, se les aplicará una sanción que importará un retraso en sus estudios no inferior a ciento veinte días ni superior a ciento ochenta, de conformidad con la ordenanza que dictará y aplicará la Universidad de la República en forma de que se logre un margen aproximado de equivalencia entre los alumnos de los distintos centros de enseñanza.

Mientras no se dicte dicha ordenanza, los estudiantes sancionados no podrán rendir exámenes durante dos períodos consecutivos.

ARTICULO 37 - Para la aplicación de las sanciones, regirán las disposiciones siguientes:

A) Con posterioridad a cada acto eleccionario, la Corte Electoral publicará, durante tres días consecutivos, en el «Diario Oficial» y en otros dos diarios de la capital, la nómina de las personas que no hubieran cumplido la obligación de votar, procurando además dar a dicha nómina la mayor difusión posible.

B) Las personas que figurasen en dicha nómina y que se considerasen amparadas por alguna causa de justificación, deberán comprobarlo fehacientemente, ante la Corte Electoral, dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de la última publicación establecida en el parágrafo anterior, pudiendo hacerse la gestión mediante apoderado, para lo que será suficiente presentar carta-poder con firma certificada notarialmente.

C) Vencidos los treinta días establecidos en el parágrafo anterior, la Corte Electoral confeccionará la nómina de los no votantes que no se hubieren presentado a reclamar o que no hubieren justificado haber pagado la multa respectiva y la remitirá, a sus efectos, a los Poderes del Estado, a los Gobiernos Departamentales, al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas de la República, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a sus propias dependencias y demás organismos de derecho público, sean o no estatales; procederá del mismo modo una vez resueltos los recursos de aquellos que se hubieran presentado invocando una causa de justificación que hubiese sido desestimada.

D) El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en cuanto a los docentes que no hubieren pagado la multa, dispondrá la retención de hasta un 30% (treinta por ciento) mensual de las retribuciones que, por cualquier concepto, tengan que percibir dichos docentes o egresados, hasta que se cubra el monto total del importe de la multa.

E) El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación dispondrá lo pertinente para que se haga efectivo, por la vía establecida por el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, el cobro de la multa a quienes, estando incluidos en la nómina de no votantes de la Corte Electoral, no se hallen comprendidos en el parágrafo anterior.

F) Los egresados a quienes, por pertenecer a más de un organismo, se les hubieren efectuado varias retenciones, tendrán derecho, previas las justificaciones del caso, al reintegro inmediato de los montos en que las mismas excedieren del importe de la multa debida.

ARTICULO 38 - Las elecciones ordinarias de miembros de la Asamblea General del Claustro y de las Asambleas del Claustro de las Facultades, se efectuará en un solo acto.

Las elecciones ordinarias de miembros de los Consejos de Facultad, cuando correspondieren, se realizarán en un mismo acto con las anteriores.

ARTICULO 39 - No podrá ser elector ni elegible en ese orden universitario, el docente que tenga en tal calidad una antigüedad inferior a un año a la fecha de la elección.

Las designaciones que se hagan en el orden docente, serán publicadas en el «Diario Oficial» en el término de diez días de producidas.

ARTICULO 40 - La designación de los miembros del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que pertenezcan, en igualdad de número, a los tres órdenes a que se refieren los artículos 8°, parágrafo c) y 14 de la Ley N° 12.549, de 16 de octubre de 1958, será realizada por la Asamblea General del Claustro, conforme a lo establecido por dichas normas y al principio de representación proporcional.

ARTICULO 41 - Las sumas que se perciban por concepto de las multas establecidas en este capítulo tendrán la calidad de proventos de la Corte Electoral y se destinarán a atender los gastos que demande el cumplimiento de la misma.

A tales efectos se abrirá una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden de la Corte Electoral, en la que deberá depositarse el importe de las retenciones efectuadas de acuerdo con el artículo 37 y realizarse el pago de las multas cuando sea hecho directamente por los sancionados.

El Banco de la República Oriental del Uruguay remitirá al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, semanalmente, la nómina de los que hubieran pagado la multa directamente o por vía de retenciones, especificando en orden a que pertenecen y el acto electoral en que fueron omisos.

ARTICULO 42 - El importe de los gastos que la Corte Electoral estimare necesarios para solventar la realización de las elecciones de las autoridades universitarias, será puesto a disposición de la Corte Electoral con la antelación que ésta considere imprescindible, por el Poder Ejecutivo, con cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 43 - La omisión sin causa justificada por parte de cualquiera de las autoridades mencionadas en los artículos 33 y 37 en el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la presente ley, configurará causal suficiente para hacer efectivas las responsabilidades constitucionales y legales que correspondan según la naturaleza del organismo.

CAPITULO XII
Disposiciones Transitorias

ARTICULO 44 - La Administración Nacional de Educación Pública declararán la nulidad de todas las destituciones, cesantías o privaciones de trabajos de los funcionarios de su dependencia que fueron dispuestas por motivos ideológicos, políticos, gremiales, violatorias de reglas de derecho o viciadas por desviación de poder. Idéntica declaración de nulidad realizará el Poder Ejecutivo respecto de las destituciones de funcionarios dependientes de la Comisión Nacional de Educación Física.

ARTICULO 45 - La restitución en la función que opere en mérito a lo dispuesto por el artículo anterior, no lesionará los derechos adquiridos por los demás funcionarios.

ARTICULO 46 - Derógase la Ley N° 14.101, de 4 de enero de 1973.

ARTICULO 47 - Hasta tanto se sancione el presupuesto del Ente, se autoriza al Consejo Directivo Central a fijar la retribución a los miembros de los Consejos desconcentrados.

ARTICULO 48 - En las elecciones universitarias que se celebrarán en 1985, no regirán el parágrafo final del literal C) del artículo 31, el parágrafo tercero del artículo 32 y el artículo 39 de esta ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 15.736, de 2 de marzo de 1985.

Así mismo, los plazos previstos en los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo 33 de la presente ley serán, respectivamente, de treinta días corridos, de cinco días hábiles y de diez días corridos.

ARTICULO 49 - Esta ley entrará en vigencia el día de su promulgación por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su publicación posterior.

ARTICULO 50 - Comuníquese, etc."

14) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 3 y 22 minutos del día 21, presidiendo el doctor Tarigo y estando presentes los señores senadores Aguirre, Araújo, Batalla, Batlle, Capeche, Cersósimo, Cigliuti, Flores Silva, Gargano, Hierro Gambardella, Jude, Lacalle, Martínez Moreno, Mederos, Ortiz, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Terra, Tourné, Traversoni, Ubillos y Zumarán).

Doctor ENRIQUE TARIGO Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Don Félix B. El Helou Secretario

Don Roberto J. Zamora Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.