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Artículo 1º.- El régimen jurídico de las aguas en la República Oriental del Uruguay se determina:
| 1º | Por lo dispuesto en este Código; |
| 2º | Por lo prescripto en el Código
Civil y disposiciones modificativas y concordantes, en cuanto no resulte expresa o
tácitamente derogado por el presente cuerpo de normas; |
| 3º | Por las disposiciones contenidas en leyes especiales, en los tratados en que fuere parte la República y en otras normas de derecho internacional. |
Artículo 2º.- El Estado promoverá el estudio, la conservación y el aprovechamiento integral simultáneo o sucesivo de las aguas y la acción contra sus efectos nocivos.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo es la autoridad nacional en materia de aguas. En tal carácter, le compete especialmente:
| 1º | Formular la política nacional de
aguas y concretarla en programas correlacionados o integrados con la programación general
del país y con los programas para regiones y sectores; |
| 2º | Decretar reservas sobre aguas de
dominio público o privado, por períodos no mayores de dos años, prorrogables por
resolución fundada que impidan ciertos usos o la constitución de determinados derechos.
Si se tratare de aguas fiscales, la reserva podrá decretarse por períodos mayores o sin
fijación de término; |
| 3º | Establecer prioridades para el
uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, asignándose la primera prioridad al
abastecimiento de agua potable a poblaciones; |
| 4º | Suspender el suministro de agua
en los casos de sequía previstos en el artículo 188 y revocar
las concesiones de uso o permisos de uso especiales en los casos previstos por los artículos 174 y 190; |
| 5º | Establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales o de otra naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 191. |
Artículo 4º.- Sin perjuicio de las atribuciones que competen a otros organismos públicos, el Ministerio competente podrá supervisar, vigilar y regular, de acuerdo con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, todas las actividades y obras públicas o privadas relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación de las aguas, tanto del dominio público como del privado, y podrá disponer lo pertinente para la protección contra sus efectos nocivos, incluso los que puedan alterar el equilibrio ecológico de la fauna y la flora, dañar el ambiente natural o modificar el régimen pluvial.
A tal fin establecerá las especificaciones técnicas que deberán satisfacer las observaciones, mediciones, labores, obras y servicios; podrá someterlos a su autorización; dispondrá la suspensión de las actividades que infringieren aquellas normas y ordenará la eliminación o remoción de las obras efectuadas en contravención.
Si la resistencia o demora de los obligados para eliminar o remover las obras pusiese en peligro la vida o la salud de las personas, podrá el referido Ministerio hacerlo por sí mismo.
Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por el Ministerio competente del modo siguiente: a) Con multa graduada entre 100 UR (cien unidades reajustables), y 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables), según la gravedad de la infracción, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo. b) Con la caducidad del permiso o concesión de uso que se le hubiere otorgado al infractor. Las sanciones mencionadas podrán imponerse conjuntamente y se entenderán sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere cuando el hecho constituyere delito.
Artículo 5º.- El Ministerio competente fijará y ajustará la dotación de aguas considerando el régimen hidrológico, la capacidad de retención de los embalses reguladores, el volumen disponible de agua y los requerimientos de cada aprovechamiento.
Al fijar o reajustar la capacidad de retención de dichos embalses, procurará establecer la máxima utilización compatible con los recursos hidrológicos de la cuenca.
Artículo 6º.- Sin perjuicio de las atribuciones que competen a otros organismos públicos, el Ministerio competente podrá prohibir todos o algunos usos de determinadas aguas por el lapso que fuere necesario, en salvaguardia de la salud pública o con la finalidad de impedir o prevenir la contaminación o el deterioro del medio ambiente sin pagarse en estos casos indemnización alguna. A tales efectos, registrará y publicará estas prohibiciones.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |