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Nº 4 - TOMO 287 - 26 DE FEBRERO DE 1985

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLII LEGISLATURA

3ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR DON LUIS HIERRO GAMBARDELLA Presidente ad hoc

ACTUA EN SECRETARIA EL FUNCIONARIO SEÑOR VLADIMIR DE BELLIS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Presidente ad hoc

- De acuerdo con el artículo 94, incisos segundo y tercero de la Constitución de la República, ocupa la Presidencia el señor senador Luis Hierro Gambardella.

4, 11, 13 y 14) Asuntos entrados

ACTOS LEGISLATIVOS DICTADOS POR EL CONSEJO DE ESTADO.
- Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios señores senadores.
- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.
- Intervención de varios señores senadores.
- El señor senador Cigliuti formula moción para que se declare grave y urgente.
- El señor senador Rodríguez Camusso formula moción para que se realice sesión el día 27 a fin de considerar el proyecto de ley.
- Por moción del señor senador Rodríguez Camusso se designa una Comisión Especial integrada por siete miembros.

5, 6, 8 y 10) Funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa. Reposición de los destituidos y redistribuidos en otros organismos por el llamado Acto Institucional Nº 7

- Proyecto de resolución presentado por varios señores senadores.
- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.
- Intervención de varios señores senadores.
- El señor senador Paz Aguirre formula moción para que se declare grave y urgente.
- Se declara grave y urgente.
- En consideración.
- Modificaciones propuestas por varios señores senadores.
- Se vota afirmativamente con las modificaciones propuestas.

7) Artículo 118 del Código del Proceso Penal. Modificaciones.

- Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor senador Ortiz.
- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

9) Asunto entrado fuera de hora

JUICIOS EJECUTIVOS SEGUIDOS CONTRA PRODUCTORES RURALES, COMERCIANTES E INDUSTRIALES. SUSPENSION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS.
- Proyecto de ley con exposición de motivos por el que se suspenden las sentencias de remate en los juicios ejecutivos seguidos contra productores rurales, comerciantes e industriales, presentado por los señores senadores Aguirre, Ferreira, García Costa, Lacalle, Mederos, Ortiz, Pereyra, Posadas, Tourné y Zumarán.
- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

12 y 15) Cuarto intermedio

- El señor senador Tourné formula moción para que se realice hasta el día de mañana a la hora 18.
- Se vota afirmativamente.
El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 18.
(Es la hora 21 y 5 minutos)

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 22 de febrero de 1985.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 26, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Reforma del Reglamento del Senado.

2º) Elección de Vice Presidente.

3º) Elección de Secretarios.

4º) Fijar días y horas de sesión.

LA SECRETARIA."

2) ASISTENCIA

ASISTEN los señores senadores Aguirre Ramírez, Araújo, Batalla, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira Sienra, Flores Silva, García Costa, Jude, Lacalle, Martínez Moreno, Mederos da Costa, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Ricaldoni, Rodríguez Camusso, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán.

Falta con aviso el señor senador Batlle.

3) PRESIDENTE AD HOC

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella). - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos)

- Señores senadores: la circunstancia excepcional de que el Presidente interino del Senado se encuentra en este momento recibiendo a un Jefe de Estado de una nación extrajera, ha determinado que aplicando el artículo 94 de la Constitución y las normas reglamentarias correspondientes -y salvo mejor disposición de este Cuerpo- quien deba ocupar la Presidencia sea el segundo titular de la lista más votada, que es quien os habla.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo expresar que en cuanto al aspecto reglamentario tendría ciertos reparos que formular, pues no creo que esa sea la interpretación correcta. Sin embargo, considero pertinente -y hasta un honor- dar mi voto a los efectos de que sea el señor senador Hierro Gambardella quien presida la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella). - Quedo muy agradecido, señor senador.

De todos modos, me permito recordar que al no estar designados los Vicepresidentes la única solución es aplicar la fórmula tal como lo ha entendido el actual Presidente del Cuerpo.

Se va a votar si se aplica el criterio sustentado.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

4) ASUNTOS ENTRADOS.

ACTOS LEGISLATIVOS DICTADOS POR EL CONSEJO DE ESTADO

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Varios señores senadores presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se convalidan los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 18 de diciembre de 1973 al 14 de febrero de 1985, con excepción de las llamadas Leyes Fundamentales y excepciones que en el mismo proyecto se detallan."

- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentados:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Los suscritos, legisladores de todos los partidos políticos representados en el Parlamento, en uso de la facultad conferida por el artículo 133 de la Constitución de la República, venimos a proponer la sanción del proyecto de ley adjunto, por el que se convalidan los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado, entre el 18 de diciembre de 1973 y el 14 de febrero de 1985, declarándolos con valor y fuerza de ley, los que serán identificados en el futuro como "decretos-leyes" pero con la misma numeración y fecha (artículo 1º).

En tal sentido, cabe señalar que los referidos actos legislativos del Consejo de Estado del gobierno militar "de facto" que acaba de fenecer, son radicalmente nulos, por emanar de un órgano inexistente para la Constitución de la República y por haber sido dictados sin seguir procedimientos que ésta prescribe para la sanción de las leyes, en cuyo mérito están afectados de un vicio de incompetencia absoluta, así como del señalado vicio de forma.

Sin embargo, al amparo de su aplicación constante durante años, se han constituido infinidad de relaciones jurídicas, con la consiguiente generación de derechos y obligaciones que no es prudente considerar en adelante sin respaldo legal, pues ello lesionaría muy respetables intereses y ocasionaría una situación general de inseguridad jurídica.

En consideración a las razones expuestas, dichos actos legislativos no pueden regir después de restablecido el imperio de la Constitución, sin una sanción expresa del Poder Legislativo, por lo que debe necesariamente procederse a atribuirles el vigor de que carecen desde el punto de vista estrictamente jurídico.

La solución que proponemos, tiene su apoyo en la tradición nacional, tal como lo documenta el Dr. Alberto Ramón Real en su tesis sobre "Los Decretos-Leyes" (Mdeo. 1946, pág. 253 y sigts.), dado que luego de cesar los regímenes de facto instaurados en 1865, 1876 y 1898, se sancionaron las Leyes Nos. 928, de 30 de abril de 1868; 1436, de 21 de mayo de 1879 y 2680, de 1º de abril de 1901, declarando leyes de la República a los actos legislativos dictados en esos períodos excepcionales.

Sobre el particular expresó el representantes historiador y constitucionalista Francisco Bauzá: "A fin de evitar esta negación del sistema republicano, a efecto de dificultar esta reacción al gobierno despótico, es que pedimos vigor de ley para los actos de la dictadura. Desde que no podemos rechazarlos, porque eso sería lastimar derechos adquiridos; desde que no podemos admitirlos sin sanción legal porque eso importaría crear un poder nuevo y superior a la Constitución; debemos legalizarlos para que todos comprendan que el último acto de toda empresa política, es la sumisión lisa y llana al Código Fundamental; la sumisión al gobierno impersonal de la Ley". (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, T. 33, pág. 204).

Esta convalidación se hace exclusivamente por la necesidad jurídica que queda expuesta y no significa una coincidencia con el mérito o el acierto intrínseco de las soluciones normativas contenidas en tales actos legislativos. Por tal razón, no es contradictoria con la atribución de valor y fuerza de ley a dichos actos, la excepción de la voluntad política de derogar las leyes inconstitucionales y represivas dictadas por el régimen de facto durante once años de la que se deja constancia. Y sin perjuicio , así mismo, de derogar o modificar en el futuro otros actos legislativos que no tengan tales características pero que igualmente se consideren inconvenientes.

El artículo 2º del proyecto de ley que proponemos, exceptúa de esta convalidación genérica a algunos actos legislativos dictados con evidente espíritu represivo, contrarios a los principios democráticos-republicanos o con el propósito de crear privilegios o beneficios exhorbitantes para ciertas categorías de funcionarios representativos del régimen fenecido y de sus colaboradores, en clara violación del principio constitucional de la igualdad, así como sobre materias de tal trascendencia, caso típico del Código Civil, que sólo puede ser reguladas por un Parlamento representativo del cuerpo electoral, por cuya causa se declaran nulos e inexistentes.

Que, asimismo, las llamadas Ley Orgánica de los Partidos Políticos -Leyes Fundamentales Nos. 2 y 4- coliden en muchas de sus disposiciones con la Carta Máxima, por cuanto lesiona el principio constitucional que garantiza a los partidos la más amplia libertad y comete a la Corte Electoral atribuciones inconstitucionales que la habilitan a controlar múltiples aspectos de su funcionamiento, disposiciones que no es posible declarar su nulidad sin quitar legitimidad a las actuales autoridades de los partidos, pero que sí es posible y necesario derogar.

Montevideo, 26 de febrero de 1985.

Luis B. Pozzolo, Eduardo Paz Aguirre, Gonzalo Aguirre, Juan A. Singer, Luis Hierro Gambardella, Juan J. Zorrilla, Alberto Zumarán, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla. Senadores."

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Decláranse con valor y fuerza de ley los actos legislativos, dictados por el Consejo de Estado, desde el 18 de diciembre de 1973, hasta el 14 de febrero de 1985, los que se identificarán como "Decreto-Leyes", con numeración y fecha originales.

Art. 2º - Las llamadas "Leyes Números 15.137 (Asociaciones Profesionales), 15.328 y 15.385 (Convenios Colectivos), 15.530 (Huelga), 15.587 (Fuero Sindical), 15.601 (Estabilidad de los Profesores de Educación Secundaria, UTU y Liceos Militares), 15.683 (Beneficios Jubilatorios para "asimilados" del Ministerio de Defensa Nacional), 15.684 y 15.705 (Compilación del Código Civil), 15.695 (Ley Forestal).

B) Las llamadas "Leyes Fundamentales" Nº 3 (Huelga de funcionarios públicos), 5 y 6 (Estabilidad de los funcionarios públicos contratados), 7 (Redistribución de funcionarios públicos).

C) Las llamadas "Leyes Especiales" Números 9 y 10 (Beneficios jubilatorios para cargos políticos y de particular confianza.

Asimismo, declárase la nulidad absoluta de los artículos 93 a 99 de la llamada "Ley Especial" Nº 7 de 23 de diciembre de 1983 (cargos de particular confianza).

Art. 3º. - El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, así como los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales procederán a revocar de oficio, en la órbita de su competencia, los actos administrativos ilegítimos dictados en aplicación de dichos actos legislativos nulos, precisando en cada caso los efectos de la revocación.

Art. 4º - Deróganse los artículo 2º, 7º, 10, 17 al 25, 28 al 31, 34, 40 ordinal d), 43 ordinal m), 44, 46 literales b) y c), 51 a 69 de la llamada "Ley Fundamental" Nº 2 (Orgánica de los Partidos Políticos).

Art. 5º. - Comuníquese, publíquese el texto de esta ley conjuntamente con la exposición de motivos, etc.

Montevideo, 26 de febrero de 1985.

Luis B. Pozzolo, Eduardo Paz Aguirre, Gonzalo Aguirre, Juan A. Singer, Luis Hierro Gambardella, Juan J. Zorrilla, Alberto Zumarán, A. Francisco Rodríguez Camusso, Américo Ricaldoni, Hugo Batalla. Senadores."

5) FUNCIONARIOS DEL SENADO Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA. REPOSICION DE LOS DESTITUIDOS Y REDISTRIBUIDOS EN OTROS ORGANISMOS POR EL LLAMADO ACTO INSTITUCIONAL Nº 7

"Varios señores senadores presentan un proyecto de resolución declarando la nulidad de las destituciones de los funcionarios del Senado y Comisión Administrativa en aplicación del llamado Acto Nº 7, disponiendo el reintegro de dichos funcionarios y el derecho a reintegrarse de los funcionarios redistribuidos."

-Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

"PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º - Declárase la nulidad de las destituciones de funcionarios del Senado de la República y de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo dispuestas por la intervención del Palacio Legislativo en aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7.

Art. 2º - Dispónese el reintegro a sus cargos de los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo anterior, el que se hará efectivo en un plazo de diez días corridos.

Art. 3º - Cométese a la Secretaría del Cuerpo adoptar las providencias necesarias para hacer efectivo dicho reintegro en los cargos que ocupaban los funcionarios destituidos, cuyas funciones volverán a desempeñar con la retribución que a los mismos corresponda en la actualidad.

Art. 4º - En caso de que los cargos referidos se hubiesen suprimido con posterioridad a la destitución, los funcionarios reintegrados serán asignados por la Secretaría al cumplimiento de funciones de similar naturaleza y jerarquía, sin que ello implique variación de la retribución que les corresponde.

Art. 5º - Los funcionarios que al presente ocupan los cargos a que se reintegren los funcionarios destituidos, serán también asignados por la Secretaría al cumplimiento de funciones de similar naturaleza y jerarquía, sin variación de su retribución.

Art. 6º - En los casos que exista presunción fehaciente de que la destitución por aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7 obedeció a faltas graves que ameritaban la realización de un sumario al funcionario, sin perjuicio del reintegro a sus cargos, el Presidente podrá disponer la instrucción de los sumarios que correspondan.

Art. 7º - Declárase el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberá hacer efectivo en un plazo de diez días corridos manifestando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el reintegro. En caso afirmativo, el reintegro se hará efectivo en un plazo no mayor de veinte días corridos y previa comunicación a los organismos estatales en que al presente perciben sus haberes, a los solos efectos de que sus jerarcas tomen conocimiento del hecho.

Art. 8º - Los artículos 3º, 4º y 5º de esta resolución serán aplicables a los funcionarios redistribuidos y a los que en la actualidad ocupan sus cargos.

Art. 9º - El reintegro de los funcionarios destituidos o redistribuidos que se hubieren jubilado por la causal de incapacidad física, no se hará efectivo hasta que una junta médica dictamine si la incapacidad subsiste o ha desaparecido. En el primer caso, el funcionario podrá reintegrarse al cargo.

Art. 10. - La situación presupuestal de todos los funcionarios referidos en esta resolución se regularizará al sancionarse el presupuesto de sueldos y gastos del Cuerpo.

Art. 11. - Facúltase a la Secretaría a la contratación temporaria de ex taquígrafos del Cuerpo cuyo reintegro no se opere por su calidad de destituidos o de redistribuidos, a los que se examinará de la exigencia del ingreso por concurso.

Art. 12. - Los funcionarios que no se presenten a reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados por los artículos 2º y 7º, se considerará que renuncian al derecho que les acuerda esta resolución. Vencido dicho plazo, sólo podrán reintegrarse a sus cargos los funcionarios que se encontraren en el exterior del país, circunstancia que deberán acreditar fehacientemente en un plazo de noventa días.

Art. 13. - Facúltase a la Presidencia del Cuerpo a disponer la revisión de los sumarios administrativos dispuestos por la intervención del Palacio Legislativo y a revocar las destituciones cuya ilegalidad se comprobare. A tales efectos, la Presidencia actuará con las Comisiones respectivas.

Art. 14. - Autorízase una partida extraordinaria para atender las erogaciones resultantes de esta resolución.

Art. 15. - La notificación a los funcionarios comprendidos en esta resolución se realizará mediante su publicación en dos diarios de la Capital.

Art. 16. - Dése cuenta al Poder Ejecutivo, a los efectos previstos por el artículo 14.

Gonzalo Aguirre, Hugo Batalla, Eduardo Paz Aguirre, Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas. Senadores."

6) DECLARACION DE GRAVE Y URGENTE

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que este punto, que viene con la firma de los señores legisladores de todos los Partidos, se declare grave y urgente y se considere en esta misma sesión. Se trata de una moción de orden y por lo tanto deberá ser sometida a consideración del Cuerpo.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Coincidentemente con lo que acaba de señalar el señor senador Paz Aguirre, en estos momentos estábamos circulando una solicitud a los distintos sectores -en un intento de que aparecieran todos comprendidos- a los efectos de plantear, de acuerdo con lo previsto por el artículo 192 del Reglamento, que el tema se declare grave y urgente. Como se trata de una solución concertada por todos los sectores, no deseaba que hubiera un planteo de carácter verbal, sino, simplemente, que todos los Partidos estuvieran representados en dicha solicitud.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en la sesión anterior voté para que una Comisión trabajara en este asunto, pero dejé constancia en cuanto a que me parecía que la solución era clara y, por lo tanto existía urgencia en hacer justicia con estos funcionarios, máxime cuando dependía exclusivamente de este Cuerpo realizar la reparación. Por esta razón adhiero totalmente a las expresiones aquí vertidas y juzgo conveniente que el Senado trate este asunto de inmediato.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El asunto que se propone se declare grave y urgente, lleva la firma de los representantes de todas las bancadas del Senado y comporta un proyecto de resolución que ha sido estructurado por una Comisión en la que hubo acuerdo concreto al respecto. Aclaro que lo leí y estoy de acuerdo con él -al igual que lo están todos los señores senadores- así como con que se trate con carácter de grave y urgente.

El asunto entrado de que se dio cuenta en primer término también lleva la firma de legisladores de todas las bancadas y, además tiene un origen de extraordinaria fuerza política, dado que ha emanado de una concertación convenida en un órgano común establecido por todos los Partidos Políticos. Entonces pregunto: ¿por qué no se trata también este asunto como grave y urgente?

Señor Presidente: formulo moción ...

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Por el momento sólo se ha presentado una moción, pero si el señor senador Cigliuti propone la suya, al terminar la lectura de los asuntos entrados se pondrán a votación ambas.

SEÑOR CIGLIUTI. - Cuando se terminó de dar cuenta del primer asunto entrado, no formulé moción porque entendí que era necesario esperar a que se diera cuenta de todos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Ese es el procedimiento correcto y la Mesa así lo cumplirá, es decir, se proseguirá con la lectura de los asuntos entrados, se dará el trámite correspondiente y luego se pondrán a votación las dos mociones llegadas a la Mesa.

7) ARTICULO 118 DEL CODIGO DEL PROCESO PENAL. Modificaciones

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Continúese dando cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguiente:)

"El señor senador Dardo Ortiz presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 118 del Código del Proceso Penal."

- Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentados:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestra práctica judicial desde siempre ignoró el precepto constitucional establecido en el artículo 16 de la Carta por el cual "la declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor". Esta declaración por imperio de la misma norma debe cumplirse ante el Juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención.

No obstante la claridad del texto constitucional, un invento o creación nacional de nuestro folklore jurídico -podría decirse gráficamente- vino a perturbar definitivamente la presencia del defensor en las declaraciones de los detenidos: el "presumario". Así se empezó a llamar a la actividad judicial encaminada a reunir la semiplena prueba de la participación en un delito y, forzosamente, anterior al procesamiento. No estaba previsto en ningún texto legal, ni menos aun calificado de secreto, pero como se practicaba antes del sumario, pues se le llamó "presumario". Hasta que el recién sancionado Código del Proceso Penal vino a legalizarlo en sus artículos 112 a 117. Pero el tema de la indefensión del detenido sigue planteado en los mismo términos.

¿Qué dice el Código del Proceso Penal sobre el derecho del detenido a tener asistencia letrada? Dice esto: "En ningún caso podrá decretarse el procesamiento sin previo interrogatorio al indagado o sin que conste formalmente su negativa a declarar. Dicho interrogatorio se practicará en presencia del Defensor si el indagado lo solicitase..." (art. 126).

El texto transcripto tiene una redacción deliberadamente restrictiva, pues quiere decir esto que, además, es la práctica de todos los días: sólo en el caso en que se decrete su procesamiento, el indagado tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado. En todos los demás casos en que no hay procesamiento y que son muchísimos, el indagado o detenido puede pasar hasta 48 horas corridas, desde la Jefatura de Policía hasta el Juzgado Penal, declarando en ambos casos sin asistencia letrada.

El asunto se agrava si se tiene en cuenta que un presumario no tiene término de expiración y puede así, durar años, lapso durante el cual puede ser citado a declarar en la sede policial o en la judicial cuantas veces se le requiera, siempre sin abogado defensor.

A todo esto y ubicado en la misma escena, el detenido ignora de qué se le acusa, cuáles son las sospechas que sobre él recaen, de tal manera que, a sus espaldas y sin asistencia letrada, se están reuniendo pruebas en su contra al margen de toda posibilidad de defensa legal.

En el orden policial el panorama es el mismo. El detenido es llevado a la Jefatura de Policía o una Comisaría y allí queda absolutamente desamparado. Se le tiene incomunicado del mundo exterior: no puede ver a sus familiares, quienes desesperadamente buscan la forma de tener algún contacto con él; tampoco puede pedir la presencia de un abogado e ignora qué cargos hay en su contra. Los abogados por su lado, carecen de todo tipo de prerrogativas para poder visitar al detenido o para que se les abra las puertas de la información. Este queda así tremendamente solo, en un solo ambiente propicio a cualquier desviación en orden a la independencia de su conciencia moral o de su integridad física.

Al cabo de horas de detención -generalmente innecesaria- y dentro de las 24 es enviado al Juez, donde la indefensión total vuelve a manifestarse en los términos ya vistos.

Se impone crear correctivos de orden constitucional, concordantes con el derecho a la libertad consagrado en el Art. 7º de la Carta, ajustando la normativa sobre el punto a la vigente en las grandes democracias occidentales. Y en la base de los que pudieren proponerse debe estar el derecho a la asistencia letradas desde el mimo momento de la detención.

Mientras no sea posible incorporar al texto constitucional las precisiones correspondientes, creo conveniente solucionar el importante problema planteado por la vía de la modificación ampliatoria del artículo 118 del Código del Proceso Penal.

Montevideo, febrero 26 de 1985.

Dardo Ortiz. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Agrégase al artículo 118 del Código del Proceso Penal, el siguiente parágrafo: "La persona detenida tendrá derecho a solicitar la presencia de un abogado, por él designado, para que lo asista en sus declaraciones ante la autoridad aprehensora o la judicial en su caso sin el cual nadie estará obligado a prestarlas. La misma autoridad deberá informarlo expresamente de este derecho, así como de los motivos de la detención, en el momento de efectuarse esta última.

Art. 2º - Comuníquese, etc.

Dardo Ortiz. Senador."

8) FUNCIONARIOS DEL SENADO Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Paz Aguirre, para que se declare como grave y urgente y se trata sobre tablas, el segundo de los asuntos entrados, es decir, el proyecto de resolución por el cual se restituye a los funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa destituidos y redistribuidos como consecuencia de la aplicación del Acto Institucional Nº 7.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: debo aclarar que la moción que formulé en realidad, fue a nombre de varios señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Lo que ha llegado a la Mesa, es su propuesta; sin embargo, se entiende que ella pertenece a todo el Cuerpo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Paz Aguirre.

La Mesa debe indicar que reglamentariamente, para ello es necesario contar con dos tercios de votos.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Se pasa a considerar el proyecto de resolución por el que se declara la nulidad de los actos de pase a disponibilidad y restitución de funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo.

En discusión general.

Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - No desconozco el hecho de que de acuerdo a lo convenido en la Comisión respectiva y con los distintos partidos, este proyecto se apruebe, dentro de lo posible, sin discusión. Pero, sin embargo, advierto aquí un error que es fundamental. En el artículo 9º.

(Apoyados)

- ... donde dice "en el primer caso el funcionario podrá reintegrarse al cargo", debe decir "en el segundo caso".

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - O puede decir también "no podrá reintegrarse".

SEÑOR ORTIZ. - De acuerdo, señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Es un error involuntario de texto.

SEÑOR ORTIZ. - Tal como está redactado este artículo, aquél a quien se le comprobare incapacidad física, podrá reintegrarse. Quiero decir, además, a vía de fundamento de voto -aunque ya se ha votado- que existen distintas omisiones de casos que no están contemplados. Supongo que el Senado no agotará su discusión con este proyecto, sino que estudiará la situación de todos sus funcionarios y ex funcionarios, así como también el caso de algunos jubilados que fueron obligados a abandonar sus funciones coactivamente. Entiendo que ahora el Senado está dando un paso muy importante al presentar este proyecto, pero creo que seguirá estudiando el mismo tema. Inclusive, me atrevería a pedir que se nombrara una Comisión para que continúe estudiando el tema y trate aquellos casos que no han sido contemplados en este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - La Mesa debe señalar al señor senador que la votación que se acaba de realizar ha sido para el tratamiento del asunto y no para su resolución. Es decir, que el señor senador Ortiz lo que ha votado, en realidad, ha sido la declaración de grave y urgente para que se considere el tema.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Deseo expresar en forma resumida cuáles fueron las razones que tuvo la Comisión para arribar a las conclusiones de las que se ha dado cuenta.

Quiero decir, brevemente, que se trató de considerar en forma inmediata los casos que resultaban más claros, aquellos sobre los que no podía existir ninguna duda. Me refiero a los funcionarios que resultaron destituidos debido a la aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7 y, también, a aquellos pertenecientes al Poder Legislativo que fueron redistribuidos a otras oficinas públicas, siendo separados de sus lugares naturales de trabajo. La razón fundamental que existe, además de las de ética y jurídicas, para invalidar estas disposiciones que oportunamente tomó el gobierno de facto, es que esa autoridad carecía notoriamente de facultades como para poder tomar resoluciones de ese tipo. La intervención del Poder Legislativo no tenía, ni por asomo, ninguna facultad para poder tomar esas decisiones. Por lo tanto, además de todas las consideraciones en las que hemos abundado a lo largo de los años en relación al Acto Institucional Nº 7, ésta específicamente, demuestra que la persona a cargo de la intervención, estaba totalmente desposeída de las facultades para poder tomarlas. De manera que este es un factor más que nos permite sostener que estas destituciones y estos traslados de funcionarios deben quedar sin efecto.

El señor senador Ortiz mencionaba el caso de un grupo numeroso de personas que fueron privadas de sus funciones, siendo obligadas a jubilarse.

Nos consta que entre los jubilados -creo que ascienden a algo más de 300- podemos encontrar funcionarios que se jubilaron, como lo hubieran hecho bajo cualquier condición, por haber llegado al límite de su edad o por haber computado los años necesarios para obtener su retiro jubilatorio, como así también otros que fueron jubilados por aplicación oblicua del Acto Institucional Nº 7 por parte de la administración para lograr esa finalidad. En fin, hay una infinidad de casos distintos.

También está el caso de los renunciantes que determinó, en opinión de la Comisión, la conveniencia de proceder a un examen inmediato de los mismos para ver en qué situación se encuentra cada uno de ellos. Esto no quiere decir que se olviden o se dejen de lado; simplemente se les da prioridad a aquéllos afectados por la aplicación del Acto Nº 7, como son los redistribuidos, criterio que se ha manejado por no tener ningún tipo de dudas en cuanto a su derecho.

Es propósito de esta Comisión, o de la que se nombre oportunamente, proceder al examen de los casos de los jubilados y renunciantes. Asimismo, se adoptó resolución respecto de los sumarios administrativos realizados durante el período de facto en el Poder Legislativo muchos de los cuales nos consta que se hicieron con notoria violación de normas de derecho o con desviación manifiesta de poder. De manera que esos sumarios deberán ser revisados, y precisamente en esta resolución se establece la obligatoriedad de que éstos sean revisados inmediatamente, para determinar si fueron realizados correctamente o si, por el contrario, adolecen de vicios que invalidan su resultado.

Quiero hacer una última precisión. En este caso y por disposición de esta resolución, se estaría reincorporando a estos funcionarios a que hacíamos referencia no adoptando, en cambio resolución alguna sobre las eventuales reparaciones patrimoniales a que podría haber lugar con motivo de los actos que determinaron cesantías o traslados.

Entendemos -y es opinión unánime de la Comisión- que este es un tema que tiene que estar referido en la ley general, porque no solamente existe el Acto Nº 7 y otras leyes por las que se cometieron arbitrariedades contra funcionarios del Poder Legislativo sino que por desgracia, este hecho se multiplica en toda la Administración del Estado, como ser Entes Autónomos, Enseñanza, Justicia, Municipios, Servicios Descentralizados, en fin, en todos lados. Ello va a requerir por parte del Parlamento y del Poder Ejecutivo en todas sus ramas, adoptar de inmediato soluciones que tiendan a reparar estas injusticias y arbitrariedades.

En cuanto a lo de las reparaciones patrimoniales entendemos que las mismas no pueden ser previstas ni insertas en este tipo de resolución que estamos adoptando hoy, sino que es criterio de la Comisión -y confío que lo será también del Senado- que todos estos puntos queden librados a la determinación que sobre el particular establezca la ley general que, en su momento, habrá que dictar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Cuando me anoté para hacer uso de la palabra tenía la intención de formular la observación que acaba de hacer el señor senador Ortiz sobre el error de copia producido en el artículo 9º, que ya ha sido salvado. Por lo tanto, no voy a hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Había solicitado la palabra antes de que hiciera uso de la misma el señor senador Ortiz y el alcance de mis expresiones era el mismo que el de las suyas en el sentido de que de la lectura del proyecto de resolución surge un error en el artículo 9º. Además quiero destacar especialmente algo que señaló también el señor senador Ortiz en cuanto a que esto no significa poner una cortina o un freno en el tratamiento del tema y es por respeto al consenso que se ha logrado en las negociaciones previas que vamos a votar el proyecto tal como ha sido presentado para que el Senado quede con las manos libres a fin de seguir investigando.

Al sólo efecto de ilustrar a los señores senadores quisiera hacer referencia a una anécdota de un caso que no está contemplado en este proyecto de resolución y que parecería se trata de una clara persecución política. Es la situación de aquellos funcionarios que habiendo sido redistribuidos después debieron abandonar el cargo que ocupaban para obtener asilo político en la Embajada de México; tienen constancia de ello y debieron abandonar el país con un salvoconducto, razón por la cual fueron destituidos por la causal de abandono del cargo.

A modo de fundamento de nuestra posición respecto de este proyecto de ley, quiero señalar que nuestro partido desde el primer momento, sostuvo que el Poder Legislativo debería proceder a la reincorporación de todos los funcionarios destituidos y que ello no implicaba bajo ningún concepto desconocer la tremenda gravedad del problema que señalaba el señor senador Paz Aguirre en otras áreas de la Administración Pública. Estos funcionarios dependen de nuestra jurisdicción y corresponde, por la vía administrativa, proceder a su reincorporación sin perjuicio de que a la mayor brevedad posible, en pro de la reconciliación nacional a la que aspiramos todos los orientales, tanto la Cámara de Representantes como el Senado puedan abocarse al estudio de una ley de reposición de todos los destituidos perseguidos por razones políticas.

En lo que se refiere a nuestro partido, los Intendentes municipales electos bajo el lema "Partido Nacional", en un hecho que aplaudimos procedieron a la restitución de los funcionarios destituidos en las Intendencias. Y como bancada nos parece fundamental iniciar nuestra gestión restituyendo a los funcionarios de nuestra gestión restituyendo a los funcionarios de nuestra propia Casa, que es el primer recinto democrático que se recupera para la vida institucional del país. Al respecto nos alegramos que se haya logrado el consenso necesario para poder votar unánimemente el proyecto de ley presentado por la Comisión.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: tal vez convenga hacer una breve reflexión con respecto al mecanismo que siguió la Comisión en el estudio de este tema, que esperamos se vote por unanimidad en el Senado.

Nosotros entendimos que eran de tres tipos las situaciones que estaban planteadas dentro del funcionariado del Senado y de la Comisión Administrativa. Uno de ellos refería, fundamentalmente, a los funcionarios que habían sido objeto de aplicación del Acto Nº 7. Al respecto, pensamos que en este caso era absolutamente claro que debía procederse a la reincorporación inmediata de los funcionarios porque la arbitrariedad normal en el acto de persecución política, que en su totalidad aplicó el Acto Nº 7, se daba como un hecho más, aplicada por una autoridad inexistente y absolutamente ilegítima desde el punto de vista jurídico.

(Apoyados)

- Por consiguiente, entendimos que en el caso de los funcionarios porque la arbitrariedad normal en el acto de que correspondía proceder a su reincorporación por un mínimo acto de reparación, de valor, no solamente político o jurídico, sino también ético.

En segundo término, entendíamos que, sin perjuicio de que se daban las mismas coordenadas morales para proceder a la reincorporación, era evidente que no podíamos imponer en el caso de un funcionario redistribuido, la obligación de su reingreso al Senado o a la Comisión Administrativa, cuando por esos azares que tiene muchas veces la vida funcional en algunos casos, yo diría, pese a la dictadura, ese funcionamiento había tenido en su nuevo destino una mejora o un lugar de trabajo en el que se encontraba más cómodo sintiendo que podía tener en él un mejor porvenir.

Por eso es que la solución, a nuestro criterio, en lo que se refiere a los funcionarios destituidos, es distinta que la que se aplica a los redistribuidos. En el primer caso, declaramos el reintegro inmediato y, en el segundo, el derecho del funcionario a su cargo y la posibilidad de que formule una opción. Es decir que el reintegro no es automático, sino que responde simplemente a un hecho de la Administración que pone de relieve la voluntad del funcionario que quiere regresar el Senado o a la Comisión Administrativa.

En esos dos casos, señores senadores, se da claramente la voluntad del servicio para reintegrar a los funcionarios. Allí existe claramente un acto ilegítimo en el comienzo de las consecuencias ulteriores y una autoridad inexistente, ilegítima, que adopta esas decisiones.

Eso, que resulta absolutamente claro, llevó prácticamente a elaborar este proyecto de ley y no me refiero a las situaciones, digamos, que puedan tener un carácter o un sentido accesorio en este esquema planteado, como puede ser el referente a aquellos jubilados por incapacidad física o el caso concreto de los taquígrafos, a quienes la absoluta necesidad de darle al servicio una mínima posibilidad de cumplimiento hace que apliquemos una solución mucho más amplia que con el resto de los funcionarios.

La tercera situación es la de aquellos que en el informe inicial de una comisión de ex funcionarios y funcionarios -que se manejó como elemento asesor de las distintas estructuras políticas que tenían preocupación por el tema- fueron calificados como jubilados en condiciones de apremio o renunciantes en situación de apremio. Se trata de personal -en muchos casos viejos y prestigiosos funcionarios del Cuerpo- al que, en determinadas condiciones, se les había hecho irrespirable el clima o al que se el había impuesto la alternativa de jubilarse o de pasar a disponibilidad.

La Comisión entendió que esas situaciones no podrán ser resueltas con una norma general. Este proyecto -como ha sido señalado por otros señores senadores- resuelve las situaciones absolutamente claras pero no significa cerrar la cortina para que los casos que no contemplemos en este proyecto no puedan ser luego resueltos favorablemente a través del informe de la Comisión respectiva.

Nosotros como Frente Amplio -y estoy seguro que también lo hará el resto de los integrantes del Cuerpo- comprometemos nuestra máxima buena voluntad y la mayor celeridad para resolver con justicia cada una de las situaciones que se planteen.

Quiero hacer mías las palabras del señor senador Paz Aguirre en cuanto a que el proyecto de resolución -como naturalmente debe ser- establece una mínima reparación hacía el futuro. No establece normas de reparación hacia el pasado, en virtud de que entiende que en ese esquema debe funcionar una ley general que esperamos contemple con justicia, para todos, los enormes perjuicios que la dictadura ha causado, entre otros aspectos, también al funcionariado en general.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: compartimos totalmente el espíritu de este proyecto y los objetivos de reparación que él implica. Al mismo tiempo, las expresiones vertidas por distintos oradores y el compromiso que asumimos los partidos políticos en torno a situaciones que no están contempladas en el proyecto, nos dejan la tranquilidad de espíritu de que la labor del Parlamento no ha terminado con este proyecto sino que tendremos que seguir trabajando intensamente para reparar la totalidad de las situaciones y de las injusticias que la dictadura ocasionó en los niveles administrativos.

Señalo asimismo, una situación que me parecería útil que pudiera ser corregida quizás en la tarde de hoy o, por lo menos estudiada por la Comisión Especial que tendrá que entender en esta temática de los funcionarios que fueron destituidos con total arbitrariedad por la intervención militar del Parlamento, la que verificó cambios en sus cuadros funcionales desde el momento en que ingresó el 27 de junio de 1973 a este Cuerpo hasta la fecha en que la dictadura comenzó a aplicar sus actos institucionales.

En el período que transcurre entre el 27 de junio de 1973 y el año 1977, aproximadamente, en que se dicta el Acto Institucional Nº 7, la dictadura procede a destituir funcionarios mediante actos de arbitrariedad y persecución de carácter ideológico. Esos funcionarios, aparentemente, no estarían contemplados en este proyecto; se contempla a los destituidos en virtud de lo dispuesto por el Acto Institucional Nº 7.

SEÑOR BATALLA. - Los funcionarios que menciona el señor senador también están contemplados.

SEÑOR TOURNE. - El señor senador Batalla me acota que están contemplados y me alegro de que así sea. Pero entonces tendríamos que decirlo expresamente en el texto del proyecto y en la resolución, por cuanto el artículo 1º declara la nulidad de las destituciones hechas en aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7 y no las que se realizaron en virtud de otros mecanismos que no son los del mencionado Acto.

Por lo tanto creo que el sentido -interpretando el espíritu del Cuerpo en esta materia- es, categóricamente, comprender todas las destituciones arbitrarias que se cometieron. Acto Institucional Nº 7 mediante, o por disposiciones de otro carácter.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que el señor senador Tourné se maneja con el mismo criterio con que lo hizo la Comisión. Nosotros solicitamos información respecto a las destituciones que pudieran haberse realizado en el Cuerpo y no encontramos otros más que las derivadas por aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7.

Lo que puede haber ocurrido anteriormente es que se hayan realizado redistribuciones en función de las normas que establecían los pases a disponibilidad, es decir, normas pre-existentes a dicho Acto. Antes de ese Acto no era posible realizar destituciones sino redistribuciones de funcionarios. A esos funcionarios se les da la posibilidad de reintegro al Cuerpo, al Senado o a la Comisión Administrativa, cosa que creo surge claramente del texto. Pienso, y creo que al igual que los demás compañeros con los que hemos trabajado en la redacción del texto, que lo hemos recogido claramente pero, si el señor senador Tourné no lo entiende así, admitiríamos, naturalmente, una mayor concreción en la letra de lo que estuvo y sin duda está en el espíritu de todos.

SEÑOR TOURNE. - Entendí perfectamente que esa era la voluntad de los partidos políticos que informaron el proyecto a consideración del Cuerpo. Pero tengo información de que en ese período intermedio hubo destituidos por actos de servicios o actos administrativos que tuvieron una variada gama de denominaciones. Entiendo entonces que de ninguna manera se afectaría el sentido se aclaramos en el propio texto del artículo 1º la nulidad de todas las destituciones que se verificaron por la intervención en el Palacio Legislativo, ya sea en aplicación del llamado Acto Nº 7 o en virtud del dictado de actos administrativos de distinta naturaleza, anteriores, con lo cual se comprendería, digamos, la totalidad e la casuística que en esta materia pudiera presentarse.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: lamento interrumpir al señor senador Tourné, pero, me pongo en la misma posición que señaló el señor senador Batalla.

Cuando estudiamos el tema en Comisión, pedimos a la Secretaría que nos proporcionara una información concreta de todos los casos en que se habían producido anomalías en cuanto a los funcionarios, ya fueren por redistribución, cesantía, sumario etc. La Secretaría nos suministró una información sumamente detallada. Concretamente, le preguntamos sí se habían producido -como sabemos que ocurrió en otras dependencias del Estado- las llamadas cesantías de hecho, es decir, determinadas por impulsos de ferocidad, y con las que se deja al funcionario privado de su cargo por una mera disposición administrativa, de tipo interno. Esa es la información categórica brindada en forma reiterada por la Secretaría. Esos casos no se dieron. ¿Cuáles son los casos que se pudieron dar antes de la existencia del Acto Institucional Nº 7? Los sumarios que se realizaron. Los tengo a la vista y la nómina total es de 12 funcionarios. El más antiguo es del año 1975. Los hay también de 1977, 1979, 1980 y 1982. Todos los sumarios van a ser revisados por disposición de esta resolución, porque nos consta que en varios de ellos -no sé si en todos, pero tenemos la fundada sospecha de que sucede en la mayoría- pueden existir notorios vicios de irregularidad en la aplicación de la ley y faltas graves en lo que deben ser las garantías de un correcto sumario. Por lo tanto, repito, todos van a ser revisados, y si se verifica que hubo errores o que se cometieron faltas en cuanto a la conducción del sumario, éste será anulado por lo que el funcionario que resultó sancionado será repuesto en su cargo.

No me doy cuenta -y por lo que dijo el señor senador Batalla creo que él tampoco- cuáles serían los otros casos a que se refiere el señor senador Tourné. Tenemos aquí varias carpetas: la primera relativa a los funcionarios destituidos por sumarios administrativos -a la que acabo de hacer referencia- otra que dice relación con los funcionarios en disponibilidad -que fueron redistribuidos en otras oficinas del Estado- una tercera referente a funcionarios afectados por el Acto Institucional Nº 7 -contemplados en el proyecto de resolución- otra relativa a funcionarios renunciantes -que es una lista bastante extensa- y una última que se refiere a funcionarios renunciantes por causal jubilatoria. Esta es la totalidad de las carpetas que nos fueron entregadas como determinantes de las situaciones a analizar. No hay otras. Por tal motivo, me parece que es ocioso hacer referencia a casos inexistentes. Los que queremos contemplar están previstos aquí. Algunos los aplazamos para una fecha inmediata a efectos de su mejor estudio como, por ejemplo, los casos de renunciantes y jubilados, porque son más complejos y requieren un examen más pormenorizado.

Destituciones de hecho no hay -por lo menos no las conocemos- según lo que nos ha informado reiteradamente la Secretaría.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR FERREIRA. - Deseo señalar que no creemos que se pueda afirmar tan categóricamente, como lo hace el señor senador Paz Aguirre, que no existen más casos que los contemplados por el proyecto, porque hace un momento yo cité uno que no estaba previsto. Es evidente que no hay proyecto capaz de imaginar todas las hipótesis posibles. Por lo tanto, a los efectos de cumplir con el acuerdo que se logró en la Comisión -donde estaban representados todos los partidos- y de agilizar el reintegro de los funcionarios, considero conveniente proceder a la aprobación del proyecto tal como ha sido presentado. Sin perjuicio de lo expresado, reitero que no comparto que podamos decir que se agotaron todos los casos. Por ello habíamos señalado -al igual que otros señores senadores- que quedamos con las manos libres para seguir estudiando el tema, ya que pueden existir casos sutiles que no están contemplados en las categorías previstas. Si se aprueba este proyecto, el Senado demostraría la voluntad política de restituir a los destituidos; por lo tanto, pensamos que también habrá voluntad de parte de todos los señores legisladores, de proceder al reintegro de aquellos funcionarios que por la peculiaridad de su situación no estén contemplados en el proyecto actual.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) -Continúa en el uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Muchas gracias, señor Presidente.

Comprendo que los señores senadores se han manejado teniendo a la vista una información, sin embargo, yo tengo otra referida a la situación que existió durante un período de casi cuatro años que media entre el comienzo de la intervención y el dictado del Acto Institucional Nº 7, en que se verificaron actos de destitución que, en mi criterio, hacen necesaria la corrección por parte de este Cuerpo parlamentario. Incluso si la información que poseo no es la adecuada, creo que el texto del proyecto debe contemplar este tipo de casos y de ninguna manera debe obstar a que se comprendan si ellos surgen. Si nosotros establecemos que los destituidos -sea por Acto Institucional Nº 7 o pro cualquier otra razón- quedan comprendidos en este proyecto de resolución, creo que hemos dado curso a la finalidad que inspira el proyecto, al sentido profundo que tienen los señores senadores que lo han propuesto y lo han firmado, y a los partidos políticos que lo patrocinaron. Si no existieran otros casos y la información proporcionada por la Secretaría fuera totalmente correcta, nos alegraríamos mucho de que ello sucediera. Pero en definitiva, lo único que podría reprochársele a esto es que, quizá, se padeció de un exceso de protección en cuanto a la fenomenología que se quería captar con el proyecto. Lo que sí resultaría intolerable es que no comprendiéramos desde el inicio alguna situación que quizá pudiera presentarse luego de aprobado este proyecto, lo que exigiría un nuevo pronunciamiento expreso de este Cuerpo parlamentario.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR FERREIRA. - Si la Mesa me permite, y a los efectos de esclarecer el debate, voy a leer el artículo 13. El mismo dice: "Facúltase a la Presidencia del Cuerpo a disponer la revisión de los sumarios administrativos dispuesto por la intervención del Palacio Legislativo y a revocar las destituciones cuya ilegalidad se comprobare". Toda destitución que surge de un Cuerpo ilegítimo, como lo era el Consejo de Estado, es ilegal; por lo tanto con la aprobación de este proyecto la Mesa queda facultada para el reintegro de esos funcionarios.

Creo que en principio esta disposición contemplaría las aspiraciones del señor senador Tourné.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - La falta de un repartido ha provocado la ignorancia de algunos artículos esclarecedores como el que acaba de señalar el señor senador Ferreira.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Muchas gracias, señor Presidente.

La primera observación que deseaba realizar es la que manifesté hace un momento.

En segundo lugar debo decir que compartimos totalmente las normas relativas a los funcionarios redistribuidos y las aclaraciones realizadas por los distintos señores senadores en el sentido de que el proyecto no solamente comprende a los funcionarios que aceptaron la redistribución y que han permanecido en el ejercicio de sus cargos en otras oficinas, lugares o dependencias a que fueron destinados y que, por lo tanto, se encuentran en este momento ocupando un puesto dentro de algún sector de la Administración Central o Descentralizada del país, sino que el alcance debe ser el de comprender, inclusive, a los funcionarios redistribuidos que con posterioridad y en virtud de circunstancias al margen de su voluntad o como fruto de la persecución política, cesaron en el ejercicio de dichos cargos.

En concreto, el proyecto alcanza a aquellos funcionarios que fueron redistribuidos en lugares o condiciones tales que consideraron vejatorias para su persona y que, por lo tanto, no aceptaron dicha redistribución y fueron destituidos por abandono de cargo.

SEÑOR BATALLA. - Exactamente.

SEÑOR TOURNE. - ... y a aquellos otros que luego de pasar a desempeñar tareas en otros sectores de la Administración, por causa de la persecución política, tuvieron que ausentarse del país. Ellos son funcionarios comprendidos en los casos de destitución por abandono de cargo, aparentemente voluntario.

Considero que ese podría ser el alcance del proyecto, comprendiendo a los funcionario mencionados.

Resultaría útil que alguno de los firmantes del proyecto realizara una manifestación en cuanto a su alcance.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR TOURNE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: el artículo 7º del proyecto de resolución establece: "Decláranse el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberá hacer efectivo en un plazo de diez días corridos manifestando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el reintegro". El texto no establece ninguna limitación. Por lo tanto en el reconocimiento del derecho que les asiste están comprendidos todos aquellos funcionarios que fueron objeto de redistribución, hayan cesado, se hayan jubilado o hayan perdido su cargo por otras razones. Existen muchos funcionarios que han sido enviados a otras oficinas o dependencias en condiciones notoriamente inferiores a las que tenían o en circunstancias, quizás, hasta vejatorias, que jamás hubieran renunciado a su cargo de haber permanecido en su lugar de origen, el Palacio Legislativo. O sea que, si se quiere, la renuncia o el abandono de cargo es otra consecuencia directa de la medida que los redistribuyó a otras oficinas del Estado.

El texto del artículo 7º es absolutamente claro y no establece limitación de especie alguna. Por lo tanto, se debe entender que todo funcionario que fue redistribuido por la "autoridad" del Poder Legilslativo -autoridad entre comillas, autoridad inexistente e ilegal, pero que en aquel momento era la que tenía el poder para tomar esas resoluciones- cualquiera haya sido su destino final, tiene derecho a reintegrarse, si desea hacerlo, a su oficina de origen.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Tourné.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: con esta aclaración creo que queda comprendida la totalidad de los casos en cuanto a los funcionarios redistribuidos.

Por último mi preocupación se refiere al tronchamiento de las carreras administrativas, dentro del Palacio Legislativo, de aquellos funcionarios que fueron obligados o compelidos a jubilarse, categoría que no es la del jubilado por imposibilidad o incapacidad física sino por un acto de violencia o de coacción ejercido por la intervención, por la autoridad o jerarquía administrativa que le estableció una disminución un "capitis diminutio", una inferioridad que obligó al funcionario, que podía seguir en el desempeño de sus funciones, a adoptar el único camino que le quedaba que era el de la jubilación.

Ahora bien: comprendo que no podemos establecer una norma de carácter general que abarque la totalidad de los casos porque, como muy bien señaló el señor senador Paz Aguirre, dentro de la categoría de los jubilados están aquellos que se acogieron voluntariamente por llegar al término de lo que han considerado podía ser su vida útil, por razones de carácter eminentemente personal y que no pueden ser comprendidos en un acto reparativo de justicia que debe tener este Cuerpo resolutivo que tiende precisamente, a reparar los actos arbitrarios de la dictadura. Creo que debemos crear ya -como señalaba nuestro compañero, el señor senador Ferreira- una Comisión que estudie este problema, la que debe surgir del propio texto de esta resolución debe ser una Comisión que estudie, precisamente, las situaciones de aquellos funcionarios que consideren o que puedan probarle a esa Comisión, que fueron objeto de una persecución determinada del género de coacción que hace merecible el dictado de una norma que ampare a estos funcionarios que fueron obligados a jubilarse en forma violenta.

Quiere decir, que en definitiva, nosotros consideramos que debe incluirse una norma nacional, agregársele una disposición que establezca el funcionamiento de una Comisión para que en el plazo de sesenta días aconseje al Cuerpo, previo llamado a los funcionarios que considere que se encuentran en situación de jubilados debido a una imposición de la intervención, para que se presenten a deducir sus derechos acompañando la prueba que permita evaluar si realmente ha mediado o no una circunstancia de constreñimiento de la voluntad que motivó su pase a jubilación.

Esto no implica, en consecuencia, ningún preguzgamiento sobre una posición futura ni tampoco quiere decir, en definitiva, que no dictemos una norma de carácter general para comprender situaciones tan disimiles y complejas como las que pueden estar comprendidas en el caso de los jubilados. Al mismo tiempo, desde ya adelantamos la necesidad de disponer las reparaciones correspondientes en plazo determinado para comprender a esta categoría funcional.

En ese sentido, pues, dejamos formalizado lo que vamos a plantear al Cuerpo en cuanto a la integración de una Comisión o a la propia Comisión de Asuntos Administrativos para que entienda en esta materia.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Para ocuparse del tema en debate, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor Presidente; quiero dejar constancia de nuestro voto afirmativo a la restitución de los funcionarios tanto de los destituidos como de los redistribuidos. Pensamos que en esta hora del país debemos impartid justicia. Creemos que la labor del Parlamento en ese sentido va a tener un vasto alcance. Hubiéramos preferido que se nombrara una Comisión y que no se estudiaran solamente las situaciones de los funcionarios del Poder Legislativo sino también las del resto del país. Pero comprendemos que este tema en especial ya fue abordado por las distintas bancadas y, en consecuencia, sumamos nuestro esfuerzo a la solución que se pueda brindar a los funcionarios del Palacio Legislativo.

Sugerimos finalmente, al prestar nuestro voto afirmativo a este proyecto que nos parece importante que la decisión tomada en esos artículos que han sido leidos, sea acompañada por la integración de una Comisión a efectos de estudiar las situaciones particulares a que pudiera dar lugar la aplicación del texto de referencia.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: si bien en su exposición el señor senador Jude dijo "nosotros", debe quedar expresa constancia de que lo hace en nombre del sector que integramos, la Unión Colorada y Batllista.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Señor Presidente: en realidad la opinión de la bancada del Frente Amplio ya fue adelantada y sostenida en el seno de la Comisión informante por nuestro compañero de sector, el señor senador Batalla. La verdad es que suponíamos que en un tema en que existe unanimidad o casi unanimidad el debate iba a ser más sencillo; de todas maneras, a esta altura creemos que es nuestro deber dejar alguna constancia a su respecto.

En primer lugar, para nosotros es absolutamente claro que esta es una primera aproximación al tema, nada menos pero nada más. En una primera aproximación porque en el plano del Poder Legislativo, en esta materia, va a haber mucho más para hacer y mucho más para corregir que lo que a través de este proyecto inicial se plantea. Estamos de acuerdo con lo que aquí se dice y se propone como una primera aproximación; pero es obvio, particularmente para quienes estamos aquí en retorno, que hay mucho más que actuar y que hacer. La peste se fue pero algunas consecuencias quedaron, y naturalmente, para normalizar la vida parlamentaria y volverla a su plenitud, en los términos en que tradicionalmente se efectuaba, vamos a tener que realizar muchas otras correcciones en el campo administrativo.

Por lo tanto, esta es la primera observación que toma lo principal del tema, procura resolverlo y propone soluciones que, con algunos de los ajustes que han sido propuestos, en los sustancial, compartimos. Tal cual ya ha sido señalado, ciertamente que esto va a tener que ser ampliado y desarrollado en más de un sentido.

Por otra parte, es también un capítulo desde nuestro punto de vista. Nosotros también siempre lo hemos marcado y planteado, desde el primer día de acción parlamentaria, a través de un proyecto que aplica estos criterios a la totalidad de la Administración. Así como pensamos que esta solución debe arbitrarse para un Parlamento que ya es democrático, que afortunadamente se está arbitrando en organismos municipales que ya son democráticos, también por fortuna a partir del 1º de marzo tendrá que aplicarse en el resto de la Administración cuando ella vuelva a la democracia.

Nosotros, no concebimos, por ejemplo, que las clases se inicien con los "profesores" -entre comillas- de la dictadura dando clases, mientras que los profesores verdaderos de la democracia se encuentren esperando a la vuelta de la esquina. De manera que este proyecto cubre una parte del tema, la más esencial, yo diría que casi la más obvia, y tendrá que ser desarrollado y complementado cuando haya tiempo y condiciones para hacerlo. Como abarca solamente una parte de la Administración -en esta etapa no podemos hacer otra cosa- consideramos que es, solamente, una aproximación inicial.

Finalmente, quiero hacer otra consideración que luego iba a plantear con carácter general, pero aprovecho esta oportunidad para realizarla. Comprendemos perfectamente la excepcionalidad de la forma en que el Parlamento está trabajando en este momento.

Aquí se ha planteado la posibilidad de designar una Comisión especial para estudiar este tema. Pensamos que dentro de la distribución de tareas asignadas a las Comisiones permanentes, podría ser la de Asuntos Administrativos.

Al iniciarse esta sesión hablábamos con mi compañero del sector, el señor senador Araújo, de lo grave que es el hecho de que esta rama del Parlamento esté prácticamente impedida de considerar proyectos. No sabemos cuándo se van a integrar las Comisiones del Senado; los repartidos de los asuntos no llegan a nuestras manos así como tampoco la versión de la sesión de la Asamblea General que se realizó el 15 de febrero es decir hace 11 días. En ella tomamos parte en un debate incidental y, repito, no tenemos la versión y los repartidos no han sido hechos. El contenido del proyecto que vamos a tratar hoy lo conocemos porque nuestro compañero de bancada, señor senador Batalla, nos había dado información al respecto. No hay repartidos. ¿Cuándo los habrá? Esto que digo, por cierto no es un cargo para nadie sino, simplemente, la constancia de hechos que todos deploramos.

de la buena voluntad con que se está trabajando en el tema. Hemos estado en contacto con el señor Presidente de la Asamblea General, señor senador Batlle y conocemos la preocupación que ha tenido por poner en marcha, en lo posible, los mecanismos necesarios. Vuelvo a subrayar la importancia de que los senadores tengamos acceso, por lo menos, a los documentos que contienen las decisiones que se toman en cada una de las sesiones.

Por las consideraciones expuestas, vamos a dar nuestra aprobación al proyecto presentado, con las correcciones de forma que han sido adoptadas. Además, coincidimos totalmente en que la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado -o la que se estime pertinente- debe abocarse a desarrollar y completar el contenido de estas soluciones de justicia. Pero al mismo tiempo subrayamos la gravedad del hecho de que el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados que ya cuenta con Comisiones integradas que están trabajando con intensidad, no haya designado aún sus Comisiones, Esperamos que en un lapso razonable se pueda dar forma contenido y realidad a los mecanismos elementales para el normal funcionamiento de este Cuerpo.

La parte administrativa escapa, en buena medida a nuestras posibilidades de decisión inmediata; sin embargo, no ocurre lo mismo en otras esferas y, en consecuencia, expresamos nuestra preocupación porque entendemos que el Senado debe arbitrar los elementos necesarios para estar rápidamente en condiciones de empezar a funcionar luego de este largo paréntesis ocasionado por razones conocidas y deplorables.

SEÑOR LACALLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE. - Señor Presidente: vamos a acompañar el proyecto de resolución que tiene a consideración el Senado. Previamente queríamos fundamentar, en nombre de nuestro sector, integrado por el señor senador Ubillos y el que habla nuestro voto afirmativo en ese sentido.

Creemos que el acto reparatorio que hoy va a aprobar el Senado de la República excede, por supuesto, el mero hecho de su alcance concreto a los funcionarios de esta rama del Poder Legislativo. Implica, para los señores legisladores y para quienes estén atentos a la labor del Parlamento, una demostración de voluntad, una expresión de cuáles van a ser la líneas sobre las que el poder político va a intentar realizar la reparación del tremendo daño que se infligió a la República durante todo este tiempo, en tantos sentidos, pero fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la administración. Por supuesto que el país conoce todas las agresiones de que fue objeto del cuerpo social pero una de las que más ha colidido con la tradición nacional, señor Presidente, es el ataque al patrimonio de las personas en función de sus ideas políticas o bien, en el Uruguay, al que es servidor del Estado el ataque a la seguridad de su empleo público. Esa medida, esa actitud es algo que rechina y contradice totalmente el espíritu de tolerancia que se fue edificando durante tantos años alrededor de la seguridad del funcionario público en el desempeño de su función. Esta labor la realizaron todos los partidos pero quiero destacar la parte importante que le cupo al Partido Nacional en esa tarea de asegurar que el funcionario público no estuviera sometido a las presiones de carácter ideológico ni a la violencia moral de ver enfrentada la seguridad del trabajo -en un país donde no hay mucho trabajo- con lo que sería su conciencia y su espíritu político.

En ese sentido el país fue elaborando con la contribución de todos, un sistema de protección, de garantías: es decir, el sistema de la inamovilidad de los funcionarios. El gran recurso que quizá no ha cumplido con la celeridad y la eficacia que sería de esperar, fue la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y su incorporación a la Constitución de 1952 que siempre habrá que encarecer por el sentido que tuvo de complementar y redondear todo un fuero de protección al funcionario público, para que éste tuviera un amparo estableciéndose, prácticamente, una rama de carácter jurisdiccional especial a los efectos de proteger esa seguridad en el trabajo.

Por estas razones señor Presidente, creemos que es muy importante dar hoy nuestro voto a este proyecto concreto, con los aditamentos, las observaciones y hasta quizá los complementos que haya que establecer en el futuro, en la medida en que la Comisión de Asuntos Administrativos vaya recibiendo lo que no pudo captar este proyecto de ley. Asimismo, hay que señalar que este acto reparatorio -que hoy debe tener una trascendencia mayor aún que el mero hecho de la reposición, del reconocimiento de los derechos de quienes los han perdido- significa que el manto de pacificación que se quiere extender sobre el país tiene eco en el Parlamento.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Señor Presidente: creía que a esta altura del debate y habiéndose pronunciado prácticamente todos los sectores, estábamos entrando en la discusión particular del asunto en forma indebida. Si todos ya nos hemos expresado en sentido favorable a la sanción de este proyecto de resolución, entiendo que lo que correspondería sería pasar a la discusión particular del proyecto, momento en que podría plantearse las mociones brevemente circunscribiendo las observaciones a cada caso en particular. En determinado momento se incursionó en los artículos 7º, 9º y 10, mientras que eso debería haberse hecho en la discusión particular.

Desde ya señalo que vamos a apoyar este proyecto de resolución y solicitaría que si los demás señores legisladores han terminado su exposición en la discusión general, se pase a la discusión particular.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: sin perjuicio de reconocer las razones que asisten al precedente planteo formulado por el señores senadores Martínez Moreno, voy a hacer también referencia a un aspecto de una disposición particular del proyecto, en función de algunas de las observaciones que ha hecho el señor senador Tourné. Por supuesto que en mi carácter de integrante, un poco "ad hoc" de la Comisión que se ocupó de redactar este proyecto participo del espíritu que la animó y del acuerdo o sobreentendido previo de que el mismo se iba a apoyar en bloque y a aprobar en conjunto, sin modificaciones.

Sin embargo, de la consideración del proyecto ha resultado que se ha entrado en aspectos particulares del mismo e incluso se han propuesto algunos artículos aditivos.

De modo tal que me considero habilitado en el tema concreto de las destituciones operadas antes del dictado del llamado Acto Institucional Nº 7, destituciones previo sumario, por la Intervención del Palacio Legislativo, esto es, el problema regulado por el artículo 13, a sugerir una modificación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - El señor senador está absolutamente habilitado para hacer uso de la palabra en la misma medida que lo han hecho los otros oradores.

SEÑOR AGUIRRE. - Le agradezco al señor Presidente.

Lo que quiero expresar es que en realidad la redacción dada al artículo 13 es objetable desde el punto de vista estrictamente jurídico o, por lo menos es mejorable, por cuanto en la redacción dada se faculta a la Presidencia del Cuerpo a disponer la remisión de los sumarios y, en caso de comprobarse su ilegalidad, a revocar las destituciones. De acuerdo a la letra de la disposición sería una atribución de ejercicio contingente, es decir que la Presidencia del Cuerpo dispondría la revisión de los sumarios o no la dispondría, y luego de efectuar la revisión de los sumarios revocaría las destituciones si son ilegales o no las revocaría en caso contrario.

Nosotros sabemos que la Presidencia del Cuerpo, que dentro de pocos días va a ocupar un distinguido jurista como lo es el doctor Tarigo, por supuesto que no va a ejercer esa facultad en tal sentido y va a disponer la revisión de los sumarios y cuando compruebe la ilegalidad va a revocar las destituciones. Pero ya que la resolución se va a adoptar creemos que su texto debe ser lo más ajustado desde el punto de vista jurídico.

En materia de ilegalidad en la actuación de la administración en un principio indiscutido en la doctrina del derecho administrativo y en la jurisprudencia de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo que cuando hay ilegalidad es un deber de la administración revocar los actos ilegales. Por consiguiente, creemos que se puede mejorar este precepto introduciendo muy pequeñas modificaciones gramaticales.

Sugiero concretamente, que en lugar de "Facúltase" se diga "Cométese a la Presidencia del Cuerpo disponer la revisión de los sumarios administrativos dispuestos por la Intervención del Palacio Legislativo y revocar las destituciones cuya ilegalidad se comprobare. A tales efectos, la Presidencia actuará con las Comisiones respectivas". Es decir que únicamente proponermos cambiar el verbo "Facúltase" por "Cométese", que le da carácter preceptivo a la intervención de la Presidencia, y eliminar la preposición "a" en la primera y en la tercera línea, antes de los verbos disponer y revocar. En tal sentido, he hecho llegar por escrito una moción a la Mesa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - En su momento, cuando se pase a la discusión particular, la Mesa tomará en cuenta la moción presentada por el señor senador.

Para ocuparse del tema en debate, rogando que en lo posible nos ciñamos a la discusión general, tiene la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Sólo quiero hacer notar que se trata de uno de los muchos aspectos que tiene este problema de los destituidos por la dictadura. Aquí se trata de un acto administrativo para reponer a los funcionarios que fueron destituidos arbitrariamente. No es éste el único órgano que cumple esta tarea. Nosotros la hacemos en la primera sesión que en realidad, realiza el Cuerpo después de la de su constitución, porque las otras pasaron a cuarto intermedio justamente hasta la de hoy. Pero también la están realizando las Intendencias Municipales, inclusive las que correspondieron a nuestro partido. Por supuesto, hablo de las que conozco y que sé están estudiando los casos de reposición de funcionarios y preparando las listas para disponer el acto administrativo correspondiente.

El Senado, a través de su Presidente, tiene la facultad de realizar las designaciones; ahora se trata de dejar sin efecto las destituciones decretadas y de seguir estudiando los otros aspectos que la Comisión Permanente todavía no puede resolver porque no está constituida. Pero, ¡cómo lo va a estar si el propio cuerpo todavía no lo está! Actualmente, el Cuerpo está constituido por treinta senadores porque su Presidente -que tiene facultades muy precisas en esta materia- recién se incorporará al órgano el próximo viernes.

Pienso que lo que resta hacer tendrá que ser objeto, quizá, de una ley; pero obsérvese que la reposición, que es el acto principal, la están concretando todos los organismos que se han ido constituyendo: las Juntas Departamentales, las Intendencias Municipales y ahora ambas ramas del Parlamento.

Entre las recomendaciones que se formulan para el nombramiento de las autoridades de la enseñanza se encuentra alguna que tiene que ver precisamente, con lo que se señalaba aquí con respecto a los profesores destituidos. Estoy seguro que las clases no empiezan sin que los profesores destituidos tengan derecho a optar por horas de clase, a las que están autorizados por su condición de profesores, porque con seguridad los organismos que se constituyan respetarán esa recomendación que, por otra parte, es el fruto de su misma voluntad, puesto que es la expresión conjunta de los partidos representados en la Concertación. De manera que pensar que los organismos que aún no se han constituido y que lo harán después del 1º de marzo procederán de la misma manera, no es pensar desatinadamente. Entiendo que desde el punto de vista administrativo la reivindicación de los funcionarios que fueron destituidos se va a ir logrando a medida que los organismos públicos se vayan constituyendo. Las disposiciones de carácter general que contemplarán los perjuicios sufridos en su carrera administrativa por quienes fueron destituidos o las compensaciones de carácter material que deberán hacerse, sí, tendrán que ser objeto de una ley general. A este respecto pienso que ahora se procederá como siempre se ha hecho, puesto que después de otras situaciones anormales que se dieron en el país se dictaron leyes de carácter extraordinario y se crearon tribunales también extraordinarios para tratar los casos de los funcionarios destituidos con lesión de derecho, otorgándose en los casos comprobados la compensación correspondiente. Lo que hoy vamos a votar todos es una disposición por la que los funcionarios que fueron perseguidos por la dictadura, ya sea por medio de la destitución, del traslado, de la obligación de jubilarse o de pasar en comisión a otras oficinas de la Administración, serán amparados por el Senado y los que se pueda, serán inmediatamente restituidos.

Desde este punto de vista nuestro partido ha actuado desde un primer momento con esa disposición de espíritu. Seguramente, la aprobación de esta disposición por parte del Senado no cierra el proceso; pero desde el punto de vista administrativo y de lo que el Senado debe hacer como órgano, esto es lo primero que tiene que realizar, y lo hace en la primera oportunidad que se presenta, con la opinión conjunta de todos los partidos, más allá de detalles u omisiones que pueda tener el texto. Lo importante de la resolución -y no de una ley- que dicta el órgano dentro de su jurisdicción y que tiene carácter absolutamente administrativo y que además hace justicia con sus funcionarios, como afortunadamente lo están haciendo todos los organismos públicos emergidos del pronunciamiento popular del 25 de noviembre a medida que se han ido constituyendo.

SEÑOR MEDEROS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MEDEROS. - El artículo 1º de esta disposición que estamos prestos a votar los senadores de todos los partidos comienza declarando la nulidad del acto presuntamente jurídico que realizó la dictadura. Todos estos actos, señor Presidente, son nulos. Este país, a través de sus leyes, de sus Parlamentos libres, en el juego normal de los partidos y en el pluralismo político, creo un mundo, un universo jurídico, como le gusta decir al señor Presidente, que protegió al ser humano en la dimensión universal en que la civilización ampara al hombre dentro de su ámbito. Todo ello fue violado groseramente por la dictadura y hoy el Senado de la República -como muy bien decía el señor senador Cigliuti- prácticamente en la primera sesión en que adoptará resoluciones importantes, resuelve restituir en sus derechos a todos los funcionarios que están dentro de su jurisdicción. Estoy seguro de que éste es el primer paso para lograr justicia que tenemos que dar a través de la ley, a lo largo y a lo ancho del país, en los múltiples órdenes, porque en el campo de los funcionarios del Estado es donde se encuentran quienes fueron las víctimas propiciatorias e indefensas de un régimen dictatorial que no respeto nada, que destruyó el derecho y el destino de muchas familias y de miles de funcionarios de ciudadanos que tenían su trabajo protegido por la ley en un Estado democrático.

La democracia, funcionando normalmente, va a reparar esta situación. Tengan la seguridad todos los funcionarios del país en cuanto a que la democracia creará nuevamente un estado de derecho que amparará todos los derechos conculcados y negados groseramente por un régimen que, felizmente, ha terminado en este recinto y que el 1º de marzo, cuando asuma la Presidencia de la República el doctor Sanguinetti, regirá plenamente en todo el territorio nacional.

Señor Presidente: voto complacido esta reparación que realiza el Cuerpo en el ámbito de su jurisdicción, como primer paso para continuar reparando a través de la ley, todas las injusticias realizadas contra el funcionariado público del país.

9) ASUNTO ENTRADO FUERA DE HORA, JUICIOS EJECUTIVOS SEGUIDOS CONTRA PRODUCTORES RURALES, COMERCIANTES E INDUSTRIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Alberto Zumarán, Carlos Julio Pereyra, Guillermo García Costa, Uruguay Tourné, Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Luis Alberto Lacalle, Dardo Ortiz, Carminillo Mederos y Juan Martín Posadas, presentan un proyecto de ley con exposición de motivos, por el que se suspenden los remates en los juicios ejecutivos seguidos contra productores rurales, comerciantes e industriales."

Oportunamente se pasará a la Comisión que corresponda.

(Texto del proyecto de ley y exposición de motivos presentados:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Las empresas nacionales viables deben ser protegidas, creándose condiciones que drásticamente corrijan los daños provocados por las políticas económicas, nacionales y extrajeras que fundamentalmente por medios financieros, destruyeron la actividad privada productiva y detuvieron su desarrollo.

Fueron factores particularmente dañinos: la fueres apreciación del dólar en los Estados Unidos que se tradujo en una depreciación de las monedas de los países de economía de mercado; el alza sin precedentes de las tasas de interés en otras áreas; el deterioro de la actividad económica provocando aumento del desempleo; la acción depresora sobre los salarios de todo lo anteriormente apuntado; la privatización de las relaciones monetarias y financieras, que en manos de la banca transnacional se convirtió en un factor de drenaje de recursos de tal magnitud, que el pago de intereses es ya tres veces mayor que el pago de las ganancias al capital extranjero, la sustitución de flujos financieros no creadores de deuda (inversión directa, ayuda oficial a fondo perdido, etc.) por créditos de la banca transnacional; las políticas económicas de corte monetarista, la falta de recursos originada por los factores analizados, para emprender planes de desarrollo industrial o comercial; las llamadas prácticas de "ajuste", la reducción del valor real de las exportaciones como consecuencia de la baja de precios de los productos primarios; el traspaso del contralor de la producción y comercialización en beneficio de las empresas transnacionales, generándose dependencia; el "comercio cautivo"; el neoproteccionismo; la carrera armamentista desviando recursos que debían orientarse a otros fines; el poco interés del capital por inversiones directas atento a los atractivos de las colocaciones financieras, etc.

La situación de endeudamiento actual ha provocado ya y provocará en el futuro un alud de ejecuciones, que generarán un deterioro irreversible de la producción nacional; ello traerá también aparejada una profundización de la crisis social presente, en tanto elevará aún más los ya altos índices de desempleo.

Concordante con lo expresado en la CONAPRO, el endeudamiento interno configura un problema prioritario que requiere soluciones derivadas de estudios, caso por caso, conforme con las pautas oportunamente aprobadas, para lo cual se hace necesario establecer un compás de espera.

Atento a lo señalado, es necesario arbitrar tiempo para la búsqueda de soluciones antes de la total destrucción de los sectores privados dedicados a la producción.

Montevideo, 26 de febrero de 1985.

Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Carminillo Mederos, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos, Alberto Zumarán. Senadores

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Suspéndese por 90 días el cumplimiento de las sentencias de remate en los juicios ejecutivos seguidos contra productores rurales, comerciantes e industriales por deudas contraídas ante la banca oficial o privada u otra entidad financiera vinculados al giro de sus negocios, con excepción de los créditos laborales. Se presumirá que la deuda está vinculada al giro, salvo prueba en contrario que podrá presentar el acreedor.

Montevideo, 26 de febrero de 1985.

Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Carminillo Mederos, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan Martín Posadas, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos, Alberto Zumarán. Senadores"

10) FUNCIONARIOS DEL SENADO Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA. Continua la discusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de resolución sobre reposición de funcionarios del Senado y de la Comisión Administrativa destituidos o redistribuidos por aplicación del Acto Institucional Nº 7.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Se me ha planteado una duda, porque en el artículo 2º se dispone lisa y llanamente el reintegro de los funcionarios y en otras normas de este proyecto se da la posibilidad de optar a los beneficiados. Supongo que debe haber alguna razón para que haya un tratamiento distinto, pero como a través de una rápida lectura del proyecto no la percibo, deseo, que algunos de los miembros que trabajó en esto con tanto esfuerzo me haga la aclaración correspondiente y, si fuera necesario, se hiciera algún ajuste en la redacción.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Oportunamente el señor senador Batalla se refirió a este punto. Seguramente en dicha ocasión el señor senador Ricaldoni no se encontraba en Sala.

Brevemente lo voy a repetir, si es que el señor senador Batalla me permite el plagio.

Se trata de lo siguiente: en los casos de destitución por Acto Institucional Nº 7 lo que se obtiene por medio de esta disposición es el reintegro de los funcionarios; el funcionario está fuera de los cuadros funcionales, ha sido expulsado ilegalmente de su cargo y se reintegra a él.

En el caso de la redistribución, el funcionario fue sacado de su lugar natural de trabajo que era el Palacio Legislativo y trasladado a un Ministerio o a una dependencia dentro de algún Ministerio. Puede suceder, como expresaba el señor senador Batalla, que ese funcionario, se sienta más cómodo por alguna razón -hasta por razones vocacionales- en el lugar que actualmente ocupa, que en aquel que eventualmente ocuparía de regreso al Poder Legislativo. Por lo tanto, se trata de no forzarlo a volver, sino de darle el derecho de volver si es que desea hacerlo. Esa es la razón por la cual hay diferencias de tratamiento en un caso y en otro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 4º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 5º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 6º.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 7º.

(Se lee)

- En consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Es simplemente para una aclaración con referencia al segundo plazo no mayor de 20 días corridos, que menciona el artículo 7º ¿Desde cuando empieza a correr dicho plazo? ¿Desde el primer plazo de diez días o desde el momento en que el funcionario hace uso de la opción?

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Desde el momento en que se hace la publicación en dos diarios.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Creo que no perderíamos nada si ampliáramos unos días este plazo, en virtud de las distintas situaciones que se presentarían e inclusive daríamos mayores posibilidades a los funcionarios redistribuidos que tal vez no estén al tanto de la existencia de este plazo de diez días. Debo decir que está en el espíritu del Cuerpo, dar las mayores facilidades a aquellas personas que se encuentren en esta situación para poder reintegrarse a esta Cámara, por lo cual considero que se podría modificar este plazo extendiéndolo en algunos días más. En ese sentido mociono para que el mismo se lleve a veinte días.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - El señor senador Flores Silva acaba de presentar una moción en el sentido de que el primer plazo establecido en este artículo 7º, se extienda a veinte días.

SEÑOR SINGER. - Y el segundo plazo, a treinta días.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Sí, señor senador. El primer plazo se llevaría a veinte días y el segundo a treinta.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que es importante explicar las razones por las cuales la Comisión se manejó con estos plazos de diez y veinte días. Se entendió que era fundamental establecer plazos breves y perentorios, no buscando determinar la caducidad de los mismos, sino que justamente se buscaba el efecto opuesto; es decir, se trata de facilitar, dentro de lo posible, el reintegro inmediato de estos funcionarios al servicio. Honestamente, notábamos que esta solución no solamente establecía el beneficio para el funcionario dotándolo de un derecho que arbitrariamente se le había negado, sino que además mejoraba la eficiencia de estos servicios que, de acuerdo al concepto de la Comisión, estaban deteriorados con respecto a los que anteriormente conocimos. Esa fue la razón por la cual se fijaron esos plazos. No tenemos inconveniente en ampliar el plazo, admitiendo una forma distinta de aplicación. En consecuencia, considero que puede ser perfectamente viable que se establezca un plazo no mayor de veinte días corridos para el primer plazo y de treinta para el segundo, los que se contarán a partir del momento de la opción.

Cabe agregar que también desearíamos que la Secretaría no funcionara con un gran núcleo de funcionarios reintegrados el mismo día, sino que ello fuera ocurriendo en días sucesivos. Esto implica afirmar que no es deseable la incorporación de todos los funcionarios simultáneamente. Es posible que podamos buscar un camino de soluciones a través del esquema que planteaban los señores senadores Ricaldoni y Flores Silva.

Sólo quería expresar cual fue el espíritu de la Comisión, el que no tiene un sentido limitativo, sino que, por el contrario, trata de permitir que los funcionarios puedan reintegrarse a sus cargos en el más breve plazo posible.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - De acuerdo a la propuesta que ha presentado el señor senador Batalla, debería agregarse en el segundo renglón del texto de este artículo, la expresión "no mayor" y modificar el plazo llevándolo a veinte días.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Los argumentos que ha manifestado el señor senador Batalla me han convencido en cuanto a que también considero que el reintegro de los funcionarios a sus funciones debe ser lo más pronto posible, luego de haber hecho la opción.

Considero que una fórmula de posible acuerdo sería extender el primer plazo durante el cual el funcionario pueda enterarse y optar, manteniendo el segundo como ya estaba fijado. De esta manera, una vez que ha optado, lo podemos amparar en su rápido reintegro.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que existen dos problemas distintos. Uno es la extensión de cada uno de los plazos. En esto podemos estar de acuerdo con la solución preconizada en el proyecto a consideración. En aras de flexibilizar las soluciones para el reintegro de los funcionarios del Palacio Legislativo, como proponía el señor senador Flores Silva, podríamos ampliar los plazos. El otro problema sigue en pie -como yo lo señalaba hace un momento a partir del cual corren estos plazos fijados. El señor senador Paz Aguirre decía que corren a partir del momento en que se efectúa su publicación de acuerdo a lo que establece el artículo 15. Si no me equivoco, creí entenderle al señor senador Batalla que estos plazos corren a partir de otro momento. Me parece que sí entre nosotros existen estas dudas, para llegar a una buena solución, la redacción debe ser clara. En consecuencia, pienso que éste es otro problema independientemente de la extensión de cada uno de los plazos.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Estos son dos plazos diferentes. El primero, es el que tiene el funcionario para presentarse ante las oficinas administrativas del Palacio Legislativo para hacer uso de esa opción.

En la Comisión realicé un planteamiento sobre el cual hubo criterios contrarios y ahora creo que es importantes repetirlo. Entiendo que en este caso deben ser diez días hábiles, ya que el funcionario no puede presentarse a las oficinas del Poder Legislativo los días sábados o domingos para hacer uso de esa opción. En cambio, sí pueden extenderse a 20 días corridos el plazo para su reincorporación ya que para ello no hay que hacer ninguna manifestación de voluntad por parte del interesado; este es un plazo que vence por la sola eliminación de los días que fueron fijados.

Por lo tanto, repito, sería útil modificar el plazo para la presentación de los funcionarios, llevándolo a diez días hábiles, y a veinte días corridos el plazo para su reincorporación. En cuanto a la fecha a partir de la cual se empiezan a contar los días que corresponden a cada plazo, la Comisión -si no recuerdo mal- entendió que debía ser al día siguiente de su publicación en dos diarios de la capital. Si no entendí mal, lo que propone el señor senador Batalla es un criterio sustitutivo con relación a lo que manifestaba el señor senador Flores Silva, criterio al que tampoco me opongo.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Considero que podemos ofrecer un criterio que pueda conciliar el de todos ya que, en definitiva, los objetivos que perseguimos no son comunes. Creo que es importante que los plazos tengan la claridad necesaria. En ese sentido, nosotros proponemos una modificación en el esquema previsto para los plazos, es decir, los ampliamos a veinte días para el caso de su presentación. Este plazo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, naturalmente vencería a los veinte días de realizarse las publicaciones respectivas en dos diarios de la capital, tal cual y como aquí se prevé. Sin embargo, nada obstaría -dentro de un tema en el cual existe gran preocupación, gran inquietud- para que los funcionarios pudieran presentar su opción mañana mismo. Entonces, nosotros ofrecíamos una fórmula de solución que tendía a establecer dos plazos de veinte días corridos. Uno, en el cual los funcionarios pudieran presentar su opción, que teóricamente correría desde mañana y que se computaría su vencimiento desde el día siguiente a la publicación en dos diarios de la capital. Y, otro, que podría ser de diez o veinte días -nosotros fijamos veinte, pero sí se quiere hacer más perentorio se puede llevar a diez; no tenemos inconveniente en que así se establezca- para que los funcionarios realicen efectivamente, a través de la Secretaría, su incorporación al cargo.

Proponemos el siguiente texto para este artículo 7º: "Declárase el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que debieran hacer efectivo dentro del plazo de veinte días corridos, manifestando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el reintegro". En este texto se agrega, "dentro del plazo de veinte días", a efectos de clarificar el hecho de que puede ser el primero y que no tiene por qué ser el último. En el caso de que el funcionario hubiera optado afirmativamente por su reintegro, éste se hará efectivo en un plazo no mayor a los veinte días -pueden ser diez; pero nosotros pensamos que debe respetarse el de veinte ya que la Secretaría tiene que adoptar decisiones administrativas las que pueden ser en algunos casos dificultosas o conflictivas- corridos desde la opción previa comunicación a los organismos estatales donde hasta el presente percibe sus haberes, a efectos de que el jerarca respectivo tome conocimiento del hecho.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Entiendo el espíritu de la modificación que propone el señor senador Batalla, pero creo que, sin propónerselo, incurre en una cierta incongruencia en cuanto al mecanismo de la disposición.

Me parece que los dos plazos nunca pueden ser de la misma extensión y mucho menos que el segundo sea más breve que el primero, es decir que pueda reducirse a diez días. Si el plazo fuera de 20 días y si el funcionario redistribuido hace uso de la opción el vigésimo día y ese mismo día vence el plazo para hacer efectivo su reintegro a los cuadros del Senado o de la Comisión Administrativa, va a resultar materialmente imposible dicho reintegro y más imposible aún va a resultar la previa comunicación a los jerarcas del lugar en el que al presente perciben sus haberes. No sé si interpreto bien al señor senador Batalla; si no es así, le pido que me haga la aclaración.

Si llegado el vigésimo día el funcionario se presenta ante la Secretaría y hace uso de la opción y manifiesta su voluntad de reintegrarse, dicho reintegro no se podrá efectuar hasta que no se libre comunicación a los organismos estatales donde el funcionario presta funciones y percibe sus haberes.

Evidentemente hay algunos desajustes en el texto.

Si extendemos el primer plazo a veinte días -a lo que no me opongo- el segundo plazo tendrá también que extenderse haciéndolo llegar, quizá, a treinta días para que los funcionarios que opten por su reincorporación puedan cumplir los trámites a que hacia alusión precisamente el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Se trata de plazos sucesivos, no simultáneos.

SEÑOR AGUIRRE. - Si son plazos sucesivos, estoy de acuerdo.

SEÑOR BATALLA. - Son plazos sucesivos, se cumple uno después del otro.

Voy a poner un ejemplo. Puede darse el caso de un funcionario que realiza su opción en el décimo segundo día, por lo que la Secretaría debe adoptar las medidas necesarias para incorporarlo antes del trigésimosegundo día, es decir, veinte días después de efectuada la opción. Quiere decir que son plazos sucesivos, no simultáneos. Esto tiene que quedar muy claro.

Aunque no tenga nada que ver con el texto -a pesar de ello, creo que es importante destacarlo- debe quedar perfectamente claro en la discusión particular cuál es el espíritu y la letra de la disposición.

En esta norma reincorporatoria están comprendidos los funcionarios redistribuidos que se encuentran en actividad, que han sido jubilados o que han renunciado luego de la redistribución. Eso que quedó claro en la discusión general también es importante que quede ratificado en la discusión particular de este artículo. Por eso es que simplemente queremos, con respecto al texto del artículo, formular una redacción tentativa que pudiera conciliar las distintas posiciones, diferentes entre sí solamente por algunos matices.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor senador Batalla, aunque quisiera efectuar un agregado, a los efectos de ser más claro, que tiene atinencia directa con la publicación, cosa que no está presente en la redacción. Está claro que los plazos corren a partir de la publicación, esto es, el ciudadano redistribuido cuenta con esos veinte días a partir de la publicación.

En esto estábamos todos contestes, pero sin embargo creo que se padeció de una omisión en la redacción del articulado. Salvo ese detalle en lo demás estamos en un completo acuerdo.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: cuando en nuestra bancada se trató este tema, se nos dijo que había un acuerdo para que este proyecto saliera casi sin discusión porque había unanimidad de opinión. A la vista está que se ha cumplido aquello de que no hay nada que demore más que los asuntos en los que estamos todos de acuerdo.

Eso me anima a hacer una incursión sobre este artículo 7º y al respecto afirmo que acá se trata de los funcionarios redistribuidos y se les aplica, así como a los destituidos los artículos 3º y 4º. O sea que el funcionario vuelve a ocupar el cargo que tenía cuando fue redistribuido con la remuneración que a ese cargo se le haya asignado a través de estos años. Pero cuando se da el caso de que el cargo haya sido suprimido, la Secretaría les tendrá que asignar funciones equivalentes. Y yo pregunto: ¿Cuál es el sueldo que les va a determinar? Creo que no puede haber sueldos equivalentes porque el cargo fue suprimido hace años. Y yo pienso que todo eso no va a poder ser en el breve lapso de diez o quince días. Entonces, se le somete a una opción, un poco coaccionando su espíritu, entre su deseo natural y lógico de volver al Palacio y su situación económica que puede verse perjudicada. En este sentido, me parecería mucho más sencillo que los redistribuidos que no sean jubilados volvieran al Palacio en comisión hasta que al hacerse el próximo Presupuesto, que se hará dentro de poco tiempo, se regularizara en definitiva su situación, pero que durante este tiempo siguieran ganando los sueldos que actualmente perciben en la oficina en que están prestando servicios. Si se obliga al funcionario a tomar una decisión creemos que éste no está en condiciones de hacerlo porque no sabe bien si va a volver al Palacio a ocupar su anterior cargo. Nosotros sabemos que ese cargo fue suprimido y que la Secretaría le asignará -descartamos que obrará de buena fe- un cargo cualquiera con funciones similares y de igual jerarquía que aquel que desapareció hace años del Presupuesto del Senado. En cuando a la remuneración, me parece que lo más justo y para que no perjudique a nadie es que ese funcionario esté ganando el sueldo que percibe en su actual oficina, remuneración que continuará ganando al pasar en comisión. De ese modo, se daría tiempo a Secretaría o a la propia Comisión, encargada del estudio del presupuesto del Cuerpo, de contemplar adecuadamente esas situaciones. A su vez, el funcionario en ese momento va a estar en condiciones, con total conocimiento de causa, es decir: No, prefiero, quedarme en la oficina que estaba prestando servicios en mi calidad de redistribuido; o, simplemente, que prefiere volver al Senado.

De manera que propondría que en este caso no se reintegrase a los funcionarios con el sueldo del Senado, sino que se los pase en comisión por un lapso que no irá más allá del momento en que se apruebe el presupuesto del Cuerpo, que por disposición constitucional debe ser dentro de los primeros seis meses.

SEÑOR FERREIRA. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ORTIZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR FERREIRA. - Me permitiría adelantar un criterio distinto al que sustenta el señor senador, en el sentido de que el pase en comisión implicaría el reconocimiento y la convalidación de las medidas adoptadas por la intervención.

En cuanto al funcionario del Palacio Legislativo que ha sido redistribuido o destituido y presupuestado en algunas oficinas del Poder Ejecutivo, entiendo que hay que moverse con la flexibilidad y la elasticidad necesarias como para ser justos. En una palabra: para que al reingresar al Palacio no acceda a un cargo de menor jerarquía y con menor salario del que está percibiendo en la repartición de la Administración Pública a la que haya sido redistribuido.

Pienso que uno de los objetivos de este proyecto, además de reincorporar al servicio activo a esos funcionarios, es el de hacer justicia y el de declarar la nulidad de la destitución de que fueron objeto por razones políticas dichos funcionarios del Poder Legislativo. En cuanto al pase en comisión, creo que cabe una objeción de fondo con el sentido y contenido del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Creo que en esta materia lo que persigue el Senado es beneficiar a todos estos funcionarios que han sido objeto de un tratamiento injusto, arbitrario e ilegal. Pero si queremos apegarnos demasiado a los texto jurídicos, corremos el riesgo de perjudicarlos en lugar de beneficiarlos.

Si declaramos la nulidad de los actos de la intervención también son nulas las secuencias posteriores. Porque si el funcionario que fue echado por el acto 7 después se jubiló, también el expediente jubilatorio queda anulado. Todo lo que hizo la autoridad de la dictadura es nulo; no sólo los actos de la intervención en el Palacio Legislativo, sino también los actos por los que fueron redistribuidos, y los de la Oficina de Servicio Civil. Todo es nulo- ¿Por qué vamos a distinguir entre lo hecho por la intervención del Palacio y lo realizado por la Oficina de Servicio Civil?

Nos internamos en un campo bastante complejo y que seguramente daría lugar a muchas discusiones jurídicas. Yo me atengo a la idea principal de beneficiar a los funcionarios y no de establecer algo intocable, se purismo jurídico y perfecto desde el punto de vista del análisis de la cátedra. Creo que aquí se trata, de problemas reales que debemos solucionar con realismo y no con la aplicación de normas. A mí no me interesa que al no anular un acto, estemos convalidando actos arbitrarios de la intervención del Palacio, si dentro de pocas horas vamos a convalidar una cantidad de actos de la dictadura realizados durante 10 años. Lo que me interesa es que los funcionarios perjudicados vuelvan y readquieran el status, los derechos y las potestades que tenían.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede proseguir el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: sobre la última observación que ha hecho el señor senador Ortiz quiero hacerle ver que en el texto del proyecto no figura ninguna declaración de nulidad de los actos de pase a disponibilidad dispuestos por la intervención del Palacio Legislativo en función de los cuales estos funcionarios fueron posteriormente redistribuidos a otras oficinas u organismos estatales. Este aspecto de la cuestión fue expresamente considerado en la Comisión que estudió el tema y había un artículo primitivo, en el cual, precisamente, se establecía la declaración de la nulidad de esos actos, igual a la que se establece o formula en el artículo 1º respecto de las destituciones dictadas en virtud de la aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7. Y fue precisamente por la observación que hace el señor senador Ortiz que algún miembro de la Comisión dijo que si declarábamos la nulidad estábamos impidiendo al funcionario ejercer el derecho la facultad que en su beneficio podía reconocérsele si por el azar de las circunstancias se hubiere beneficiado con un progreso en una nueva carrera administrativa dentro de otro organismo público en el que, por excepción puede estar ganando una retribución que no alcanzará en el Poder Legislativo. Y fue precisamente por eso, para no cerrarle las puertas al funcionario, que lo único que se hizo en el artículo 7º fue declarar su derecho a reintegrarse a su cargo y se estableció el sistema de la opción. Aquí no hay una declaración de nulidad de la redistribución hecha por Servicio Civil o del acto de pase a disponibilidad formulada por la intervención del Palacio Legislativo, como autoridad de hecho, de facto que actúa brutalmente es, en teoría jurídica, radicalmente nulo. Esa declaración de nulidad no la hemos hecho. Lo único que hemos hecho es declarar el derecho del funcionario a reintegrarse a su cargo y fijarle un plazo para que manifieste su voluntad de reintegrarse o no. Es decir que, al mismo tiempo le reconocemos tácitamente el derecho a mantenerse en la situación en la que actualmente está en otros organismos públicos.

En cuanto a la otra observación del señor senador Ortiz, el pase en comisión, eso si que me parece que va contra la filosofía de todo el proyecto, porque se parte de la premisa de que los funcionarios son titulares de los cargos que ocupaban anteriormente en el Palacio Legislativo. Y el pase a comisión significa que el funcionario no vuelve a ser titular de su cargo en el Palacio Legislativo sino que sigue siendo titular de un cargo en otra rama de la administración estatal. Eso sí que me parece que está totalmente fuera del espíritu con que nos manejamos en la Comisión. No niego que en algún caso el funcionario pueda estar mejor en otra rama de la administración, en otro organismo público, pero, precisamente para eso está la opción, está la facultad que se da a la Secretaría de asignarlo, en caso de que se hubiere suprimido su cargo a tareas de la misma naturaleza jerarquía, con retribución similar a la que debería percibir en caso de haberse mantenido en su cargo. El funcionario preguntará, recabará los datos y formulará la opción. Pero decir que vuelven en comisión es reconocer legitimidad a un acto que de ninguna manera podemos reconocer cuál fue el acto de redistribución.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Para ocuparse del tema tiene la palabra el señor senador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ. - Si se mantiene el criterio del artículo, tiene que dársele al funcionario la posibilidad de que no resuelva su opción hasta que la Secretaría le informe cumplidamente de cuál va a ser el cargo y la retribución que va a percibir, porque antes de saberlo con total exactitud, si lo obligamos a hacer la opción, se corre el riesgo de que realice una opción equivocada. Si el funcionario estuviera en conocimiento de su situación futura, tal vez optara por quedarse en la oficina en la que está trabajando. De manera que habría que establecer alguna disposición que dijera que tendrá tiempo de hacer esa opción hasta que la Secretaría le informe acerca de las funciones y de las remuneraciones que va a tener al reintegrarse al Senado.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que la solución del pase en comisión no es satisfactoria, pero en el planteamiento del señor senador Ortiz hay algún elemento de verdad y de justicia como el que señaló acerca de no obligar al funcionario a hacer la opción hasta no saber con certeza cuál va a ser su situación en el Senado o en la Comisión Administrativa. Pero, además, me parece que existe otro elemento importante.

Tal cual está redactado el artículo se establece el derecho del funcionario a reintegrarse al cargo que tenía cuando fue redistribuido, circunstancia que pudo haber ocurrido hace ya muchos años, diez años. En esos diez años -inclusive la estructura presupuestal del Palacio Legislativo se ha modificado- le hubieran correspondido ascensos. De modo tal que se puede dar una situación, que me parece que no está en la intención de quienes redactaron la disposición: cuando se produce la redistribución, el funcionario ocupaba una determinada jerarquía y tenía cierto elementos subordinados; hoy, diez años después, vuelve al cargo que tenía y se encuentra que aquellos que eran sus subordinados; diez años atrás, actualmente por ascensos, están por encima de su jerarquía. A su vez, los diez años que han transcurrido de carrera administrativa en otra repartición pública, le han deparado cierto ascensos.

Entiendo que para lograr una solución verdaderamente justa tenemos que prever dos situaciones. Una de ellas es el derecho del funcionario redistribuido a volver al Senado y la otra es el compromiso en el próximo presupuesto del Cuerpo de reestructurar la carrera administrativa, sin que la destitución -sea por Acto Institucional Nº 7 o por motivos políticos- o la redistribución de los funcionarios afecte a aquellos que fueron objeto de esa medida. Por lo tanto, será menester reestructurar la carrera administrativa para que estas situaciones no ocurran porque, de lo contrario, por aplicación de este artículo 7º, queriendo hacer justicia lo que estamos haciendo es condenar a ese funcionario a volver a la situación de diez años atrás, negándole los ascensos que legítimamente le hubieran correspondido durante todo este período.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: simplemente quiero decir que tratándose de un proyecto de resolución interno del Senado, no puede contener una disposición que establezca obligaciones para otros organismos.

El pase en comisión de un ciudadano que antes fue funcionario del Palacio Legislativo y que mantiene su condición de funcionarios en el organismo en el que está prestando servicios desde que se produjo el traslado, significa que el otro organismo también tiene que aceptarlo. El otro organismo puede no aceptarlo y retenerlo en sus cuadros presupuestales. La Comisión obliga al entendimiento entre los dos órganos: el Senado que lo recibiría y el que sigue pagándole sin tenerlo a disposición en su propio servicio.

SEÑOR ORTIZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Evidentemente, la situación que señala el señor senador Cigliuti se va a dar, pero es mucho menos grave que la que se daría si votamos el artículo que está a consideración, porque por el podríamos sacar a un funcionario y comunicarnos, simplemente para que tomen nota de que lo hemos suprimidos de su presupuesto. Creo que el Senado no puede hacer eso de ninguna manera. Según este artículo, un funcionario que actualmente figura en las planillas presupuestales de determinado Ministerio, por decisión del Senado -y no por ley- es suprimido de allí y traído a este Cuerpo, diciéndole al Ministro del ramo que tome nota de que le hemos eliminado un funcionario de su planilla.

En cuanto a relaciones entre jerarcas administrativos, me parece que eso es mucho más grave que la situación que plantea el señor senador Cigliuti, que también es cierto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Muchas gracias, señor Presidente.

No suprimimos al funcionario sino que informamos al jerarca que aquel pasará a formar parte de nuestros cuadros administrativos. Al organismo le queda la vacante como si el funcionario hubiera renunciado. No cometemos un sacrilegio. Con acuerdo previo del funcionario lo cambiamos de dependencia y el organismo al que pertenecía puede llenar su cargo como lo desee.

SEÑOR ORTIZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ORTIZ. - Señor Presidente: con esto nosotros estamos introduciendo una variación en el presupuesto de un Ministerio, lo cual, en épocas normales como la que inauguramos, sólo puede hacerse por vía de una ley presupuestal, cumpliendo todos lo requisitos, pasando por las dos Cámaras y contando con las mayorías requeridas. Nosotros lo queremos hacer por un acto puramente administrativo del Senado, que ni siquiera tiene fuerza de ley. En forma automática sacamos a un funcionario de una oficina y a su jerarca le damos una nota de condolencia, digamos, enterándolo de ese hecho.

Esa es la realidad de este proyecto. Por lo tanto, repito, esto me parece mucho más grave que un país en comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Prosigue la discusión del artículo 7º.

Ha llegado a la Mesa un proyecto de modificación de este artículo firmado por los señores senadores Ricaldoni y Batalla y, anteriormente, el señor senador Flores Silva también había presentado uno. La modificación del señor senador Flores Silva se refiere solamente a días y la otra es una redacción integral a la cual se dará lectura.

Léase el proyecto con las modificaciones propuestas por los señores senadores Ricaldoni y Batalla.

(Se lee:)

"Artículo 7º. - Declárase el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberá hacer efectivo dentro del plazo de veinte días corridos a partir de la publicación a que se refiere el artículo 15, manifestando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el reintegro. En caso afirmativo, el reintegro se hará efectivo en un plazo no mayor de veinte días corridos a contar de la opción y previa comunicación a los organismos estatales en que al presente perciben sus haberes, a los solos efectos de sus jerarcas tomen conocimiento del hecho".

- Continúa la discusión del artículo 7º.

SEÑOR SINGER. - Propongo que se vote el artículo con la modificación propuesta.

SEÑOR FERREIRA. - Solicito a la Mesa que se dé lectura nuevamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Léase el artículo 7º con las modificaciones propuestas.

(Se vuelve a leer)

- Debo dejar constancia de que este texto es muy similar al presentado por el señor senador Flores Silva.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Deseo hacer una corrección de carácter gramatical. El artículo dice: "Declárase el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberá ..." Creo que debe decir "deberán" porque los que harán ejercicio del derecho son los funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Lo que acaba de decir el señor senador es exacto.

Se tomará nota de su aclaración.

SEÑOR CERSOSIMO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CERSOSIMO. - Señor Presidente: como nosotros tenemos que opinar -de oído- digamos, porque no tenemos repartido alguno -lo cual para algunos, quizá no deja de ser una suerte, aunque para nosotros sea un inconveniente- cuando hacía uso de la palabra el señor senador Batalla creí entender -el dirá si he entendido correctamente- que lo que se buscaba con el plazo de que dispone el funcionario era que el mismo fuera breve y perentorio. Creo que esos fueron los términos que empleó.

SEÑOR BATALLA. - Lo que dije fue que la reincorporación fuera breve.

SEÑOR CERSOSIMO. - Como el señor senador Batalla actúa de miembro informante hice esta consulta a efectos de que quedara constancia en la versión taquigráfica y mañana no se planteen problemas de interpretación que puedan perjudicar el derecho del funcionario. Si ese término es perentorio finaliza en el mismo momento en que caduca.

Por lo tanto, aunque la disposición no lo diga en forma expresa, considero que sería conveniente que el señor senador Batalla como miembro informante, estableciera cuál es el criterio; si el término es perentorio o no. Nosotros entendemos que para evitar inconvenientes que pueden plantearse al finalizar el término, el mismo no debe ser perentorio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Para contestar una alusión y dar una información, tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - ¡Líbreme Dios, señor Presidente, de asumir una representación que no tengo! No soy miembro informante de la Comisión.

Un grupo de diputados y de senadores hemos trabajado en busca de una solución concertada, aunque en el correr de la discusión se ha transformado en desconcertante.

En relación a lo expresado por el señor senador Cersósimo debo decir que "perentorio" es un concepto judicial que determina la caducidad o preclusión de un plazo por el solo vencimiento del término. Naturalmente no es éste el caso. Nosotros establecimos plazos, pero probada la imposibilidad de presentación dentro del mismo, entiendo -y de ninguna manera quiero asumir la representación de otros señores senadores que intervinieron en la preparación de este proyecto- que no podemos aplicar el término "perentorio" en su concepto judicial a un trámite administrativo que, por su propia naturaleza, no causa estado. Establecimos un plazo a los efectos de determinar un procedimiento regular en las gestiones iniciadas y en el funcionamiento de la administración, pero eso no implica, de ninguna manera, que el término sea perentorio en el sentido de que la no presentación en ese plazo provoca la caducidad de los derechos. Quiero que esto quede bien claro. Esa es mi opinión, que no sé si será compartida por los compañeros que intervinieron en la redacción de este proyecto.

Lo que sí señalábamos asimilando en cierto sentido el término judicial al léxico común, era la perentoriedad en cuanto a los plazos para realizar el reintegro de los funcionarios a la administración. Esto era deseable por el propio interés de los funcionarios y del servicio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con la redacción leída por Secretaría.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Estoy dispuesto a votar el artículo con esa redacción si luego se me permite hacerle un agregado como segundo inciso. De lo contrario, tendría que leerlo ahora y formularlo como proposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Desde el punto de vista reglamentario el señor senador debe presentar su agregado ahora.

SEÑOR ZUMARAN. - El agregado trata de evitar esa posible injusticia que yo señalaba. Diría así: "En el próximo presupuesto el escalafón administrativo del Cuerpo será reestructurado de forma que la destitución o, en su caso, la redistribución del funcionario no obre en su perjuicio".

Es decir que los diez años o los equis años de ausencia del funcionario en el Palacio no deben perjudicarlo en su carrera administrativa. Esa es la finalidad que se busca solucionar con esta redacción un poco apresurada. En el próximo Presupuesto el escalafón administrativo será reestructurado de forma que la destitución o, en su caso, la redistribución del funcionario, no obre en su perjuicio.

SEÑOR AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: comparto el espíritu del agregado que en este caso está proponiendo el señor senador Zumarán, pero advierto al Cuerpo -y lo recordarán los señores senadores que participaron en la redacción del proyecto- que el artículo 10 se refiere, si bien con una redacción un poco más ambigua, al mismo problema, y que lo incluimos con el mismo espíritu, es decir, el de amparar todos los derechos de los funcionarios referidos en la resolución y que pudieren haber sido lesionados. El artículo 10 dice: "La situación presupuestal de todos los funcionarios referidos en esta resolución, se regularizará al sancionarse el presupuesto de sueldos y gastos del Cuerpo." De ahí queme parecería un poco redundante o superabundante, si bien es más precisa en el sentido de amparar los derechos de los funcionarios eventualmente perjudicados, que el texto que viene de la Comisión como artículo 10.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Acepto la sugerencia de que esta redacción, o una similar, se incorpore luego al artículo 10 para poder así prever otras situaciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: comprendo y comparto el espíritu de la propuesta hecha por el señor senador Zumarán.

Simplemente, y para que quede constancia en la versión taquigráfica, quiero decir que la inquietud que todos tenemos está contemplada por la propia Constitución, porque el artículo 107 consagra a los funcionarios del Poder Legislativo las garantías de la carrera administrativa.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - El señor senador Cersósimo hizo un planteo referente al carácter de los plazos para poder hacer opción de los derechos por parte de los funcionarios, y el señor senador Batalla hizo la aclaración de que no se trataba de términos de caducidad.

No obstante, conviene tener presente que en el artículo 12 se regula que en caso de que el funcionario no haga opción dentro de los términos fijados, se considera que renuncia a los derechos que le acuerda esta resolución. Si bien son situaciones distintas la de caducidad o renuncia, no cabe duda que desde el punto de vista de la sanción que impone la no comparecencia, prácticamente es lo mismo por cuanto, indudablemente, nos encontramos con que pierde el derecho a reincorporarse a las plantillas funcionales del Palacio Legislativo.

Planteo esta circunstancia porque en rigor tendrían que corregir posteriormente esta disposición estableciendo la norma de que al impedido por justa causa que compruebe realmente esta circunstancia, la renuncia no podrá ser considerada como tal o automáticamente, sino que tendrá que abrirse la posibilidad de justificarse tal elemento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los señores senadores por la afirmativa sírvanse indicarlo.

- 27 en 28. Afirmativa.

Léase el artículo 8º.

(Se lee:)

"Artículo 8º. - Los artículos 3º, 4º, y 5º de esta resolución serán aplicables a los funcionarios redistribuidos y a los que en la actualidad ocupan sus cargos".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 9º.

(Se lee:)

"Artículo 9º. - El reintegro de los funcionarios destituidos o redistribuidos que se hubieren jubilado por la causal de incapacidad física, no se hará efectivo hasta que una junta médica dictamine si la incapacidad subsiste o ha desaparecido. En el primer caso, el funcionario no podrá reintegrarse al cargo".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 10.

(Se lee:)

"Artículo 10. - La situación presupuestal de todos los funcionarios referidos en esta resolución, se regularizará al sancionarse el presupuesto de sueldos y gastos del Cuerpo".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - En la parte final de este artículo correspondería agregar la expresión "la Comisión Administrativa".

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Propondría dejar establecido que la destitución o, en su caso, la redistribución de los funcionarios, no obre en su perjuicio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Solicito al señor senador que haga llegar a la Mesa, por escrito su propuesta.

El agregado que propone el señor senador Zumarán es con una coma en la última expresión y diría: "de forma que la destitución o, en su caso, la redistribución de funcionarios no obre en su perjuicio".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 con los dos agregados que hemos mencionado: el referido por la Mesa mencionando a la Comisión Administrativa y el propuesto por el señor senador Zumarán.

Los señores senadores por la afirmativa sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 11.

(Se lee:)

"Artículo 11. - Facúltase a la Secretaría a la contratación temporaria de ex taquígrafos del Cuerpo cuyo reintegro no se opere por su calidad de destituidos o de redistribuidos, a los que se eximirá de la exigencia del ingreso por concurso".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los señores senadores por la afirmativa sírvanse indicarlo.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 12.

(Se lee:)

"Artículo 12. - Los funcionarios que no se presenten a reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados por los artículos 3º y 7º, se considerará que renuncian al derecho que les acuerda esta resolución. Vencido dicho plazo, sólo podrán reintegrarse a sus cargos los funcionarios que se encontraren en el exterior del país, circunstancia que deberán acreditar fehacientemente en un plazo de 90 días."

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Simplemente voy a plantear una fórmula que tal vez contemple las objeciones del señor senador Tourné y que fueron compartidas por los otros legisladores que participaron en la Comisión.

Mi propuesta es que se suprima este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Entiendo que pueden obviarse las consecuencias negativas que podría acarrear la aplicación estricta de esta disposición relativa a la renuncia a este derecho por parte del funcionario, si establecemos un simple agregado redactado en la siguiente forma: "Los funcionario que no se presenten a reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados por los artículo 3º y 7º, no estando impedidos por justa causa que acrediten, se considerará que renuncian al derecho que les acuerda esta resolución."

Aquellos que acrediten una causa que haya obstado al conocimiento del derecho establecido en esta resolución que dispone un término fijo dentro del cual esos funcionarios debían aducirlo, podrán reclamarlo fuera de ese lapso, justificando la imposibilidad de su conocimiento por la existencia de una justa causa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En lo personal, admite la redacción planteada por el señor senador Tourné, entendiendo que parte de un principio jurídico muy claro, en el sentido de que al legalmente impedido, no le corre término.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - La Mesa desea saber la opinión del señor senador Aguirre, como integrante de la Comisión.

SEÑOR AGUIRRE. - Estoy de acuerdo con la modificación propuesta por el señor senador Tourné.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - La referencia al artículo 3º que figura aquí, es equivocada. Se trata del artículo 2º y no del 3º.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Seguramente se debe a un error de máquina, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la modificación propuesta por el señor senador Tourné y la aclaración formulada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En cuanto al artículo 13, hay uno sustitutivo redactado por el señor senador Aguirre, del que dio conocimiento en la discusión general.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo 13. - Cométese a la Presidencia del Cuerpo disponer la revisión de los sumarios administrativos dispuesto por la Intervención del Palacio Legislativo y revocar las destituciones cuya ilegalidad se comprobare. A tales efectos la Presidencia actuará con las comisiones respectivas".

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 14.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se da cumplimiento al artículo 108 de la Constitución de la República, que requiere tres quintos de votos.

Léase el artículo 15.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los señores senadores Tourné, Zumarán Aguirre y Ferreira han presentado un artículo aditivo que, de ser aprobado, pasaría a ser 18.

Léase.

(Se lee:)

"Artículo aditivo. - La Comisión de Asuntos Administrativos analizará las situaciones no contempladas en esta resolución y formalizará en el término de 60 días el o los proyecto que se requieren."

- En consideración.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En Comisión habíamos concertado una solución diferente, pero entendemos que este esquema no valía lo que habíamos previsto, es decir, que las situaciones no contempladas en este proyecto de resolución tenían necesariamente que merecer un estudio o examen dado que incursionábamos en una zona más pantanosa que la que estamos considerando.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 16 que pasa a ser 17.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo siguiente es de orden.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se comunicará.

(Texto del proyecto de resolución aprobado:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Declárase la nulidad de las destituciones de funcionarios del Senado de la República y de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo dispuestas por la intervención del Palacio Legislativo en aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7.

Art. 2º - Dispónese el reintegro a sus cargos de los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo anterior, el que se hará efectivo en un plazo de diez días corridos.

Art. 3º - Cométese a la Secretaría del Cuerpo adoptar las providencias necesarias para hacer efectivo dicho reintegro en los cargos que ocupaban los funcionarios destituidos, cuyas funciones volverán a desempeñar con la retribución que los mismos corresponda en la actualidad.

Art. 4º - En caso de que los cargos referidos se hubiesen suprimido con posterioridad a la destitución, los funcionarios reintegrados serán asignados por la Secretaría al cumplimiento de funciones de similar naturaleza y jerarquía, sin que ello implique variación de la retribución que les corresponde.

Art. 5º - Los funcionarios que al presente ocupan los cargos a que se reintegran los funcionarios destituidos, serán también asignados por la Secretaría al cumplimiento de funciones de similar naturaleza y jerarquía, sin variación de su retribución.

Art. 6º - En los casos en que exista presunción fehaciente de que la destitución por aplicación del llamado Acto Institucional Nº 7 obedeció a faltas graves que ameritaban la realización de un sumario al funcionario, sin perjuicio del reintegro a sus cargos el Presidente podrá disponer la instrucción de los sumarios que correspondan.

Art. 7º - Declárase el derecho a reintegrarse a sus cargos de los funcionarios redistribuidos, el que deberán hacer efectivo dentro del plazo de veinte días corridos a partir de la publicación a que se refiere el artículo 15, manifestando ante la Secretaría del Cuerpo si optan o no por el reintegro. En caso afirmativo, el reintegro se hará efectivo en un plazo no mayor de veinte días corridos a contar de la opción, y previa comunicación a los Organismos estatales en que al presente perciben sus haberes, a los solos efectos de que sus jerarcas tomen conocimiento del hecho.

Art. 8º - Los artículo 3º, 4º y 5º de esta resolución serán aplicables a los funcionarios redistribuidos y a los que en la actualidad ocupan sus cargos.

Art. 9º - El reintegro de los funcionarios destituidos o redistribuidos que se hubieren jubilado por la causal de incapacidad física, no se hará efectivo hasta que una junta médica dictamine si la incapacidad subsiste o ha desaparecido. En el primer caso, el funcionario no podrá reintegrarse al cargo.

Art. 10 - La situación presupuestal de todos los funcionarios referidos en esta resolución, se regularizará al sancionarse el presupuesto de sueldos y gastos del Cuerpo y de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, de forma que la destitución o en su caso la redistribución del funcionario, no obren en su perjuicio.

Art. 11 - Facúltase a la Secretaría a la contratación temporaria de ex-taquígrafos del Cuerpo cuyo reintegro no se opere en su calidad de destituidos o de redistribuidos, a los que se eximirá de la exigencia del ingreso por concurso.

Art. 12. - Los funcionarios que no se presenten a reintegrarse a sus funciones dentro de los plazos fijados por los artículos 2º y 7º, no estando impedidos por justa causa que acrediten, se considerará que renuncian al derecho que les acuerda esta resolución. Vencido dicho plazo, sólo podrán reintegrarse a sus cargos los funcionarios que se encontraren en el exterior del país, circunstancia que deberán acreditar fehacientemente en un plazo de noventa días.

Art. 13 - Cométese a la Presidencia del Cuerpo disponer la revisión de los sumarios administrativos dispuestos por la intervención del Palacio Legislativo y revocar las destituciones cuya legalidad se comprobare. A tales efectos, la Presidencia actuará con las comisiones respectivas.

Art. 14 - Autorízase una partida extraordinaria para atender las erogaciones resultantes de esta resolución.

Art. 15 - La notificación a los funcionarios comprendidos en esta resolución se realizará mediante su publicación en dos diarios de la Capital.

Art. 16 - La Comisión de Asuntos Administrativos analizará las situaciones no contempladas en esta resolución y formalizará, en el término de sesenta días, el o los proyectos que se requieran.

Art. 17. - Dése cuenta al Poder Ejecutivo, a los efectos previstos por el artículo 14.

Montevideo, 26 de febrero de 1985.

Luis Hierro Gambardella, Presidente ad-hoc."

11) DECLARACION DE GRAVE Y URGENTE

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - El señor senador Cigliuti propuso que se trate como grave y urgente un proyecto de ley para que se convaliden los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 18 de diciembre de 1973 al 14 de febrero de 1985, con excepción de las llamadas leyes fundamentales y de aquellas que en el mismo proyecto se detallan. A fin de que el Cuerpo pueda tratar este proyecto, debe declararse grave y urgente.

SEÑOR BATALLA. - Creo que el silencio nunca es un buen consejero.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene prioridad el señor senador Cigliuti por ser el autor de la moción.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pensé que se trataba de un asuntos de trámite natural, ya que es un documento convenido y redactado en la concertación, en la que participaron representantes de todos los partidos. No es que tienda a convalidar los actos jurídicos cumplidos durante el régimen, sino -y es lo principal- que deroga muchas de las leyes por él adoptadas, lo que hace de interés que esto se resuelva cuanto antes por la vía de la ley. Por esta razón tiene la firma de senadores de todos los partidos y lo presentamos antes de que se produzca la asunción del Gobierno por parte de los ciudadanos electos.

Se trata de un documento que ya ha sido discutido y analizado, necesario, no sólo por la conveniencia de sus disposiciones, sino por la oportunidad en que es presentado en el Poder Legislativo. No es posible pensar que este documento pueda pasar a la Comisión de constitución y Legislación, que sería la que debería tratarlo, porque eso implicaría esperar hasta que se pueda reunir y producir informe, lo que se haría dentro de unos días, luego que el Cuerpo se constituya, se designen todas las Comisiones y éstas se integren. Sin embargo, se trata de un caso que no cierra todos los caminos, porque lo importante es que existe un conjunto de disposiciones jurídicas que deben ser convalidadas, como siempre se ha hecho después de las situaciones de fuerza que ha padecido el país a lo largo de toda su historia, ya sea por la vía de disposiciones transitorias, de nuevas normas o de leyes expresamente dictadas. En el caso concreto de este proyecto se realizó un estudio exhaustivo y completo por parte de los representantes autorizados de todos los partidos. Si lago está de más o de menos siempre habrá tiempo para corregirlo por la misma vía del entendimiento o del acuerdo. Lo que no se puede pensar es que el Senado, al recibir este proyecto urgente, convenido por todos, lo condene a no ser aprobado hasta dentro de muchos días, lo que no es conveniente para el interés del país.

En consecuencia, creo que se trata de un asunto vital de mucha importancia con respecto al cual en la concertación los partidos adoptaron una resolución y no creo que en el Senado esos mismos partidos puedan cambiarla. Es indispensable que el Cuerpo se pronuncie hoy sobre un proyecto de ley que está firmado por los senadores de todos los sectores partidarios aquí representados.

Es lo que quería manifestar.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: nos consta que no todos los partidos políticos estarían de acuerdo en declarar este tema grave y urgente en esta jornada. Pero nosotros queremos dejar expresa constancia de nuestra preocupación, que entendemos no es sólo nuestra, ante lo que ya había anotado el señor senador Rodríguez Camusso. En definitiva, sabemos que existen muchos problemas administrativos por culpa de la dictadura y sabemos todo lo que ha echo dentro de este Palacio Legislativo, que no nos permite contar con los repartidos, así como con otros elementos que necesitaríamos. Todo esto demora nuestra acción en lo administrativo. Pero hay otras cosas que están dilatando nuestro accionar que ya deberíamos estar desarrollando a otro nivel y de acuerdo con la expectativa que mantiene la opinión pública de nuestro país. Desgraciadamente, en este caso -también en éste- se está dando una situación muy particular. Si ya estuviese integrada la Comisión de Constitución y Legislación no tendríamos ningún problema; pero sucede que ello no es así por falta de acuerdo a otros niveles en cuanto al nombramiento de los Secretarios, a la elección de los Vicepresidentes de esta Cámara e inclusive de la de Representantes. Dado que el Cuerpo no está funcionando debidamente, no se ha podido llevar adelante ninguno de estos temas, porque en definitiva los partidos tradicionales -nos consta- no se han puesto de acuerdo en que ha de ser el Secretario de la Cámara de Diputados. Sin duda, se trata de un hecho importante. Entendemos tanto una como otra de las razones esgrimidas; pero, de ninguna manera podemos disimular, a esta altura de los acontecimientos y a once días de constituido el Cuerpo una demora que en este caso no nos permite resolver rápidamente y como correspondería el tema, pues pasaría a una comisión que desgraciadamente todavía no está integrada, como tampoco lo están al resto -hecho sumamente grave, lo que retrasa el tratamiento de varios proyecto de ley que han sido elevados a la consideración de este Cuerpo. Esta demora no es culpa de la dictadura; estos plazos son constitucionales. No estamos de acuerdo con lo manifestado en esta Sala en cuanto a que este Cuerpo no está constituido porque si lo está aunque seamos treinta los integrantes actuales, ya que así lo establece la Constitución de la República. Es decir que deberíamos estar funcionando a pleno. El país entero tiene puestos los ojos en esta Sala; todo el pueblo está esperando de nosotros una acción inmediata.

Hay muchas cosas que se están demorando por causa de esa falta de acuerdo que hemos disimulado durante estos días, pero que no podemos seguir disimulando. Por eso exhortamos una vez más a que en los plazos más breves se llegue al acuerdo necesario. Sabemos que el tema se ha discutido a distintos niveles y parecería que ahora ya está al más alto; pero sea donde fuere, este tema tiene que resolverse, a efectos de que el Cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Si en este momento nos vemos enfrentados a este problema y a diferir otra vez el tratamiento de un tema muy importante ellos es consecuencia, reitero, de la no integración de las Comisiones, porque todo eso forma parte de los paquetes de acuerdo imprescindibles para el funcionamiento del Cuerpo.

Simplemente queríamos dejar expresa constancia de nuestra preocupación, porque así como en este caso concreto no podemos analizar debidamente el tema, debemos tener presente lo que significa seguir difiriendo el tratamiento en Comisión de varios proyecto de ley presentados, muchos de ellos con derivaciones muy graves en lo social, ya que tienen que ver con la desocupación, con la situación de muchos seres humanos que en este país padecen miseria y con préstamos a otorgarse a determinados funcionarios que desde hace más de una mes no trabajan y no perciben sus sueldos. El tratamiento de todos esos temas está siendo diferido por falta de acuerdo al nivel que hemos señalado.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Sobre el problema de fondo que plantea el señor senador Cigliuti, en cuanto al trámite urgente de este proyecto, solicitaríamos que el mismo pasara a Comisión por la siguiente circunstancia.

Estamos totalmente de acuerdo con las bases de este proyecto. Inclusive conocemos muy bien su gestación en el seno de la Concertación Nacional Programática y a los calificados juristas de todos los partidos que participaron en su elaboración. Sin querer violentar su natural modestia, en definitiva, este proyecto surge en el seno de la Concertación por una iniciativa del señor senador Aguirre que considero -creo que todos los juristas que actuaron en ese grupo de trabajo están de acuerdo- tiene una real significación y fue expuesta con extraordinaria brillantez. Fue por ese motivo que dimos nuestro consentimiento en el ámbito de la Concertación para que el proyecto se presentara en la Cámara. Los señores senadores han observado que estaríamos convalidando algunas leyes del régimen, lo que si bien no supone una palabra definitiva y en ejercicio posterior de la función legislativa se podría derogar, la verdad es que constituye un acto legislativo de alto contenido político. En un examen que hemos realizado recientemente -sé que es muy difícil pasar revista a las mil o mil quinientas leyes de la dictadura- encontramos que con este proyecto podemos estar convalidando algunas leyes que son una afrenta a la conciencia cívica del pueblo uruguayo.

Algunas de esas leyes las tenemos individualizadas. Por ejemplo, existen leyes de los tres primeros años de la dictadura, cuya inclusión en este proyecto solicitaríamos. Nos parece que si bien por uno de los primeros actos del Poder Legislativo vamos a anular algunas leyes que realmente violentan la conciencia cívica y jurídica del país, también es cierto que vamos a convalidar todas las restantes. Hay algunas que incluso en su exposición de motivos tiene agravios inauditos hacia todos los partidos políticos. No queremos convalidar todas estas leyes sin que previamente el proyecto pase a estudio de una Comisión, cosa que esperamos suceda a la brevedad.

En ese sentido, ratificamos la inquietud expresada en el Cuerpo, de que las Comisiones sean integradas cuanto antes, y si es posible en esta misma semana. Creo que no hay dificultad en hacerlos; si los señores senadores lo desean, podemos integrarlas en el día de hoy. Pero no se nos pida que sobre tablas convalidemos algunas leyes, como por ejemplo, aquella por la cual se da el nombre de "9 de Febrero" a la Represa de Salto Grande. Si se repasaran los términos en que se dictó dicha ley y se leyeran las cosas que dice sobre los partidos políticos, los señores senadores verían qué ingrato resultaría en la tarde de hoy convalidar algunas de las disposiciones de la dictadura. Es por eso que pedimos el pase a Comisión de este proyecto de ley.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: voy a obviar las referencias al trabajo realizado por la Concertación Nacional Programática, ya que es por todos conocido que el proyecto viene precedido de un concienzudo estudio de juristas muy destacados de todos los partidos políticos.

Simplemente deseo hacer hincapié en la circunstancia de que la no sanción inmediata de este proyecto, como contrapartida a lo que expresa el señor senador Zumarán, significaría que estamos prolongando la validez de algunas normas, porque en tanto no sean declaradas nulas podrán seguir siendo válidas, por lo menos formalmente, leyes, decretos-leyes o seudo leyes, o como quiera llamárseles, como la relativa, al derecho de huelga, a los cargos de confianza y otras más que están comprendidas en el artículo 2º y cuya validez, en ese sentido, queda exceptuada de la convalidación. Inclusive, si hacemos un segundo examen, debe haber muchos más.

Por ejemplo, en conversaciones privadas se mencionó -si mal no recuerdo- la Ley Nº 14.373 que es la que autoriza a que se incauten, rematen y se cometan otras barbaridades con los bienes de las personas sometidas a la justicia militar. Esto es algo nunca conocido en el país, que hay que eliminar y estaríamos dispuesto a que también se incorpore el artículo 2º. Pero en tanto no tomemos una resolución estas leyes, o seudo leyes señaladas en el artículo 2º, que queremos dejar absolutamente carentes, seguirán vigentes. Estoy seguro de que en un examen posterior van a aparecer, incluso, tres, cuatro o diez leyes que será necesario derogar. También es posible que nos queden en el tintero unas cuantas porque se trata de un trabajo muy detallado, pesado y difícil que requiere mucho tiempo para determinar todas aquellas que deben ser derogadas.

Vamos a derogar tres, cinco o diez, pero van a quedar otras -quién sabe cuántas- que merecerían el mismo tratamiento de anulación que éstas que ahora estamos incluyendo en el artículo 2º. Entonces, en un deseo de perfeccionismo y por aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno -todos estamos de acuerdo en incluir, sin excepción, todas aquellas que merezcan se anuladas- vamos a estar prolongando o dilatando la decisión del Senado en cuanto a la validez o invalidez de estas normas.

Por esa razón de orden práctico creo que sería conveniente que el Senado tomara resolución sobre el proyecto que viene con el aval de la Concertación Nacional Programática, agregándole estas leyes que han sido detectadas -por ejemplo la Nº 14.373, cuya inclusión estamos todos de acuerdo- sin perjuicio de que en un examen posterior, -que sin duda tendrá que ser un trabajo lento- podamos encontrar todas y cada una de las leyes o seudo leyes que deben ser eliminadas de la órbita jurídica del país. Por consiguiente, dentro de una semana o dentro de quince días, cuando el trabajo de los juristas o de la comisión a quienes encomendemos el estudio detallados de todas las determinaciones adoptadas por la dictadura durante todos estos años haya finalizado, podemos hacer una lista completa y exhaustiva que ponga a salvo nuestra conciencia y podamos proceder a su declaración de nulidad.

Pero, entretanto, ya que tenemos una nómina de esas leyes o seudo leyes que sabemos deben ser anuladas, vamos a proceder como lo hicimos con los funcionarios destituidos del Poder Legislativo -hay más destituidos, en toda la administración son como 10 mil; comenzamos por algunos, por los del Palacio Legislativo, pero vamos a seguir con los restantes- haciendo algo práctico y constructivo en el momento actual con las que ya sabemos que deben ser declaradas nulas.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Solicitaría que se leyera nuevamente el artículo 1º, porque me parece que empieza por declarar la validez de todas las leyes y después establece la excepción. Creo que nos pondríamos de acuerdo si dijéramos lo contrario, es decir, si declaráramos desde ya la nulidad de tales y cuales leyes, sin perjuicio de las que puedan detectarse más adelante como violatorias del derecho. Entiendo que lo infeliz es la redacción pero pido que se lea de nuevo porque no hemos tenido oportunidad de captar su sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - El señor senador que dijo un encendido discurso con respecto a la división de discusiones -general y particular- olvida que en este momento no estamos estudiando el texto de la Ley, sino que estamos considerando la moción de urgencia; pero con mucho gusto haré dar lectura al artículo 1º del proyecto.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º. - Declárase con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985, los que se identificarán como "Decretos-Leyes", con su numeración y fechas originales".

SEÑOR MARTINEZ MORENO. - Continúo haciendo uso de la interrupción que me concedió el señor senador Paz Aguirre.

Me parece que lo que él sostiene, en el fondo se puede votar, pero insisto en que lo infeliz es la redacción. No tenemos que partir de la base de las leyes que se consideran convalidadas, sino de las que son nulas sin perjuicio de las que más adelante se puedan detectar. Si la redacción fuera a la inversa, nos pondríamos de acuerdo y votaríamos la urgencia.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Señor Presidente: el problema es que hay una cantidad de normas seudo legales que fueron dictadas por el Consejo de Estado y el Poder Ejecutivo de la época a las que, con manifiesto abuso del lenguaje, se les llamó leyes hechas por legisladores y que no fueron leyes, así como tampoco fueron legisladores quienes las redactaron.

En primer lugar, lo que tratamos de hacer es quitar el ropaje con el que pretendieron vestirlas, diciendo que no son leyes sino decretos-leyes. De lo que se trata, repito, es de convalidar una serie de normas porque la anulación de ellas traería como consecuencia un gigantesco caos, puesto que se han celebrado durante este interín infinidad de contratos, de relaciones individuales o mutuas, sobre la base de determinadas normas que en este momento sería caótico eliminarlas. Entonces, llamémoslas decretos leyes para no darles una categoría que no tienen. Ello no significa -porque es potestad del Poder Legislativo- que mañana entre los llamados decretos leyes convalidados, tengamos el derecho -que nadie nos puede quitar- de anularlos, porque el Poder Legislativo siempre puede derogar una ley anterior creando otra y con más razón si es un decreto ley. Nosotros no nos estamos atando las manos ni estamos retaceando derechos. Es decir que, cien leyes, mil leyes, pueden quedar convalidadas, pero también tenemos el derecho que nadie nos puede quitar como órgano legislativo para declarar luego que pierden su validez, que quedan derogadas tales y cuales leyes, porque ése es el principio natural de la legislación. Esto no significa que estemos diciendo que todas estas leyes o seudo-leyes que se dictaron, sean buenas. Hemos detectado una serie de normas que merecen ser anuladas, obviamente y sin lugar a discusión. Pues, anulémoslas y dejémoslas sin efecto. Estudiemos, entre tanto, y procedamos a anularlas y a declarar su invalidez, en la medida en que ellas contrarien la justicia y el espíritu nacional. Pero no incurramos en el error de pensar que convalidamos leyes hoy y que les estamos dando las aguas bautismales de los sacrosantos principios legales, ni mucho menos, porque yo desconfío prácticamente del cien por ciento de la leyes votadas por la dictadura.

En consecuencia, vamos a estudiarlas y a anularlas; y si tenemos que anular el 90% de ellas, que así sea; no nos atemos las manos. Me resisto a que hoy termine esta sesión de la Cámara de Senadores sin que este Cuerpo se pronuncie decretando la nulidad de normas que son aberrantes y que no pueden seguir rigiendo, ni un minuto más, la vida del país.

(Apoyados).

SEÑOR TRAVERSONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TRAVERSONI. - Señor Presidente: voy a reafirmar todas las argumentaciones que ha manifestado el señor senador Paz Aguirre, las que creo ocioso repetir.

Si se me permite argumentar en favor de la declaratoria de urgencia en la consideración de esta ley, debo decir que todos los dirigentes de los distintos partidos y, más aún, cuantos nos hemos movido en el ámbito de la concertación, hemos puesto el énfasis en la necesidad de restituir a los destituidos. En esta misma Sala y en esta misma sesión hemos oído hablar en favor de la urgente reposición de los destituidos en el ámbito de la enseñanza. Sabemos que ello presenta ciertas complejidades debido a la falta de disponibilidad de rubro y a la forma en que el gobierno dictatorial ha saturado las vacantes disponibles. Cabe agregar que a esas dificultades especiales se agrega como corolario de ellas y como uno de los actos más aberrantes, la Ley Nº 15.601 que consagró la efectividad de una cantidad de profesionales provisionales, que no contaban con las condiciones habilitantes para el desempeño de su función. Nosotros no podemos, sanamente, salir a la opinión pública reclamando reiteradamente nuestra voluntad de reposición de los destituidos si, al mismo tiempo, no estamos allanando los caminos para hacer efectiva dicha reposición. Uno de estos caminos imprescindibles de recorrer a efectos de disponer de una masa de vacantes que haga factible esta reposición de los destituidos es, justamente, la derogación de este decreto ley. Pero, además, y abonando la afirmación de la necesidad de declarar como urgente este problema que no es solamente de justicia sino que lo es de idoneidad dentro de los servicios, debemos manifestar que necesita una urgente solución porque los cursos deben comenzar en las mejores condiciones posibles. Si no encontramos la solución a este problema de los destituidos, tendremos que hacerlo posteriormente, con lo que crearemos mayores perturbaciones al servicio, debido a los posibles desplazamientos o sustituciones de profesores en medio de la realización de los cursos.

Por lo tanto, sin abundar en las argumentaciones suficientemente desarrolladas por el señor senador Paz Aguirre, me permito agregar una más que tiene razón de ser en un ámbito de discusión pública que se utiliza muy frecuentemente, pero que después no se corresponde en los hechos con la celeridad en los procedimientos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Nosotros, como es natural, tenemos una opinión que es sobradamente conocida con respecto a la actuación, tanto general como detallada, de la dictadura en éste y en todos los temas. Hemos venido a Sala hoy -nuestras firmas lo acreditan- dispuestos a acompañar la solución que este proyecto patrocina. Pero, naturalmente, se ha planteado un nuevo hecho: la bancada del Partido Nacional legítimamente expresa algunas observaciones al proyecto y adelanta su deseo de hacerle un nuevo examen.

Este tema es muy complejo y de mucha trascendencia. Fue cuidadosamente examinado por especialista en el seno de la Concertación, con la participación de representantes de todos los sectores políticos, por lo que, naturalmente, él no es el fruto de una improvisación ni nada por el estilo. Es totalmente legítimo que la bancada del Partido Nacional haya hecho un planteamiento como el que hizo. Y nosotros nos sentimos obligados con ese planteamiento. Al mismo tiempo, tenemos el deseo de propiciar, con la máxima celeridad, la derogación de las normas que allí se establecen. En consecuencia, nuestra preocupación es conciliar esos dos extremos. Estamos dispuestos -si así se entiende que sea- a propiciar la realización de una sesión especial del Senado para considerar este tema en el día de mañana o pasado, abriendo la instancia para que la bancada del Partido Nacional pueda formular concretamente sus observaciones -las que estudiaremos con atención y detenimiento, como corresponde- y para dar la posibilidad, inclusive, de que esta misma noche se integre la Comisión de Constitución y Legislación - tal como lo reclamaba el señor senador Araújo- o una Comisión Especial que examine estas observaciones planteadas para que luego esta bancada se pronuncie sobre ellas y se informe al Senado.

Por otra parte, planteo la inquietud de que el tema sea abordado y resuelto en el plazo más breve posible. Nosotros deseamos hacerlo, pero, de ninguna manera, obviamos el deseo que tiene la bancada del Partido Nacional en el sentido de que sus observaciones o correcciones al texto sean consideradas.

Por lo tanto, repito, dejamos planteada la posibilidad de que la Comisión de Constitución y Legislación o una Comisión Especial que tenga por objeto facilitar los procedimientos, pueda ser designada de inmediato y, con el informe correspondiente de la misma, el Senado sea citado en forma extraordinaria para considerar el tema en el día de mañana o pasado, si así se estima oportuno.

SEÑOR FLORES SILVA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Sí, señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Quiero sumarme a la posición manifestada por el señor senador Rodríguez Camusso porque creo que ella contempla lo que hemos planteado en el seno del Partido Colorado, con respecto a la necesidad de resolver rápidamente este punto.

Cabe mencionar que este tema ha sido discutido en la Mesa de la Concertación Nacional Programática, y que inclusive, lo hemos leído en la prensa. De algún modo, nosotros pensamos que ya estaba resuelto por lo que nos sentimos un poco sorprendidos debido a la situación que se ha planteado a la que, naturalmente, reconocemos como legítima.

Quiero señalar la urgencia que la bancada del Partido Colorado tiene en cuanto al tratamiento de este tema. Sin embargo, en tanto dispongamos de 24 horas más, se podrían subsanar las eventuales omisiones en que pueda haber incurrido la CONAPRO. Si el proyecto ha sido presentado por los legisladores de los diferentes partidos -y sabemos que ha sido fruto de un análisis en profundidad realizado por la CONAPRO- pienso que no habría ningún inconveniente en reunirnos mañana y atender así las eventuales omisiones o errores en que incurrió dicho organismo tomando, en consecuencia, resolución al respecto.

En cuanto a la moción del señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de realizar una sesión especial en el día de mañana a estos efectos, quiero expresar que adhiero a la misma.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Frente a las manifestaciones que aquí se han hecho, nuestro silencio podría interpretarse de manera distinta a lo que realmente pensamos o piensa la bancada del Partido Nacional.

Aquí se ha dicho o ha quedado traslucido a través de las palabras de algunos señores senadores, que la actitud del Partido Nacional de alguna manera impide al país verse libre de una serie de disposiciones de la dictadura que naturalmente nos hieren y nos afectan a todos.

Aquí se ha señalado la labor que ha desempeñado en esta Comisión o en la reacción de este texto el señor senador Aguirre Ramírez, junto con representantes de los demás partidos políticos; e inclusive, el documento presentado a la Mesa lleva la firma de unos cuantos legisladores del Partido Nacional. Quiere decir que tenemos igual preocupación que los señores senadores preopinantes, en el sentido de que rápidamente debe procederse a derogar aquellas disposiciones antidemocráticas cuya aplicación no tiene sentido y que hieren de distinta manera el espíritu democrático de nuestro pueblo, pero convalidando aquellas que no hay más remedio que convalidar porque afectan distintos intereses legítimos, hasta tanto se legisle en forma sobre estos aspectos.

En la reunión celebrada en el día de hoy por la bancada del Partido Nacional algunos legisladores plantearon la posibilidad de incorporar, tanto en la convalidación con en la anulación, algunas disposiciones a las que ya han hecho referencia algunos compañeros de sector, entre ellos el señor senador Zumarán.

De manera que tenemos urgencia en que el tema sea tratado y creo que podría de alguna manera armonizarse con lo que aquí han dicho los señores senadores Flores Silva y Rodríguez Camusso, en el sentido de que rápidamente, en el término de algunas horas o pocos días se estudie el asunto, contemplando de esa manera las aspiraciones de todo el Cuerpo. El tema es tan delicado que creo quizá no alcance con una discusión breve puesto que, tal como se ha señalado aquí, habría que revisar más de mil leyes. No creo que se llegue a eso, pero sabido es que existe interés en anular algunas.

De cualquier manera, quiero dejar a salvo cuáles son las razones por las cuales la bancada del Partido Nacional no desearía tratar este tema en el día de hoy por respeto a algunos compañeros que han formulado apreciaciones que nos parecen legítimas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Quiero puntualizar que no deseo, por la vía de las interrupciones, acaparar el uso de la palabra.

Ratifico lo dicho al comienzo en el sentido de que éste es el fruto de un trabajo cuidadosamente hecho por representantes e todas las fuerzas políticas a nivel de la Concertación.

Estamos apurados, como el que más, para que esto sea resuelto, pero al mismo tiempo somos respetuosos de los planteos que formula la bancada del Partido Nacional. Por eso es que insistimos con nuestra moción dejando, en todo caso, abierta la posibilidad, en función de lo que considere más conveniente la bancada proponente, de si es mejor sesionar mañana o pasado mañana. Inclusive planteamos la posibilidad -insisto en ello- de que esta misma noche se designe una Comisión Especial a efectos de preparar un informe que facilite la consideración de un tema que evidentemente es muy complejo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Aquí se ha planteado la posibilidad de nombrar una Comisión Especial y de realizar una sesión extraordinaria para mañana o pasado mañana. La Mesa tiene dudas acerca de si esta propuesta no interrumpe el debate de la propuesta anterior. Como hay varios señores senadores anotados para hacer uso de la palabra, la Mesa no desea cercenar el derecho de nadie.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - En todo caso, se podría postergar la consideración de mi moción hasta que hayan hecho uso de la palabra todos los señores senadores que estén anotados para ello.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Están anotados los señores senadores Aguirre, Ricaldoni, Cigliuti y Tourné. Luego de que termine la exposición de los señores senadores mencionados corresponderá en su caso proceder a la votación.

Tiene la palabra el señor senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE. - Señor Presidente: con motivo o por razón de haber intervenido en el ámbito de la CONAPRO en la redacción de este proyecto de ley junto a distinguidos juristas de todos los partidos políticos y de otras organizaciones sociales, quiero hacer algunas precisiones que creo no son ociosas, sino todo lo contrario, a fin de ilustrar al Cuerpo sobre el sentido concreto con que se ha elaborado este proyecto, con una disposición de unidad que creo difícil de desglosar o superar a través de la sanción de algunas disposiciones, postergando otras.

En primer término, se ha expresado por parte de algunos integrantes del Cuerpo que estas leyes que se exceptúan de la convalidación serían derogadas. Creo que hay que tener cuidado en el empleo de la terminología jurídica porque aquí se han empleado expresiones como "declarar nulas" o "cuya nulidad se declara" no con un sentido jurídico preciso. La derogación opera para el futuro y significa que la norma que se deroga estaba vigente en el pasado o que era jurídicamente regular y, por lo tanto, sus efectos quedarían consumados.

Quienes intervenimos en la redacción de este anteproyecto de ley -llamémosle así- tuvimos plena conciencia de que el llamado Consejo de Estado al legislar durante estos años y en estos últimos meses había cometido tantas herejías jurídicas y éticas que de ninguna manera era operante una derogación por cuanto ésta dejaba subsistentes los efectos de esta norma: lo que correspondía era declarar la nulidad para que tuviera efecto retroactivo, nulidad perfectamente procedente desde el punto de vista jurídico. Estos pseudo actos legislativos están afectados de vicio de incompetencia absoluta del órgano que los emitió; es decir que el Consejo de Estado es un órgano inexistente para la Constitución de la República. Por lo demás, no se siguió el trámite previsto por esta Constitución para la sanción de las leyes, hecho que no aconteció por no existir las dos Cámaras.

Por lo tanto, el vicio de nulidad es indiscutible y permite al declarar la nulidad -y no al derogarla- que se haga con efecto retroactivo lo que tiene una importancia fundamental y voy a poner un ejemplo, aparte del que señalaba el señor senador Traversoni con respecto a la llamada Ley Craviotto, y es el siguiente. Las leyes especiales 9 y 10 que versan sobre materia jubilatoria, han consagrado privilegios exhorbitantes, yo diría escandalosos para todos los funcionarios políticos y civiles del régimen que ya han tramitado a tambor batiente sus jubilaciones, según se ha hecho público en estos días, la que han sido otorgadas por la Dirección General de la Seguridad Social. Si nosotros derogamos esas leyes, ello opera para el futuro y las jubilaciones quedan firmes; lo que nosotros tenemos que hacer es anular tanto éstas como otras leyes.

Por eso el problema es muy importante, porque si aprobamos en block el proyecto -cosa que yo venía dispuesto a hacer- si en el artículo 1º declaramos con valor y fuerza de ley todos los actos legislativos, le daremos nosotros la legitimidad de que carecía. Por lo tanto, en el futuro, no los vamos a poder anular, sino simplemente derogar, ya que al sancionarlos este Cuerpo legislativo, que es constitucional y electo por el pueblo, el vicio anterior, naturalmente, se sanea. Por eso considero que cuanto el señor senador Martínez Moreno me decía que había error en la redacción, no lo había, porque el proyecto está previsto en su integridad. Si no sancionamos el artículo 1º, sino sólo el 2º y declaramos la nulidad, de algunas leyes fundamentales, especiales y ordinarias, quedamos habilitados para anular luego otras. Pero, entonces, el proyecto pierde su unidad y, en el ámbito de la Concertación, habíamos acordado que ya que por técnicas legislativas no se pueden hacer partes expositivas en los proyectos de ley, la exposición de motivos, dada la enorme trascendencia política de este proyecto, se iba a publicar a través de la prensa. Si sancionamos aisladamente una disposición, la exposición de motivos pierde toda su unidad y coherencia. Creo que estos aspectos jurídicos los tenemos que tener muy en cuenta, porque tiene una importancia trascendental el hecho de que borremos hacia el pasado los efectos de estas leyes que, reitero, constituyen verdaderas herejías jurídicas o que, simplemente, las deroguemos operando hacia el futuro.

Además, tenemos que tener en cuenta que esta ley es de una trascendencia histórica. Se ha dicho aquí con razón que después de cada gobierno de facto, después de cada golpe de estado, existe una tradición nacional. En el siglo pasado, luego del régimen de facto del General Flores, luego del régimen del Coronel Latorre y luego del golpe de estado de Cuestas se sancionaron tres leyes regularizando esta situación y, por disposiciones constitucionales transitorias en los años 1934 y 1942, también se sanearon los vicios de incompetencia de los órganos legislativos de facto que habían sancionado en el interín leyes o decretos leyes. Pero aquí se va más lejos. Se hace lo que nunca se hizo en la historia del país: además de declarar con vigor y fuerza de ley de aquí para el futuro todos los actos legislativos anulamos leyes. Eso nunca se hizo en el pasado. Es algo enormemente delicado, porque la anulación tiene efecto retroactivo y hay que estudiar muy en cada acto legislativo para ver si no se lesionan derechos adquiridos o sí, por el contrario, debemos lesionarlos porque son derechos ilegítimos que se han querido consagrar por aquellos que estaban dictando las normas en su propio beneficio o en el de sus amigos políticos. Por eso es que los debemos anular con efecto retroactivo. Ese es el sentido general del proyecto y hay que tener cuidado de no desarticularlo, porque se puede desajustar jurídicamente y causar efectos no queridos cuando se le estructuró como un todo coherente.

Comparto lo que se ha dicho sobre la tremenda urgencia de la sanción de este proyecto, urgencia que creo que más que en ningún otro texto legislativo se centra en la mal llamada compilación, que es una reforma del Código Civil bien bautizada por el distinguido profesor doctor Jorge Gamarra en una frase que hará historia, como "la compilación de la errata".

El Código Civil, después de la Constitución de la República, aquí y en toda nación civilizada es la ley fundamental de toda sociedad organizada. Y esta pretensión de haber modificado a puertas cerradas y a tambor batiente el extraordinario Código que nos legó Tristán Narvaja, es una imperdonable herejía de la dictadura y de sus pseudolegisladores. Eso es lo primero que tenemos que anular y en lo que hay más urgencia. Pero, naturalmente, si el tema es tan complejo, si tiene tanta trascendencia, si vamos a sancionar una ley que como he dicho tiene una importancia histórica mayor que sus antecedentes del pasado en la historia de la república, comparto la solución intermedia que ha expuesto el señor senador Rodríguez Camusso en el sentido de realizar una Sesión Extraordinaria que dé tiempo al estudio del tema, pero no en el día de mañana, porque la Comisión no tendría tiempo de estudiarlo. Yo diría que esa Comisión Espacial o la Comisión de Constitución y Legislación -si se puede designar esta noche- se reuniera en el día de mañana todas las horas que fuera necesario y con la concurrencia de todos los señores legisladores que están legítimamente preocupados por el tema y que la Sesión Extraordinaria se realizara el día jueves.

SEÑOR FLORES SILVA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FLORES SILVA. - Cuando mi distinguido amigo, el señor senador Aguirre Ramírez mencionó el gobierno de facto del General Flores -para que conste en actas- yo simplemente he entendido que se refería al gobierno de la revolución libertadora que colocara al Partido Colorado en el poder durante 93 años.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Queda constancia en actas de la declaración del señor senador Flores Silva.

Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

Ruego a los señores senadores que tengan presente que esta discusión va a desembocar en la votación de una Sesión Extraordinaria; no tiene por objeto ni la revolución del General Flores ni el examen del tema.

No quiero cometer la indelicadeza de constreñir el legítimo derecho del señor legislador a hacer uso de la palabra pero tengo la obligación de conducir el debate en los términos que corresponda.

SEÑOR RICALDONI. - Aún no he hecho uso de la palabra. No sé si estoy fuera de la cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Me permití rogarle al señor senador, que dentro de lo posible, se mantenga dentro del tema.

SEÑOR RICALDONI. - Estamos discutiendo la modificación del señor senador Cigliuti de declarar grave y urgente el tratamiento de este asunto. Todavía no hemos entrado a discutir la moción del señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si bien es cierto eso, también es cierto que, de acuerdo con lo que establece el reglamento, la Mesa advierte que no habrá votos suficientes para que la moción del señor senador Cigliuti obtenga un resultado favorable y tiende, por lo tanto, a canalizar la discusión en la propuesta formulada por el señor senador Rodríguez Camusso.

SEÑOR RICALDONI. - Me da la impresión de que, con las mejores intenciones del mundo, estamos incurriendo en una discusión que nos puede llevar a resultados que ninguno de nosotros desea.

Estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba recién el señor senador Aguirre Ramírez respecto de la necesidad de tratar este proyecto como grave y urgente e inclusive de preservar totalmente su unidad, sin deteriorar el equilibrio logrado esforzadamente por la Comisión de técnicos que trabajó en el proyecto.

No me voy a extender en lo que significa como beneficio para el país y, concretamente, para el Poder Legislativo, el hecho de que, en estos momentos de arranque de la vida democrática en el país, tengamos la posibilidad de estar discutiendo sobre ideas previamente acordadas, concertadas por todos los partidos políticos aquí representados. Creo que ese espíritu -como lo decía algún señor senador hace unos momentos- lo debemos preservar a toda costa, sin perjuicio -como ha pasado en otras oportunidades- de los ajustes de detalles que pueda ser menester realizar. Pero me parece fundamental comprender que este proyecto, tal cual viene, no sólo refleja un acuerdo político que creo que internamente y fuera de fronteras enaltece a la actual democracia uruguaya, sino que significa también una prueba de eficacia legislativa, porque el proyecto debe ser considerado necesariamente en la noche de hoy, pues estamos frente a la evidente realidad de que tenemos que dejarle al gobierno que se inicia el 1º de marzo los instrumentos jurídicos para no cometer injusticias. Y como dice la exposición de motivos -y como lo recordaba hace unos minutos el señor senador Aguirre- tenemos aquí el tema no del valor en sí de estas leyes -que el propio proyecto las descalifica al cambiarles la denominación sustituyendo la de "leyes" por la de "decretos leyes", con lo cual se está diciendo que son un engendro de la dictadura- sino de que estamos declarando la nulidad de un grupo de leyes de tal importancia en cuanto a su monstruosidad jurídica, más allá de sus irregularidades formales, que impide el ejercicio por parte del gobierno que se habrá de iniciar el 1º de marzo de una serie de potestades administrativas evidentes sobre las que no me voy a detener.

Entonces, entiendo lo siguiente: si nuestra preocupación es que con la consideración urgente de este proyecto estamos dejando de lado el análisis del resto de la maraña legislativa del Consejo de Estado, personalmente me parece bien que una Comisión se instale cuanto antes y se ponga a trabajar en lo referente a lo no cubierto por este proyecto, propósito que, por otra parte, no significa otra cosa que repetir la conducta que hemos seguido cuando al aprobar la resolución relativa a los funcionarios del Senado, hemos dejado abierta la puerta para considerar otros extremos inevitablemente no cubiertos por esa resolución.

Pero no debemos olvidar que, en definitiva, este proyecto -y pido al señor Presidente que me perdone la expresión- tiene algo parecido a la labor del médico en la sala de urgencia del hospital. Nos encontramos con las cosas más aberrantes y chocantes que a un distinguido grupo de expertos, a primera vista, le ha parecido que deben declararse nulas de inmediato. Esto no significa que la cura de urgencia no deje secuelas en el herido -en este caso, el ordenamiento jurídico- que más adelante habrán de solucionarse. Sin ninguna duda, en ese sentido veo bien la instalación de una comisión. Pero considero que son dos temas distintos: la declaración de urgencia de este proyecto de ley y el análisis del resto del ordenamiento jurídico. Esto puede hacerlo una comisión y yo estoy dispuesto a votar su integración esta misma noche. Al respecto adelanto mi compromiso. Creo que es un tema que complementa el proyecto de ley a consideración pero que de ninguna manera puede significar su postergación.

Sabemos que estamos legislando bajo circunstancias especiales y que están entrando, tanto a la Presidencia del Senado como a la de Diputados, una cantidad de proyectos que también son curas de emergencia.

En el día de hoy los legisladores del Partido Nacional presentaron un proyecto -que a primera vista parece impecable- relativo a suspensiones de lanzamiento. Con ello nadie pretende solucionar los problemas de fondo, pero se evidencia el propósito de cura de urgencia de inmediato. Esta situación es igual, señor Presidente; se declaran nulas determinadas leyes por la monstruosidad que ellas representan; pero como aquí se ha dicho, los restantes decretos leyes deben ser analizados uno por uno, no sólo por el hecho de que quizá, por casualidad, tengan algo rescatable, sino por algo mucho más importante: aunque sean aberrantes, como las que se pretende declarar nulas, han generado derechos adquiridos respetables. Por ese motivo la tarea requiere reflexión.

Por un lado, considero que debería aprobarse la declaración de urgencia de este proyecto y votarlo; pero, por otro, entiendo que por vía de resolución debería nombrarse esa Comisión a fin de analizar caso por caso. No creo que pueda hacerse en 24 ni en 72 horas. Aquí se ha dicho que hay más de mil decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado. ¡Cómo vamos a analizarlos en tan poco tiempo! ¿Cómo podremos impedir que involuntariamente lesionemos derechos respetables adquiridos a partir de la vigencia de determinadas normas legales o seudo legales? Por lo tanto, creo que el punto de encuentro de todas nuestras preocupaciones sería declarar la urgente consideración del proyecto, que el Senado lo apruebe esta misma noche y nombrar ya una Comisión para que se aboque lo antes posible a la consideración del asunto. Si la misma termina su tarea en veinticuatro horas -cosa que dudo- la Presidencia nos convocará y nos volveremos a reunir de inmediato. Si debe demorar más la esperaremos, precisamente, en aras de una forma de higiene legislativa, que es borrar todos los trazos de arbitrariedades de este tipo.

Repito que pienso que son dos temas distintos; uno -que es este proyecto- es un trámite legislativo; otro -el nombramiento de una Comisión- que es una resolución del Senado. Si llegáramos a un acuerdo en esto lo demás es lo de menos.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Me veo en la obligación de hacer una advertencia a los compañeros del Cuerpo a los efectos de que no se sorprendan cuando llegue el momento de que presentemos una moción de intermedio.

Tengo presente que existe una lista de oradores inscriptos para hacer uso de la palabra. Naturalmente tenemos interés en oírlos, pero debo recordar al Cuerpo que a las 21 horas tenemos la constitución del Directorio del Partido Nacional. Por esa razón algunos legisladores deberemos retirarnos a esa hora. Si el Senado desea continuar trabajando esta noche, solicitaríamos un intermedio de una hora o algo más o, de lo contrario, uno hasta el día de mañana.

Lo que quería, repito, era advertir a los señores senadores para que no se sorprendan.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Hay dos senadores inscriptos. Conduciendo el debate con cierta rapidez, quizás antes de las 21 horas, exista resolución en la materia.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: yo formulé la moción original y, realmente, después de oídas las distintas exposiciones de los señores senadores, la única razón por la que estaría de acuerdo en que no se apruebe ahora este proyecto, sería de cortesía -que es algo que no quiero eludir- basándome en el pedido formulado por la bancada del Partido Nacional y en el retiro de Sala a que se refirió el señor senador Pereyra.

Precisamente, quienes realizaron el proyecto son los que se oponen a votarlo. Nosotros no estamos de acuerdo en que después de aprobarlo este proyecto de ley no pueda ser ampliado derogando otras leyes o declarándolas nulas. Ese será un problema jurídico que habrá que dilucidar después.

La verdad de las cosas es que este proyecto, que reviste tal carácter de urgencia, viene firmado, también, pro aquellos que piden su aplazamiento. Para aprobar este proyecto de ley, realizado por todos los partidos políticos en el ámbito de la Concertación, no se precisan más de cinco minutos. Luego de aprobado se puede encomendar a la Comisión de Constitución y Legislación que siga estudiando toda esta problemática y eleve, en el plazo más breve posible, una solución ampliatoria. Pero si no aprobamos esta noche, después de todo lo oído en el Senado, este proyecto de ley, estaríamos trasladando innecesariamente en el tiempo una medida efectiva, imprescindible e importante. El Senado puede decretar un aplazamiento, un pase a Comisión o el intermedio, pero nuestro sector insiste en que se trate y se vote ahora.

SEÑOR FERREIRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERREIRA. - Simplemente deseo hacer una aclaración. Personalmente no soy un conocedor de la materia pero el señor senador Aguirre, que sí lo es, en una extensa exposición señaló los motivos por los cuales no es lo mismo aprobar el proyecto de ley y luego derogar otras leyes, que proceder a la nulidad que tiene efecto retroactivo.

Debo señalar que podríamos seguir discutiendo toda la noche. Nuestro Partido ha realizado un prolongado análisis del tema. El señor senador Paz Aguirre reconoció, asimismo, en su exposición, que a lo largo del tiempo iríamos descubriendo otras leyes que también deberemos derogar. Inclusive nosotros, a nivel de la agrupación parlamentaria, hemos detectado algunas leyes que sería aconsejable anular, lo que se podría hacer de aprobarse esta noche el proyecto.

Entendemos que existe tiempo material para que el proyecto sea votado antes de que se instale el gobierno democrático. Si existe tanto interés en que esto salga rápidamente, sugiero que procedamos lo antes posible a votar la designación de una Comisión Especial o, en su caso, a integrar la de Constitución y Legislación -por que no hay obstáculo, a esta altura, para que el Cuerpo instale sus propias Comisiones- y convoquemos a la brevedad posible, a una Sesión Extraordinaria, que podría ser dentro de 48 horas, para estudiar ese pormenorizado análisis que realice la Comisión y así votarlo en Sala.

Con toda franqueza, deseaba señalar esto porque siempre se utiliza el argumento de que esto ha partido de la mesa de Concertación. Nosotros respetaremos todos los acuerdos que nuestro partido asuma en la mesa de Concertación pero no vamos a permitir que se utilice este argumento coartando los derechos, las garantías y las libertades que tiene el Parlamento como tal.

En la Concertación todos los partidos acordaron bases de acuerdo mínimo, lo que no obsta para que, cuando lleguen a Sala los proyectos no puedan ser debatidos.

Con todo el respeto que me merece el señor senador Cigliuti, al que conozco desde hace tantos años, confieso que me sorprende que diga que el proyecto debe considerarse como suficientemente discutido, por el hecho de haber sido aprobado en la Concertación.

Hemos sido elegidos parlamentarios y tenemos el deber de responder ante nuestro electorado tratando todos estos temas con la seriedad que merecen, hayan sido o no aprobados previamente por la Concertación, en el debido proceso legislativo. El señor senador Rodríguez Camusso hizo una moción, que notoriamente goza de consenso y que serviría para aunar criterios, en el sentido de buscar los mecanismos a través de los cuales este Cuerpo se expida lo más rápidamente posible, pero contemplando las aspiraciones que tan fundadamente señaló el señor senador Aguirre.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra por haber sido aludido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - No he dicho lo que el señor senador me atribuye. Creo que todos los temas que vienen en las carpetas del Senado deben ser estudiados, tengan el origen que tengan. Pero éste que viene aquí está firmado por los señores senadores que ahora piden el aplazamiento. En ninguna parte, ni en la exposición de motivos ni en las declaraciones públicas, se ha dicho nunca que este proyecto sea un todo rígido, concluido y definitivo, que después de aprobado no se pueda tocar más, porque entonces aquí hay otro error grave: si era necesario saber que las leyes que se fueran a declarar nulas tenían que estar incluidas en este proyecto, entonces no se debió mandar incompleto o firmarlo de esta manera. Y aquí vamos a decir la verdad: si hay que revisar mil leyes para saber cuáles vamos a declarar nulas, entonces sí que no alcanza el tiempo que media de aquí al 1º de marzo ni muchos días después. Ese es un hecho. Sea o no sea así, lo cierto es que en su momento esto se aprobó, pero yo sigo creyendo que esto puede ser susceptible de modificación ulterior. Si se dice que no se puede, entonces yo digo que nunca debió mandarse incompleto. De cualquier manera, de una forma o de otra, aquí hubo un serio error.

Por el origen del proyecto, por lo que él dice y por la necesidad muy bien demostrada por nuestros compañeros con respecto a las leyes que se van a declarar nulas, pienso que deben considerarse esos temas.

SEÑOR TOURNE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOURNE. - Señor Presidente: retomo el tema en un planteo que me parece importante. Considero que mi misión como legislador es el estudio de todo proyecto que venga a conocimiento de mi banca. También pienso que estoy comprometido, como hombre de mi Partido, a acompañar la solución y los fundamentos de aquello que el Partido haya concertado en los niveles correspondientes; pero el proyecto concreto, la solución legislativa, los matices, las consecuencias implícitas en las soluciones, el desarrollo de la temática comprendida en el planteo, es una tarea que la Concertación le atribuye al Parlamento y que, en definitiva, tenemos todos y cada uno de los que estamos sentados en estas bancas.

De manera que la autoridad política que ejerce la Concertación no es intelectual, en el sentido de dejar de considerar la función que debemos cumplir respecto a las leyes y al análisis de los textos legales. Entonces, partiendo de esa necesidad, esto no implica un juicio de autoridad que nos haga deponer nuestro criterio y los puntos de vista que tenemos como legisladores sobre los distintos problemas. Es más, en este caso concreto -y quiero señalarlo como verdaderamente ejemplificante- ha integrado el grupo de trabajo de la Concertación Programática una persona del Partido Nacional cuyo talento y capacidad jurídica es reconocida por todos y su aval revista profunda seriedad. Me refiero concretamente a nuestro compañero, el señor senador Gonzalo Aguirre, que integró ese sector de trabajo de la Concertación Programática y al que obedece en definitiva, la idea original del texto para considerar esta situación de legitimidad que el régimen plantea a la democracia que se ha institucionalizado.

Repito que eso de ninguna manera puede hacernos decrecer la obligación que tenemos, como legisladores, de estudiar los distintos asuntos con los métodos y los instrumentos que los Reglamentos y la ley han puesto en nuestras manos. Los instrumentos, los Reglamentos que han puesto en manos de los legisladores, son los de realizar un estudio consciente y significativo de cada proyecto de ley. Este proyecto que va a merecer nuestra aprobación, que tiene nuestro apoyo como legisladores como hombres del Partido Nacional, no es intocable. Lo vamos a analizar y tendremos que incluir disposiciones y leyes como se ha señalado ya a nivel de nuestra bancada, pero también tendremos que analizar debidamente algunos aspectos subyacentes que, como legisladores responsables, no podemos soslayar bajo ningún punto de vista.

Debo señalar que la disposición que está a estudio establece, desde el punto de vista legislativo, una incidencia directa sobre materia presupuestal pero además, existe también una incidencia directa sobre aspectos vinculados al régimen jubilatorio, a la existencia de causales, a su derogación y disposiciones referidas a la estructura presupuestal del Estado que, de conformidad con las disposiciones vigentes en la Constitución, requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. No se trata de que nos hagamos trampas al solitario. El hecho de implantar la calificación de nula de una ley -y es nula por una ficción de carácter jurídico- no implica que nosotros no seamos conscientes de que la nulidad importa una calificación de nula de una ley -y es nula por una ficción de carácter jurídico- no implica que nosotros no seamos conscientes de que la nulidad importa una calificación política y moral sobre ella que, además lleva en sí un efecto retroactivo lo que significa, también y en definitiva, la concurrencia de fenómenos jurídicos concretos que importan la eliminación -digamos, para concretar en este aspecto- de elementos de la estructura del estado presupuestal. Desde otro punto de vista implica normas concretas y específicas respecto a causales jubilatorias, al régimen jubilatorio en la materia vigente en el país, y eso sólo puede establecerse por una ley que tenga la iniciativa del Poder Ejecutivo. Aunque consideremos que tenemos la necesidad imperiosa de dictar las leyes de saneamiento moral de la República, no lo podemos hacer apartados de la Constitución porque sería incurrir en la misma ilegitimidad del régimen dictatorial que conocimos en este período.

En consecuencia, señores legisladores, señor Presidente, debemos partir del cumplimiento estricto de este proyecto e, indudablemente, en el análisis de fondo es necesario que haya un pronunciamiento. Requerimos necesariamente el debido asesoramiento respecto a esta temática que prácticamente invalidaría el posible funcionamiento de la ley, que validaría su legitimidad, y que, además establecería un precedente lamentable para un Cuerpo en el cual tenemos que ajustarnos estrictamente a la Constitución.

Señalo, además, otro aspecto, que es el que esbozaba nuestro compañero de bancada, el señor senador Aguirre: este proyecto va a tener efectos civiles porque afecta derechos constituidos y afecta derechos que pueden traer reclamaciones al Estado, de un orden patrimonial muy significativo e importante. Es decir que es necesario analizar concretamente el alcance de las disposiciones legales y del acto legislativo que nosotros vamos a dictar, y esto también, señor Presidente es elemental que requiere un asesoramiento exhaustivo porque no podemos disponer en estos momentos, a cargo del Estado, obligaciones de orden patrimonial que le signifiquen una pesada carga, más las que vamos a tener por obra de esta herencia maldita que recibimos del régimen dictatorial.

En consecuencia, tenemos que pensar que no se trata de legislar por pura velocidad, que no se trata de marchar adelante simplemente porque creemos que una disposición legal va a tener un sentido reparativo sobre una lesión profunda que ha causado en la sociedad la actuación de estos cuerpos espurios, sino que tenemos que valorar la inmensa importancia y significación que tiene este proyecto.

Creo que va a ser la ley más importante que vamos a aprobar en el curso de este año y, ¿es posible que lo hagamos sin haber tenido repartidos -que acaban de llegar a nuestras bancas- o teniendo escasa información sobre importantes aspectos vinculados con el alcance de esta disposición legal?

Meditando en torno a esta problemática, en un acto de mesura, en un acto fundado, nuestro propósito es que en los términos más rápidos, más hábiles de saneamiento de la democracia, aprobemos disposiciones de este tenor. Sin embargo, tenemos que saber perfectamente en qué medida podemos estar comprometiendo el régimen institucional o las consecuencias de orden patrimonial referentes a esta temática.

Todo esto me lleva a considerar, entonces, que lo primero que tenemos que hacer es constituir las Comisiones del Cuerpo. A tales efectos, en la tarde de ayer representantes de todos los partidos políticos estuvimos conversando en la Comisión de Reglamento sobre algún aspecto concreto de la reforma del reglamento del Senado, y sobre todo, formalizando un planteamiento acerca de la ampliación del número de Comisiones.

Considero que este es un aspecto que no va a merecer objeciones ya que prácticamente existe una voluntad adelantada por parte del Partido Colorado, que hizo la proposición; del Frente Amplio, que a través del señor senador Rodríguez Camusso señaló estar de acuerdo, y del Partido Nacional, tal como lo manifestó en la tarde de hoy.

Como está prácticamente decidida la integración de las Comisiones -esto lo podríamos concretar por medio de conversaciones en la noche de hoy o bien en el día de mañana- podríamos pasar a régimen de cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas, cuando integraríamos las Comisiones. Este tema se pasaría entonces, a la Comisión correspondiente, fijándole un plazo brevísimo para que traiga a conocimiento del Senado este proyecto de ley debidamente informado. De esa manera se contemplan las necesidades de urgencia, de tratamiento prioritario de este tema, dando al mismo tiempo, un ejemplo de responsabilidad en nuestra labor legislativa, la que no puede realizarse así como si fuera simplemente un soplo que se deslizara por nuestras bancas, levantando las manos para acompañar un texto legal que tan profundas consecuencias puede tener, por no haberlo meditado debidamente.

De modo que dejamos concretada nuestra voluntad en el sentido de que se integren y se amplíe el número de Comisiones del Cuerpo, y se faculte a la Presidencia del Senado para que, en régimen de cuarto intermedio, convoque al Cuerpo para el día de mañana, a fin de seguir discutiendo este tema.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - No me parece adecuado que votemos una moción que nos obligue a permanecer en Sala cuando tenemos un compromiso político que nos ha hecho solicitar un cuarto intermedio. Si el Senado quiere trabajar esta noche, no tendríamos problema en volver más tarde.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ha contabilizado a través de las distintas opiniones el posible resultado de la votación y de ello surge que no se contará con el número suficiente de votos como para que el asunto sea tratado hoy.

Se va a votar la moción presentada por el señor senador Cigliuti.

(Se vota:)

- 9 en 26. Negativa.

La Mesa señala que han sido presentadas distintas mociones.

12) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - El señor senador Tourné ha formulado una moción solicitando el pase a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 18.

13) SESION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - En segundo término, el señor senador Rodríguez Camusso presentó dos mociones: una, solicitando que el Senado realicé sesión el miércoles 27 de febrero a las 18 horas a los efectos de considerar el proyecto de ley relativo a los actos legislativos dictados entre el 18 de diciembre de 1973 y el 14 de febrero de 1985. Esta moción es similar a la del señor senador Tourné.

14) COMISION ESPECIAL

En su segunda moción, el señor senador Rodríguez Camusso propone la designación de una Comisión Especial.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RODRIGUEZ CAMUSSO. - La designación de una Comisión en la noche de hoy permitiría que la misma trabajará a lo largo del día de mañana a fin de poder contar con un informe para la hora 18.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Para designar Comisiones corresponde aplicar el artículo 74 del Reglamento que dice que el Presidente designará cada una de las Comisiones permanente a propuesta de los sectores políticos.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - Se trata de una Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Puede aceptarse el criterio de que se trata de una Comisión Especial. Por lo tanto, tendríamos que considerar este punto antes de votar el pase a cuarto intermedio.

La Mesa sugiere que la Comisión Especial se integre con siete miembros, que sean designados a propuesta de las respectivas bancadas.

Se va a votar si se constituye la Comisión Especial integrada por siete miembros.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa señala que la distribución de los puestos en cada una de las comisiones permanentes, será hecha por el Presidente del Senado conservando en lo posible la relación numérica existente entre los distintos sectores políticos.

Con este criterio se recibirían las propuestas y se harían las designaciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Debido a las características de esta Comisión Especial, propondría si la Mesa está de acuerdo, que la misma e integrara con dos representantes por partido, es decir, seis miembros en total.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - En las votaciones internas de las Comisiones suele recurrirse al pronunciamiento de la mayoría. En el caso que plantea el señor senador Ricaldoni no la habría y por lo tanto tendríamos que facultar al Presidente con doble voto.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PAZ AGUIRRE. - De acuerdo con el Reglamento, las Comisiones permanentes y las especiales deben integrarse teniendo en cuenta la proporcionalidad de los sectores políticos. Creo que si la Comisión cuenta con siete miembros, el Presidente hará fácilmente los cálculos numéricos para saber cuántos representantes le corresponden a cada sector partidario y la integrará conforme a ese criterio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Hierro Gambardella) - Si se acepta ese criterio se procederá en consecuencia.

15) CUARTO INTERMEDIO

Se va a votar la moción formulada en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana, miércoles 27, a las 18 horas.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 18.

(Así se hace, a la hora 21 y 5 minutos, presidiendo Dn. Luis Hierro Gambardella y con la asistencia de los señores senadores Aguirre Ramírez, Araújo, Batalla, Capeche, Cardoso, Cersósimo, Cigliuti, Ferreira Sienra, Flores Silva, García Costa, Jude, Lacalle, Martínez Moreno, Mederos da Costa, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Posadas, Pozzolo, Rodríguez Camusso, Ricaldoni, Senatore, Singer, Tourné, Traversoni, Ubillos, Zorrilla y Zumarán).

Don Luis Hierro Gambardella Presidente Ad hoc

Don Vladimir De Bellis

Don Roberto J. Zamora Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.